Brasil: Hay una profunda ruptura en curso

André Singer

27/08/2016

El juicio a Dilma Rousseff, cuyo inicio efectivo tuvo lugar el pasado jueves (25), en el Senado, es más importante por lo que oculta que por lo que revela. La observación meticulosa de los dispositivos legales del proceso hace parecer que todo funciona de forma normal. Pero, por debajo de la capa de legalidad, está en curso un atentado, que puede ser mortal, al espíritu de la Constitución de 1988.

Los que tienen la paciencia de acompañar los debates entre la defensa y la acusación perciben que el tema de fondo es la política económica desplegada por Dilma durante su primer mandato. Los cuestionados decretos de ampliación presupuestaria y pago del Plan Safra por el Banco do Brasil, ambos de 2015, son meros pretextos para poner en tono aquello que realmente incomoda: los gastos de 2014.

Ocurre que tal conducta fue refrendada en las urnas. Dilma terminó reelecta porque, a pesar de los pesares, mantuvo el empleo y el ingreso de los trabajadores, y eso no habría sucedido en el caso de que hubiese hecho los recortes que la ortodoxia económica propugnaba. El hecho de haber realizado después el ajuste recesivo exigido, cuando había prometido no hacerlo, es grave, pero no justifica el impeachment.

Si lo justificare, Sarney debería haber sido depuesto de 1987 y Fernando Henrique Cardoso en 1999. Respetada la soberanía popular, cabría al electorado juzgar, en 2018, el destino de las fuerzas política involucradas en el proceso, tal como ocurrió en 1989 y 2002. Conviene recordar que, en los dos casos, el oficialismo perdió.

Pero, en el transcurso de la crisis económica, de la operación Lava Jato y de la presencia de Eduardo Cunha al frente de la Cámara, se abrió una triple ventana de oportunidades. Michel Temer entrevió la chance de llegar al poder. Los partidos conservadores vislumbraron la posibilidad de arruinar al Partido de los Trabajadores (PT), tal vez para siempre. Los capitales advirtieron la oportunidad de hacer un ajuste de cuentas con los avances sociales previstos de 1988 y puestos en práctica, al ritmo homeopático conocido, por el lulismo.

Por eso, la probable condena de Dilma representa mucho más que la pérdida de dos años de estadía en la Alvorada, por la actual mandataria. Significa un golpe profundo contra el alma ciudadana de la Carta constitucional vigente. La mayor demostración está en la PEC 241 (proyecto de nuevo régimen fiscal), que sanciona un techo para los gastos del Estado. En las palabras de su mentor, el ministro Henrique Meirelles, la 241 es nada más, ni nada menos, que “el primer cambio estructural en la cuestión del gasto público desde la Constitución de 1988”.

Hasta qué punto el conservador espíritu de 2016 conseguirá deshacer lo que fue acumulado en torno de 1988 sólo la lucha real lo dirá. Pero conviene a la sociedad brasileña tomar conciencia de que, por debajo de los formalismos senatoriales, está en curso en estos días una ruptura violenta.

politólogo brasileño, profesor de la USP, fue portavoz del primer gobierno de Lula.
Fuente:
Folha de Sao Paulo 27 de agosto 2016
Traducción:
Carlos Abel Suárez