Acuerdo con Repsol: señal roja para el futuro

Silvia Ferreyra

27/04/2014

Si la sanción del acuerdo con Repsol es la señal que se quiere dar a las empresas extranjeras que están desembarcando para explotar Vaca Muerta, realmente estamos en problemas.

Hace dos años atrás se aprobó la expropiación de la mayoría accionaria de YPF, hasta ese momento en manos de Repsol. Desde Libres del Sur acompañamos la iniciativa entendiendo que era un cambio de rumbo que permitiría entre otras cosas, abastecer nuestra demanda energética con recursos propios. Señalamos que nunca debió estar en manos extranjeras y que mantenerla hoy como sociedad anónima dejaba la puerta abierta a que la historia se repita y se sigan hipotecando nuestros recursos estratégicos. También dijimos que Repsol tuvo un papel importante en el vaciamiento y la desinversión en YPF, pero no fue la única: denunciamos la responsabilidad del grupo Eskenazi, amigo del gobierno kirchnerista y dueño de la cuarta parte de la empresa desde el 2007. Podríamos haber expropiado esas acciones también, pagando con utilidades sin poner un billete, tal como hizo ese grupo al ingresar en YPF. Hoy no tendríamos que pagar el 51% de las acciones para recuperar el control de la empresa, sino mucho menos.

Sugerimos que el nuevo rumbo debía estar acompañado de más transparencia y mecanismos de control, cuestiones que no son moneda corriente en la actual gestión. Propusimos la figura de Sociedad del Estado, que obliga al control de organismos como la Auditoría General de la Nación o la Sindicatura General de la Nación.

Aun cuando el gobierno desoyó todas estas sugerencias y aún sin saber cuánto íbamos a tener que pagar por la decisión, apoyamos la expropiación al igual que la mayoría de la oposición. En aquél momento los ministros Axel Kiciloff y Julio De Vido prometieron que el monto sería establecido por el Tribunal de Tasaciones dependiente del Ministerio de Planificación, con los mecanismos señalados en la ley de expropiación vigente y que se tendrían especialmente en cuenta los pasivos ambientales dejados por la empresa. Lamentablemente no fue lo que pasó. ¿Qué sucedió en estos dos años, a pesar de todo lo dicho por el oficialismo?

Repsol hizo lo mismo que el resto de empresas que vinieron en los 90 allevarse todo con las privatizadas y que luego fueron “recuperadas” por el gobierno kirchnerista (no para consagrar un acto de justicia ante los evidentes incumplimientos, sino porque ya vaciadas y sin inversión empezaron a ser un pesado costo económico y político para la administración). A partir de la expropiación inició juicio al Estado en tribunales internacionales, en el CIADI.

O sea que la misma empresa que a fines de la década del 90, ubicada lejos del ranking de las principales petroleras, compró YPF para expandirse en el mundo a costa de vaciar en pocos años el 70 % de nuestras reservas de petróleo y más del 80% del gas, incumpliendo todo lo referido a mejoras, mantenimiento de infraestructura e inversión para exploración, a partir de la expropiación nos exigía ante el CIADI el pago de 10.500 millones de dólares por sus acciones.

¿Qué hizo el gobierno? Luego de recuperar la mayoría accionaria de la empresa mostró los dientes con el “Informe Mosconi”, elaborado el primer semestre de 2012 durante la intervención de los Ministros De Vido y Kiciloff. Una resumida crónica del accionar depredatorio de Repsol, donde se reconocía por primera vez la contaminación ambiental: promedio de 1 millón y medio de metros cúbicos anuales de tierra empetrolada sin tratar; entre 3.500 y 4.500 derrames por año (un promedio de 11 derrames por día) desde 2006 a 2012, la mayoría por corrosión o fallas en las cañerías; más de 1.300 “situaciones ambientales” -así figuran los pasivos ambientales en los balances de la empresa- principalmente piletas fuera de uso, aguas subterráneas y suelos contaminados con hidrocarburos u otras sustancias.

Incluso algunos gobernadores de provincias petroleras, rompiendo el silencio mantenido durante décadas de abandono en materia ambiental y refiriéndose a los costos que les ocasionaría remediar la contaminación, mencionaron cifras millonarias que superaban lo que hoy el gobierno propone pagar. El gobierno de Santa Cruz, por ejemplo, mencionó que en su  provincia se calculaban cerca de 13.000 pozos inactivos, de los cuales 8.000 se encontraban en estado total de abandono, la mayoría de ellos pertenecientes a YPF; y que la contaminación era superior a los U$S 3.500 millones. En Neuquén el Ministro de Energía mencionó que la contaminación ascendía a U$S 1.500 millones. En Chubut sólo el municipio de Comodoro Rivadavia estimaba un pasivo ambiental de U$S 200 millones. Sin embargo todas estas denuncias nunca fueron formalizadas ante ningún tribunal, en los hechos no trascendieron del ámbito periodístico. Todo esto se utilizó para bajarle el precio a la demanda de Repsol.

Está claro que el gobierno encaró luego la vía del acuerdo, dando señales al resto de los inversores extranjeros en vista del nuevo ciclo iniciado en materia petrolera en el país con Vaca Muerta. Durante el 2013, en publicaciones periodísticas nacionales e internacionales ya se mencionaba la cifra que el Congreso sancionó recientemente. A mediados del 2013, cuando se firmó el convenio con Chevrón, ya se habían sepultado las culpas y responsabilidades enunciadas y empezaba a nacer este acuerdo “sin vencedores ni vencidos”. No nos extrañó que el informe del Tribunal de Tasación, en definitiva, se haya terminado de ajustar al momento de presentar el proyecto al Congreso en el mes de febrero, en base a esta necesidad del gobierno.

Con esto el kirchnerismo perdió una nueva oportunidad para desandar el camino recorrido cuando apoyó la privatización de YPF en los 90. Tuvo muchas oportunidades en estos diez años, pero lamentablemente las fue descartando una y otra vez, ratificando aquél otro rumbo. Así lo hizo con la Ley Corta en 2006, que consolidó el dominio de las provincias sobre los hidrocarburos manteniendo el mismo marco normativo fijado por Menem. O en el 2007 cuando ya eran evidentes los indicios de lo que estaba sucediendo en YPF con Repsol: en lugar de comprar de acciones para fortalecer la presencia del Estado, se las facilitó a su amigo Eskenazi.

Podría haber diseñado del 2003 a esta parte, un plan de acción conjunto con las provincias para el control del cumplimiento de los contratos de concesión por parte de las empresas extranjeras, en forma previa a cada renovación. ¿O pensamos que Repsol fue la única que en todo este tiempo priorizó sus propios intereses, eligiendo la exportación al autoabastecimiento, la expansión internacional a la inversión local? Nada de eso sucedió y sin embargo el gobierno nos quiere convencer que lo hecho hasta aquí fue lo único posible en la década.

Pero volviendo al acuerdo ¿sabemos cuánto nos va a costar remediar la contaminación que dejó Repsol? ¿Se hicieron auditorías para constatar si lo que dice la empresa es cierto? ¿Dónde están los informes por provincia que mencionaron los ministros en el 2012? Casi todos los bloques de la oposición solicitamos esta información hace unos días al Jefe de Gabinete y no tuvimos respuesta. Lo que tomó en cuenta el Tribunal de Tasación es la información que figura en los balances contables de la empresa y las demandas en manos de la justicia. En estas causas, el cálculo lo realizó una consultora de abogados, pero se nos dijo que no podíamos saber ni su nombre ni acceder a esa información, porque era reservada.

Está la demanda iniciada ante la Corte Suprema por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) a todas las petroleras que operan en la cuenca neuquina. Según expresó su presidente, Ricardo Apis, en un reciente reportaje del Observatorio Petrolero Sur, “en 2011 Repsol reconoció la contaminación y pautó un plan de remediación cuyos pormenores se estaban acordando cuando el Gobierno Nacional expropió el 51% de las acciones de YPF y todo se frenó”. Al tomar conocimiento de la firma del convenio, Assupa interpuso ante la CSJN un pedido de embargo contra la petrolera señalando que el mismo no toma en cuenta las remediaciones ambientales por los daños ambientales en la Cuenca Neuquina y señaló en una nota enviada al Senado que a través de las cláusulas de desistimiento, renuncia e indemnidad establecidas en el Convenio, no sólo se exime de responsabilidad a Repsol por los pasivos ambientales sino que su costo será soportado por la Nación Argentina en su conjunto.

Están las denuncias de las comunidades de pueblos originarios, algunas estuvieron presentes en el Senado, hay muchísima información allí ya que tanto en la Patagonia como en el norte del país en muchos casos son los principales afectados. Está el caso de las comunidades de Kaxipayiñ y Paynemil en Neuquén, que lograron comprobar hace tiempo que los restos de metales pesados en sus tierras son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación nacional. O el caso del Lago Los Barreales que provee agua a Cutral Co y Plaza Huincul, unido al Lago Mari Menuko que provee a Neuquén capital. En 2012, el laboratorio de toxicología y química legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que no era apta para consumo humano, comprobando la presencia de kerosene, gasoil y aceites, entre otros; detectando en el agua hasta 15 miligramos de hidrocarburos por litro. Ambos casos denunciados por la Confederación Mapuche de Neuquén.

En Jujuy, según denunció el diputado Mario Fiad de la provincia de Jujuy, en el Parque Nacional Calilegua actualmente se encuentran abandonados 24 pozos cubiertos sin sellar. Uno de ellos ya colapsó, contaminando el Arroyo Yuto, que por día recibe 200.000 litros de agua de formación y ahora observa concentraciones de cromo 30 veces mayor al valor permitido.

En el debate en el Senado pudimos ver que las demandas consideradas por el Tribunal no son las únicas contra la empresa. También hay informes de varios organismos, universidades, de los comités de cuenca afectados que se podrían haber contemplado.

Sabemos que respecto al pasivo ambiental la obligación es recomponer hasta donde sea posible el daño provocado en el agua y el suelo, también en cultivos y animales según corresponda. ¿Cómo se va a hacer esto, en qué plazos, cuáles son las zonas consideradas prioritarias? Nada de esto se mencionó: se nos dio un monto irrisorio, calculado en base a la contabilidad de la empresa y a lo que calculan se pagará sólo a quienes lograron iniciar causas judiciales. Como criterio, digamos, no es ni muy popular ni progresista.

Los afectados que no iniciaron juicio, quedan por fuera de la cláusula de “desistimiento,  renuncia  e  indemnidad” que figura en convenio y podrán hacerlo de aquí en adelante, pero no podrán hacerlo ni el Estado Nacional ni las provincias. Entonces, la obligación de recomponer el ambiente que figura en nuestra Constitución, que tiene que ver con proteger la vida y está por encima de cualquier acuerdo, ya no corre en todos los casos de aquí en adelante para la empresa 

Si la sanción de este acuerdo es la señal que se quiere dar a los inversionistas extranjeros para que vengan y nos “acompañen en esta nueva etapa” iniciada con el descubrimiento de Vaca Muerta, estamos en problemas. ¿Qué dejamos en claro? Que podés venir, vaciar nuestras reservas para expandirte en el mundo, dejarnos un pasivo ambiental colosal y encima te pagamos. ¿Esta es la señal para Chevrón, cuestionada por la depredación en su país por el propio presidente de Ecuador, y el resto de empresas que están desembarcando para explotar Vaca Muerta con esta tecnología del fracking, muchísima más riesgosa en lo ambiental que la convencional? ¿Qué garantía tenemos de no repetir la misma historia?

Un gobierno que se dice nacional y popular, progresista, no puede levantar la bandera de la impunidad al momento de decidir temas estratégicos como el desarrollo energético. A la larga terminaremos abonando, con intereses usureros y en 20 años, la misma cifra que exigía la empresa en los tribunales internacionales. Las consecuencias de esta decisión las vamos a terminar pagando quienes aspiramos conducir el próximo período, el conjunto de la sociedad y las futuras generaciones. Por eso es que todas las fuerzas que integramos el recientemente constituido Frente Amplio - Unen rechazamos este acuerdo.

Silvia Ferreyra es directora del Área de Ambiente y Recursos Naturales del ISEPCi (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana)

Fuente:
isepci.org.ar, 24 de abril 2014