Brasil: Ilegalidad e ilegitimidad del golpe

Raul Pont

27/03/2016


La instalación de la Comisión Procesal en la Cámara Federal dio inicio a la farsa capitaneada por el diputado Eduardo Cunha (PMDB), él mismo acusado en el Supremo Tribunal Federal (STF) con pruebas evidentes de las cuentas bancarias en Suiza.

El procesado del Lava-Jato usa su poder en la Cámara Federal para barrer su proceso en la Comisión de Ética y con la lentitud del STF que no aprecia el pedido de la PGR de su apartamiento del cargo para garantiza un mínimo de rectitud al proceso.

Si eso no fuese bastante, la acción del juez Moro, sintonizada con los medios de comunicación, tendientes a desestabilizar la asunción de Lula en el Ministerio es estremecedora. Grabaciones de conversaciones personales, que nada tienen que ver con las pretendidas acusaciones contra Lula, incluso después  que el ilegal traslado coercitivo para hablar sobre el “ocultamiento” del patrimonio cayera en el vació, alimentan versiones que son llevadas al público – seleccionadas, recortadas, fragmentadas – para crear una opinión negativa contra el ex presidente y sus interlocutores.

La ilegalidad alcanza a la propia Presidenta de la República, que ve su privacidad violada y la Constitución rasgada por quien tendría que defenderla. Las explicaciones del juez Moro sobre los trascendidos selectivos son ridículas. El ministro del STF, Marco Aurélio Melo, en una entrevista a Sul 21 resumió de manera cristalina: “Moro simplemente dejó de lado la ley. Esto es evidente” (Sul21- 21-03-2016). La autoridad del ministro Mello ya es suficiente del punto de vista jurídico, pero cualquier ciudadano tiene derecho a indignarse, de reaccionar, cuando es víctima de una arbitrariedad, de ilegitimidad, incluso cuando es practicada en nombre de la justicia.

La divulgación de conversaciones privadas, ajenas al proceso y de las sospechas, repetitivas en la Globo, fueron hechas para intrigar y confrontar con terceros y no para ayudar a las investigaciones. Son ilegales, así como las escuchas de conversaciones del ministro Jacques Wagner y de Ruí Falcão que no están en ninguna causa.

En la Dictadura, en 1971, fui secuestrado por la Operación Bandeirante (OBAN),  comandada por el mayor Carlos Alberto Ustra, sin flagrante delito, sin una orden judicial y, junto a muchos otros, quedamos meses, años, en “prisión preventiva” a merced de la voluntad del régimen militar. En aquella época se arrancaban “pruebas” y “culpas” en base a la descarga eléctrica, del pau-de-arara y de la porra.

Ahora, la prisión preventiva sirve para negociar disminución de penas con bandidos, corruptos contumaces, corruptores, para delatar y comprometer a otros, en especial, de acuerdo con los intereses de la “autoridad” y sus posiciones político-partidarias y de los monopolios de los medios de comunicación.

Cualquier ciudadano tiene el derecho a la indignación y a la revuelta en este juego de cartas marcadas, de las arbitrariedades cometidas en nombre de la justicia.

Tomemos un ejemplo. El tratamiento dado al ex presidente Lula y al presidente de la Cámara Federal Eduardo Cunha (PMDB).  No voy a hablar de los titulares, estilo catástrofe de miles de artículos periodísticos, de horas y horas en que programas de noticias en TV y radio utilizaron y utilizan para multiplicar la farsa del apartamento tríplex en la playa y la finca de Atibaia para “probar” la propiedad de Lula y la correspondiente cobertura destinada a las cuentas suizas del señor Cunha.

Me refiero al tratamiento legal dado a un sospechoso del PM paulista y a un procesado en la operación Lava Jato con “pruebas contundentes”, como dice el Procurador General de la República para llevar a juicio al señor Cunha ante el Tribunal Supremo.

Hace meses que el señor Cunha (PMDB), amenaza, chantajea,  impide funcionamiento de la Comisión de Ética encargado de juzgarlo y por el contrario manipula para acelerar la Comisión Procesal  de un pedido de impeachment que él, monárquicamente aceptó y le dio curso, a pesar de la condición de procesado en la misma operación Lava-Jato. Por cierto, la Comisión Procesal  está integrada por una amplia mayoría de parlamentarios que sus campañas han sido pagadas por los corruptores, las empresas condenadas en la misma Operación. La mitad de los miembros están involucrados como investigados, procesados y acusados en casos similares.

En cuanto al ex Presidente Lula, su mandato como Ministro, fue suspendido por una orden judicial de un juez, en el tiempo récord de 28 segundos, según el sistema electrónico del tribunal. La decisión ya estaba tomada antes del “crimen”. El juez Catta Preta, además de ser juez  manifestaba contra Dilma y el PT, predicaba en su facebook, reproducido por la Carta Capital (23/03/2016), “ayude a derrocar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y Orlando. Si ella cae, el dólar también cae”.

Con jueces como Moro, Catta Preta y otros, el arrebato de Lula es comprensible. Cuando la justicia falla, privilegia u omite ¿a quién  puede apelar el ciudadano?

Lo más importante y significativo para el país es que esta puesta en escena montada por el poder de los medios de comunicación, con el respaldo de algunos jueces, sirve para encubrir las verdaderas razones del golpe en curso. Y, seguramente, no es la moralidad pública, el combate a la corrupción lo que los mueve. Este ha sido el biombo atrás del cual están las verdaderas razones del golpe de estado

Se hace cada vez más evidente el comportamiento del Vicepresidente Temer y del PMDB frente a la coyuntura. El aglomerado fisiológico y oportunista peemedebista, que es gobierno y que es oposición, simultáneamente, abandonó su programa histórico de la defensa de la democracia y de un genérico programa nacional desarrollista y  lo cambió por un Puente hacia el Futuro, una total rendición al programa tucano neoliberal. Lanzado el año pasado en el encuentro nacional y en algunas capitales, el documento es una defensa de los postulados del neoliberalismo y el abandono del papel de resistencia democrática y de soberanía nacional del viejo MDB.

Este es el pasaporte de Temer para negociar con el PSDB y las grandes corporaciones empresariales interesadas en el derrocamiento de Dilma, Lula y el PT.

¿No son las principales federaciones  las que defienden abiertamente la destitución?

La gran burguesía no acepta un gobierno del PT, incluso beneficiada por las políticas de crecimiento económico del período Lula y habiendo recibido privilegios y beneficios fiscales en los momentos de crisis. No tienen un proyecto para construir un país independiente, soberano y con distribución del ingreso. Prefieren y han optado históricamente por ser socios menores, perros rastreros del capital internacional y sus proyectos. En el plano económico, sólo saben repetir la ideología neoliberal: ajuste, austeridad, desregulación de la economía, recortar el gasto social, precarización de la seguridad social, rebaja de salarios e intereses especulativos. Su horizonte intelectual es consumir en Dinsneylandia y aquí ver el Gran Hermano de la Globo.

Este es el acuerdo tramado entre Temer y Serra, entre el PMDB y el PSDB entreguista del petróleo del Pré-Sal. Su operador es Cunha, en la presidencia de la Cámara de Diputados, embarrando e impidiendo durante meses su juzgamiento por la Comisión de Ética y, en caso del impeachment de la Presidenta acortando los plazos para acelerar el golpe.

Los ministros del STF y del CNJ (Consejo Nacional de Justicia) antes de ofenderse con el arrebato por la indignación de Lula, deberían pensar en sus responsabilidades frente a estos procesos tan dispares, tan desiguales, tan “injustos” en su desarrollo.

Nosotros Una vez más, estaremos luchando por la democracia por las conquistas sociales y populares y por la construcción de una nación soberana. ¡No al golpe de estado!

profesor, ex prefeito de Porto Alegre, uno de los fundadores del PT.
Fuente:
Democracia Socialista, PT, Porto Alegre, 24 março 2016
Traducción:
Carlos Abel Suárez

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