Argentina: Ciencia para qué

Diego Hurtado

31/12/2016

El “Plan Barañao”, lanzado en 2013, tenía como meta el aumento del ingreso de investigadores al CONICET “a un ritmo del 10% anual”. Un recorte en los fondos destinados a la ciencia dejaba a científicos y becarios fuera del consejo. Después de una semana de protestas y un principio de acuerdo, Diego Hurtado, doctor en Física y miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Nacional de CyT en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, recorre la historia del CONICET y propone un debate sobre qué tipo de conocimiento necesita un país como Argentina y cómo planificar la formación de técnicos, ingenieros y científicos sociales y naturales.

Entre las promesas de campaña, Mauricio Macri explicó que el crecimiento de las actividades de investigación heredado del kirchnerismo iba a sostenerse. En este caso único y excepcional la pesada herencia se reconocía virtuosa. También sostuvo que iba a sostener el incremento paulatino en el sector de ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1,5%, una proporción semejante a lo que invierte un país como Irlanda. Como referencia, digamos que los gobiernos kirchneristas habían pasado de poco menos del 0,4% al 0,6% y que Brasil invierte 1,15%; China 2,1%; Estados Unidos 2,7% y Corea del Sur, 4,3%. Es decir, estábamos en la mitad del río.

Sin embargo, a contramano de todas las promesas, en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso para 2017, Ciencia y Técnica cayó un 18% respecto del presupuesto para 2016. Irónicamente, los servicios de deuda pública se incrementaron en más de un 85%. Si además se considera que la actividad industrial cayó un 5% en 2016, hoy la proa del país apunta con esmero hacia el subdesarrollo.

El primer impacto de estos “números” deja sin trabajo a 500 investigadores jóvenes que, en promedio, llevan siete años financiados por el CONICET con becas de formación doctoral y posdoctoral. De los aproximadamente 900 becarios recomendados para ingresar a la carrera de investigador del CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) solo tiene fondos, dice, para financiar el ingreso de 400. Ahora bien, detrás de los casi 500 becarios que pueden quedar en la calle en 2017 vienen en fila india más de 9.000 becarios que hoy avanzan en sus investigaciones doctorales y posdoctorales y que esperan ingresar a la carrera de investigador de CONICET en los próximos años.

Y esto es así porque había un plan. Y el ministro Lino Barañao fue quien lo impulsó. Y el actual presidente de CONICET, Alejandro Cecatto, era secretario de Barañao cuando se diseñó esta política pública. Ambos aparecen en YouTube, de corbata flamante y gesto verosímil, cuando Cristina presentó, en marzo de 2013, el Plan Argentina Innovadora 2020 o, digamos como homenaje, el “Plan Barañao”. El ministro explicaba en el acto de presentación que habían participado de la elaboración del programa “más de 300 profesionales de todo el país”. “Nunca antes se ha hecho un esfuerzo tan riguroso”, aseguraba sin reírse y remarcó que había “metas claramente definidas”.

Veamos la meta de la discordia del “Plan Barañao”. En castellano prístino se lee: “Se apuntará a la federalización de los recursos humanos priorizando el 25% de las vacantes del CONICET en aquellas regiones del país con escaso desarrollo científico-tecnológico y a incrementar el ingreso de personal a esta institución a un ritmo del 10% anual”. Es este insoportablemente kirchnerista “10% anual” el que transforma a Barañao y a Cecatto en las pesadas herencias de sí mismos.

No hace falta calculadora. Si en 2016 el CONICET tiene aproximadamente 9200 investigadores de carrera, la expresión “10% anual” significa que en 2017 deben ingresar alrededor de 920 becarios a la carrera de investigador de CONICET. Y esta cifra no es arbitraria. El “Plan Barañao” la fundamenta. Tratemos de avanzar, entonces, en comprender los fundamentos de este “10% anual”, que el presidente del CONICET negó en el programa de televisión de Marcelo Zlotogwiazda del 12 de diciembre y que el periodista Claudio Martínez tuvo que leerle, dando lugar a una de las escenas más penosas que registra la ciencia argentina: un así llamado presidente de CONICET que para salir del paso comienza a denostar la institución que preside.

Una trayectoria institucional larga y sinuosa

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue creado por decreto-ley 1291, promulgado el 5 de febrero de 1958. Su proyecto fue concebido por un grupo de científicos liderados por el fisiólogo y premio Nobel Bernardo Houssay, que asumió como presidente vitalicio hasta su muerte en 1971.

El objetivo original del CONICET era organizar y fortalecer la investigación en las universidades –aumentar la dotación de docentes- investigadores a tiempo completo de aquellas “personas que hayan mostrado capacidad en la realización de investigaciones y en la formación de discípulos”– y promover estándares internacionales de calidad para la producción científica, además de criterios para la asignación de recursos. También se le dio la potestad de autorregular sus actividades. Desde el comienzo, se puso en marcha un programa de becas, destinadas a la formación de investigadores –tanto en el país como en el extranjero–, un programa de subsidios para investigaciones específicas, adquisición de equipos e instrumental, repatriación, contratación de investigadores extranjeros y viajes al exterior.

Si bien la “carrera de investigador” se inicia en 1961,su sentido inicial era un suplemento salarial para fortalecer la dedicación completa a la investigación y la docencia en las universidades. El 23 de mayo de 1973 –dos días antes de la asunción del gobierno de Héctor Cámpora– se sancionó una ley que aprobaba un nuevo estatuto para las carreras del investigador científico y del personal de apoyo del CONICET, como los conocemos hoy. Entre otras cuestiones, a partir de esta ley, los investigadores y el personal de apoyo pasaban a tener estatus de personal civil de la administración pública nacional.

Los sucesivos golpes militares, junto con sus pretensiones refundacionales –expresión grandilocuente que se traduce como “desguace del Estado y sus instituciones”– produjeron sucesivas distorsiones y discontinuidades en las políticas que orientaron al CONICET. Citemos un ejemplo. A comienzos de los años setenta, el CONICET tenía 13 institutos propios. Al final de la dictadura, en 1983, pasó a tener 116 institutos y 7 centros regionales. Este proceso fue acompañado por actividades de malversación de fondos de algunos funcionarios de la dictadura y de un crecimiento desproporcionado de la superestructura administrativa. El saldo era su desvinculación de las universidades.

Con la vuelta a la democracia, en diciembre de 1983, el CONICET apenas superaba los 2000 investigadores. El gobierno de Raúl Alfonsín se propuso eliminar del CONICET las dinámicas autoritarias heredadas de la última dictadura y recuperar sus vínculos con las universidades. También reconocía “la irrupción del problema tecnológico” y, mientras asumía la “tremenda importancia” de la investigación básica”,se comprometía a “hacer un gran esfuerzo para aumentar la investigación tecnológica”. En ese momento era claro que los resultados logrados en los laboratorios universitarios o institutos no eran demandados por el sector privado. Por eso aparecía como un problema urgente la vinculación de la actividad de investigación al sector productivo. Una de las iniciativas principales de este período fue la creación, en marzo de 1984, del área de Transferencia de Tecnología.

Sin embargo, estas iniciativas fueron impulsadas en un contexto de crisis económica, deuda externa y escaso financiamiento. Según el sociólogo Enrique Oteiza, el objetivo del gobierno de Alfonsín de “articular e integrar las políticas científicas y tecnológicas con el resto de las políticas de desarrollo económico y social” no fue posible por la propia evolución de la economía argentina. Tampoco se pudo cumplir el objetivo de “establecer un régimen sobre la importación de tecnología y asegurar su efectiva absorción y adaptación a las condiciones sociales”, explica Oteiza, dado que era incompatible con las políticas de liberalización y desregulación de la economía.

Con la llegada de Carlos Menem a la presidencia en 1989, los recambios que se produjeron en las autoridades de la SECyT y el CONICET iniciaron un período de luchas ideológicas cruentas. Como parte de los diagnósticos de los organismos financieros internacionales que comenzó a promover la “revolución cultural” neoconservadora, en 1993, un informe del Banco Mundial, titulado Argentina. From Insolvency to Growth, recomendaba la privatización del CONICET. Decía este informe: “El CONICET y la Fundación Miguel Lilio deberían ser privatizados, resultando en 5.639 posiciones abolidas del presupuesto público”. En paralelo, las políticas de “achicamiento del Estado” producían una fuga masiva de cerebros: los jóvenes se iban del país, los más viejos se acogían al “retiro voluntario”.

Una novedad institucional crucial tuvo lugar a mediados de 1996, cuando se crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), iniciativa que iba a modificar drásticamente los mecanismos de financiamiento de las actividades de CyT en la Argentina. La creación de la ANPCyT, sostenía el gobierno de Menem, respondía a la necesidad de contar con un organismo dedicado exclusivamente a la promoción, sin instituciones propias de ejecución de actividades de CyT, como era el caso del CONICET.

En la actualidad se están produciendo varias tesis de maestría y doctorado sobre este período, que intentan comprender las dinámicas de enfrentamientos entre la ANPCyT y el CONICET durante los años noventa y el cuasi-equilibrio que ambas instituciones finalmente alcanzaron. Si bien este es un debate abierto, una década más tarde a su entrada disruptiva en escena, la ANPCyT se transformó en una pieza central para el diseño y ejecución de recursos de financiamiento para el sector de CyT y para fomentar su articulación con el sector privado.

A comienzos de 2000, Dante Caputo, secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Fernando De la Rúa, sostuvo que su propósito era consolidar los vínculos entre las universidades y el CONICET. Los nuevos miembros de la carrera del investigador debían obtener un puesto en alguna universidad y, a cambio, recibirían del organismo un suplemento de dinero sobre su salario universitario. Aquellos que fallaran en el plazo de cuatro años perderían su cargo en el Consejo. El status de aquellos investigadores que ya pertenecían a la carrera permanecería inalterado, salvo que voluntariamente decidieran pasar al nuevo régimen.

El CONICET se había vuelto demasiado burocrático, argumentaba Caputo, y la reforma propuesta daría mayores oportunidades e incrementaría la movilidad de los investigadores jóvenes. Muchos interpretaron que esta iniciativa destruiría la estructura de la carrera del investigador. La rápida reacción de la comunidad científica hizo que este plan no pudiera ser implementado y que Caputo se volviera a dedicar a las relaciones internacionales.

En la Argentina neoliberal de los años noventa dominó en el sector de CyT una contradicción esencial. Por un lado, se hablaba de la necesidad de involucrar a las universidades, al CONICET y al resto de las instituciones públicas de CyT en el “mundo de los negocios”, pero en un ecosistema económico que no exigía una orientación hacia un proyecto de país al sector empresarial, que a su vez no demandaba conocimiento local. Las empresas trasnacionales traían la tecnología de sus casas matrices y los grupos concentrados nacionales se dedicaban a la soja o al procesamiento de materias primas. Por eso, la revolución neoliberal de los noventa no necesitaba ni científicos, ni tecnólogos. Ni siquiera necesitaba técnicos, por eso clausuró los colegios industriales de nivel medio. La crisis terminal de 2001 terminó de arrasar lo poco que quedaba.

Maldito “10% anual”

Vimos que al inicio del gobierno de Alfonsín el CONICET tenía poco más de 2.000 investigadores. Casi veinte años más tarde, cuando asume Néstor Kirchner, el CONICET tenía apenas 3.500 investigadores y 2.200 becarios. De la trayectoria relatada en la sección anterior se puede inferir el estado de los laboratorios, de su equipamiento o de la infraestructura. Pero el gobierno de Kirchner trajo una novedad: por primera vez desde que la última dictadura inició la destrucción de la industria nacional, un gobierno decía que iba a poner en el centro de su política económica un proyecto de país industrial. Y los economistas que estudian desarrollo económico saben, porque es la gran enseñanza del siglo XX, que el proceso de crecimiento y diversificación de los sectores industriales demanda conocimiento científico y tecnológico.

Y también saben cuáles son los obstáculos que deben superar los países en desarrollo como la Argentina. Una de las mayores dificultades es la presencia de capitales concentrados y empresas trasnacionales junto con las presiones de los organismos internacionales para que se adopten formas institucionales, marcos regulatorios y medidas económicas ajenas a la propia realidad socio-económica. Para enfrentar estas presiones se necesita un Estado inteligente, robusto y con la legitimidad política para negociar con –y/o disciplinar a– los poderes económicos que no quieren jugar el juego de la democracia. Y el conocimiento que necesita un Estado para sus políticas públicas lo producen las ciencias sociales, las mismas que motivaron que Domingo Cavallo mandara a los científicos del CONICET a lavar los platos.

Y acá llegamos finalmente al punto. Este proyecto de país industrial, que además quiere ser inclusivo, necesita un sistema educativo en expansión, que proyecte qué tipo de conocimiento se necesita y, por lo tanto, cuáles serán las áreas de mayor demanda para planificar la formación de técnicos, ingenieros y científicos sociales y naturales. En este contexto se crea a fines de 2007 el MINCyT, asume Barañao como ministro y Cecatto queda al frente de una de sus secretarías. Y mientras ambos construyen un ministerio desde cero, en 2010 el CONICET ya tiene poco más de 6000 investigadores y una población creciente de becarios.

Entonces se comienza a trabajar en el “Plan Barañao”, que concluye que la Argentina debe alcanzar en 2020 una población de 5 científicos, tecnólogos y becarios cada 1.000 habitantes de la población económicamente activa (PEA), cifra muy razonable para un país en desarrollo. Y así llega el CONICET a fines de 2015, con 9.200 investigadores y 10.000 becarios, población que acompaña el logro de haber alcanzado los 3 científicos, tecnólogos y becarios cada 1.000 habitantes de la PEA. Hasta este punto, podemos decir sin titubear que el período 2003-2015 es lo mejor que le ocurrió a la ciencia y a la tecnología argentinas desde 1810.

Pero entonces asume la presidencia Mauricio Macri y Barañao, casi de rodillas, jura a la comunidad científica que va a continuar con el “Plan Barañao”. En alguna nota o entrevista confiesa sentirse un equilibrista del Cirque du Soleil. Hasta acá no es otro Diego Bossio, sino algo así como un hábil garrochista de “la grieta”. La gran falacia que difunde sin decirlo es que un proyecto de país neoliberal, desindustrializador, que apuesta al agro, a la minería y a los flujos especulativos necesita la misma ciencia y tecnología que un país industrial que se orienta a la justicia social.

Durante 2016, en un clima de inflación y déficit fiscal sin obra pública, Barañao y Cecatto hicieron como si todo siguiera igual. Y entonces, cuando llegó fin de año y debían ingresar 900 becarios a la carrera de investigador, Barañao nos explica lo siguiente: “[…] No hay ningún país que con un 30 por ciento de pobreza esté aumentando el número de investigadores como lo está haciendo la Argentina”. ¿Cómo? Espere…Es al revés… La pobreza desde el siglo XIX se combate con inversión en educación, ciencia y tecnología y se coordina con el crecimiento industrial… Esa frase, señor ministro es del siglo XVIII. Ya no se sostiene ni siquiera en el siglo XIX.

¿Pero qué dice Cecatto, finalmente el presidente de la institución de marras? Lo hizo ante Zlotogwiazda y Martínez: “Yo no tengo registro de que diga el plan específicamente 10 por ciento de incremento… no creo que lo diga en esos términos”. Y lo que sigue en este programa es para una escena de Los Hermanos Karamazov, cuando algún personaje se humilla a sí mismo y el lector descubre las profundidades insondables de la miseria humana.

¿Qué otro final entonces que la indignación de la comunidad de científicos y tecnólogos y de parte de la sociedad? Especialmente de los jóvenes, que creyeron en estos funcionarios y que planificaron sus vidas a partir de la garantía que supone una política de Estado, que no es ni kirchnerista ni macrista, porque fue consensuada en democracia. Quienes tomaron el edificio del ministerio durante algunos días son, en su mayoría, jóvenes que decidieron hacer ciencia y tecnología en la Argentina y que no quieren volver a figurar en la lista de los cerebros fugados por políticas de subdesarrollo.

Doctor en Física por la Universidad de Buenos Aires pero desde mediados de los noventa se dedica a la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Es profesor titular en UNSAM, donde dirige el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica.
Fuente:
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/ciencia-para-que/