Cataluña

Daniel Raventós

05/02/2017

La situación política actual en Cataluña después de una larga movilización por el derecho a la autodeterminación o, como posteriormente fue llamado, “a decidir”, es muy interesante.

Según diferentes encuestas más de un 80% de la población catalana está a favor del derecho a la autodeterminación.

En el Parlamento catalán esta mayoría es menor, poco más del 60%. En el Parlamento español es mucho más minoritaria, un 26%.

La movilización a favor del derecho de autodeterminación en Cataluña es permanente desde hace al menos 7 años. Quizás el inicio fue la manifestación del 10 de julio de 2010 con el lema Som una nació, nosaltres decidim (Somos una nación, nosotros decidimos). Esta manifestación era la reacción a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya. En un artículo de julio de 2010, firmado con Gerardo Pisarello, decíamos: “El camino recorrido hasta llegar a esta manifestación del 10 de julio convocada por Òmnium Cultural y a la que se adhirieron más de 500 entidades entre las que hay que contar a los partidos que forman el 88% del parlamento catalán (los únicos partidos parlamentarios que no apoyaron la manifestación fueron el Partido Popular, que solamente tiene 14 diputados, y Ciudadanos que tiene 3) y los principales sindicatos de clase de Catalunya (CCOO, UGT) junto a otros como USOC e Intersindical, así como el sindicato campesino Unió de Pagesos, puede ser resumido en las siguientes importantes etapas.” Recordábamos que en 2003 el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Els Verds-EUiA se comprometieron a conformar un gobierno de izquierdas, siendo uno de los objetivos la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía. En el año 2005, y siendo presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, se realizó un primer borrador de la reforma del Estatut. José Luis Rodríguez Zapatero, entonces Presidente español, se comprometió entonces a apoyar el Estatut que saliera del Parlamento de Catalunya. Pocos meses después, el Estatut fue aprobado en el Parlamento catalán por una amplia mayoría que incluyó a la formación nacionalista conservadora Convergència i Unió. El 5 de octubre del mismo año, el Estatut entró en el Congreso español. Fue entonces muy abundantemente recortado con el confesado propósito de ajustarlo a la Constitución española. El 30 de marzo de 2006 el Estatut reformado (“cepillado”, en palabras del entonces diputado del PSOE y vicepresidente de los gobiernos presididos por Felipe González, Alfonso Guerra) fue aprobado por las Cortes. El 18 de junio de aquel año la población catalana fue convocada a un referéndum para votar sobre el texto final. La mayoría ratificó el nuevo contenido. El 31 de julio, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra 114 artículos y 12 disposiciones del Estatut, argumentando que se trataba de una reforma constitucional encubierta y de una constitución paralela. A pesar de que el texto había sido aprobado por dos parlamentos, el catalán y el español, y por un referéndum popular, sólo un magistrado de los doce que integraban el TC, Eugeni Gay Montalvo, se pronunció contra la admisión a trámite del recurso. Una vez admitido, el PP recusó de manera jurídicamente discutible a uno de los magistrados del TC, lo cual propició un escenario de bloqueo y de instrumentalización partidista del texto. Con varios magistrados con sus mandatos ya caducados y sin que se produjera renovación alguna, comenzaron a filtrarse a la prensa diferentes proyectos de sentencia en los que el Estatut resultaba recortado en aspectos sustanciales vinculados al autogobierno y al reconocimiento nacional de Catalunya. El 28 de junio de 2010 el TC dio a conocer el fallo de su sentencia. En él, se declaraban inconstitucionales, total o parcialmente, 14 artículos del texto aprobado por las Cortes y ratificado en referéndum. Esta sentencia es la causa de lo que el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo haya escrito recientemente: “Esta es la razón por la que en Catalunya no hay Constitución Territorial y por la que carecemos de una forma jurídicamente ordenada para resolver la integración de Catalunya en el Estado. Ya no es posible siquiera la vía de la reforma de la Constitución. Ya no es posible volver a dar vida a la “doble garantía” de 1978. La Constitución Territorial tiene que ser sustituida por otra distinta. La reforma ya no es posible.”

Los momentos álgidos de las movilizaciones después de la del 10 de julio de 2010 coinciden con el día nacional de Cataluña (la Diada) el 11 de septiembre. Desde el año 2012 las cifras oscilan, dependiendo de quien las da, entre centenares de miles y más de un millón de personas. Debe recordarse que Cataluña, para tener una proporción de lo que significa este número de manifestantes, tiene poco más de 7,5 millones de habitantes, incluyendo menores.

El 9 de noviembre de 2014 se realizó una consulta en Cataluña, entre las 9 y las 20 horas. La base legal de este referéndum era el Estatuto de Autonomía de 2006 y la Ley de consultas populares del 26 de septiembre de 2014. La pregunta doble fue: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”, “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?” Participaron  más de 2,3 millones de personas censadas legalmente en la nación catalana.

El próximo 6 de febrero de 2017, un ex presidente de la Generalitat de la nación catalana, una ex vicepresidenta del gobierno catalán y una ex consejera de Educación serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusados de desobediencia y prevaricación administrativa por haber organizado el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. Se les acusa de haber puesto las urnas aquel 9 de noviembre. Cualquiera que sea la opinión política que se tenga de los llamados a juicio, y no debe ser necesario apuntar la opinión poco favorable de quien esto escribe, este juicio es un proceso político contra unos derechos democráticos irrenunciables.

También están llamada a juicio la presidenta actual del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y están encausados varios miembros de la Mesa del mismo Parlamento. Asimismo, más de 400 cargos representativos de distintos ayuntamientos catalanes (alcaldesas, alcaldes, concejales) tienen causas abiertas, entre otros motivos, por no tener colocada la bandera española en el ayuntamiento y por haber dado su apoyo a la consulta del 9 de noviembre.

Las fuerzas unionistas y partidarias de la Constitución monárquica y del régimen del 78  en Cataluña son de derechas (Ciudadanos y PP) y de centro izquierda (Partido Socialista de Catalunya). Las fuerzas políticas soberanistas actuales en Cataluña son de derechas y de izquierdas: PDeCAT (antigua CiU), CUP, ERC, CSQP. Dentro de las soberanistas hay independentistas, confederalistas y federalistas (pero en el sentido correcto del término: acuerdo entre iguales). El término “federalista” ha sido esgrimido por el Partido Socialista de Catalunya como un no muy avispado intento para bloquear cualquier demanda democrática de autodeterminación.

La Constitución española y el régimen del 78 no son compatibles con el derecho a la autodeterminación de Cataluña.  Después de la gran movilización del 11 de septiembre de 2015, como viene siendo habitual en los últimos años, en un editorial de Sin Permiso que firmaba con A. Domènech y G. Buster, decíamos: “Es difícil comprender desde fuera del Reino de España el callejón aparentemente sin salida a que se ha llegado en Cataluña. Si el movimiento a favor de la autodeterminación es ampliamente mayoritario en Cataluña y si, en cambio, la fuerza del independentismo políticamente resuelto oscila, como mucho (todavía), en torno al 40% de la población catalana, ¿por qué diablos, cabría preguntarse -Bloomberg o The Economist lo han hecho , no se ponen de acuerdo el PP, el PSOE y los "poderes fácticos" interesados en la conservación del statu quo en autorizar un referéndum de autodeterminación en toda regla que, con plenas garantías procesales y deliberativas, al estilo escocés, resuelva "definitiva" y democráticamente el problema? La respuesta al uso es que la Constitución de 1978 no permite ese tipo de referéndum.”

El régimen del 78 y la Constitución monárquica legalizaron y ataron la unidad de España. Los partidos monárquicos mayoritarios, el PP y el PSOE, han sido fieles guardianes del régimen y de la Constitución. Y, como no podía ser de otra manera, de la más estricta fidelidad a la unidad de España. Recuérdese la entrevista del padre del actual Rey español a una cadena de televisión francesa: “Días antes de morir, Franco me cogió la mano y me dijo: Alteza, la única cosa que os pido es que preservéis la unidad de España. No me dijo 'haz una cosa u otra', no: la unidad de España, lo demás... Si lo piensas, significa muchas cosas”.

Efectivamente, “significa muchas cosas”. Esta herencia del franquismo es esencial para entender lo que pasa en Cataluña y en el resto del Reino de España. El año que acaba de empezar, con un referéndum anunciado en Cataluña y una amenaza por parte del gobierno español de ataques judiciales y legales recrudecidos en las últimas semanas, al amparo de la Constitución monárquica, permiten augurar una situación política muy conflictiva. Si la reforma de la Constitución es imposible para resolver la integración de Cataluña, en las palabras mencionadas del constitucionalista andaluz, queda la sumisión. O la insumisión. Y la insumisión o se prepara o puede quedar en broma.

es miembro del Comité de Redacción de sinpermiso
Fuente:
www.sinpermiso.info, 5 de febrero de 2017

Subscripción por correo electrónico
a nuestras novedades semanales:

El responsable de tratamiento de tus datos es Asociación SinPermiso y la finalidad del tratamiento es hacerte llegar nuestras novedades. Puedes ejercer tus derechos en materia de protección de datos contactando con nosotros*. Para más información consulta nuestra política al respecto (*ver pie de página).