Paco Puche
Antonio Bernardo Reyes
16/02/2019
El grave problema con se enfrente la mayor parte de la población del país relativa a su exposición al amianto instalado, tiene una solución razonable, que puede reducir el riesgo de muerte a próxima a cero, pero que exige ser tratado integralmente y de manera normativa.
Con esta preocupación, desde el Parlamento Español, hubo una iniciativa el pasado año para trabajar una ley como la que proponemos. La situación parlamentaria en la que nos encontramos, así como la falta de un impulso coordinador han hecho que se estanque esta interesante iniciativa. Los que esto aportamos formábamos parte del Grupo de Trabajo que se iba de encargar de hacer los distintos bocetos que la iniciativa fuese requiriendo.
Con el paro descrito, hemos tenido tiempo para formular un primer boceto integral de la Lay de Amianto que el Parlamento tendrá, más pronto que tarde, que abordar, pues hablamos de una cuestión de salud pública de primer orden.
El Boceto que aportamos, tiene muy pocos requerimientos financieros de carácter público. Los dos que se deslizan en el mismo traen sus indicadores de financiación: el Fondo Nacional de Indemnización que en estos momentos anda en el Congreso, apuntando una financiación a cargo de las empresas; y el otro Fondo que se propone, El Plan de Desamiantado Seguro, reparte las fuentes de financiación entre todas las Administraciones Públicas (incluida la UE), las empresas responsables y los particulares. Sin apenas carga económica, se trata de una normativa que podrá erradicar el amianto de nuestras vidas de manera segura y a largo plazo. Vale la pena.
Se adjunta el primer boceto aparecido, obra de dos miembros del Grupo de Trabajo futuro que esperan poder seguir trabajando de manera voluntaria en el Parlamento en pro de una Ley Integral del Amianto en España.