Brasil: la contrarreforma. Dossier

Daniel Gatti y Mario Augusto Jakobskind

Vladimir Safatle

Raúl Zibechi

Valerio Arcary

16/07/2017

Las causas y el proceso que llevaron a Brasil a transitar un imparable y súbito desmoronamiento - de figurar entre BRICS al papel actual de una republiqueta – prometen polémicas y estudios duraderos. Aquí ofrecemos dos enfoques, que apenas nos aproximan al problema. En una bochornosa sesión el Senado aprobó la reforma laboral, que echa por tierra conquistas de los trabajadores logradas en más de un siglo de luchas. Violenta asimismo los derechos consagrados por la Constitución de 1988. Pocas horas después se anuncia la condena de Lula a nueve años de prisión por corrupción. Los hechos de esta profunda crisis, económica y política, no pueden explicarse por separados y la crisis seguirá su curso. Además del debate y la reflexión, la agenda de la izquierda y los movimientos sociales incluye el capítulo de la resistencia. La huelga general del pasado mes abril fue un anticipo. SP

 

La condena a Lula y la liquidación de los derechos laborales conmueven a Brasil

Daniel Gatti y Mario Augusto Jakobskind

Esta fue una semana imponente para Brasil. El juez Sergio Moro condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a más de nueve años de prisión, un día después de que el parlamento más corrupto de la historia nacional aprobara una reforma que desmantela la legislación laboral y dos más tarde de que el mismo Congreso comenzara a tratar el caso del actual presidente Michel Temer, que puede ser destituido en no demasiado tiempo.

El miércoles 12 Sergio Moro, el “juez más político de Brasil”, según la oposición petista, divulgó su decisión de sentenciar a Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero. El magistrado de primera instancia acusa al ex presidente de haber recibido un apartamento de lujo en la periferia de San Pablo de manos de la constructora Oas, y dinero contante y sonante como pago por los favores que habría otorgado a la empresa haciéndole ganar licitaciones súper millonarias. El apartamento, un tríplex ubicado en Guarujá, en los alrededores de la capital económica del país, estaba a nombre de Oas, pero la fiscalía estimó que era del ex presidente, basándose en el testimonio del propietario de la constructora, Leo Pi­nheiro, obtenido aparentemente por el mecanismo de la delación premiada, aunque esto último no está plenamente confirmado. Oas es, junto a Odebrecht y Jbs, una de las megaempresas implicadas hasta el tuétano en el megaescándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que Moro investiga en el marco de la operación Lava Jato. Según la defensa de Lula, Pinheiro fue presionado por Moro para que declarara contra el ex presidente.

El “caso del tríplex” comenzó el año pasado, cuando Moro acogió una denuncia elevada por el fiscal Deltan Dallagnil, un evangélico que considera a Lula como “jefe máximo” de una mafia político-empresarial. A ese binomio los petistas lo llaman “la fuerza de tareas de Curitiba”, ciudad en la que están basados. Las pruebas del delito no han sido aportadas. En su momento, Dallagnil dijo que estaba “totalmente convencido” de estar en lo cierto.

El ex obrero metalúrgico apelará el fallo (histórico, por lo demás: es el primero de un magistrado contra un ex presidente de la república) y espera que el mismo tribunal que absolvió este mes, también en segunda instancia, por falta de pruebas, al ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) João Vaccari, que había sido condenado por Moro a 15 años de cárcel, tome una medida similar en su favor. Según señaló este miércoles la edición brasileña del diario español El País, de las 48 sentencias de Moro examinadas por ese tribunal, el Regional Federal de la Cuarta Región (Trf 4), basado en Porto Alegre, sólo cinco fueron anuladas. Una de ellas fue la que benefició a Vaccari, decidida por dos a uno. Los mismos jueces intervendrán en este caso. El Trf 4 no tiene fecha para expedirse, pero El País observa que acostumbra tomarse su tiempo. El caso Vaccari le insumió 22 meses, desde que el juez Moro comunicara su sentencia, en setiembre de 2015.

Lula, que esperará en libertad el fallo en segunda instancia –así se lo concedió Moro–, está decidido a insistir ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para demostrar que es víctima de una campaña de desprestigio orquestada para impedirle presentarse a las elecciones, según dijo el miércoles uno de sus abogados, Cristiano Zanin Martins. Zanin ya denunció a Moro ante ese organismo junto a su colega australiano Geoffrey Robertson, abogado del fundador de Wikileaks Julian Assange.

El ex presidente tiene otras causas abiertas, siempre en el marco de la investigación por la trama de corrupción en Petrobras, pero se anotó un porotito (muy ínfimo, eso sí, visto lo que está en juego) con el pedido del Ministerio Público Federal de archivar las acusaciones en su contra por obstrucción a la justicia. Los ex titulares de Petrobras Graça Foster y Sergio Gabrieli, que llevaron a cabo sus gestiones bajo los gobiernos del antiguo dirigente metalúrgico y de Dilma Rousseff, también fueron absueltos de ese delito.

Desde junio se sabía, por declaraciones del propio Moro, muy afecto a la exposición mediática, que la condena era un hecho. No quita que el impacto fue tremendo. En caso de que el fallo sea confirmado Lula no podrá postularse en octubre de 2018 y quedará inhabilitado por 19 años para ocupar cargos públicos.
Sin su líder histórico, el Partido de los Trabajadores no tiene posibilidad alguna de presentar un candidato potable. Y en el parlamento ni hablar de que pueda llegar a obtener una mayoría. El “partido de Lula” acaba de realizar un congreso que exhibió como un paso hacia su renovación. Pero su nueva líder, Gleisi Hoffmann, una abogada de 51 años, actual senadora y ex jefa de gabinete de Dilma Rousseff, está siendo investigada, junto a su marido, en el marco de la causa Lava Jato.

Quien sigue a Lula en las encuestas –lejos, a 15 puntos, pero le sigue– es Jair Bolsonaro, un parlamentario de ultraderecha y antiguo militar, integrante de la llamada “bancada de la bala” (los legisladores que ven con buenos ojos el gatillo fácil policial, por ejemplo). Tiempo atrás Bolsonaro calificó de héroe nacional a Carlos Brilhante Ustra, un general acusado de haber torturado a Rousseff cuando estuvo presa, y a él le dedicó su voto cuando fundamentó su “sí” a la destitución de la ex presidenta. En las últimas elecciones legislativas, en 2014, este por entonces integrante del Partido Progresista y hoy postulante a la presidencia por el Partido Social Cristiano, también conocido por infinidad de declaraciones machistas y homofóbicas, fue uno de los candidatos que más votos obtuvo para un cargo de diputado federal (casi medio millón de sufragios en Rio de Janeiro). Un síntoma del descaecimiento político que se vive en Brasil.

Dilma Rousseff figuró entre quienes primero reaccionaron tras la condena a su mentor político. El fallo de Moro, dijo, “es una flagrante injusticia y un absurdo jurídico que avergüenzan a Brasil. Las garras de los golpistas intentan desgarrar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo conseguirán”.

La Avenida Paulista, la mayor de San Pablo, comenzaba el miércoles a ser escenario de manifestaciones a favor y en contra de Lula, que ayer jueves continuaban.

Temer tambaleante

La semana había comenzado también fuerte, con el inicio del proceso parlamentario que puede conducir a que Michel Temer sea objeto de un juicio político y destituido por corrupción, igual que su ex compañera de fórmula Dilma Rousseff, a la cual remplazó y contribuyó a hacer caer. El lunes 10 el relator de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, Sergio Zveiter, del Pmdb, el partido de Temer, consideró que existen indicios suficientes para que la acusación por corrupción pasiva que la Fiscalía General de la República formuló contra el mandatario sea encaminada al Supremo Tribunal Federal (Stf). Pero es poco probable que la comisión se expida en contra de Temer: de manera escandalosa, diez de sus integrantes que eran favorables a enjuiciar al presidente fueron cambiados y la correlación de fuerzas pasó de ser negativa para Temer a positiva. Uno de los sustituidos, Delegado Waldir (así se llama), calificó al presidente de “bandido” y de “jefe de cuadrilla organizada”. Sin embargo, la decisión final le corresponde al pleno de la Cámara, y allí los representantes ahora remplazados podrán votar. Según cálculos primarios, en esa instancia las cosas rodarían mal para Temer. Ya hay denuncias de que el Pmdb, uno de cuyos sectores es partidario de expulsar al relator Sergio Zveiter, está intentando sobornar a algunos legisladores para que cambien su voto y apoyen al presidente.

Si el pleno de Diputados considera que hay razones suficientes para someter a Temer a un proceso de impeachment, el mandatario sería remplazado al menos por 120 días por el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, integrante del partido ultraconservador Demócratas. Maia fue uno de los principales impulsores de la llegada de Temer a la presidencia tras el impeachment a Rousseff. Hoy no ve con malos ojos recurrir a la misma vía para derrocar al derrocador y ocupar su lugar. Cuenta, de hecho, con el apoyo de los sectores empresariales y de los grandes grupos mediáticos, en particular de O Globo, que un día sí y otro también hace campaña en favor del legislador y contra Temer, por los escándalos de corrupción en que está envuelto el presidente. Temer tiene hoy un nivel de popularidad extremadamente bajo, de apenas 4 por ciento, el peor de un presidente en ejercicio desde que se hacen mediciones en Brasil, y se ha vuelto muy poco funcional para quienes antaño lo llevaron al Palacio de Planalto. Maia no es muy popular que se diga (en 2014 fue electo legislador con sólo 0,6 por ciento de los votos en Rio de Janeiro), y menos aún honesto (está también acusado de corrupción, como alrededor de 300 de sus colegas), pero su imagen está mucho menos desgastada que la del pemedebista.

La madre de todas las reformas

Temer se ha dado algunos gustos desde que fue confirmado en la presidencia, el 31 de agosto pasado. Está pudiendo, por ejemplo, concretar su soñado combo de reformas liberalizadoras: la de la previsión social, la que generaliza las tercerizaciones, y la laboral, la frutilla sobre la torta del paquete y la que más resistencia ha generado hasta ahora en la sociedad brasileña. La ley de tercerizaciones ya fue adoptada, la de la seguridad social está encaminada, y la laboral se acaba de aprobar, como si se tratara de un pase de último momento de una estrella para un equipo grande. La Cámara de Diputados la adoptó en la noche del martes con 50 votos a favor y 26 en contra.

El proyecto, que obtuvo el consenso del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y del Pmdb de Temer, prácticamente echa por tierra con lo básico de la legislación brasileña en materia laboral, consagrada en un código aprobado hace casi 75 años, la Consolidación de las Leyes del Trabajo (Clt). Entre otras cosas, la nueva norma liberaliza la jornada laboral (que puede llegar a ser hasta de 12 horas, y la semana laboral hasta de 48), las modalidades de contratación (generaliza los contratos basura), flexibiliza los despidos (los patrones ya casi no tendrán que fundamentarlos), permite el remplazo de personal fijo por otro precario, privilegia las negociaciones personales empleado-patrón por sobre las colectivas, suprime de hecho las horas extra, elimina la cuota sindical obligatoria, divide en tres las vacaciones anuales, reduce de una hora a media hora la pausa para el almuerzo, autoriza que embarazadas o mujeres que están amamantando puedan ser asignadas a tareas hoy consideradas insalubres, suprime los derechos que en 2014 conquistaron las empleadas domésticas… Y así. En los hechos liquida a la Clt, aprobada en 1943 bajo el gobierno de Getúlio Vargas.

Los sindicatos brasileños –todos ellos, los que integran cada una de las seis centrales, desde la más zurda a la más moderada– leen esta reforma como la mayor ofensiva antisindical que ha ocurrido en décadas en el país, incluidos los 31 años de dictadura cívico-militar. Varias de estas centrales no querían nada a Rousseff y muy poco a Lula, pero la reforma laboral las unió. Contra ella hicieron dos huelgas generales en los últimos meses y gigantescas concentraciones. Una de estas manifestaciones, la última, en junio, convocó a unas 150 mil personas en Brasilia, y terminó dispersada a fuerza de gases lacrimógenos y balazos. Pero no hubo caso. “No tenemos las fuerzas suficientes”, comentó el miércoles Moacyr Roberto Tesch, secretario general de la Nueva Central Sindical de Trabajadores. Y apuntó algo que consideró “terrible”: “Algunos trabajadores festejaban el martes la aprobación de la reforma porque ya no tendrán que pagar la cuota sindical obligatoria y podrán ‘negociar’ directamente con el patrón, sin mediación gremial. Compraron el verso del gobierno de que ahora tendrán una relación de iguales con su patrón y podrán acordar mejores condiciones laborales. No se dan cuenta de que esa relación uno a uno es la más de­sigual que pueda existir, sobre todo en las grandes empresas trasnacionales, que van a poder hacer lo que quieran. ¿Cuál es el poder negociador de un individuo aislado ante una empresa? No sería raro que hubieran comprado también el argumento gubernamental de que sin flexibilizar las relaciones laborales la inversión no llegará y la economía seguirá estancada”. Tesch prevé que sin la cuota sindical obligatoria muchos sindicatos deberán cerrar sus puertas, así de simple, por falta de presupuesto para su funcionamiento. Algunos durarán unos meses más, otros tal vez un año o dos. Los más afectados serán los gremios de los sectores de nueva sindicalización, a los que les cuesta nacer porque la represión antisindical es feroz, como algunos del campo o los de los servicios.

Un gremialista argentino, Luis Hlebowitz, comentaba por estos días en Brasilia que Brasil juega hoy en América Latina el mismo papel que Chile en las décadas del 70 y el 80: “el laboratorio de las reformas neoliberales. Los trabajadores del conjunto de la región debemos tenerlo en cuenta, porque cosas así se intentarán aplicar en todos los países”, dijo, y remarcó que en Argentina el gobierno de Mauricio Macri, “un gobierno de empresarios, si los hay”, está intentando avanzar en el mismo sentido que el brasileño. Tantea, progresa a ensayo y error, con un poco más de prudencia que Carlos Menem en los años noventa, aunque con el mismo fin. “Cuanto más fuertes sean los sindicatos menos podrán plasmar sus proyectos”, dijo Hlebowicz.

Según un documento de la Universidad de Campinas, la reforma fue redactada por escribientes de la Confederación Nacional de la Industria y la Confederación Nacional de la Agricultura y obtuvo el apoyo de la Federación Brasileña de Bancos y de las principales empresas del sector de la comunicación, entre ellas el grupo O Globo.

La nueva norma sólo entrará en vigor pasados 120 días de su promulgación por el presidente, es decir al menos en noviembre, descontando que Michel Temer la refrende la semana próxima. Algunos sindicatos y partidos de izquierda se proponen aprovechar ese tiempo para hacerla inaplicable en los hechos, con recursos judiciales, manifestaciones, huelgas, ocupaciones. Es el caso de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Alimentación, que agrupa a más de un millón y medio de personas en todo Brasil. Su líder, Artur Bueno de Camargo, dijo a Brecha que la semana próxima se reunirá con representantes de otras 16 confederaciones sindicales, que en total agrupan a 80 millones de trabajadores, para impulsar una estrategia de resistencia activa a la reforma. “Para eso nacimos los sindicatos, para resistir los planes del capital, conquistar derechos y tratar de impedir que saquen cada vez mayores tajadas a costa nuestra, ¿no?

La reacción de Lula:“Atacan un proyecto distinto de país”

Hablando de sí mismo en tercera persona, el ex presidente brasileño dijo ayer, jueves, en su primera reacción ante el fallo del juez Moro, que la sentencia “no es contra Lula sino contra el pueblo brasileño, (…) contra un proyecto de país. (…) Ellos intentan destruir todo lo construido durante estos años por los trabajadores, las conquistas y las cosas más simples, como la industria nacional. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Por eso les digo: ‘Señores, permitan que el pueblo haga lo que ustedes no saben hacer’”.

Tras afirmar que no había en el texto de la sentencia ninguna prueba real en su contra y sí muchas consideraciones “políticas”, dijo que el “ataque” a su persona es de la misma naturaleza de la embestida que terminó con la destitución de su sucesora y correligionaria Dilma Rousseff y contra “las fuerzas democráticas” “Es el mismo golpe. (…) Están destruyendo los fundamentos de la democracia”, proclamó. Lula terminó hablando directamente de su candidatura para las presidenciales de octubre de 2018, sobre la cual hasta ahora no se había pronunciado, y dijo que sí se postulará una vez más. “Voy a reclamarle ese derecho al PT”, gritó, en medio de las aclamaciones de sus partidarios: “Brasil, urgente, Lula presidente”.

http://brecha.com.uy/, 14 de julio 2017
 

El golpe final

Vladimir Safatle

Aquellos que, en las últimas décadas, creyeron que el camino de Brasil en dirección a las transformaciones sociales pasaba necesariamente por el gradualismo deberían meditar profundamente en esta semana de julio.

No fueron pocos los que exaltaban las virtudes de un reformismo débil pero seguro que vimos desde el inicio de este siglo, capaz de avanzar paulatinamente en conquistas sociales y mejoras en las condiciones de vida de los más vulnerables, en tanto evitaba mayores conflictos políticos gracias a estrategias de conciliación.

“Hay que respetar la correlación de fuerzas” era lo que se decía. Para algunos, eso parecía sabiduría de quien leía “El arte de la guerra” de Sun Tzu, antes de las reuniones con José Sarney y el lodo del PMDB. Yo pediría, entonces, que meditásemos con respecto al resultado final de aquella sabiduría.

Pues el verdadero resultado de esa estrategia está evidente hoy. Nunca Brasil vio tamaña regresión social y convocatoria a la explotación del mundo del trabajo.

El salto de modernización que nos proponen hoy tiene requintes de sadismo. O ¿qué nombre pondríamos a la autorización para que las mujeres embarazadas trabajen en ambientes insalubres y que los trabajadores “tengan el derecho” de negociar su horario de almuerzo?

Todo eso fue hecho ignorando solemnemente el deseo explícito de la amplia mayoría de la población. Ignorancia impulsada por el papel nefasto que tuvieron los sectores mayoritarios de prensa al dar visiones completamente monolíticas e unilaterales a las discusiones relacionadas con tal debate.

Pero eso pudo haberse hecho porque no había más actores políticos capaces de encarnar la insatisfacción y la revuelta. Hoy, el gobierno puede disparar contra la población en las calles en días de manifestación y salir impune porque no hay un actor político para plasmar rupturas efectivas. Ellos se agotaron en los escondrijos de ese modelo de gestión social brasileño.

La reforma laboral, incluso, demuestra que el gradualismo parió un monstruo. Los mismos que votaron para mandar a la clase trabajadora a los galpones de las fábricas inglesas del Siglo XIX estaban en las últimas coaliciones de los gobiernos brasileños, siendo ministros y negociadores parlamentarios.

O sea, que la política conciliadora los alimentó y preservó, hasta que ellos se sintieron lo suficientemente fuertes para asumir la escena principal del poder. “Pero era necesario preservar la gobernabilidad”, era lo que decían. Sí, este es el verdadero resultado de la “gobernabilidad” de lo ingobernable, de adaptación a lo peor.

Como si fuese nada más que una casualidad, al día siguiente de la aprobación de la reforma laboral Brasil se enteró que el artífice de este reformismo conciliatorio, Luiz Inácio Lula da Silva, había sido condenado a nueve años de prisión por corrupción. Ese era un guion escrito en la víspera.

De todas maneras, hay que admirar más el resultado de esta política conciliadora: la adaptación al modelo de corrupción funcional del sistema brasileño y, consecuentemente, la fragilidad completa de figuras asociadas un día, por sectores mayoritarios de la población, a alguna forma de esperanza de modernización social.

Brasil ahora se enfrenta entre los que se indignan por esa sentencia y los que aplauden con lágrimas de emoción. Gracioso es ver cómo otros políticos que también merecen condena hoy predican moralidad.

Mientras tanto, el problema es que sólo existirá esa sentencia, nada más. Este es el capítulo final. De la misma forma que el capítulo final del juzgamiento del mensalón fue la prisión de José Dirceu. Pregunten lo que ocurrió con el ideólogo del mensalon, el ex presidente del PMBD Eduardo Azeredo.

O pregunten sobre lo que ocurrirá a otro presidente del mismo partido, aquel señor que fue pillado en grabación telefónica diciendo que habría que encontrar un receptor de la coima que pudiese ser asesinado.

O el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, citado en los mismos escándalos que ahora condenan a Lula. Muchos protestan por la parcialidad de la justicia brasileña: hay algo de comedia en este reclamo.

Que esta semana sea una clara señal de que una forma de hacer política en Brasil se agotó, sus fracasos son evidentes, sus debilidades también. Continuar en el mismo lugar es solamente una forma de suicidio autoinducido.

Folha do Sao Paulo, 14-07-2017

Traducción de Carlos Abel Suárez para Sin Permiso

 

El fin de un sueño

Raúl Zibechi

La condena por la justicia del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, es el broche final de la ofensiva contra el proyecto de convertir a Brasil en una nación independiente de Estados Unidos y con proyección propia en el escenario regional y global. Otros dos arietes de esa estrategia llevan meses en prisión: Marcelo Odebrecht, director de la empresa que construye submarinos, y el vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, el padre del programa nuclear brasileño.

El proyecto Brasil Potencia tiene una larga historia que se remonta, como mínimo, hasta la década de 1950 cuando el segundo gobierno de Getúlio Vargas (1951-1954). En su carta-testamento, Vargas sugiere que estaba siendo acosado por presiones de Washington, que no aceptaba, entre otras, su opción por un desarrollo autónomo del área nuclear. Luché contra la expoliación de Brasil, escribe poco antes de dispararse al corazón, el 24 de agosto de 1954 (goo.gl/nf2DrF).

Poco después, en 1959, el presidente desarrollista Juscelino Kubitschek (1956-1960) denunció al FMI y a los enemigos del Brasil independiente de intentar forzar una capitulación nacional, a fin de que la industria cayese en manos extranjeras, según afirma Alberto Moniz Bandeira en su obra Presencia de Estados Unidos en Brasil (Corregidor, 2010, p. 453).

Una década después, las ambiciones de los militares brasileños fueron plasmadas por el general y geopolítico Golbery do Couto e Silva. El militar escribió una obra decisiva, Geopolítica del Brasil (México, El Cid, 1978), donde diseña el papel de su país en la región: alianza con Washington contra el comunismo, expansión interna hacia la Amazonia y externa hacia el Pacífico para cumplir su destino manifiesto.

Defendía la idea de que Brasil debe engrandecerse o perecer, política que fue la brújula del principal think tank del Sur, la Escuela Superior de Guerra, donde se formaron los mayores cuadros de la burguesía brasileña. Entre ellos Marcelo Odebrecht, quien en la revista de la Asociación de Graduados de la ESG agradecía, hace sólo seis años, la vocación y el compromiso de las fuerzas armadas en la formación de líderes públicos y privados, a la vez que destacaba que sus doctrinas contribuyen efectivamente al desarrollo nacional (goo.gl/SSMKCn).

No es ninguna casualidad que las grandes empresas brasileñas (Camargo Correa, Odebrecht, Gerdau, Votorantim, Andrade Gutierrez, entre otras) hayan crecido bajo el ala de las grandes obras del régimen militar (1964-1985).

El principal proyecto atómico de Brasil, el Programa Nuclear de la Marina, fue creado en 1979 y en apenas una década consiguió dominar el ciclo completo de enriquecimiento de uranio con centrifugadoras desarrolladas en el país. La reacción de Washington fue tan dura como la que propició en la década de 1950 la ofensiva contra Vargas. El país fue colocado en una lista negra para impedirle importar materiales para su programa nuclear.

El vicealmirante Othon era el principal gestor del programa, razón por la que fue monitoreado por agentes de la CIA durante varios años, según medios cercanos a los militares (goo.gl/AjsBWU). Su prestigio era tan grande que obtuvo ocho medallas militares. En 2015 fue detenido en el marco de la Operación Lava Jato, acusado de corrupción y desvío de fondos desde su cargo de director de Electronuclear, la estatal que construye y opera las usinas nucleares.

El programa nuclear fue reactivado bajo el gobierno de Lula, luego del parón de la década privatizadora. En 2008 se descubrieron los yacimientos de petróleo off shore, llamados Pre-sal, lo que movió al gobierno a establecer un acuerdo con Francia para la construcción del primer submarino nuclear, destinado a resguardar la Amazonia Azul (costa atlántica) de donde proviene 90 por ciento de la producción petrolífera.

Odebrecht fue la empresa designada por Lula, sin concurso, para construir el astillero y una base naval para submarinos en la bahía de Sepetiba, en Río de Janeiro. La confianza de Lula en la empresa se debe a la extensa relación entre la familia Odebrecht y el dirigente del PT, que se inició en las postrimerías de la dictadura cuando despuntaba como líder sindical.

Marcelo, el CEO de la empresa destinada a cumplir los sueños de una defensa independiente de Washington y la multinacional privada más fuerte del país, fue detenido apenas ocho semanas antes que el vicealmirante Othon. Al empresario lo condenaron a 19 años, aunque luego negoció una delación premiada que reduce su pena. Othon se llevó la mayor condena que han tenido los 144 encarcelados por Lava Jato: 43 años de cárcel.

Bajo los dos gobiernos de Lula (2003-2010), Brasil sentó las bases de la integración regional mediante la creación de la Unasur y la Celac, sin la presencia de Estados Unidos, y fue un miembro destacado de los BRICS. Realizó enormes obras de infraestructura, algunas en la misma dirección que los gobiernos militares, como la represa de Belo Monte, y potenció como ningún otro gobierno democrático la renovación de las fuerzas armadas.

Las tres biografías tienen un punto en común: desde ámbitos bien distintos, pugnaron por un proyecto propio de gran potencia para Brasil, lo que inevitablemente molestó a Estados Unidos. Subestimaron al imperio, probablemente por confiar en la democracia.

Los grandes empresarios suelen ser corruptos, de lo contrario no llegarían a acumular tanta riqueza. Los militares son el peor aparato del Estado y sobre eso cabe poca discusión, salvo para quienes sueñan con milicos democráticos o socialistas.

No creo que ningún presidente en ninguna parte del mundo sea inocente, por algo llegan a ese lugar. Se puede ser corrupto robando o sólo haciendo promesas que, saben, nunca cumplirán.

En el caso de Brasil, la cuestión no es la corrupción, sino la necesidad de echar abajo un proyecto de largo aliento que soñaba con modificar la relación geopolítica de fuerzas sin arriesgarse a combatir.

La Jornada 13-07-2017


Los errores de estrategia se pagan

Valerio Arcary
      

Las virtudes de los hombres son semejantes al vuelo de los pájaros.
El ave que se habitúa con el paisaje rastrero, pierde el gusto por la altura.
Proverbio popular de la India
 

Esta semana fue triste. La aprobación de la reforma laboral, la condena de Lula por Moro, y la victoria de Temer en la votación en la CCJ (Comisión de Constitución y Justicia), en secuencia. Me agobió ver que sólo algunos centenares de personas fueron a la Avenida Paulista para protestar por la condena a Lula. Muy pocos. El único alivio fue leer extractos de una bella intervención de Guilherme Boulos. (1) Pero es preciso constatar las cosas como son. Un juicio político infame criminaliza a Lula y la reacción popular parece ser, por lo menos hasta el momento, pasiva. Una izquierda que aspire a tener futuro tiene que tener principios. No se puede dejar guiar por el sectarismo.

Lula no debería inspirar simpatía después de todo lo que ocurrió después de 2003. Pero quien no defienda a Lula, jurídicamente, delante de Moro está, irremediablemente, del lado de la Lava Jato. No hay término medio. Este juicio fue político. Moro no precisó de ninguna máscara técnica. Moro no consiguió probar que el apartamento de Guarujá fuese de Lula. La obligación de probarlo era de la Justicia: la responsabilidad de la prueba era del Ministerio Público. Todo acusado tiene derecho al beneficio de la duda. Callarse ante la condena de Lula significa ceder a la presión de un sector de la clase dominante. No un sector cualquiera. El sector que hoy es mayoritario, que apoya la Lava Jato. Defender los derechos jurídicos de Lula no es lo mismo que defenderlo políticamente. Es simple y evidente, para cualquier mente lúcida, que podamos condenar el balance político de los gobiernos del PT, y considerar que en este proceso no se presentaron pruebas de que el apartamento pertenecía a Lula. No significa siquiera considerar que él es, a a priori, inocente de las acusaciones de corrupción. Significa defender sus derechos democráticos, porque son los derechos democráticos de todos y, por tanto, deben ser inviolables. Combatir a Moro y la Lava Jato no es lo mismo que defender a Lula. Lula no es inocente, pero no nos unimos a los verdugos de la burguesía que quieren destruirlo atacando sus derechos democráticos. El ataque a Lula obedece a una estrategia indiscutible: impedir su candidatura en 2018. Como si fuera poco, todavía declaró que tiene fe en la Justicia. O sea, incluso en esta hora terrible en que Moro lo condena por “ladrón”, Lula reafirma la fe en las instituciones, reitera el programa de colaboración de clases con la burguesía, y se abstiene de convocar a las calles a la clase trabajadora, que confía en su liderazgo, para derrotar a Temer.

Por tanto, conclusión inocultable: es la clase dominante quien rompió con Lula, no al contrario. Ocurre que es muy improbable que pueda ser candidato. No deberíamos apoyarlo, incluso si pudiese ser candidato, una hipótesis cada vez más improbable. Pero creo que todos los que apostamos por una izquierda socialista más allá del lulismo, deberíamos defender el derecho del PT de presentar a Lula en 2018. Porque toda esta operación judicial fue construida para impedir su candidatura. El Tribunal colegiado de Porto Alegre no debe recular.

Los errores de estrategia se pagan. El PT pasó años “tocando el tambor” alardeando de sus victorias tácticas: vencieron en cuatro elecciones presidenciales sucesivas. Todas estas tácticas desembocaron en una derrota estratégica, tal vez, irreversible, para el propio PT, y que puede tener secuelas muy graves para toda la izquierda. Porque Lula está siendo condenado por la Justicia por haber sido corrupto. No por haber capitulado al gran capital. Aunque todavía lo que prevalece sea la división y la confusión, una parcela importante de la clase trabajadora está concluyendo que la condena a Lula es justa. No salieron a las calles a defenderlo. Es terrible, pero es así.

Los errores de estrategia se pagan. Si alguien en la izquierda socialista considera que la condena de Lula por haber sido “deshonesto” es progresista, no está comprendiendo nada de lo que ocurrió después de junio de 2013 y, sobre todo, después del impeachment de Dilma Rousseff. La dirección del PT apoyó durante catorce años, incondicionalmente, la política de negociación/rendición, impulsada por Lula: tranquilizar el capitalismo brasilero de que con él en el poder, en nombre de la izquierda, no había ningún peligro para sus negocios.

Pero los errores de estrategia se pagan. Aquellos que alertamos que ésta orientación preparaba derrotas estuvimos en minoría durante quince años. La historia está demostrando ante nuestros ojos, amargamente, que Lula y la dirección del PT estaban equivocados. La estrategia de regulación del capitalismo está pasando una factura monumental a Lula y el PT. La colaboración de clases siempre fue presentada como la orientación del mal menor. Ahora llegó la hora de pagar la cuenta. La táctica de ampliación de alianzas con fracciones del gran empresariado, para gobernar “para todos”, sería indolora. Sólo que no es así. El "win, win" o “gana, gana”, un proyecto de crecimiento económico impulsado por la excepcional elevación del precio de las materias primas, pretendía sustentar reformas como reajustes del salario mínimo por encima de la inflación sin reducción de la tasa de ganancia. Fracasó. Los límites del capitalismo contemporáneo fueron más fuertes.

Los errores de estrategia se pagan. La ilusión de que la Justicia es neutra es una trampa ideológica. Ni los fiscales, ni los jueces, son inteligencias técnicas imparciales. Además, ninguno está por encima de los conflictos sociales y políticos. Existen como una forma de resolver disputas de forma desarmada. La condena de Lula sin pruebas contundentes es un ataque a las libertades democráticas y tiene como objetivo destruir su liderazgo. Lula no debe ser considerado un ingenuo. Sabía, perfectamente, como el PT era financiado. Pero aquellos que se reivindican de la izquierda y que no condenan la decisión de Moro están manchando sus biografías.

El PT y Lula no inventaron nada: se doblegaron ante la fuerza del dinero de las empresas constructoras y de los bancos, como el PSDB, el DEM, y una larga lista. La complicidad con el enemigo de clase bajo el pretexto de luchar contra la corrupción es de una miopía imperdonable. Es imprescindible un Frente de Izquierda Socialista para disputar contra el PT una propuesta anticapitalista. Pero no se construirá “subiéndose al carro” de la campaña reaccionaria de criminalización de Lula.

Los errores de estrategia se pagan. Insistir en la misma estrategia, cambiando los líderes, no tendrá otro desenlace que nuevas derrotas.

Nota de Correspondencia de Prensa:
1) Activista social y profesor, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

Periodistas del semanario uruguayo Brecha.
Militante de la coordinación nacional del Movimiento por una Alternativa Independiente y Socialista (MAIS).
profesor del Departamento de filosofía de la USP (Universidad de São Paulo).
periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada. Integrante del Consejo de ALAI.
Fuente:
Varias