Catalunya: ¿una agenda social bajo el 155?

A la espera de la formación de un Govern que responda a los resultados de las elecciones del 21-D, operación harto difícil en el marco de la involución autoritaria y la creciente represión desatada por el bloque monárquico del Reino de España (PP, PSOE y C’s), la apuesta por poner en vigor medidas que solucionen la situación de emergencia social que padece buena parte de la población en Catalunya, como en España y otros lugares de la UE, se halla en una encrucijada.

En Catalunya, el 22% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y el 12% de las y los asalariados son pobres, mientras la economía crece al 3% y el 57% de la riqueza lo detenta el 10% de la población (Lluita Digital 288). La necesidad de políticas que combatan los perversos efectos de la austeridad y los recortes es evidente. El cómo hacerlas posibles en Catalunya es inseparable de los acuerdos que permitan formar Govern y, más a medio plazo, de la evolución del conflicto entre la revuelta democrática catalana y el régimen monárquico del 78.

Hay que recordar que, entre las disposiciones del Parlament de Catalunya recurridas ante el Tribunal Constitucional español, no se encuentran sólo las referidas expresamente al ejercicio del derecho de autodeterminación, sino muchas otras de claro contenido social, que se confrontaban con la política socioeconómica del PP. Entre ellas, las de impuesto sobre los bancos, pobreza energética, impuesto a los pisos vacíos, prohibición del fracking, igualdad entre hombres y mujeres, contra los desahucios, contra el cambio climático… (ver recursos TC).

En el acuerdo de investidura de 13 puntos alcanzado por JxC, ERC y la CUP, se recogen elementos que van desde la no renovación de conciertos con los colegios que segreguen por sexo hasta el impulso de un Proceso Constituyente, pasando por la reducción de un 30% de las tasas universitarias, un plan de choque contra la corrupción, el control público de las infraestructuras energéticas, un plan de choque contra la violencia machista y por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, o la recuperación de la legislación social y ecológica aprobada por el anterior Parlament (ver acuerdo).

La lucha por “todas las soberanías”, un lema aducido por el entorno de Catalunya en Comú, a veces para ensanchar el contenido del ejercicio de la soberanía nacional de Catalunya y a veces para contraponer las “otras” soberanías a la soberanía nacional (actitud que ha variado según el momento o según que sectores de CeC lo defendieran), podría encontrar en el citado acuerdo un punto de inicio, a desarrollar en el transcurso de la nueva legislatura.

Pero la posibilidad de poner en marcha estas medidas, que, de los 3 firmantes, sólo han sido difundidas por la CUP, depende, claro está, de que finalmente se produzca la investidura y la creación de un nuevo Govern. Ahora bien, no sólo, ni principalmente, de ello.

Depende de la capacidad para vencer la resistencia del conjunto del régimen del 78. Porque no es sólo el PP, si no el conjunto del bloque monárquico quien, además de oponerse al derecho de autodeterminación, se opone a cualquier medida que contraríe las políticas de austeridad y recortes practicadas en el conjunto de la UE desde el inicio de la crisis. No hay que olvidar que fue un gobierno del PSOE quien inició esas políticas, tomando incluso la iniciativa de modificar la sacrosanta Constitución para aplicarlas (artículo 135, estableciendo la prioridad del pago de la deuda externa por encima del gasto social).

En Catalunya, los antiguos Governs de Convergència i Unió se jactaban de ser alumnos aventajados de la UE. Eso ha pasado a la historia en muy poco tiempo. Entre los efectos del enorme movimiento popular que sustenta la revuelta democrática catalana se encuentra el estallido de la coalición CiU, la aprobación de leyes impensables en el marco de las políticas de austeridad o el hecho de que, dentro del bloque republicano, la suma de ERC y la CUP obtuviera 183.000 votos más que JxC el pasado 21-D. Ello, a pesar de que JxC, haciendo bandera de la restitución del president Puigdemont destituido por la aplicación del artículo 155, haya obtenido un apoyo muy superior al que corresponde al PdCat, partido sucesor de Convergència.

La propuesta de poner en primer plano la agenda social, objetivo del movimiento sindical, ha de atenerse a las condiciones y correlaciones de fuerzas realmente existentes. El régimen del 78 se opone a que Catalunya pueda ejercer la autodeterminación, como se opone a que en Catalunya se aprueben medidas que atenten contra la austeridad y el tan español capitalismo de amiguetes.

Pocas veces se ha puesto tan de manifiesto que la lucha por los derechos sociales y nacionales es inseparable. Algo que, por ejemplo, CCOO de Catalunya ha defendido desde siempre (con diverso grado de acierto en la práctica). Porque es evidente que ahora en Catalunya existe una correlación de fuerzas social, política y parlamentaria suficiente para poner en marcha unos cuantos contenidos de esa agenda social. Tan evidente como que hacerlo supone el enfrentamiento con el régimen del 78, y en España la correlación es mucho más favorable a la derecha y su fiel siervo, el PSOE.

Luchar por la agenda social pasa por contribuir a que Catalunya pueda ejercer su soberanía, a que el Parlament pueda desarrollar su tarea con normalidad (sin represión, sin presos políticos ni exiliados, sin ver cercenadas sus funciones). Y eso, en un marco de confrontación con el régimen monárquico, va a exigir movilizaciones que, inevitablemente, han de ser a la vez sociales y democráticas.

El 155 puede suspenderse al formarse un nuevo Govern. Sus efectos van a durar más. Y, sobretodo, la amenaza de un nuevo 155 va a pesar sobre cualquier decisión que comporte un mínimo ejercicio de soberanía, incluyendo la disposición a aplicar medidas sociales aunque hayan sido suspendidas por el Tribunal Constitucional de la monarquía.

Como se dice en un reciente documento de Sindicalistes de CCOO per la independència i la República catalana, “La República catalana es una OPORTUNIDAD para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y edificar una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria”.

Una oportunidad que, frente a enormes dificultades, existe en Catalunya y que no existe en España. Por pragmatismo, uno de los criterios que el movimiento sindical se ve forzado a utilizar en su actividad cotidiana, convendría, pues, intentar conseguir que esa oportunidad, la de la República catalana, se hiciera realidad.

Batalla más que difícil, ciertamente. Pero con una importante ventaja: es una batalla que se libra en el campo de la realidad. La otra, la de conseguir imponer una agenda social sin ruptura con el régimen monárquico español, pertenece al mundo de la fantasía.

Ese es el mundo en el que se mueve CCOO de España cuando se posiciona sobre la situación en Catalunya. Del apartado 3, “Situación política”, del informe aprobado en su último Consejo Confederal, del 22-1-18, se pueden destacar varios aspectos.

Primero, algún error de bulto sobre el resultado de las elecciones del 21-D. Habla de “ligero descenso de votantes independentistas”, cuando en realidad se incrementaron en 122.000 (de 1,957 a 2,079 millones). Parece que los hechos (que se constatan, no se discuten) pesan menos que el mantra político-mediático español sobre el inexistente “retroceso” del independentismo.

Segundo, la ausencia de referencias sobre la represión policial, política y judicial contra el bloque republicano antes, durante y después de las elecciones. Resulta increíble que, para CCOO de España, la existencia de líderes sociales y de representantes políticos presos por imaginarios delitos de rebelión, la persecución de profesores y profesoras por inventados “delitos de odio”, la investigación de centenares de alcaldes, etc., sea algo que ni siquiera merece mencionarse. Más aún cuando esta represión se concentra en, pero no se limita a Catalunya. Raperos, tuiteros, los jóvenes de Alsasu… a la cárcel. Ni una palabra sobre la involución autoritaria del Reino en el informe de CCOO.

Tercero, ofrece la perspectiva de “Salir del debate sobre la independencia y colocarnos a la ofensiva en el impulso de una reforma constitucional de carácter federal”. Así, no sólo persiste en su negativa a reconocer el derecho de autodeterminación, sino que se desdice en la práctica del compromiso, adoptado a instancias de CCOO de Catalunya, de compaginar la “reforma constitucional” con el impulso de celebrar un referéndum acordado en Catalunya.

El informe habla, cómo no, de “poner en el centro del debate político y económico la agenda social”. Para CCOO de España, es evidente que ello significa olvidarse de menudencias “no-sociales” como el derecho de autodeterminación, que sólo sirven para distraer de lo importante.

En conjunto, una pretensión de encapsular la “agenda social” en un mundo al margen de la realidad política, de la lucha contra el 155 y contra la degeneración autoritaria del Reino de España. Una pretensión muy alejada de la lucha simultánea por los derechos sociales y por las libertades democráticas que había caracterizado a CCOO desde su origen.

Lo dicho, un mundo de fantasía.