Cataluña, ¿otoño caliente?

Àngel Ferrero

Daniel Escribano

07/09/2018

            La prensa liberal y conservadora de Madrid, tan dada al sensacionalismo, lleva advirtiendo desde hace semanas que el movimiento independentista prepara en Cataluña un "otoño caliente". Aunque la "primavera catalana" que meses atrás algunos auguraban con entusiasmo desde las redes sociales acabó quedando en poco menos que nada y con el verano todo el mundo se olvidó incluso de que una vez llegó a existir como promesa, estos medios basan su pronóstico sobre todo en una entrevista concedida por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el pasado 3 de agosto a la Agència Catalana de Notícies (ACN). En esa entrevista, Torra adelantaba que, en septiembre, pronunciaría una conferencia política en la que plantearía objetivos a medio y largo plazo para el movimiento independentista. También trataba de salir de la situación de estancamiento en que éste parece encontrarse planteando tres escenarios para su relanzamiento: el comienzo del juicio contra los consellers del anterior ejecutivo que se encuentran en prisión, una victoria de las fuerzas independentistas en las elecciones municipales de 2019 o unas elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña en las que el bloque independentista ampliase su mayoría actual y consiguiese una representación suficiente que justificase un avance.

            "Nos damos cuenta de que no estamos ante un otoño cualquiera, sino ante uno muy importante, que, además, no tenemos que ver ni vivir de una manera nostálgica, sino muy reivindicativamente, mirando hacia adelante, con esta intención que tenemos de implementar [la declaración de independencia] y hacerla real", afirmaba Torra días después, en una rueda de prensa conjunta en Waterloo con el presidente Carles Puigdemont. En efecto, en muy poco tiempo se sucederán la Diada (11 de septiembre), el primer aniversario del referéndum de autodeterminación (1 de octubre), el llamado paro de país y el discurso de Felipe VI (3 de octubre) y la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña (27 de octubre). La primera fecha servirá como termómetro para ver si la Asamblea Nacional Catalana (ANC), bajo la nueva dirección de Elisenda Paluzie, más crítica con el govern, logra alcanzar (o sobrepasar) las cifras de asistencia de años anteriores o, por el contrario, la movilización da muestras de cansancio, al no haber resultados tangibles. El pasado 30 de agosto, en una entrevista en Vilaweb el presidente de la Generalitat afirmaba que veía el horizonte de la República catalana despejado, aunque en los meses de junio y julio había desempolvado la idea de un referéndum pactado con Madrid, que Sánchez volvió a rechazar de inmediato, ahora desde la presidencia del Gobierno de España, de manera categórica. El erratismo de los planteamientos de Torra volvió a quedar patente en la antinomia planteada en la mencionada conferencia del 4 de septiembre, en que, al tiempo que apelaba al "mandato" del 1 de octubre, proponía un referéndum de autodeterminación acordado con el gobierno español.

            Por lo demás, desde la formación de un "gobierno efectivo", en mayo, la actividad legislativa del ejecutivo de Torra ha sido inversamente proporcional a su despliegue simbólico. Cierta parálisis es comprensible, a la luz de la situación (políticos encarcelados, procesos judiciales, reorganización del campo independentista tras la ocupación de la Generalitat por el gobierno español, etcétera), pero persisten dudas razonables sobre las intenciones reales de la derecha catalanista –la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), hoy inserta en un nuevo artefacto político, Junts per Catalunya (JxCat), que, a su vez, probablemente acabará inserto en otro: la Crida Nacional–, debido a las reticencias de este espacio político a adoptar un programa netamente rupturista. Lo evidencian las sucesivas renuncias, tanto de JxCat como de ERC, a investir a los diversos candidatos a la presidencia vetados por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Significativamente, el Consejo de la República ha sido sustituido, en el discurso oficial, por la Casa de la República, y sus funciones ejecutivas, reducidas a mera representación internacional, una opción a la que, por lo demás, se llegó después de que JxCat renunciase a investir Puigdemont como presidente, renunciando con ello a lo que habría sido una demostración de soberanía del Parlamento de Cataluña, frente a la arbitrariedad de la judicatura española.

            Como ha señalado el periodista Arturo Puente, el foco del conflicto se ha desplazado de la cuestión de la independencia a la libertad de los presos, primero, y a las formas públicas de reivindicarla, después. El verano ha transcurrido entre disputas en torno a las protestas, especialmente a raíz de las retiradas de lazos amarillos organizadas por los llamados Grupos de Defensa y Resistencia (GDR), vinculados a "Tabarnia" –que, a estas alturas, funge ya sin tapujos como paraguas para grupos de ultraderecha–, en colaboración, como han revelado varios periodistas catalanes, con militantes de Ciudadanos (C's), que culminó con la manifestación de la pasada semana organizada por este partido en apoyo a una mujer que supuestamente fue agredida mientras retiraba lazos amarillos en Barcelona y en la que un cámara de Telemadrid resultó agredido por los manifestantes. La pasividad policial ha animado a estos grupos a incrementar su violencia, que, de su carácter simbólico inicial (lazos amarillos tachados con pintura negra o cubiertos con banderas monárquicas), ha pasado a amenazas y agresiones, habiendo quien, oportunamente, ha comparado la situación con la Batalla de Valencia de los años setenta y ochenta y cuyas consecuencias se prolongaron hasta bien entrados los noventa. Por otra parte, a comienzos de agosto, los Comités de Defensa de la República (CDR) llevaron a cabo una sonada protesta contra los partidos del bloque independentista, reclamándoles que pasen a la acción y den pasos concretos en la construcción de la República. Todos los partidos afectados salvo la CUP rechazaron la acción de los CDR.

            ¿Qué le espera al independentismo en los próximos meses? ¿Hasta cuándo podrá Torra mantener un discurso radical mientras aplica Realpolitik, en el mejor de los casos, o gestiona una rebaja de las expectativas para un retorno a la autonomía a medio o largo plazo, en el peor? ¿Qué reordenación se ha producido en estos últimos meses en el sistema de partidos catalán y cómo puede afectar eso a la situación en el futuro inmediato?

 

JxCat-ERC, ¿un paso atrás o al lado?

 

            Puigdemont parece haberse impuesto en el PDeCAT, tras su pulso con la excoordinadora general del partido, Marta Pascal –desde sectores afines a ésta se llegó incluso a amagar con dejar caer al expresidente, mientras estaba detenido en Alemania–, y el nuevo presidente de la formación, David Bonvehí, ya ha aceptado la disolución del PDeCAT en la Crida Nacional, por lo que la conversión de este movimiento político lanzado por Puigdemont meses atrás y que este otoño ya cuenta con más de 50.000 adheridos es un paso casi seguro. El objetivo de la Crida Nacional sería reformular la idea del "partido del presidente" planteada ya en tiempos de Artur Mas y ensayada con cierto éxito con la creación de JxCat. Está por ver si Puigdemont consigue aquello en lo que Mas fracasó.

            Conviene recordar que, antes, Junts pel Sí (JxS), la coalición entre CDC y ERC impuesta por Artur Mas como condición para la convocatoria anticipada de las elecciones "plebiscitarias" del 27 de septiembre de 2015 tenía entre sus objetivos evitar la victoria de los republicanos que auguraban las encuestas. Igualmente, en los comicios del 21 de diciembre de 2017 JxCat se presentó con Puigdemont como principal baza electoral y logró invertir las previsiones de los sondeos, evitando, por segunda vez consecutiva, la victoria de ERC. En Cataluña, el que ERC no haya arrebatado a JxCat la hegemonía del independentismo se atribuye a varios motivos: desde cambios en la estrategia política hasta la falta de cuadros técnicos capacitados para concluir una campaña electoral con éxito. Fuera de Cataluña, muchos observadores se sorprenden por las críticas a ERC por haberse convertido públicamente en la formación aparentemente más reacia a la independencia. Durante los debates de investidura, ERC fue, como es sabido, el partido que más defendió la renuncia a investir a Puigdemont, en aras de lo que entonces se llamó un gobierno efectivo. Y fue el presidente del Parlamento, Roger Torrent (ERC), quien decidió suspender el pleno de investidura de Puigdemont, el 30 de enero de este año, ante las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional (TC) que hacían inviable su investidura. La suspensión del pleno, se vista como se vista, suponía el acatamiento práctico de las injerencias del TC en la actividad del Parlamento de Cataluña y la renuncia fáctica a actuar como institución soberana. Según la argumentación de ERC, con un "gobierno efectivo" se lograría poner fin a la ocupación de la Generalitat por el gobierno español y reactivar la vida institucional en Cataluña, condición sine qua non para conseguir la liberación de los políticos encarcelados, ampliar la base social del independentismo y reconducir la hoja de ruta independentista. El encarcelamiento de su presidente, Oriol Junqueras, y el exilio de su secretaria general, Marta Rovira, han dejado el partido en manos de un político de segunda fila como Pere Aragonès, más alejado del izquierdismo retórico del que hacen gala los dos parlamentarios más conocidos de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà y Gabriel Rufián, las caras visibles de los republicanos en el resto del Estado.

            Mientras tanto, ampliar la base" parece haberse convertido en el mantra de ERC. Pero es difícil "ensanchar la base" –en particular, en los barrios obreros donde Ciudadanos se impuso en las elecciones del 21-D–, si los partidos independentistas no acompañan sus reivindicaciones de emancipación nacional con un programa social que, en contraste con la dinámica neoliberal y recentralizadora del régimen de la monarquía reinstaurada, mejore las condiciones materiales de vida y trabajo de la mayoría de la población. Ésta es la posición de la CUP (condensada en el concepto de soberanías, en plural), reiterada especialmente durante la pasada legislatura y base de su negativa a investir a Artur Mas (el presidente de los grandes recortes en materia social y cuya candidatura presidencial fue apoyada por ERC contra viento y marea) y a aprobar los presupuestos de 2016, que ni revertían los recortes ni las reformas fiscales regresivas aprobados por las anteriores mayorías parlamentarias convergentes y tripartitas, y que fueron elaborados precisamente por un conseller de Economía de ERC. Por ello, si bien es cierto que la suma de votos obtenida por las tres candidaturas independentistas en las elecciones del 21 de diciembre no alcanzó el 50%, en el caso de ERC, la sobrevenida urgencia por "ampliar la base" tiene visos de simple pretexto para legitimar una política de contemporización con el gobierno español, a fortiori desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. En ese sentido se expresó el pasado 30 de agosto Joan Tardà en una entrevista en RAC1, en la que dijo que "el PSOE, con el apoyo de Podemos, siempre será más dialogante, aunque nos castiguen y nos golpeen [sic!], que un gobierno del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos".

            El carácter puramente retórico e instrumental de las apelaciones a la "ampliación de la base" social independentista en el discurso de ERC puede apreciarse en el hecho de que jamás vayan acompañadas de propuesta alguna tendente a hacerla posible, en forma de medidas para la redistribución de la renta, como una reforma fiscal progresiva o la recuperación de los niveles de gasto público social anteriores a 2010. Y, en el planteamiento resolutivo del conflicto nacional, ERC parece aproximarse a las posiciones factualmente obstruccionistas actualmente defendidas por Catalunya en Comú Podem y, anteriormente, por Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) e ICV-EUiA. Así, Tardà proponía días atrás una consulta que diese "una respuesta a las demandas de todos, la de los catalanes que aspiran a la independencia, la de quienes quieren un estado federal o de quien defiende la autonomía actual".

            El problema de este tipo de afirmaciones pretendidamente ecuménicas es que desconocen la lógica de los procesos de federalización, que constituyen formas de integración política de antiguos estados soberanos. El hecho de que los procesos autonómicos contemporáneos, tanto durante la Segunda República como en el actual régimen monárquico, hayan surgido de un estado previamente centralizado explica sus límites y la incapacidad del sistema jurídico-político español de transformarse en sentido federal. Por todo ello, la constitución de un estado catalán independiente no sólo no impide, sino que es una precondición para poner en marcha un verdadero proceso de federalización de España. En efecto, en la coyuntura política actual, la previa soberanía de los sujetos federables es la única vía que proporciona la fuerza negociadora necesaria para diseñar en posición de igualdad la composición de las instituciones comunes y los órganos jurisdiccionales, las haciendas federal y federadas y un marco que reconozca competencia realmente exclusiva para los estados federados en las materias que éstos quieran asumir. En segundo lugar, el pueblo catalán tiene el derecho a decidir si quiere seguir formando parte del Estado español o prefiere constituirse en estado independiente (sin perjuicio de ulteriores procesos de integración con otras comunidades políticas), pero el modelo de organización territorial del conjunto de España no es una cuestión que pueda decidirse unilateralmente desde Cataluña (y, ciertamente, la opción federal no parece ser la preferida por la mayoría de la población española, si hay que creer a los estudios demoscópicos). Y, sobre todo, lo que caracteriza a todo verdadero referéndum es la formulación de una única pregunta con dos únicas respuestas posibles, y no la encuesta de preferencias políticas históricamente defendida por ICV, a cuya lógica no escapó la consulta del 9 de noviembre de 2014. La superación de estos planteamientos y la formulación de un pregunta clara sobre la independencia es uno de los grandes méritos del referéndum del 1 de octubre.

 

La CUP, ¿cada vez más en solitario?

 

            Como alertaban algunas voces el año pasado, la CUP corre cada vez más el riesgo de convertirse en el único partido independentista en la cámara. Las críticas desde la izquierda de la propia formación señalan que la CUP podría pasar de haber sido la locomotora del proceso independentista a convertirse en su vagón de cola, si le vence el complejo de no querer "importunar" a los sectores mayoritarios del independentismo y ser vista como la potencial culpable de que el proceso independentista descarrile, lo que ya le llevó a permitir la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2017.

            Asimismo, se percibe un cierto erratismo en su estrategia actual, ya que fue precisamente la CUP quien planteó la necesidad de un referéndum específico de autodeterminación, ante la constatación de que las elecciones "plebiscitarias" del 27 de septiembre de 2015 no habían arrojado un resultado claro en torno al plebiscito planteado, por cuanto las dos candidaturas independentistas obtuvieron la mayoría absoluta de los escaños y superaron en votos a las abiertamente unionistas, pero no alcanzaron el 50% de los votos, ya que la candidatura Catalunya Sí Que Es Pot, predecesora de Catalunya en Comú Podem, eludió pronunciarse en campaña sobre la cuestión de la independencia. Sin embargo, el resultado de las elecciones del pasado 21 de diciembre apenas ha hecho variar la correlación de fuerzas entre bloques y las candidaturas independentistas, aunque mantienen la mayoría absoluta de los escaños, siguen sin alcanzar el 50 % de los votos. Y cabe recordar que, si bien la usurpación del gobierno de la Generalitat por el gobierno español y la disolución del Parlamento de Cataluña se basan en una interpretación abusiva del artículo 155 de la Constitución española y constituyen una vulneración flagrante del artículo 67.7 del Estatuto de autonomía de Cataluña, el hecho de que las candidaturas independentistas concurrieran a unas elecciones la legitimidad y legalidad de cuya convocatoria es altamente cuestionable implica su legitimación de facto y la renuncia al mandato del referéndum del 1 de octubre. En este sentido, la CUP se encuentra actualmente en la encrucijada entre defender la necesidad de "ensanchar la base" social del independentismo ―lo recordaban recientemente una de sus portavoces, Laia Estrada― y la retórica de "hacer efectiva" una república cuyos dirigentes sólo han proclamado verbalmente. En este sentido, Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista, en un comunicado emitido el 4 de septiembre, ponía de manifiesto que carece de sentido "seguir reclamando la implementación de los resultados [del referéndum del 1 de octubre] a aquellos que no lo hicieron cuando tocaba hacerlo" y que, en la coyuntura actual, "es imprescindible que seamos más y estemos dispuestas a sostener un conflicto largo y duro".

Una versión anterior de este texto apareció en El Salto Diario el pasado 3 de septiembre (https://www.elsaltodiario.com/cataluna/cataluna-otono-caliente)

es periodista y miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
es traductor y autor del libro "El conflicte lingüístic a les illes Balears durant la Segona República (1931-1936)" (Lleonard Muntaner Editor, 2017). Ambos han compilado y traducido la antología de James Connolly "La causa obrera es la causa de Irlanda. La causa de Irlanda es la causa obrera. Textos sobre socialismo y liberación nacional" (Txalaparta, 2014).
Fuente:
www.sinpermiso.info, 9-9-18