11 de septiembre de 2012: ¿un antes y un después para Cataluña?

Daniel Raventós

G. Buster

16/09/2012

La manifestación del 11 de Septiembre en Barcelona, Diada Nacional de Catalunya, fue un acontecimiento político que tendrá consecuencias en los próximos meses. No solamente toda la prensa del Reino de España, de distintos colores, es unánime en destacar la masividad de esta manifestación, también la de otros muchos países destacó a la mañana siguiente la gran cantidad de asistentes (la Guardia Civil apunta 600.000, la policía catalana 1.500.000 y los organizadores 2.000.000). De hecho ha sido la mayor reafirmación nacional del pueblo de Cataluña desde la muerte del dictador. Y hablamos de Barcelona, una ciudad que tiene tradición de manifestaciones de una magnitud excepcional: obreras, antiguerra, por el derecho a la autodeterminación y también, cómo no, del 15-M. Pero además, se trata de un proceso de movilización democrática por los derechos nacionales que tiene sus precedentes en las manifestaciones de 1977 (“Libertad, Amnistía, Estatuto”), 2010 (“Somos una nación, nosotros decidimos”), así como la reciente campaña de consultas populares en los municipios que ahora se concreta en la reivindicación de un estado propio en Europa.

La frustración de la reforma del Estatut

Por lo tanto, antes de cualquier valoración política, cosa difícil, puesto que ha habido y habrá muchas interpretaciones (“más que la Tora”, decía Enric Juliana en La Vanguardia) resulta indispensable recordar esos antecedentes.

En 2005, el entonces presidente de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, promovió un primer borrador de reforma del Estatut. El recién elegido presidente del gobierno español, el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió entonces a apoyar el Estatut que saliera del Parlamento de Catalunya [1]. Pocos meses después, el Estatut fue aprobado en el Parlamento catalán por una amplia mayoría que incluyó a la formación nacionalista conservadora Convergència i Unió (CiU). El 5 de octubre del mismo año, el Estatut entró en el Congreso español. El 30 de marzo de 2006, un Estatut muy reformado (“cepillado” fue la palabra que provocativamente eligió el satisfecho diputado del PSOE y vicepresidente de los gobiernos de Felipe González, Alfonso Guerra, que expresaba el sentimiento de buena parte del sentimiento granespañol de muchos diputados) fue aprobado por las Cortes. El 18 de junio de aquel año, la población catalana fue convocada a un referéndum para votar sobre el texto final, previamente “cepillado” por las Cortes españolas. Y lo votó a favor. El 31 de julio, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra 114 artículos y 12 disposiciones del Estatut, argumentando que se trataba de una “reforma constitucional encubierta” y de una “constitución paralela”. Obsérvese: el texto había sido aprobado por dos parlamentos, el catalán y el español, y por un referéndum popular, pero sólo un magistrado de todo el Tribunal Constitucional se pronunció contra la admisión a trámite del recurso. Una vez admitido, el PP recusó de manera jurídicamente discutible a uno de los magistrados del TC, lo cual propició un escenario de bloqueo y de instrumentalización partidista del texto. El 28 de junio de 2010 el TC dio a conocer el fallo de su sentencia. Fallo que declaraba inconstitucionales, total o parcialmente, 14 artículos del texto aprobado por las Cortes, el parlamento catalán y ratificado en un referéndum. El constitucionalista andaluz Javier Pérez Royo comentaba recientemente que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto fue una “barbaridad”. [2]

El 10 de julio de 2010, una manifestación bajo el lema “Som una nació, nosaltres decidim” (“somos una nación, nosotros decidimos”), convocada en respuesta a esta sentencia, tuvo una participación que superó la previsión más atrevida. Fue convocada por más de 500 entidades, además de los partidos que sumaban el 88% del Parlamento catalán, también por los principales sindicatos. Sólo dos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos (partido testimonial) no dieron su apoyo. Se habló de un millón de manifestantes. Hasta la prensa más centralista y rancia como ABC dio por buena esta cifra.

El 28 de noviembre de 2010 ganaba las elecciones al Parlamento catalán CiU. A partir de la formación de gobierno por parte de esta coalición de derechas, el ataque al conjunto de la población trabajadora tomó un impulso en Catalunya sin precedentes. Un año después, el 20 de noviembre de 2011, ganó las elecciones de las Cortes españolas el PP, un partido de herencia franquista (recordemos que su fundador, el recientemente fallecido Fraga Iribarne, fue un destacado y muy represivo ministro de Franco) que utiliza dosis fuertes de nacionalismo español (lo que incluye descartar cualquier idea que cuestione ni levemente que “España” sea otra cosa que una única nación) como constatada forma para ganar votos y apoyo entre la población del conjunto del Reino de España aunque ello sea a costa de ser un partido minoritario en el País Vasco y muy minoritario en Catalunya. [3] El PP y CiU no han discrepado sobre la política económica a seguir a lo largo de estos meses en que ambos están en los gobiernos respectivos. Es más, CiU ha votado al lado del PP en las Cortes españolas multitud de veces, y el PP lo ha hecho en apoyo de CiU en el parlamento catalán. La discrepancia está en el reparto de la recaudación fiscal en Catalunya. CiU considera que la balanza fiscal, es decir, lo que recauda Catalunya y lo que se queda la administración central, está muy descompensado en contra de la primera (el gobierno catalán calcula que son 16.500 millones de euros la diferencia entre lo que aporta Catalunya y lo que recibe). Todas las fuerzas políticas y sindicales catalanas, si bien con matices y cálculos muy distintos, reconocen este desequilibrio fiscal. Pero su reivindicación de una negociación con el estado central para reequilibrar este déficit fiscal es utilizada, no solamente por la derecha española más cerril, para denunciar la “insolidaridad” y el “egoísmo” catalanes. Cualquiera entiende la diferencia entre imposición y solidaridad. La solidaridad si no es asumida voluntariamente (y la idea, por cierto, de aportar más de lo que se recauda nunca ha sido puesta en cuestión por nadie significativo políticamente en Catalunya; lo que se cuestiona es la proporción) será cualquier cosa menos solidaridad. Una constante a lo largo de estos casi dos años de gobierno catalán de derechas ha sido la movilización por parte de los sindicatos, asociaciones en defensa de la sanidad y la enseñanza públicas y estudiantes universitarios, entre muchas otras.

¿Del pacto fiscal a la independencia?

El gobierno de Catalunya de CiU ha concentrado todos sus esfuerzos a lo largo de los últimos meses en el llamado “pacto fiscal”. Su objetivo, a negociar con el gobierno de Madrid -que ha dicho por activa y por pasiva que no tiene la más mínima intención de hacerlo-, sería dotar a la Generalitat de Catalunya de una hacienda con capacidad recaudatoria propia que discutiera posteriormente con el estado central su contribución al presupuesto general. Algo similar al llamado “concierto económico” que tienen las comunidades autónomas vasca y navarra. Para el pacto fiscal, CiU ha contado con el apoyo parlamentario de ERC y de IC-EUiA, además de alguna otra fuerza muy minoritaria, si bien con posiciones propias muy diferenciadas.

En este contexto, una asociación de creación bastante reciente, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), realizaba la convocatoria de la manifestación popular del 11-S de este año. Los orígenes de la ANC cabe buscarlos en el proceso de referéndums en muchos ayuntamientos catalanes a favor del derecho de autodeterminación, iniciado por el de Arenys de Munt el 13 de septiembre de 2009. El lema de la manifestación del 11-S de 2012 era “Catalunya, nou estat d’Europa” (Catalunya, nuevo estado de Europa). Era una convocatoria claramente independentista como no se cansaron de afirmar los promotores cada vez que fueron preguntados.

La masividad de la manifestación de este 11-S ha sido el resultado de muchos factores: apoyo mediático de la televisión pública catalana, declaraciones provocativas de representantes del gobierno central (una muestra: el presidente del gobierno Mariano Rajoy, poco antes de la manifestación, afirmó que no eran momentos para “algarabías”), intento de CiU de desviar y canalizar la resistencia a su política de austeridad y recortes neoliberales hacia un apoyo a la Generalitat para la negociación del pacto fiscal… Pero ante todo y sobre todo la convicción de una parte sustancial de la ciudadanía de Catalunya de que tiene derecho a decidir por sí misma su régimen político y, en base de igualdad, establecer la forma de su relación con el resto del Reino de España y la Unión Europea. En esto se resume la idea de una República catalana. Una idea que no tiene cabida en el actual diseño institucional borbónico.

La crisis del estado de las autonomías, que fue la fórmula territorial del pacto de la transición monárquica de 1977, es terminal. El desequilibrio de la balanza fiscal entre las distintas autonomías del Reino es consecuencia directa, además del diseño institucional monárquico, de las políticas neoliberales, de la crisis económica del euro, de los recortes de los servicios públicos que están ahogando al conjunto del Reino de España en una crisis financiera, económica y social que dura ya cinco años y que se agrava bajo las amenazas de los rescates. La “segunda transición” que debían iniciar las reformas de los estatutos de autonomía del País Vasco y Catalunya, aprobados mayoritariamente en sus parlamentos, fueron rechazas o “cepilladas” en las Cortes del Reino, recurridos por el PP ante el Tribunal Constitucional y finalmente ahogadas por el Gobierno Rajoy en una ola de recortes a su financiación, que amenazan directamente los servicios públicos básicos de la población. Se ha roto así un pacto implícito de la transición: ceder soberanía nacional democrática a cambio del desarrollo de unos servicios públicos universales gestionadas por las autonomías. El PP lo ha sustituido por recortes y recentralización. Y ello es lo que combina de manera inevitable la crisis económica y social provocada por el neoliberalismo, la crisis del estado de las autonomías y la crisis de la cuestión nacional democrática.

Lo que la manifestación de la Diada de Catalunya ha puesto de manifiesto, como lo harán también las próximas elecciones el 21 de octubre en Galicia y la comunidad autónoma vasca, es que ante esta crisis combinada y la incapacidad de las oligarquías neoliberales del Reino de España de ofrecer una salida, es la mayoría de la gente la que quiere tener el derecho a decidir por sí misma, el derecho a decidir con qué régimen e instituciones nacionales y con que políticas defenderse de una crisis que ellas no han provocado.

El problema histórico de cómo dar una respuesta democrática a las aspiraciones de las nacionalidades históricas del Reino de España se plantea ahora de nuevo con toda su agudeza. Es inevitable que lo haga bajo la hegemonía que ostenta en todos los campos la derecha, incluidas las derechas nacionales catalana y vasca, que buscan así justificar en el nacionalismo sus propias políticas neoliberales y sus intereses. Por eso es fundamental que la izquierda, como frente a la crisis económica y social, ofrezca su propio modelo de país y luche por la hegemonía del conjunto de las clases trabajadoras, defendiendo sus intereses frente a los de las oligarquías neoliberales en una salida democrática que sólo puede ser el derecho a decidir en todos los ámbitos, incluido en el de las instituciones nacionales. 

Por tanto, hay que tomar nota de que existe una nueva situación, una nueva realidad. Una parte sustancial de la ciudadanía de Catalunya ha iniciado el camino que debe permitirle ejercer su derecho a decidir. Se puede obstaculizar, poner palos a las ruedas, pero ya no se puede impedir de forma democrática. Hay un punto de no retorno que está en la consciencia colectiva como pueblo. Es la ciudadanía catalana, hombres y mujeres, trabajadores, comerciantes, jóvenes sin trabajo, ciudadanos venidos de lejos que viven ahora en Catalunya, quienes deben decidir, quienes deben expresarse democráticamente en un referéndum. Sin injerencias. Sin presiones. Sin amenazas.

El primero en tomar nota ha sido el muy honorable presidente de la Generalitat Mas y su partido, CiU, que intentan canalizar a favor de sus políticas neoliberales en Catalunya la inmensa movilización popular en defensa de sus derechos nacionales y sociales reforzando su papel de mediador ante el gobierno central español, defendiendo una agenda que le permita presionar continuamente tanto al Gobierno de Rajoy en el Pacto fiscal para equilibrar la balanza financiera de la Generalitat como a las clases populares catalanas para que acepten como inevitables los recortes neoliberales. Frente a la fórmula de recortes y recentralización del PP, CiU ofrece recortes y desarrollo negociado de una política fiscal catalana bajo la amenaza de la autodeterminación. Ese ha sido su mensaje en Madrid inmediatamente después de la Diada, para rentabilizarla a su favor. Y ese será el que traslade el día 20 en su previsto encuentro con Rajoy en La Moncloa.

De hecho, frente a quienes creen que la reivindicación del pacto fiscal está ya simplemente superada por la consigna de independencia, hay que subrayar con escepticismo que ni Mas es independentista, ni CiU como representación política de la oligarquía catalana ha creído nunca en ella desde Prim y Cambó. Mas rentabilizará la Diada para exigir precisamente una vía gradualista de construcción nacional que le permita presionar continuamente a Madrid, pero que evite una ruptura con la monarquía borbónica. Porque ya no sería entonces el mediador, sino el representante del poder de la oligarquía catalana frente a las clases populares. Y CiU tendría que transformarse completamente en otro tipo de partido, renunciando a un interclasismo que es la base social de su proyecto catalanista.

Por lo tanto, se van a mover las distintas posiciones políticas a lo largo de las próximas semanas y meses. El principal beneficiario a corto plazo de la gran manifestación, queda dicho,  es CiU. Aunque en la manifestación no se gritó a favor del pacto fiscal y aunque el representante de CiU en las Cortes españolas, el reaccionario católico ultraliberal Durán i Lleida, fuera abucheado en la manifestación. Y ante la negativa a negociar del gobierno Rajoy, Mas convocará elecciones anticipadas, previsiblemente en primavera, para legitimar con una mayoría absoluta su papel de mediador por encima de las clases sociales, en nombre de la unidad nacional de Catalunya. Pero sus políticas de ajuste no le han dejado mucho margen de maniobra y nunca se ha sentido cómoda en el terreno de la movilización popular por razones obvias.

El Partido Socialista de Catalunya, el segundo mayor en número de diputados, sale destrozado. Oficialmente no apoyó la manifestación, pero algunos destacados dirigentes del llamado sector catalanista asistieron a la misma. Existen presiones inmensas dentro de sus propias filas para cambiar la relación que tiene con el PSOE, entre ellas, tener grupo parlamentario propio. Ha habido momentos que las contradicciones entre lo que decían algunos dirigentes del partido en Catalunya y lo que votaban en las Cortes españolas eran tan gigantescas que algunos militantes y dirigentes del PSC exigen soluciones inmediatas. El partido independentista de izquierda moderada ERC y la coalición más de izquierdas en el parlamento catalán IC-EUiA pueden salir reforzados después de la manifestación, por la que apostaron sin la menor vacilación desde el principio, y no hay duda que ésta última fuerza política se ha convertido en la referencia parlamentaria de la oposición a la política económica ultraliberal de CiU. El PP en Catalunya, aparte de seguir siendo el partido del españolismo en Catalunya, difícil lo tiene en estos momentos para salir de su condición de partido minoritario. El único protagonismo que ha tenido a lo largo de estos últimos meses ha sido su privilegiada relación con el gobierno español. Nada más.

El derecho democrático a decidir de Catalunya

Es probable de la crisis constitucional del Reino de España ya no tenga solución "española" o "ibérica". Tiene que ser necesariamente europea ("Cataluña, nuevo estado europeo"), cuestionando el modelo neoliberal y antidemocrático de construcción europea. Pero también es iluso pensar que no existen enormes lazos de todo tipo entre Catalunya y los otros territorios peninsulares o entre la burguesía catalana y el resto de la española, que seguirán sosteniendo vías de solución federalistas.

Pero, en definitiva, lo esencial es defender que el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación (que incluye, innecesario es recordarlo, el derecho a la independencia) es una cuestión democrática elemental, así como el respeto a la decisión de la mayoría de los ciudadanos que deciden ejercerlo. Las diferentes opciones que se planteen en su ejercicio dependerán mucho de en qué medida sean instrumentos institucionales y políticos útiles para defender los intereses de la gran mayoría, hoy acosada por las políticas neoliberales. Es en relación a este principio democrático de respeto al derecho a decidir que será posible construir una alternativa de izquierdas unitaria. Quien lo olvide, está condenado al fracaso.

Notas:

[1] Para un ampliación véase Gerardo Pisarello y Daniel Raventós, “El día que Catalunya dictó sentencia”, Sin Permiso, 2010, http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3479.

[2] El País, 13-9-12.

[3] Daniel Raventós, “Reino de España: primeros meses del gobierno Rajoy, preparación de luchas otoñales”, Sin Permiso, 2012.

Daniel Raventós es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de sinpermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC.  Gustavo Buster es miembro del Comité de Redacción de sinpermiso

 

Fuente:
www.sinpermiso.info, 16 de septiembre de 2012