Catalunya: Un frente activo y democrático contra el 155

Miguel Salas

19/11/2017

(En la imagen: a la izquierda en azul, la extensión de la manifestación convocada por la unidad de España el 29 de octubre, con 1,3 millones de participantes según los organizadores; a la derecha en fucsia, la convocada por la libertad de los presos y contra el art. 155 el 11 de noviembre, con 750.000 asistentes según la Guardia Urbana de Barcelona)

Dos declaraciones de miembros del gobierno español caracterizan algunos aspectos de la situación en Catalunya, y por extensión en toda España. El presidente Rajoy, en un guiño hacia su ala derecha y también para que todo el mundo tome nota, se vanaglorió de que la destitución del gobierno catalán es algo a lo que nadie se había atrevido desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Y se quedó tan pancho! ¿No se dio cuenta, o sí, de que al comparar su decisión con la época del fascismo se estaba retratando a sí mismo? ¿Se nos ha endurecido tanto la piel que ese tipo de declaraciones ya nos parecen normales? ¿Se aceptará como natural o como proporcionada la aplicación del artículo 155?

El ministro de Exteriores, Dastis, se lució también en una declaración de amplio contenido “democrático”. Dijo que “la cárcel a la que se enviará a Puigdemont tiene comodidades que muchos quisieran disfrutar”. A parte del mal gusto, ¿no habíamos quedado que la justicia era independiente? ¿Cómo sabe el ministro Dastis que irá a la cárcel? La degeneración democrática está llegando a unos límites inaguantables. La crisis catalana los ha hecho más visibles, más indignantes, pero es un proceso que viene de lejos y que el Partido Popular ha endurecido enormemente. Porque, no sólo se ha disuelto y encarcelado a un gobierno y a los dirigentes del movimiento independentista catalán, sino que más de 300 sindicalistas han sido o serán llevados a juicio por ejercer el derecho de huelga, se juzga a tirititeros, se piden 300 años de cárcel para los acusados de Alsasua por pelearse en un bar con guardias civiles o se impone la Ley Mordaza como una espada de Damocles sobre cualquier actividad de protesta. Y no, no son cosas diferentes. Se puede discutir sobre apoyar o no las reivindicaciones de los encausados, pero el problema afecta a todas y todos los que defienden y reivindican la democracia: se trata de un sistemático plan para debilitar y atacar los derechos democráticos. El catedrático Javier Pérez Royo ha vuelto a poner el dedo en la llaga cuando ha escrito: “El Estado español es un Estado democrático, pero su actuación en estos casos (se refiere a los presos catalanes) no son los de una democracia digna de tal nombre. La desviación respecto del estándar democrático es más que notable”.

Por esa razón, la aplicación del 155 no es solo un problema entre el gobierno Rajoy y Catalunya, o con el llamado encaje territorial, que para mencionarlo adecuadamente hay que definir como el intento de ejercer el derecho democrático de autodeterminación, sino una vuelta de tuerca más en la pérdida de garantías democráticas que, directa o indirectamente, afecta al conjunto del país. 

No están solos

Pocas semanas han sido suficientes para demostrar que la aplicación del 155 no resolverá ni apaciguará el conflicto. El pasado 11 de noviembre, otra impresionante manifestación congregó en Barcelona, según la guardia municipal, a más de 750.000 personas exigiendo la libertad de los presos políticos, la de los Jordis y la de los consellers de la Generalitat encarcelados por la juez Lamela de la Audiencia Nacional. Como últimamente la exageración sobre la participación ciudadana se ha convertido en un elemento de la guerra de posiciones entre los diferentes bloques políticos, se puede comparar mediante la imagen que encabeza este artículo: a la izquierda la participación en la manifestación por la unidad de España el 29 de octubre y a la derecha quienes participaron en la del 11 de noviembre.

La protesta por la libertad de los presos políticos fue la expresión de una especie de frente democrático, sin formalizar, entre independentistas, soberanistas, gente de las izquierdas o sin adscripción alguna que, sencillamente, se sienten indignados y humillados por la actuación del gobierno Rajoy. Una especie de frente democrático, contra el 155 y por la libertad de los presos, que identificarán en los programas de los partidos y en la campaña electoral a quienes defienden una posición democrática y a quienes se escudan en la Constitución para atacar derechos. Es sabido que, entre estos últimos, se encontrarán los socialistas.

Tres días antes, el 8 de noviembre, un llamamiento a una huelga general o a una aturada de país (un paro cívico) movilizó a miles de personas por todo el territorio, cortó las principales carreteras y autopistas y hasta paralizó el AVE, tanto en Girona como en Barcelona. El paro en las empresas y el cierre de comercios fue inferior al del 3 de octubre (cuando se expresó la rotunda indignación ciudadana tras las cargas policiales del 1 de octubre) pero fue un reflejo de la capacidad de movilización, particularmente de los CDR (Comités de Defensa del Referéndum que se han ido transformando en Comités de Defensa de la República) que coordinan actividades por todo el territorio.

No hay día en que no se organicen actividades de denuncia del 155 y exigiendo la libertad de los presos políticos, concentraciones ante los ayuntamientos cuando se cumplió un mes del encarcelamiento de los Jordis, en las reuniones de castellers, en las fiestas populares, concentraciones de los trabajadores de la Generalitat en solidaridad con los consellers encarcelados, se prepara una gran concentración para el 7 de diciembre en Bruselas… es un clamor que recorre todo el país. Es un hecho indiscutible que la represión no está logrando atemorizar ni desmovilizar.

La aplicación del 155 no solo consiste en el elemento represivo, es también, y no menos importante, la paralización de la administración de la Generalitat y de proyectos económicos y sociales que afectan a numerosas empresas y asociaciones, o de retrasos en la financiación o aportaciones que el Estado había comprometido.

Una campaña inquisitorial

El objetivo represivo del gobierno Rajoy no solo pretende evitar todo intento republicano en Catalunya, y por extensión también en España, sino debilitar o quebrar los instrumentos de autogobierno. Es muy fácil escuchar a los dirigentes catalanes del PP y Ciudadanos amenazar con el mantenimiento del 155 si los resultados electorales no son de su conveniencia. Recordemos que más de 700 alcaldes están imputados por su colaboración con el referéndum del 1 de octubre, que se ha amenazado con severas penas a los participantes en las acciones de protesta del 8 de noviembre, que existe una miserable pero sistemática campaña de intoxicación, especialmente cuando se presenta a padres desalmados que llevan a sus hijos a las manifestaciones.

Hay dos elementos que tienen una especial significación inquisitorial por su contenido ideológico. Uno es la campaña contra las escuelas públicas por supuesto adoctrinamiento. Ocho profesores de una escuela de La Seo d’Urgell ya han sido llamados a declarar judicialmente y muchos maestros y maestras se sienten amenazados por el continuo bombardeo mediático. El objetivo de esa campaña es más ambicioso porque, además de amedrentar al profesorado, persigue atacar la presencia del catalán en la escuela.

El otro elemento inquisitorial se refiere a la pretensión de que los dirigentes políticos tendrían que abjurar de su ideario independentista o soberanista si quieren evitar la cárcel. Ese fue el sentido de las preguntas del juez y los fiscales a la Mesa del Parlament, especialmente a su presidenta Carme Forcadell. O sea, ahora la justicia no significa que deba probar la culpabilidad de los hechos sino que el acusado reniegue de sus convicciones presentes y futuras como medio de evitar la prisión. ¿Eso es democracia? ¿Los autos de fe no se construían sobre esa misma base? ¿Se nos ha endurecido tanto la piel que nos parece normal?

Las elecciones del 21-D significarán cambios en el panorama político. Si ganan las fuerzas independentistas y soberanistas habrá que encontrar nuevas iniciativas para avanzar hacia la república catalana; si ganaran las propuestas de PSC, Ciudadanos y el PP la incertidumbre sobre la misma autonomía catalana generaría una situación difícilmente gobernable. Sea cual sea la decisión electoral, seguirá sobre la mesa liberar a los presos políticos y levantar la aplicación del artículo 155 y la necesidad de un frente de quienes defienden los derechos y libertades y la soberanía del pueblo, y también el derecho a ejercer la autodeterminación. Si la crisis actual no es un tema solo catalán sino que incumbe a todo el Estado, ese frente democrático tendría que contar con la solidaridad del conjunto de los pueblos de España, como ya se ha expresado en algunas partes. No es una cosa de los de aquí o los de allá, el ataque a los derechos y libertades afecta a todos y a todas.

Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 19 noviembre 2017