CCOO y UGT preparan las movilizaciones del 15 y 18 de diciembre contra los recortes de Rajoy

CCOO

UGT

04/12/2016

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT han acordado preparar conjuntamente movilizaciones contra la política presupuestaria y social anunciada por el Gobierno Rajoy II. Suponen un punto de partida de un proceso de presión social por un giro en las políticas económicas que sustituyan la austeridad y los recortes por una negociación que asegure el poder adquisitivo de pensiones y salarios, así como la negociación colectiva. Reproducimos dos textos de explicación de los objetivos sindicales en estas movilizaciones, de las que dependerá en buena medida la correlación de fuerzas en los próximos meses. SP

"Qué el bienestar de las personas gane centralidad"

Comisiones Obreras

El acuerdo del Consejo de Ministros de hoy tiene, para CCOO, claros y oscuros. Por un lado, el Gobierno recorta el techo de gasto no financiero del Estado en 5.000 millones con respecto a su nivel previsto en 2016, y lo deja en 118.337 millones de euros. Por otro, da marcha atrás en su reforma fiscal, que tuvo una finalidad claramente electoralista.

El aumento del impuesto de sociedades en unos 4.300 millones de euros es una medida necesaria tras el hundimiento de su recaudación, en un momento en el que, además, las sociedades no financieras ya han recuperado su nivel de beneficios de antes de la crisis, y reducido su endeudamiento por debajo de la media de la Eurozona. El aumento de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y bebidas azucaradas) que aportará otros 350 millones de euros, aunque supone una actuación contra las consecuencias negativas sobre la salud a través de los precios de estos productos, no se mueve, sin embargo, en la dirección de recuperar la equidad perdida del sistema tributario con la reforma fiscal. Es, por tanto, obligado que a lo largo de la legislatura se aligere el IRPF y el IS de deducciones injustificadas y que la fiscalidad del capital se aproxime a la del trabajo, en línea con la propuesta de reforma global del sistema tributario que presentó CCOO.

En este mismo sentido, las medidas de lucha contra el fraude (comunicación de facturas en tiempo real y limitación de pagos en efectivo) son adecuadas pero insuficientes. Es necesario prohibir por ley las amnistías fiscales, aumentar el número de inspectores de la AEAT, y redefinir el delito fiscal para facilitar la persecución de la evasión de impuestos de manera creíble y efectiva. Casi el 40% del aumento de ingresos derivados de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministro, son discutibles pues proceden del mayor control tributario y de la lucha contra el fraude fiscal.

El alza en las cotizaciones sociales, mediante el aumento de la base mínima de cotización, resultado del incremento del SMI en un 8% (70 millones adicionales, según el Ministerio de Empleo), y de la base máxima en un 3% (390 millones adicionales, según estimación de CCOO), recoge algunas de las propuestas presentadas, recientemente, por el Secretario General de CCOO ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, pero es claramente insuficiente para tener un impacto relevante sobre los ingresos de Seguridad Social a corto plazo, como es necesario. Más evidente aún es esta necesidad, tras la disposición ayer de otros 9.500 millones del Fondo de Reserva (donde ya sólo quedan 15.900 millones), y un déficit previsto de en torno a 19.000 millones en la Seguridad Social para este año.

Un sistema solvente de pensiones públicas de calidad exige una mejora clara de los ingresos por cotizaciones sociales, además de la aportación de ingresos adicionales, que deben obtenerse a través de una reforma fiscal profunda, conseguir que los trabajadores autónomos coticen por bases reales, y ampliar aún más el destope de la base máxima, tal y como hemos señalado muy recientemente. Oportunamente su posible ampliación y relación con la pensión máxima se remite a la Comisión Parlamentaria y al Diálogo Social. Este último, no obstante, es el que el Gobierno tiene pendiente recuperar tras dos legislaturas dejándolo de lado, y la forma de revisar el salario mínimo no ayuda a ello. La mejora anunciada del SMI, tan necesaria para reducir los niveles de desigualdad y pobreza laboral, y fruto de la presión sindical es, sin embargo, claramente insuficiente cuando se compara con la proporción que representa sobre el salario medio neto en otros países. Más allá de los acuerdos parlamentarios, su convergencia tiene que acordarse dentro del diálogo con los agentes sociales, pues se trata claramente de una materia de naturaleza laboral.

La situación política y económica debería hoy abrir la posibilidad de que se inicie una nueva etapa donde el bienestar de las personas (que en su mayoría son trabajadores y trabajadoras, pero también pensionistas, estudiantes, cuidadores, personas dependientes) vuelva a ganar centralidad en los objetivos de política económica. Ésta ha sido la gran lucha de CCOO, durante la crisis, denunciando un Gobierno insensible y un rodillo parlamentario que no han querido repartir los costes de la crisis entre todos, promoviendo la solidaridad con los más débiles. Por el contrario, los han cargado sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, y de los menos favorecidos y vulnerables. Con el inicio de la recuperación, hemos seguido denunciando un crecimiento que no llega a las personas y beneficia, fundamentalmente, a los que ya tienen una posición privilegiada.

No está aún claro que el diálogo vaya a ser verdadero y con la profundidad suficiente para recuperar a los que han caído en la exclusión y para lograr un crecimiento inclusivo. Por eso CCOO, junto a UGT, hemos convocado manifestaciones los próximos 15 y 18 de este mes, para conseguir que las cosas cambien de verdad, aumentando la inversión pública, elevando el ritmo de creación de empleo de calidad, generando oportunidades de empleo para los parados de larga duración y los jóvenes, recuperando los servicios y el empleo público, reforzar los sistemas de protección social desarrollando, entre otras medidas, un sistema de rentas mínimas eficiente, y asegurando un sistema de pensiones públicas de calidad.

http://www.ccoo.es/noticia:229483--Insuficiente_cambio_de_rumbo_en_la_politica_economica

 

"La prioridad es rescatar a las personas"

Unión General de Trabajadores

En España, tras ocho años de intensa crisis y seis de políticas de austeridad extrema que han deteriorado el estándar de vida de millones de familias, aumentando los niveles de pobreza y las desigualdades, la mayoría de la ciudadanía anhela un cambio de rumbo que tenga como resultado una mejora de su situación económica, una recuperación de derechos laborales y de las libertades ciudadanas y un fortalecimiento del estado de bienestar de los servicios públicos esenciales. La gestión que los partidos hicieron de los resultados de las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016 impidió conformar un gobierno que diera satisfacción a esos anhelos de cambio, posibilitando finalmente la formación de un nuevo gobierno del Partido Popular, que requerirá del apoyo de otras fuerzas políticas para llevar a cabo su acción ejecutiva. Lo cierto es que ahora, casi un año después, los deseos de la mayoría social no han cambiado, pero sus necesidades se han vuelto aún más urgentes

La debilidad parlamentaria de este Gobierno, la composición de las Cortes y, sobre todo, las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas aconsejan una rápida recomposición del diálogo social en su amplia extensión. A ello se ha comprometido el presidente del Gobierno en el acto de su investidura. En ese escenario, hemos manifestado nuestra voluntad de participar, de una manera exigente, en un nuevo marco de concertación y diálogo que hoy es necesario, en torno a objetivos claros, reales, concretos y de aplicación inmediata en plazos realizables. Y con una premisa previa: que no nos llamen para negociar recortes, porque no nos encontrarán.

Para el Comité Confederal la nueva situación política en España viene marcada por la necesidad de acuerdos políticos y sociales. No es posible continuar con políticas sociales y económicas centradas en la mera reducción de gastos, que no tienen en cuenta sus consecuencias sobre las condiciones de vida de la población trabajadora y la sociedad en general.

La prioridad de UGT: rescatar a las personas

En este contexto, UGT plantea una serie de medidas con el objetivo de rescatar a las personas mediante la creación de empleo, la protección social y el desarrollo económico y social.

En España, llevamos años viendo cómo se degradan las condiciones de trabajo. La destrucción de empleo ha provocado una enorme presión para no perder o acceder a un empleo. Los trabajadores hemos tenido que consentir muchos recortes salariales o de condiciones de trabajo para no perder el puesto de trabajo o acceder a uno. Con unas leyes que favorecen esta degradación: la reforma laboral ha impulsado la devaluación salarial y de las condiciones de trabajo, la prevalencia de los convenios de empresa ha degradado la negociación colectiva sectorial y desprotegido a los trabajadores, y ha favorecido especialmente a las empresas multiservicios. El trabajador que ganaba 1.200 euros contratado directamente ahora cobra 700 euros empleado por una empresa multiservicio, contratado a media jornada y trabajando la jornada completa como si fueran horas extras no retribuidas ni cotizadas o, en el mejor de los casos, pagadas como si fueran ordinarias.

La inmensa mayoría de los trabajadores contratados a tiempo parcial lo están contra su voluntad. Solo el 5% de los contratos que se realizan son indefinidos a tiempo completo y nueve de cada diez contratos realizados cada mes son temporales, la inmensa mayoría son de obra y servicio y por circunstancias de la producción y uno de cada tres contratos dura menos de una semana. La tasa de temporalidad ya es del 25,7%, la segunda más alta de la Unión Europea, sólo superada por la de Polonia. Contratos, además con salarios de miseria, que generan pobreza laboral y que no cubren necesidades vitales de estos trabajadores, siendo empleos inseguros y precarios y con una protección social recortada a la mitad.

Hay 4,3 millones de personas en España que siguen sin tener trabajo. Hay millones de personas en nuestro país que siguen teniendo enormes dificultades para afrontar los gastos esenciales de una vida con un mínimo de dignidad. Y tener empleo no es garantía de conseguirlo. La devaluación salarial es abrumadora. El 35% de los trabajadores en España, 5,5 millones de ocupados, cobran en promedio anual un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional (SMI). Más de 3,6 millones de trabajadores perciben salarios menores que la mitad del SMI, y 2,1 millones tienen sueldos cercanos al salario mínimo. Hoy tener trabajo no es garantía de tener una vida decente. Hoy hay muchísimos trabajadores pobres. Además, el difícil acceso al empleo de la juventud española les está llevando a situaciones de exclusión social, que muchos intentan evitar huyendo de nuestro país. En este sentido, UGT ratifica como una prioridad la aportación de propuestas de cambio, exigiendo políticas que generen empleo digno y de calidad para la población juvenil.

Para UGT es prioritario recomponer la sociedad rescatando a las personas de los tremendos daños sociales ocasionados por más de ocho años de intensa crisis y por seis años de políticas de recortes y de desmantelamiento de los sistemas públicos esenciales. El crecimiento económico no logrará eso por sí solo. Se necesita una acción decidida de los poderes públicos para reparar los daños ocasionados, y esto requiere de un pacto que plantee este rescate de manera extensa y coordinada, que afecte a toda la protección social de nuestro país, que se ha deteriorado de manera muy preocupante y podría desembocar en fractura social, si no se actúa con urgencia.

UGT recuerda que nuestro país necesita, de manera prioritaria y urgente, actuaciones para crear empleo con derechos, para mejorar el sistema de protección social y combatir la pobreza creciente incluso entre la población trabajadora.

Trabajar por un nuevo tiempo político para España: por un Nuevo Contrato Social

La sociedad no puede esperar, porque sus graves problemas no lo hacen. Por eso, en línea con el documento “20 actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social” que elaboramos conjuntamente CCOO y UGT y que cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de las fuerzas parlamentarias, hemos planteado al nuevo Gobierno y a los grupos parlamentarios una serie de medidas que consideramos imprescindibles para solucionar los problemas laborales y sociales más graves de nuestro país, que son los de la mayoría de la sociedad española, y que afectan a todos los ámbitos esenciales que conforman nuestra realidad social, económica y laboral: empleo, salarios, pensiones, protección social, lucha contra la pobreza, igualdad, sanidad, educación, formación, política económica general, política industrial, política medioambiental, libertades y garantías democráticas, política migratoria y derechos humanos.

En definitiva, se trata de impulsar un conjunto de actuaciones que, de manera conjunta, contribuyan a conformar un proyecto de país duradero y sostenible, que se asiente sobre consensos básicos que aseguren la estabilidad y que recojan soluciones urgentes y eficaces a los problemas de la ciudadanía. Un Nuevo Contrato Social que, acometiendo las reformas precisas en las principales instituciones del país, permita construir una sociedad más próspera, justa y democrática.

Es necesario revisar con las instituciones europeas los plazos para la consolidación fiscal impuesta, evitando a la sociedad española nuevos sacrificios. Urge derogar las reformas laborales y restablecer derechos esenciales de los trabajadores, restaurando el equilibrio en las relaciones laborales. Es preciso fortalecer las políticas esenciales del Estado de Bienestar. Resulta imprescindible reformar la política fiscal, estableciendo medidas contundentes frente al desorbitado fraude e incrementando la progresividad de la tributación. Hay que invertir recursos en un plan de choque para la creación de empleo. Debe incrementarse paulatinamente el SMI, en cumplimiento con la Carta Social Europea. Hay que introducir medidas para garantizar la viabilidad y suficiencia del sistema público de pensiones. Es ineludible implementar una estrategia para recuperar unos servicios públicos de calidad y de acceso universal. Es fundamental derogar la preconstitucional Ley Mordaza, cuestionada incluso por la ONU, y promover las reformas legales que han abocado a sindicalistas a tener que reclamar ante la justicia europea su derecho a ejercer el derecho de huelga en libertad y sin la presión de ser penados o encarcelados.

Estas, entre otras muchas actuaciones y reformas, son las cuestiones que consideramos prioritarias para recuperar un proyecto de país ilusionante, incluyente y solidario. El Comité Confederal ha ratificado la vigencia y necesidad de todas estas actuaciones, trasladando a la Comisión Ejecutiva Confederal su pleno acuerdo para seguir trabajando, con todos los instrumentos a su alcance, para llevar a la práctica las mismas e iniciar el nuevo tiempo político que demandaron los ciudadanos en las elecciones generales y que necesita nuestra sociedad para reparar las fracturas sociales abiertas en nuestro país durante los últimos años.

Ninguna de esas cuestiones forma parte del programa de Gobierno planteado por el presidente en su investidura. Por ello, el Gobierno debe abrir un amplio proceso de diálogo social sin demora, en el que se aborden todas estas materias.

Negociación y movilización

La reunión mantenida el pasado día 24 de noviembre por el presidente del Gobierno con los agentes sociales, derivada del compromiso que adquirió en su debate de investidura, ha mostrado una voluntad de establecer un marco que nos permita abordar distintas materias desde comisiones y grupos de trabajo. Pero esa voluntad de negociación debe extenderse a otras materias y traducirse en voluntad de acuerdo.

Se trata de un camino que hay que transitar y ver con perspectivas positivas, porque la nueva coyuntura política, sobre todo en el ámbito parlamentario, puede ayudar a acabar con las políticas aplicadas hasta ahora que nos han impedido avanzar y mejorar. Pero los ciudadanos tienen que ser conscientes que para recuperar derechos y avanzar tendremos que recurrir a la movilización, y en esta legislatura nos vamos a tener que acostumbrar al binomio negociación- presión.

Por este motivo, la Comisión Ejecutiva Confederal ha propuesto al Comité Confederal el inicio gradual de movilizaciones, comenzando con concentraciones de delegados antes las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las provincias y Comunidades Autónomas el día 15 de Diciembre, y con una manifestación en Madrid en la mañana del domingo, 18 de Diciembre. El Comité ha avalado este proceso de movilización.

La unidad de acción, un activo imprescindible

Todo este proceso de cambios y recuperación de derechos debe realizarse desde la unidad de acción con CCOO. Su importancia es innegable y se ha convertido ya en patrimonio de los trabajadores y trabajadoras. El Comité ha valorado muy positivamente los resultados de las acciones conjuntas realizadas a la hora de plantear a las fuerzas políticas las prioridades que a nuestro juicio deberían abordar.

El Comité ha destacado igualmente que la unidad de acción es valiosa por los objetivos que consigue y siempre que responda a los intereses de los trabajadores que defendemos. Este mecanismo se ha revelado como el mejor baluarte sindical para defender los intereses y derechos de los trabajadores y consideramos que la unidad de acción debe mantenerse como fórmula fundamental para defender posturas comunes.

http://www.ugt.es/Publicaciones/Declaración_I_Comite_Confederal_UGT_28_29_noviembre_2016.pdf

La Confederación sindical de Comisiones Obreras, sindicato de clase fundado en la lucha contra la dictadura franquista, se define en sus estatutos como un "sindicato reivindicativo, de clase, unitario, democrático, independiente, participativo, de masas, de hombres y mujeres, sociopolítico, internacionalista, pluriétnico y multicultural. Ideológicamente, se orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática".
UGT
La Unión General de Trabajadores, fundada en 1888 por los primeros socialistas marxistas en el Reino de España, se define como «una institución eminentemente de trabajadores, organizados por grupos afines de oficios y profesiones liberales que, para mantenerse en sólida conexión, respeta la más amplia libertad de pensamiento y táctica de sus componentes siempre que estos tiendan a la transformación de la sociedad, para establecerla sobre bases de justicia social, de igualdad y de solidaridad»
Fuente:
Varias