Algunas preguntas a los demócratas españoles sobre Catalunya

Borja de Riquer

23/02/2014


A esta compleja problemática uno puede acercarse con reflexiones históricas, pero prefiero, en primer lugar, presentar algunas constataciones y posteriormente plantear una serie de preguntas.

1. Breves constataciones sobre la realidad catalana

- Hay que tener en cuenta la evolución de la opinión de los catalanes sobre su identidad. En tan sólo 15 años, los catalanes que se afirman sólo o mayoritariamente españoles han pasado de ser el 15 % a menos del 6 %; los que manifiestan tener una identidad compartida han pasado del 45 % al 38 %; y los que se sienten sólo y mayoritariamente catalanes han subido del 40 % a más del 55 % (datos de la encuesta de octubre de 2013).

- Debe recordarse que casi dos tercios del Parlament de Catalunya (87 diputados sobre 135) ha votado recientemente (16-I-2014) a favor de solicitar al gobierno español poder hacer una consulta a los ciudadanos de Catalunya sobre su futuro político.

- Y además debe tenerse presente que más de 1.000 asociaciones y entidades cívicas, profesionales, culturales, sindicales, deportivas, etc. de Catalunya han suscrito el “Pacte Nacional pel dret a decidir” redactado por Joan Rigol.

2. Causas principales de estas actitudes y demandas:

Hay en Catalunya un sentimiento muy mayoritario de que sistema político fijado por la Constitución de 1978 está agotado. La sentencia del Tribunal Constitucional que en 2010 rechazó buena parte del Estatut aprobado por el Parlament en 2006, refrendado por los ciudadanos de Catalunya y votado por las Cortes Españolas, ha sido interpretada como una muestra clara de que se está en un callejón sin salida. Además, las posteriores medidas centralizadoras y anti-catalanas del gobierno Rajoy han contribuido a reforzar y a legitimar las demandas soberanistas.

3. Los nuevos protagonistas sociales

El movimiento a favor del “derecho a decidir” no está ni dirigido por “la burguesía catalana”, como afirman muchos medios de comunicación españoles. Al contrario, buena parte de la alta burguesía está claramente en contra. Tampoco es un montaje de las “élites políticas e intelectuales” catalanistas: ¡que más quisieran éstas!

El movimiento por “el derecho a decidir” es relativamente nuevo y ha cogido a traspiés a gran parte de los partidos, incluso a los más independentistas como ERC. Socialmente se trata de un amplio movimiento integrado mayoritariamente por gente de las nuevas clases medias urbanas y rurales, con la presencia de sectores populares de la Catalunya interior, sobre todo en localidades pequeñas y medias. Ciertamente tiene una menor incidencia en la periferia barcelonesa, no así en la ciudad de Barcelona, donde está bien presente. Se trata, en su mayoría, de gente relativamente joven –menor de 50 años-, relativamente cualificada, culta y ajena a la militancia política, aunque parte de ella está presente en movimientos sociales. Es decir, no son gente que anteriormente era pasiva y apolítica, si no muchos han estado y están comprometidos socialmente. Prueba clara de ello es el apoyo de todos los sindicatos de Cataluña –incluida la UGT- al movimiento, así como de la mayoría de los partidos de izquierda, a excepción de la dirección burocrática del PSC.

4. Preguntas a formular a los demócratas españoles

¿Si la mayoría de los catalanes se sienten incómodos en el actual marco constitucional, como así se desprende de las encuestas y de las votaciones del Parlament, qué camino democrático deben adoptar si el gobierno español se niega a negociar?

¿Si hay una flagrante contradicción entre la legalidad constitucional y la legitimidad democrática que solicita el derecho a decidir, qué camino político deben emprender los demócratas catalanes?

¿Puede un demócrata negar estas evidencias y ratificarse en el argumento de que la legalidad constitucional no permite que los catalanes puedan votar su futuro político?

¿Es ésta la única respuesta política de los demócratas españoles a la cuestión planteada por esta demanda catalana?

¿Están de acuerdo con el artículo 2 de la actual constitución que proclama “la indisoluble unidad de la nación Española...patria común e indivisible de todos los españoles”?

¿Consideran que España, como comunidad imaginada, es la única nación de los españoles, y que tal creencia debe imponerse por ley a la colectividad al margen de la voluntad de una parte de los ciudadanos?

¿Si la mayoría de los ciudadanos de un territorio, por ejemplo Catalunya, considera que tiene una identidad nacional diferente de la española, tiene derecho a que así se le reconozca?

Me gustaría que se me respondiera con total sinceridad.

Borja de Riquer i Permanyer es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fuente:
Público, 20 de febrero de 2014