A menos Constitución, más caudillismo: la necesidad de una decidida acción ciudadana

Alberto Acosta

17/08/2014


Solo una palabra final para recordar mis amores y
creencias,

[…] el convencimiento sobre la centralidad de las
libertades,

la importancia de la sociedad civil y que espero mantener
hasta el final,

ese es mi bagaje. 

Manuel Chiriboga Vega

La
reciente propuesta de cambios a la Constitución presentada por el Ejecutivo hay
que analizarla en un contexto amplio. Primero, recuperando los antecedentes
históricos en que se formula y, por supuesto, sus proyecciones, y luego, en
relación a la política pública instrumentada durante estos años por el
presidente de la República y también por la Asamblea Nacional,

A
poco más de dos años de haber sido presentada y defendida la Constitución de
Montecristi, por parte del presidente Rafael Correa, como la mejor del mundo
y que duraría 300 años; a inicios de 2011, su Gobierno convocó a una
consulta popular para “meter la mano a la justicia”, como dijo el propio
Presidente en enero de dicho año. Atropellando el mandato constitucional que
habría permitido construir, por primer vez en la historia republicana, una
justicia independiente y autónoma de los poderes económico y político, esta
“metida de mano” fue un paso orientado a consolidar el control del Ejecutivo
sobre esa importante función del Estado, como lo demuestra un reciente estudio
del experto en justicia Luis Pásara[1].

En
esa misma línea se enmarca el creciente control de otras funciones del Estado
por parte del Régimen, como son la función electoral, así como la función de
Participación Ciudadana y Control Social. Inclusive la Corte Constitucional, el
organismo destinado a vigilar el cumplimiento de la Constitución, está dominado
por el Ejecutivo. 

Los
actuales cambios propuestos se encasillan, entonces, en este acelerado proceso
de concentración de poder en el Ejecutivo, concretamente en manos del
presidente de la República. En este punto es preciso considerar que estos
cambios se formulan luego de la derrota política del oficialismo en febrero de
2014, y que ahora teme a una consulta, como ya sucedió con la consulta
propuesta por los Yasunidos. Correa sabe que su declive ha comenzado luego de
febrero y es por eso que apresura estas enmiendas constitucionales por la vía
burocrático-parlamentaria de la Asamblea Nacional.

Por
lo tanto, es desde estos enfoques que hay que estudiar dichos cambios
constitucionales, así como otros ajustes legales, como son el Código Orgánico
Monetario y Financiero, o la sostenida pérdida de derechos laborales impulsada
en el proyecto de Código Laboral, inclusive.

En
el Ecuador, no cabe la menor duda, se construye un nuevo esquema de dominación
para forzar un reacomodo modernizador y tecnocrático del capitalismo, en donde
la democracia está en serio peligro de extinción. A partir de esta constatación
inicial podemos analizar algunos de los elementos de las pretendidas enmiendas
constitucionales.

Restricción
de derechos a la ciudadanía
 

Para
impedir las protestas y la resistencia a la violencia generada por la
modernización capitalista, el Régimen, que ha recurrido a una inusitada
criminalización social e inclusive ha dado paso a la ocupación policial de
ciertos territorios para forzar la megaminería, como el caso de Intag, propone
reducir lo que considera como “el abuso de la acción de protección”.

Este
abuso no existe. Basta confrontar los datos empíricos. Apenas 1,5 de cada 10
demandas presentadas han sido aceptadas[2]. Además, y esto es lo de fondo, quienes deben limitar los
abusos son los jueces y las juezas, que, por lo demás, se encuentran
advertidos, por parte del Consejo de la Judicatura, de no dar paso a reclamos
ciudadanos que puedan afectar los intereses del Estado.

Y
aún en el caso de que se presentaran ciertos abusos, en ningún caso se
justifica la restricción de las garantías a la ciudadanía. Es preferible
tolerar abusos de la ciudadanía, que permitir y peor aún alentar abusos del
poder, de un poder, como el del presidente Correa, que está haciendo mutar al
Estado de derecho.

En
este empeño por menoscabar los derechos de la ciudadanía está la pretendida
limitación del artículo 104 de la Constitución, que prevé la consulta popular
por parte de la ciudadanía “sobre cualquier asunto”. Al eliminar las palabras
entrecomilladas se quiere restringir peligrosamente uno de los derechos básicos
de la Constitución de Montecristi, como es la participación ciudadana.

Límites
para gobiernos autónomos descentralizados

Esto
es lo que decíamos en el 2006, en el Plan de Gobierno de Alianza País 2007-2011,
cuando impulsamos la candidatura de Correa: “Es fundamental luchar por un
proceso agresivo de descentralización, de desconcentración y de correctas
autonomías.”

Si
el Código Monetario centraliza aún más el manejo económico, limitar las
competencias de los gobiernos municipales va en la misma línea en términos de
concentrar recursos y más que eso, de disminuir las competencias de los
gobiernos autónomos descentralizados.

En
realidad, no hay justificación para esta decisión. Es falso que se trate de un
error en la redacción de la Constitución. En este texto fundamental para la
vida democrática de un país, se escribió –figurativamente hablando– con
mayúsculas la cuestión de la descentralización y autonomías, determinada en el
Título V de la Carta Magna, que aborda la organización territorial del Estado,
en un claro afán democrático que camina a contracorriente del correísmo y su
necesidad de concentración y centralización político territorial.

Adicionalmente,
el Gobierno debería reconocer que, en más de siete años de gestión, ha incidido
masivamente en educación y salud, sin tener que hacer ninguna reforma. Sus
inversiones están a la vista. Con el cambio propuesto quién pierde es la propia
ciudadanía, porque ésta encuentra en estos ámbitos, mayor cercanía con el
poder, sea por el lado del reclamo de sus demandas como por el de la resolución
participativa de las mismas.

Reformulación
del papel de las Fuerzas Armadas y su colaboración en tareas de seguridad
interna

En
la Constitución de 2008, entre otros puntos de cambio profundo que se
definieron, establecimos con claridad la necesidad de terminar definitivamente
con el tutelaje de la democracia por parte de las Fuerzas Armadas. Recordemos,
por ejemplo, que en la Constitución de 1998, artículo 183, como acontecía en
las otras cartas magnas, las Fuerzas Armadas tenían “como misión fundamental la
conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e
independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”. En
la Constitución de Montecristi se dio fin a dicho tutelaje y se fijó, en el
artículo 158, que “las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la
defensa de la soberanía y la integridad territorial”.

Abrir
nuevamente, con el pretexto que sea, la puerta para que las Fuerzas Armadas asuman
otras funciones resulta peligroso para la democracia y para la misma sociedad.

Tengamos
presente que las Fuerzas Armadas no tienen como misión la seguridad interna.
Esa es una tarea que compete a la Policía Nacional: en el mismo artículo 158 de
la Constitución de 2008 se establece que “la protección interna y el
mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y
responsabilidad de la Policía Nacional”.

En
lugar de minimizar e incluso maltratar a la Policía Nacional, lo que se debe hacer
es respetarla, dignificarla y fortalecerla. Esto, sin embargo, no implica
priorizar la política represiva, sino que ésta debe ser un complemento de las
políticas sociales y redistributivas.

Límites
al papel de la Contraloría, más dificultades para combatir la corrupción

Uno
de los cinco ejes medulares de la “revolución ciudadana” fue la lucha contra la
corrupción. “Los ejes de la acción –decíamos en el año 2006, en el Plan de
Gobierno 2007-2011– se afincarán en la transparencia y la participación, así
como en la rendición de cuentas”. Hablábamos de transparentar la administración
pública para mejorar la calidad de la democracia que evidentemente pasará por
fortalecer las instituciones de control ciudadano.

Por
lo tanto, reducir el papel de la Contraloría va en contra de lo propuesto hace
más de siete años.

En
lugar de avanzar en la consecución de crecientes y más elevados niveles de
transparencia, se avanza como el cangrejo, para atrás. La fiscalización ha
desaparecido. La justicia está controlada por el Ejecutivo. Y la transparencia
se extingue. Basta ver lo que sucede con el manejo de la deuda externa: en el
2007 se impulsó la auditoria ciudadana para transparentar el endeudamiento
público, hoy se oculta la información, sea en los créditos contratados con
China o en la reciente emisión de bonos apadrinada por el FMI y el Banco
Mundial.

La
comunicación como servicio público

Esta
propuesta está encaminada a cerrar el círculo del control absoluto por parte
del correísmo. La comunicación es un derecho que además asegura muchos otros, y
que como tal quedó establecido en el artículo 16.1 de la Constitución de
Montecristi. Lo contrario, ver a la comunicación como un servicio público es
degradarla al nivel de cualquiera de esa índole. Será acaso que se llegue al
extremo de tener que pagar una tasa por el servicio de comunicación, como se
paga por el servicio eléctrico o el suministro de agua, y que inclusive se
puede llegar a la aberrante situación de su corte por falta de pago.

En
el fondo, el correísmo tiene la necesidad de controlar la emisión de los
mensajes, al extremo de intentar estatizar la comunicación, para impulsar a la
fuerza y verticalmente formas hegemónicas y uniformes de control de la vida
ciudadana. Esta es una cultura y una ideología bonapartista que pone por
delante una sola verdad, la verdad del oficialismo, con la que se trata de
conducir ideológica y políticamente a la sociedad. No le ha bastado a este
Gobierno la coacción tantas veces utilizada, requiere imponer su verdad y por
eso su interés por el control de la comunicación, desconociendo que la
pluralidad de expresiones es fundamental para la vida democrática.

Hay
que entender que la comunicación le pertenece a la sociedad. Nadie puede
erigirse como único emisor y mucho menos como su intérprete y jamás desde el
poder. Es más, constitucionalmente se estableció que el Estado “facilitará la
creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios” (artículo 17.1). Un mandato que hasta el momento no se cumple, pues
no hay un solo medio de comunicación público (es decir medios controlados por
la propia sociedad y no por el Gobierno), y tampoco se ha procedido al
fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios, mientras se limita
el accionar de los medios de comunicación privados a través de cada vez más
instituciones de control.

En
los siete años de Gobierno no ha existido la voluntad política de crear una
comunicación pública; si realmente ese fuera el interés, ya era hora de tener
medios modelo en cuanto al tratamiento de la información y contenido se
refiere. Al contrario de lo que sucede hoy, los medios que dependen del
presupuesto estatal, no han hecho otra cosa que mantenerse como replicadores de
los boletines y las campañas oficiales, no han sido capaces de innovar en
términos periodísticos.

En
este tema, se confunde la asignación de una frecuencia a través del espectro
radioeléctrico que en efecto es un bien público, con el contenido emitido por
los medios de comunicación que debe responder al interés de la comunidad.
Finalmente la perjudicada y la gran ausente en este tema sigue siendo la
sociedad que no tiene garantizado su derecho a la comunicación.

En
este contexto cobran renovada fuerza las palabras de la gran luchadora popular
alemana Rosa Luxemburg, economista y comunista, asesinada por la reacción en el
año 1919, “la libertad sólo para los que apoyan al Gobierno o sólo para los
miembros de un partido, por numerosos que sean, no es libertad. La libertad
siempre es libertad para los que piensan de manera diferente. De eso depende
todo lo instructivo, saludable y purificante de la libertad política; su
efectividad desaparece tan pronto como la libertad se convierte en privilegio”,
o en un simple servicio público.

Cambio
de régimen de servidores públicos
 

Es
bien sabido el interés del Gobierno por disciplinar a la sociedad y es en este
sentido que trabaja la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Es evidente
el miedo a la organización social y sus reivindicaciones, es por eso que en el
fondo lo que se pretende hacer es limitar a los sindicatos y su posibilidad de
negociación con el Estado.

Este
cuerpo legal ha permitido un continuo acoso laboral y sanciones
desproporcionadas ante los reclamos de los servidores públicos; recordemos,
además, el Decreto 813 que permite la compra de renuncias obligatorias de miles
de funcionarios.

La
arremetida en los sectores sindicales va a dar como resultado menos
independencia de los trabajadores que estarán condicionados a las exigencias
del poder y no solo eso, sino que tendrán, cada vez más, que responder a las
exigencias de un movimiento político. Es por demás sabido como son obligados,
los servidores públicos, a participar en las contramarchas del Gobierno, por
dar un ejemplo.

Finalmente,
con los cambios propuestos, hay claros derechos de los obreros del sector
público que estarían restringidos y hasta anulados: la sindicalización, la
huelga, la posibilidad de acudir a la inspección de trabajo. La Constitución,
en el artículo 11, establece la prohibición de regresividad y esta propuesta de
cambio constitucional es regresiva.

Se
busca en definitiva eliminar toda forma de organización, al tiempo que se
ahonda en la devastación social y política, revelada en el desconocimiento
arbitrario, sobre todo, de las organizaciones políticas de izquierda.

Reelección
indefinida, la continuidad del correísmo

Esta
propuesta de reelección indefinida constituye la corona para asegurar la
permanencia del correísmo en el poder. Desarma la participación ciudadana y
consolida el caudillismo, retrocediendo a épocas de la primera gran
restauración conservadora liderada por Gabriel García Moreno. Al poder ser
reelegido indefinidamente un presidente, se afecta el Estado democrático y se
establece un régimen cuasi monárquico, como lo reconoce el presidente uruguayo
José Mujica.

Tengamos
en la mira que en la Constitución de Montecristi se planteó con fuerza la
eliminación de la reelección indefinida para todas las dignidades de elección
popular, tal como quedó establecido en los artículos 114 y 144, este
expresamente para los presidentes y vicepresidentes de la República. Esta norma
se extendió para todo tipo de organizaciones colectivas (artículo 96), partidos
políticos (artículo 108), inclusive para los consejos de igualdad ciudadana (artículo
157). Los debates en el seno de la Asamblea Constituyente apuntaron en esa
dirección, no a la reelección indefinida, que inclusive era considera por el
presidente Correa como un absurdo; posición que mantuvo hasta enero del año
2014.

En
este punto hago mías las palabras del jurista Ramiro Ávila, cuando afirma que
con la reelección indefinida “se altera la estructura del Estado
fundamentalmente por dos razones: se restringe la democracia al afectar la
alteridad como principio de participación y se atenta contra la división de
poderes por la injerencia presidencial en otros poderes”.[3]

Inclusive
si no existiera un cambio de la estructura del Estado, los derechos mismos se
verían restringidos. La alternabilidad garantiza el derecho a la participación
de la ciudadanía. Y esta sería afectada por el cambio propuesto. En este
sentido la supuesta “enmienda” debería ser resuelta en Asamblea Constituyente.

No
hay que olvidar que la reelección se le hace necesaria al Régimen luego de la
derrota en las elecciones de febrero del 2014. Es decir, este planteamiento
demuestra de una manera clara que el Gobierno no es tan sólido como se
presenta, que Alianza País no es un movimiento democrático y que lo de
“revolución ciudadana” devino en un simple slogan electoral. 

Frente
a una Constitución en franco proceso de desconstitución

No
estamos frente a simples enmiendas constitucionales (artículo 441). En algunos
puntos se trata de reformas (artículo 442) que deberían ser aprobadas por el
pueblo en las urnas, e inclusive al darse algunos graves retrocesos en el
ámbito de los derechos se debería convocar a otra Asamblea Constituyente, para
cumplir con el mandato de Montecristi, en su artículo 444.

Sin
embargo, contando con la subordinación de la Corte Constitucional, así como con
una amplia y sumisa mayoría parlamentaria, de ninguna manera el caudillo del
siglo XXI estará dispuesto a que estos temas se resuelvan con una consulta
popular. Ya vimos lo que sucedió con el tema del Yasuní, cuando desde el
Gobierno, se procedió a hacer un fraude en conjunto con instituciones
descalificadas como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de
Participación.

A
la postre, queda claro que la Constitución de Montecristi no fue nunca un
proyecto para ser cumplido, propiciando una gran transformación como mandó el
pueblo ecuatoriano en las urnas, sino que fue un escalón más en el proceso de
concentrar el poder en manos del caudillo. Tampoco resultó, como afirman sus
críticos de aquella derecha que está fuera del Gobierno, una Constitución a la
medida del presidente Correa; basta aceptar que ahora le incomodan a él los
derechos y las garantías consagradas en ella.

El
Gobierno de Correa, como lo hizo una y otra vez la oligarquía y la
partidocracia a lo largo de la historia, impulsa reajustes constitucionales
acorde con sus necesidades. Correa, confiado en la sumisión de la Corte
Constitucional, propone desarmar el candado constitucional a través del que se
quería establecer un verdadero estado constitucional de derechos, que subordine
a todas las funciones del Estado y que impida que las Constitución pueda ser
reformada como cualquier ley. En síntesis, con este proyectos de cambios
constitucionales se está alterando el sentido de la democracia.

La
construcción de la democracia implica ampliar, profundizar y mejorar los
derechos de la gente, así como trabajar en aquellos ámbitos que nos acercan
cada vez más al Sumak Kawsay o Buen Vivir. Un cambio constitucional que camine
en sentido contrario no solo es una involución social y política, sino una aberración
histórica.

En
este momento difícil para la democracia, el pueblo ecuatoriano ante la
arremetida retrógrada del Régimen, debe luchar por mantener lo conquistado
luego de décadas de lucha; por eso hay que refrendar los contenidos de la
Constitución de 2008, para que se detengan los afanes despóticos que se
esconden detrás de la aspiración a la reelección indefinida. Además, ante la
necesidad de profundizar la democracia, debe batallar porque una consulta
popular sirva para avanzar en los cambios establecido en la Constitución, que
nacen de la necesidad del pueblo y no de la ambición del poder: por ejemplo,
una Ley de Aguas que de paso a la desprivatización y redistribución del agua,
como manda la Constitución; la protección del Yasuní o el respeto a la
plurinacionalidad expresada en la justicia indígena, entre otros temas.

Por
las razones expuestas resulta más que imperioso impulsar la convocatoria de una
consulta popular desde la ciudadanía para defender la vigencia de la
Constitución de Montecristi, aprobada mayoritariamente por el pueblo
ecuatoriano. Y esta consulta popular, que no puede ser encabezada por
organización partidista alguna, sino por alguna agrupación que no tenga afanes
electoralistas, debería concentrar su atención en frenar la reelección
indefinida y en impedir que se restrinjan derechos ciudadanos. Ese es el punto
medular. La recuperación de la Constitución pasa por desarmar la existencia de
cualquier tipo de caudillismo.-

Notas:

 [1] http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-en-la-reforma-de-la-justicia-ecuatoriana

[2] http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/bases/biblo/texto/La_accion_de_proteccion_Ecuador_2013/La_accion_proteccion_Ecuador_2013.pdf

[3]
http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-politico/ni-espadachin-ni-odiador#sthash.0wlz9jQV.Ni78fY96.dpuf

Alberto
Acosta
fue
presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador

Fuente:
http://lalineadefuego.info/2014/08/15/a-menos-constitucion-mas-caudillismo-la-necesidad-de-una-decidida-accion-ciudadana-por-alberto-acosta1/