Colombia: Unas son de cal y otras de la JEP. Cinco lecciones que nos deja su proceso de integración

María Luisa Rodríguez Peñaranda

30/09/2017

Toni, en medio del profundo desconsuelo por tu partida, el eco de tu voz se hace cada día más fuerte. “escribe Luisa… escribe”.
 

El proceso de convocatoria, admisión y finalmente escogencia de los 51 funcionarios judiciales que vendrán a integrar la Jurisdicción Especial para Paz –JEP- generó, durante los últimos dos meses, el ambiente más estimulante, innovador y prometedor que la rama judicial haya presentado a lo largo de toda su historia.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición –SIVJRNR- previsto en el acuerdo de paz en su versión final, refrendado por el Congreso tras el fracaso del plebiscito del 2 de octubre de 2016 e incorporado al ordenamiento jurídico mediante enmienda constitucional (Acto Legislativo 1 del 4 de abril de 2017), previó la creación de una jurisdicción especial para la paz compuesta a su vez por tres Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz como órgano de cierre de la misma; además de una Comisión para el esclarecimiento de la verdad y tres unidades especiales.
La misión de esta jurisdicción, con vocación de transitoriedad (15 años), será la de investigar, juzgar y condenar los graves crímenes a los DDHH y al DIDH desplegado por los actores armados, así como por los particulares que en forma directa contribuyeron a la financiación del conflicto. Su eje transversal es la reparación integral a las víctimas mediante mecanismos de justicia restaurativa, que contribuyan a dignificarlas más allá de la simple imposición de sanciones retributivas basadas en la privación efectiva de la libertad de los condenados.

La excepcionalidad de esta jurisdicción radica en que, si bien se trata del diseño propio de la justicia transicional que contó con una muy destacada participación y asesoramiento por Naciones Unidas, no imitó el formato de los tribunales adhoc implementados en la Exyugoslavia o Ruanda. En vez de ello, la apuesta nacional fue por cimentar una jurisdicción propia.  Su principal reto será promover la reconciliación nacional, la reparación efectiva de las víctimas y generar un nuevo relato nacional de carácter histórico pero también simbólico y artístico, que permita sanar las heridas al reconfigurar el espacio político nacional.

Para su integración se impulsó un mecanismo de selección que ofreciera transparencia, equilibrio regional y de género, reconocimiento al mérito y la participación de las minorías étnicas, indígenas, afrocolombianos y población ROM. Bajo esta premisa se hizo una convocatoria pública que, sin prescribir un concurso en debida forma, como ya lo implementa Ecuador, lanzó una atractiva carnada de transparencia, equidad e imparcialidad; tan novedosa y estimulante en el contexto nacional, que el anzuelo se tornó irresistible. Lo que propició una masiva participación sin antecedentes en el país.  

La altísima promesa moral del Acuerdo, fue romper con las ya tullidas practicas del poder judicial de la “puerta giratoria”, el amiguismo “tú me nombras yo te nombro”, el centralismo, y la “rosca” de las universidades de élite.   Practicas fuertemente documentadas en cada escándalo de corrupción, cada vez más frecuentes,  y que esta semana llevó tras las rejas a un viejo conocido que representa todo lo repugnante de cualquiera que porte una toga con pretensión de autoridad.  

El proceso de selección consistió en: 1. La designación por parte del Presidente de la República de un inédito Comité de Escogencia compuesto por tan solo cinco integrantes, tres de ellos de origen extranjero cuya experiencia en tribunales internacionales fuese destacable: Juan Méndez, de nacionalidad argentina, expresidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ); Diego García-Sayán, peruano, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Álvaro Gil Robles, español, excomisario de derechos humanos del Consejo de Europa. Además de dos colombianos, la profesora Claudia Vaca, quien fue designada por el sistema de universidades públicas y es funcionaria de la Facultad de Química de la Universidad Nacional; y Francisco Acuña Vizcaya, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, también exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional; 2. La apertura de una plataforma abierta en la que todos aquellos profesionales que consideraran que satisfacían los requisitos pudiesen postularse, con acceso a sus currículums por parte de toda la ciudadanía; 3. Una fase de observaciones ciudadanas en la que cualquiera podía subir sus comentarios, ya fuese para avalar o cuestionar la trayectoria, experiencia u honorabilidad de los aspirantes. Estos comentarios fueron visibles únicamente para el mismo Comité y nunca expuestos al público en general; 4. La expedición de una lista corta de candidatos que superaran un primer proceso de selección, y que serían llamados a entrevista. Esta lista resultó ser minúscula (71 aspirantes, cuando usualmente en la rama para la convocatoria de 1 funcionario, la lista corta suele ser de 12 a 15 candidatos); 5. La transmisión y registro de  las entrevistas en la página del comité disponible para los ciudadanos y 6. La publicación de la lista de los elegidos como principales y suplentes.

Ahora que nos encontramos con la culminación de la mayor parte del proceso de selección (faltando aún la de la comisión para la verdad), y tras un par de semanas de cuestionamientos por parte de los inconformes del mismo, tanto de derechas como de izquierdas, de los medios de comunicación que intentaron destapar potenciales focos de corrupción y un cierto clima de insatisfacción, considero que son cinco las principales lecciones que nos dejó este proceso, que si bien dio pasos importantes para rodear de mayores garantías la selección, a la postre persistió en muchos de los errores típicos de la selección de magistrados y de los cuales habrá que seguir reflexionando para superar la profunda crisis de la justicia.

1- La ausencia de información sobre los criterios que implementaron los comisionados y el peso que atribuyeron a cada uno de los ítems destacados en los curriculum vitae.

Esta falencia en los mínimos de certeza y objetividad que deben rodear cualquier selección, echó al traste la promesa de transparencia que de la visibilidad del proceso se derivaba. La pregunta clave es ¿de qué nos sirve acceder a miles de hojas de vida si desconocemos cómo serán valoradas?. Sin duda un factor que favoreció la amplísima discrecionalidad de la que gozó el Comité, fue que ante el masivo número de inscritos, un maremágnum de dos millares de aspirantes, el rastreo y verificación de la información que registraban resultaba inviable para los ciudadanos y aún para los mismos candidatos, quienes carecían de una plataforma que compilara la información allí registrada en forma comparada.

Así, por ejemplo, los factores como dominio de otras lenguas, formación académica, experticia, se perdía en una grisácea capa de variopintas experiencias en derechos humanos, administrativo, penal, internacional de los DDHH y derecho constitucional, que tampoco distinguía ni discriminaba sobre cuáles eran las experiencias valiosas y reconocidas por el Comité. Por otro lado el enfoque territorial pareció resquebrajar la lógica del mérito. De repente currículos de jueces y magistrados locales del ámbito penal y justicia y paz, cuyo único crédito era haberse mantenido en el puesto por una o más décadas sin ningún esfuerzo académico ni de formación lingüística, fueron premiados de forma irrazonable. Así también cursos de horas en DDHH parecían gozar del mismo nivel que doctorados, y universidades sumamente cuestionadas por su calidad, brillaron como las más. Considero que el valioso enfoque territorial no puede justificar sacrificar trayectorias profesionales esforzadas basadas en el compromiso con la formación y la superación personal, para premiar el estancamiento en el puesto de carrera, la inercia profesional, o la patética practica de atornillarse a la silla.

2-La supresión de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Este grave error incorporado en la segunda versión del acuerdo final, abrió un boquete a la inicial intención de una jurisdicción acorde con las exigencias sociales de equidad en el acceso y permanencia en los altos cargos del estado.

Al omitirse tal régimen se abrió la puerta a las postulaciones de magistrados en ejercicio y exmagistrados, una suerte de sala VIP con alfombra roja incluida, también para los conocidos indeseables quienes sintieron, por qué no, que la sociedad les volvía a hacer un guiño de oportunidad para seguir delinquiendo.  

La concentración del poder que llega a acumular un magistrado o magistrada durante un periodo de 8 años, el doble del presidente, es inconmensurable. Repetir en el cargo saltando a otro tribunal es inapropiado para la democracia y éticamente cuestionable porque incentiva que los tribunales de cierre de jurisdicción como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, cuya honorabilidad debe consistir en que sea el último peldaño al que aspire un profesional con una larga trayectoria de servicio al Estado; sean vistos como meros órganos de paso, trampolines para otro y desde el cual se corre el riesgo de que se regateen cargos con sentencias propiciando la deshonrosa corrupción. Incluso la presencia de magistrados o exmagistrados en la competencia promueve una cierta jerarquización de los aspirantes, por cuanto resulta innegable que no es lo mismo presentarse como profesor, litigante, funcionario de carrera o víctima-candidato, que magistrado-candidato quien se relaciona con los electores de tú a tú bajo reglas de camaradería en detrimento de la equidad y la transparencia.

Considero que independientemente de su experticia y desempeño, los exmagistrados y magistrados en funciones que se presentaron, vulneraron el fuerte compromiso republicano con la rotación del poder, el principio ateniense de Isegoría, profunda intuición democrática en el sentido que también hay que garantizar la equidad en el uso de la palabra, como sinónimo del ejercicio del poder. Derecho que ya habían agotado y que ahora le correspondía a otros que también tienen algo valioso por decir.  

De igual modo resultó cuestionable que aquellos que habían sido parte activa por el gobierno en las negociaciones de paz, luego se postularan a los órganos que ayudaron a idear, gozando de una ventaja comparativa de cercanía al poder.

En breve, la ausencia de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades envió un doble mensaje, más que contradictorio, a la ciudadanía; por un lado pretendiendo mostrar un halo de transparencia y por otro, estableciendo un claro velo de favoritismos, puestos escriturados que desde el primer momento de la competencia se sabía que estaban otorgados por el establishment y que en efecto, sin sorpresa alguna, la lista de elegidos ratificó.

3- El desequilibrio informativo para destacar las trayectorias profesionales de los y las candidatas.

Si algo fue notorio en este proceso es que los medios de comunicación y los líderes de opinión como la Silla Vacía, la revista Semana, las 2orillas mantuvieron la regla de premiar a sus conocidos e ignorar a los lejanos. Un dato curioso fue cómo la Silla Vacía se encargó de promocionar “el dream team de la JEP”, argumentado que consultó a múltiples fuentes sobre los mejores perfiles. La pregunta es ¿Quiénes son estas fuentes? ¿Cuál es su legitimidad? ¿por qué las mantiene ocultas? ¿No seguirá siendo un reflejo de sus fuentes de financiación?.

Si bien es difícil poder determinar qué impacto tuvo o suelen tener estas listas de amigos en la selección de los magistrados, lo cierto es que tampoco son confiables ni guían en forma objetiva a la opinión pública. Caso singular fue el de Dejusticia quien no tomó partido por ningún aspirante, se abstuvo del lobby a sus integrantes y manifestó públicamente su vinculación con un candidato actualmente inactivo. Considero que este era el camino correcto para aquellos blogs, portales de información o centros de pensamiento que lideran opinión y cuyos participantes son a su vez candidatos o candidatas. La ética no es solo exigible al sector público que dichos portales tanto critican, sino también al privado y de cara a las entrañas. 

4-La imprecisión sobre la pertenencia institucional.

Uno de los aspectos más esperados de este proceso fue romper con las roscas o el amiguismo que se propicia desde las universidades privadas de élite para impulsar candidaturas de sus egresados o profesores. El prestigio que las universidades obtienen al ubicar a los suyos dentro de los más altos cargos del estado, repercute directamente en los alarmantes costos de sus matrículas. El marketing del plantel pasa por “vender” carreras de éxito a su estudiantado, en donde el sector público es un escenario más de disputas por las cuotas de poder político y económico.

Ahora bien, el Comité de Escogencia asumió como mecanismo para determinar el reparto equilibrado por universidades el plantel del cual era egresado el aspirante. Respecto a los profesores usó la misma regla sin tomar en cuenta en qué universidad trabajaban. Quizá uno de los debates más postergados en Colombia, pero de gran importancia para mejorar el funcionamiento de la academia y su impacto en la vida judicial,  es reflexionar sobre cuáles deberían ser las estrategias que deben implementarse para romper con la fuerte endogamia de las universidades, que luego se traslada a los despachos judiciales. El hecho de que un estudiante haga carrera profesoral en su misma universidad de origen, muchas veces sin siquiera superar un concurso de méritos, sino por mera designación de algún profesor, convierte a una buena parte de las universidades en sectas de autoreferenciación, autocensura y sumisión.

Una importante excepción a ello es la Universidad Nacional de Colombia en la que si bien existen fuertes prácticas endogámicas, estas son matizadas con la apertura a los concursos profesorales basados en el mérito y la competencia.  De suerte que profesores nacionales e internacionales, con orígenes universitarios completamente diversos pueden acceder a una plaza en la universidad. No obstante, el énfasis en la universidad de origen que el Comité usó, pareció beneficiar la endogamia de aquellos profesores que habían hecho carrera en la universidad de la que habían egresado, lo que como contracara tuvo el castigo a aquellos que abandonando su escuela de origen, emprendieron trayectorias académicas en nuevos escenarios universitarios. Si de valorar méritos se trata, hay que decir que lo tiene más el que con su propia fuerza consigue abrir las puertas de otro claustro, incluso la mayoría de las veces, venciendo en franca lid a los egresados de la universidad receptora. Obtener el reconocimiento en otro círculo académico con el cual no le unen lazos de compañerismo ni la complicidad de compartir la misma etapa del ciclo vital, fue algo que el Comité de Escogencia jamás valoró.

No en vano es regla europea y estadounidense que los candidatos a una plaza profesoral deban abrirse camino en otras universidades, apuesta que promueve la creación de canales de comunicación entre ellas, y una ampliación en la diversidad de escuelas que son ofrecidas a sus estudiantes, lo que además da mayores garantías para la competencia en igualdad. De hecho los y las profesoras de la Universidad Nacional que nos habíamos postulado y que proveníamos de otras universidades quedamos huérfanos de apoyo, ignorados por nuestra universidad de origen, centrados en sus profesores-egresados y dejados de lado por nuestra universidad de acogida, centrada en respaldar a sus egresados, de los cuales, para rematar la ironía,  poco se sabía. Sobre este tema Colombia aún tiene un largo camino por emprender.

5-La conformación del Comité con dos funcionarios de la Universidad Nacional.

Cuando apenas se hizo público quienes integrarían dicho comité y sus orígenes, la presencia de dos profesores de la universidad más importante del país, y además pública, fue leída como un reconocimiento al grandísimo esfuerzo institucional que el personal administrativo y docente había puesto durante todo el proceso de paz. Si hubo una universidad comprometida con los diálogos, el acuerdo, su implementación, y pensar el postacuerdo,  fue el de la Universidad Nacional, la cual consagró y sigue consagrando sus esfuerzos en crear una cultura para la paz. No obstante, a la larga las cosas tampoco fueron como se esperaban. Algunos medios criticaron la selección de aspirantes de dicha universidad por considerar que ello generaba cierto favoritismo. Por lo visto, lo que algunos  esperaban es que todos los profesores y egresados de la Universidad Nacional fuesen absolutamente excluidos, lo cual en ultimas hubiese significado la profundización en la ya conocida marginalidad de los candidatos provenientes de las universidades públicas y un gravísimo desequilibrio entre las escuelas del derecho.

En este aspecto considero que las pesquisas de los medios se fueron por el camino equivocado. Lo criticable no es que un preseleccionado fuese de la Universidad Nacional, sino el grado de cercanía, amistad o subordinación que tuviese con los electores. Lo por entero criticable es que se seleccionen egresados de la universidad a los que el elector les hubiese dirigido sus tesis, o cuando el aspirante hubiese sido su asistente docente, casos en los que es más que probable que haya existido una relación de deferencia y cierta subordinación que afectaría la imparcialidad e independencia de los escogidos.

Usar la regla de impedimentos por el hecho de conocer a los postulantes nos llevaría a supuestos completamente absurdos, como que, ante la postulación de un magistrado auxiliar en su misma corporación, todos los magistrados debieran declararse impedidos.

En suma, considero que el ejercicio adelantado por el Comité de Escogencia fue una buena prueba piloto que evidenció que sí existe un gran número de profesionales altamente calificados y con gran experiencia dispuestos a prestar sus servicios en la rama judicial, dentro de los cuales lucen un sin número de mujeres con altas calidades, y que el mérito es un reclamo cada vez más fuerte de todos los sectores sociales en los procesos de selección, pero que el país aún está muy lejos de satisfacer. Las fases de oscuridad que rodearon el proceso evidencian que necesitamos mayor certeza sobre todas las etapas y criterios que determinan una elección en la rama. De hecho nos quedaremos con la histórica duda de qué impacto tuvieron las observaciones ciudadanas, cómo se clasificaron los titulares y los suplentes si todos los elegidos satisfacían similares requisitos, ¿por qué había candidatos celebrando dos semanas antes de los resultados?, o ¿Cuál es el nivel de compromiso con la transparencia por parte de los líderes de opinión cuando también barajan candidatos a conveniencia? En un proceso de selección transparente estos interrogantes deben ser despejados antes de iniciarse el mismo, garantizando reglas claras y equitativas para todos, el cual si podría entonces llegar a llamarse una selección justa e imparcial.

Profesora asociada de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia.
Fuente:
www.sinpermiso,info, 30 de septiembre 2017