Avanzando en la medición del paro real en el País Vasco

Julen Bollain

Lluís Rodríguez Algans

01/07/2018

Del paro en la historia...

 

La existencia de parte de la población que estando en edad, en condiciones y en disposición de trabajar remuneradamente que carece de un empleo no es un fenómeno surgido durante el siglo XX. Ya en la Edad Media había personas que estaban desocupadas, conocidas por aquel entonces como holgazanas o vagabundas. En este sentido, John Burnett en su libro “Idle Hands: The Experience of Unemployment, 1790-1990”[1], explicaba ya en 1994 cómo hasta el siglo XIX analistas ingleses “identificaban a los desempleados principalmente con los ‘inadaptados’ y trotamundos que dormían a la intemperie y deambulaban de noche por las calles”.

 

Así, no será hasta 1881 cuando por primera vez en el Reino Unido, y aunque no de manera coherente con la definición standard actual del desempleo, será medida la tasa de desempleo. Al principio el desempleo se basó en los datos de aquellos sindicatos ingleses que pagaban prestaciones de desempleo a sus miembros.

 

Más adelante, el 16 de diciembre de 1911, el Parlamento Británico aprobó el llamado “National Insurance Act 1911”. Éste iba más allá de las leyes sobre los seguros contra enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez aprobadas y lideradas por Otto Von Bismarck en el Reichstag alemán entre 1883 y 1889, ya que otorgaba a los trabajadores británicos un plan nacional obligatorio de seguro contra el desempleo. De esta manera, el desempleo comenzó a medirse a raíz de datos de trabajadores registrados y que carecieran de un empleo. Pero en este artículo no entraremos a discutir los motivos que incitaron a Bismarck a llevar adelante esas leyes, ni por qué el Canciller de Hacienda y futuro primer ministro del Reino Unido, el liberal David Lloyd George, propuso el “National Insurance Act 1911” ante su Gobierno liberal, aun cuando sus políticas, a la vez de protección y legitimación social, se sustentaban en las mediciones de la situación laboral.

 

Dando un salto hasta el Estado español, no será hasta 1919 cuando, tras la Ley de 27 de febrero de 1908 del Instituto Nacional de Previsión (INP) y el Real Decreto de 11 de marzo de 1919 sobre intensificación de retiros obreros, se promulgue el Real Decreto de 18 de marzo de 1919 sobre el seguro de paro forzoso. Todo ello al calor de la Revolución Soviética y de las luchas sociales y sindicales que, como la huelga de “La Canadiense” en Catalunya, representaron un punto de inflexión en la efectividad sindical y en la consecución de derechos sociales como la jornada laboral de 8 horas, en la presión necesaria para la promulgación de otras leyes sociales[2], así como en la generación de normas protectoras del empleo por medio del conflicto, la huelga y la formalización de bases de trabajo (convenios colectivos) entre empresarios y sindicatos[3]. Sin embargo, el sistema de los Seguros Sociales en el Estado español no se consolidó hasta la instauración de la II República Española, cuya constitución de 1931 afirmaba en su artículo 46 que "la República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, (así como) la protección de la maternidad"[4].

 

Este sistema de Seguros Sociales fue convertido finalmente en 1963 en un sistema de Seguridad Social a través de la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963. Y fue en este marco cuando, por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) creado en 1945, realizó la primera Encuesta de Población Activa en 1964.

 

…al paro en el capitalismo postfordista

 

Pero no cabe duda de que la realidad actual es muy distinta a la de hace más de medio siglo. En los países centrales de la economía mundial, se conformó un capitalismo industrial que generó mercados internos de trabajo y bajas tasas de desempleo, gracias también a políticas de regulación keynesiana donde primaba el pleno empleo como objetivo de política económica y un sistema de relaciones laborales con sindicatos fuertes en las empresas. El giro neoliberal y conservador en las políticas económicas en la década de 1980 asentaron, en un paulatino cambio de paradigma, un capitalismo desatado[5] donde la lógica financiera se impuso a la lógica industrial-productiva, y donde en esta última la norma del empleo ha pasado a ser la flexibilidad laboral, la externalización, subcontratación y precariedad laboral. A ello se ha unido el ataque contra el sindicalismo para destruir, debilitar o devaluar la influencia del mismo en la negociación colectiva y la huelga, desgastando sus recursos de poder y aislando también los elementos más combativos con la intención de limitar el contrapoder a las políticas empresariales que asientan este modelo de empleo, precariedad y desempleo[6].

 

Es necesario optimizar los indicadores que utilicemos en el presente para medir la precariedad y el desempleo. Debemos entender la realidad del siglo XXI, en la que el desempleo no puede ser medido como se hacía en el siglo XX. Porque en el siglo XXI deben darse respuesta a los problemas con métodos del siglo XXI.

 

La dinámica de los mercados de trabajo actuales nos demuestra que existe una gran precariedad en el empleo, afectando en el Estado español a la mayoría de la población asalariada: menos de la mitad de la población afiliada al régimen general de la Seguridad Social en 2017 tenía un contrato indefinido a jornada completa (47,9%) y la mayoría (52,1%) presentaba algún tipo de precariedad: subiendo los contratos a tiempo parcial y fijos-discontinuos, contratos temporales y/o trabajo por horas, etc. A su vez, la Encuesta de Población Activa confirma la precariedad del empleo generado en la recuperación, en el periodo 2013-2017 con la creación de 1’86 millones de empleos, siendo 918.000 de éstos temporales e incrementando la tasa de temporalidad del 23,7% al 26,7%[7]. Para completar este mapa de precariedad, hay que sumar la temporalidad involuntaria, con pocas mediciones al respecto pero seguramente con una mayoría de contratos en esa situación. También las mediciones de contratación parcial involuntaria, que en el Estado español afecta a 2,8 millones de personas trabajadoras, de las cuales 1,2 millones de mujeres y 500.000 hombres lo hacen de forma no voluntaria. En términos porcentuales, según los datos de la OIT, el número de personas que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria es de alrededor del 60%[8].

 

Nuevas tendencias de desempleo, nuevas metodologías

 

Y es por todo ello que la realidad del mercado de trabajo presente es totalmente distinta a la del siglo pasado, siendo innegable que la tasa de desempleo se basa en una definición bastante limitada de lo que implica no tener un empleo decente. Una definición limitada a los factores y aspectos del siglo XX, mientras coexistimos con aquella sociedad moderna líquida que el difunto Bauman definió.

 

De acuerdo con la definición de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo (en la que se basa el cálculo de la tasa de desempleo en general de la zona del euro), las personas se consideran desempleadas si están (i) sin trabajo; (ii) disponibles para comenzar a trabajar dentro de dos semanas; y (iii) buscando activamente empleo, en el momento de realizar la encuesta.[9]

 

Una definición demasiado estricta que no permite conocer la población que realmente se encuentra desempleada. Además, es una forma artificial y torticera de reducir la tasa de desempleo, al no incorporar en la misma a personas con ánimo de trabajar remuneradamente y disponibles para hacerlo que no están buscando empleo ya que piensan que debido a la desfavorable situación económica no van a encontrarlo, a personas con un empleo precario e inconstante que quisieran un empleo a tiempo completo, e incluso a personas que por cualquier otro motivo querrían un empleo compatible con su situación de estudios o de cuidados y que no lo encuentran.

 

Y es ante esta definición tan sesgada, cuando países como Estados Unidos diseñaron una nueva metodología para estimar una tasa de paro con el objetivo de reflejar mejor la realidad laboral del siglo XXI. Este método consiste en calcular nuevos indicadores a partir de la tasa de paro oficial. Y para ello añaden distintos indicadores con el fin de contabilizar como parados a aquellas personas que se encuentren en los siguientes 3 supuestos.

 

1.  Las personas que aunque quieren trabajar, no buscan empleo porque creen que no van a encontrarlo. Este grupo es conocido popularmente como “trabajadoras desanimadas”.

2.  Aquellas personas que no buscan empleo porque están esperando uno que se ajuste a su cualificación, que esperan una convocatoria de Oferta de Empleo Público, que han sido despedidas pero confían en ser readmitidas en su empresa, que no saben dónde dirigirse para encontrar empleo, que esperan una estación de mayor actividad como en verano en nuestro sector turístico estacional, que esperan los resultados de gestiones anteriores, que tratan de compatibilizar estudios o cuidados con trabajos que puedan ser compatibles o que confían en comenzar una actividad propia. A las personas de este grupo se les denomina "activas potenciales".

3.  Todas aquellas personas que trabajan menos horas de las que les gustaría. Es decir, aquellas personas que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa tal y como ellos y ellas quieren. Lógicamente, estas personas tampoco encuentran satisfechas sus necesidades de trabajo en el mercado laboral y, por ello, es razonable incluirlos como "demandantes” de empleo, aunque no sean estrictamente desempleados. Además, conviene remarcar que las principales afectadas son las personas jóvenes y las mujeres.

 

Si añadimos estos tres grupos de personas al indicador que mide la tasa de desempleo, hace de éste un indicador más próximo a la realidad. Un indicador que nos da como resultado lo que muchas personas expertas denomina como "tasa de paro real".

 

Si además, agregáramos una medición del empleo temporal que no cubre jornadas completas mensual o anualmente, obtendríamos los aspectos principales del cuadro de precariedad laboral y, por tanto, de desempleo involuntario.

 

Instituciones pioneras en la medición de una “tasa de paro real” son tanto el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, como la OECD, el Banco Central Europeo en su reciente Boletín Económico 3/2017 ("Evaluación del grado de holgura del mercado de trabajo") donde señaló que existen definiciones más amplias que están siendo relevantes para evaluar una dinámica más real del funcionamiento de los mercados de trabajo y analiza esta cuestión para el área del euro, o el propio Banco de España en su Boletín Económico 2/2017[10]. Además existen algunos estudios a nivel académico de investigación en la materia, aplicados tanto a nivel del Estado español como a nivel de las diferentes Comunidades Autónomas.

 

Los contornos de la precariedad y el desempleo en el País Vasco

 

Si hablamos propiamente de cifras, alzamos la vista y miramos a Europa, apreciamos cómo la combinación de las estimaciones de personas desempleadas y subempleadas, sugiere que el desempleo mirado de forma amplia, afecta actualmente a alrededor del 18% de la fuerza de trabajo de la zona del euro. Este volumen de subutilización es casi el doble del nivel medido por la tasa de desempleo, que ahora se sitúa en el 9,5%.

 

La misma tendencia se puede observar cuando estudiamos lo que sucede en el Estado español. Mientras la tasa de desempleo oficial se encuentra en torno al 18%, el desempleo real se sitúa alrededor del 30%. Un incremento que encrudece aún más las escandalosas cifras de desempleo que azotan al Estado español.

 

El País Vasco no es un oasis pese a la propaganda del Gobierno Vasco y una estructura productiva e industrial más robusta, además de un sindicalismo con mayor capacidad de enfrentarse a la precariedad laboral. Según el Servicio Público Estatal de Empleo, en 2017 vemos que en Euskadi de los contratos notificados (958.100), 562.459 corresponden a jornada completa, 384.412 a jornada parcial, 2.522 a fijos-discontinuos y 8.707 a contratos en prácticas. Existe un incremento importante de formalización de los contratos a jornada parcial y éstos representan también un volumen cada vez más cercano al número de contratos a tiempo completo. Los contratos a jornada parcial suponen el 40,1% del total de contratos notificados, siendo suscritos mayoritariamente por mujeres y en el sector servicios. Cabe tener en cuenta que la gran mayoría de contratos firmados siguen siendo de carácter temporal y que, de hecho, éstos suponen el 92,3% del total de contratos suscritos. Hay que añadir que además, dentro de los contratos de carácter temporal, prácticamente la mitad fueron de una duración menor a un mes y un 32’9% de duración indeterminada. Por tanto, al elemento de parcialidad no deseada se le suma el de temporalidad. En el momento que se formaliza un contrato de trabajo, ambas cuestiones implican grave precariedad en el empleo[11].

 

Según datos del Eustat, a finales de 2017 hay en Euskadi 915.900 personas ocupadas y 943.987 personas afiliadas a la Seguridad Social, frente a las 976.270 en 2008, de las cuales aproximadamente el 23% del total corresponden a jornada parcial y el 32% del total a contratación temporal. Son datos muy preocupantes de precariedad en el empleo[12].

 

En términos estadísticos (Eurostat, INE) la tasa de temporalidad vasca en comparación con Europa, se sitúa en el cuarto peor lugar (23’9%), detrás de la de Polonia (25’5%), Estado español (26’8%) y Montenegro (27’8%), cuando la media de la UE-28 es del 14’3%.[13]

 

En términos de tasa de paro ampliada, el caso de Euskadi es muy llamativo, ya que con datos de la EPA del III trimestre de 2017, la tasa de desempleo oficial era del 11,7%, mientras que la tasa de desempleo ampliada calculada a través de microdatos de la propia Encuesta de Población Activa llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, nos situaría en un 22,6% de tasa de desempleo real. Una tasa 10,9% superior a la oficial y que casi la dobla. Cabe añadir que de estos 10,9 puntos porcentuales de incremento entre la tasa de desempleo oficial y la real, 7,8 puntos porcentuales son causa de trabajadores y trabajadoras con empleo a tiempo parcial involuntario, sobretodo mujeres y personas jóvenes. Es decir, personas que no encuentran trabajos a jornada completa. Además de Euskadi, las Comunidades Autónomas que más paro oficial consiguen reducir a costa de la parcialidad involuntaria en la ocupación son la Comunidad Valenciana (8,7 p.p.), Andalucía (7,9 p.p.) y Ceuta (7,8 p.p.). Es destacable cómo el País Vasco pasaría de ser la segunda Comunidad Autónoma con menor tasa de desempleo oficial, a ser la séptima con menor tasa de desempleo real. De esta forma, Euskadi se colocaría en el ranking por detrás de Navarra, Baleares, Aragón, La Rioja, Cataluña y Madrid, demostrando que no es un oasis dentro del desierto de precariedad laboral español[14].

 

Iniciativas para medir el paro real en Euskadi

 

En este escenario, el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos, registró una Proposición No de Ley en el Parlamento Vasco para que se midiera en Euskadi la tasa de paro ampliado. Finalmente, se aprobó una enmienda transaccional por unanimidad en la que se instaba a que se realizará para finales de 2018 un estudio sobre la tasa de paro ampliada en el País Vasco y a que Eustat, Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística, estudiará las diferentes metodologías actualmente en uso, como las del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, Eurostat e INE, para medir la tasa de desempleo ampliada y considerar la inclusión de preguntas adicionales en el cuestionario de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) en el año 2019.

 

Entendemos que es un paso adelante muy importante que debiera darse también en las demás Comunidades Autónomas, ya que entendemos que una medición adecuada de la tasa de desempleo es fundamental para ser capaces de entender la realidad laboral, desarrollar análisis precisos y diseñar e implementar políticas públicas de empleo que reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad del empleo: empezando por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y terminando con recomendaciones de políticas de negociación colectiva o políticas industriales y activas de empleo. Y es que es fundamental medir el desempleo de forma que se puedan identificar los focos, los diferentes aspectos y las diferentes variantes del mismo, porque solo así seremos capaces de actuar eficientemente en las políticas públicas de empleo, en las políticas de lucha contra la precariedad laboral que provocan las empresas o por qué no decirlo, en permitir que toda persona que quiera trabajar en dignas condiciones pueda hacerlo.

 

Por ello es necesario conocer la realidad de nuestros mercados de trabajo y la realidad del desempleo, la parcialidad y la temporalidad. Porque así y solo así, podremos implementar las políticas públicas de empleo óptimas que mejoren la vida de nuestra ciudadanía.



[1] Burnett, J. (1994). Idle hands: The experience of unemployment, 1790-1990. Routledge.

[2] Paz, O. (2010). “La crisis de 1917-1923: rupturas estructurales y conceptuales”, en M.J. Espuny y O. Paz. Crisis y ocupación. Bosch Editor.

[3] Espuny, M.J. (2010). “Ocupación, paro y género en las bases de trabajo de la Segunda República Española”, en M.J. Espuny y O. Paz. Crisis y ocupación. Bosch Editor.

[5] Glyn, A (2010). Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar. FUHEM - La Catarata.

[6] Elorrieta, J (2017). Una mirada sindical contracorriente. Clase, territorio y nuevas alianzas. Icaria.

[10] “Medidas alternativas del desempleo para la economía española” (pp. 21-23).

[12] Ver nota anterior

 

es Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco y miembro de la Red Renta Básica y de la Basic Income Earth Network
es economista. Asesor del Grupo Parlamentario Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 1-7-18