Costa Rica: El fracaso del TLC a diez años del referendo

Luis Paulino Vargas Solís

08/10/2017

En este artículo me propongo evaluar lo que el TLC entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos ha significado para Costa Rica, justo cuando conmemoramos el 10° aniversario de la realización del referendo –aquel inolvidable domingo 7 de octubre de 2007–  que dio lugar a su aprobación.  Este es, seguramente, un momento oportuno para intentarlo.

Si uno desea abordar el asunto con seriedad, necesariamente deberá admitir que la cuestión tiene sus complejidades, puesto que los diversas situaciones que vivimos en nuestra actual realidad nacional, tienen una relación más o menos directa o indirecta –y en algunos casos no tendrán relación alguna– con el tratado. Imposible establecer relaciones causales simples. En realidad los factores en juego son múltiples y las interrelaciones muy densas.

En cualquier caso, la única posibilidad seria y rigurosa de evaluar el tratado es confrontándolo con los objetivos que, según se reiteró, se lograría satisfacer por su medio. O sea, tomo base lo que dijeron quienes promovieron y finalmente lograron su aprobación (aunque para ello forzaron groseramente los mecanismos de la democracia). Básicamente se ofreció cumplir cuatro objetivos:

1) Generación de muchos empleos.

2) Atracción de inversión extranjera directa que, a su vez, sería el mecanismo más poderoso para generar tales empleos.

3) Mayor dinamismo –o sea, mayor crecimiento– de la economía.

4) Mayor “seguridad jurídica” en nuestra relación comercial con Estados Unidos.

Sobre esa base desarrollo el análisis.

1) ¿Muchos empleos?

El período posterior a la aprobación del tratado ha estado marcado por una situación del empleo tremendamente insatisfactoria. La crisis económica mundial dio lugar, en 2009, a un deterioro muy considerable en la situación del empleo. Tras una muy incompleta recuperación hacia 2011, enseguida se registró un nuevo movimiento de retroceso que, a la altura de 2017, está muy lejos de haberse revertido. Si el deterioro inicial surge con la crisis, es en todo caso llamativo que, a lo largo de un período tan prolongado, no solo no haya una mejoría apreciable, sino, por el contrario, una tendencia claramente negativa. Hablamos de índices muy deteriorados: tasas de desempleo del 9-10% con cerca del 45% de la población ocupada en la informalidad. Pero sobre todo, lo que es más importante, nos referimos a una enorme cantidad de personas trabajadoras afectadas: aproximadamente entre 1,2 y 1,3 millones –alrededor de un 55% de la fuerza de trabajo–  sufren algún tipo de situación laboral anómala, sea en la forma de desempleo abierto, subempleo y/o informalidad laboral. Lo anterior se ilustra en el gráfico N° 1.

Gráfico N°1

Total de personas desempleadas + subempleadas y total de personas en la informalidad laboral (2010-2017) Fuente: elaboración propia con base en datos de las Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC

Es sin embargo importante enfatizar que esto es solo una parte del problema, el cual también se hace notar en el casi estancamiento del poder adquisitivo de los ingresos, especialmente en el sector primario (agropecuario) de la economía, en ocupaciones de baja calificación, en “cuentapropistas” (que son típicamente personas ubicadas en la informalidad laboral) como, en general, en el sector privado de la economía. 

Pero es particularmente llamativa la bajísima tasa de ocupación, es decir, la bajísima participación en el mundo laboral remunerado de la población en edad de trabajar (15 años en adelante). En América Latina, países como Perú, Bolivia y Paraguay tienen tasas de ocupación por encima del 70%. Uruguay anda en los alrededores del 66-67%. En Europa, según datos de Eurostat,  Alemania, Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia y Reino Unido superan el 70%. En Noruega el porcentaje es del 75% y en Suiza llega al 80%. La Unión Europea de los 28 promedia un 65% y el área del euro un 64%. En el caso de las mujeres, el promedio de la UE-28 es del 60% y de la zona euro del 59%. El porcentaje respectivo para las mujeres llega al 75% en Suiza, 73% en Suecia y Noruega, y 70% en Alemania y Dinamarca. En Japón el 64% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen y en Estados Unidos el 63%.

En Costa Rica, en cambio, observamos que la tasa de ocupación en 2017 se ubica en un pírrico 54% como promedio nacional;  un 68% entre los hombres y un tristísimo 41% entre las mujeres. Esto evidencia dos cosas: que las oportunidades laborales son muy escasas lo que fuerza a muchas personas a permanecer fuera de las actividades laborales remuneradas, y que, además, y tratándose de las mujeres, ese mundo del trabajo remunerado fuera del hogar resulta particularmente hostil y excluyente. He ahí una manifestación de la inequidad de género que permanece ausente del debate público en Costa Rica.

Cualquier intento por lograr que un mayor número de mujeres se incorporen a esos mercados laborales repercutiría en un aumento instantáneo de la tasa de desempleo o de la tasa de informalidad. Sencillamente serían mujeres en busca de empleos inexistentes, por lo que las únicas opciones a su alcance sería declararse como desempleadas, o “jugársela”,  precarizadas en alguna improvisada ocupación informal.

2) ¿Más inversión extranjera directa que genere más empleos?

En otros escritos he expuesto la tesis de que el Proyecto Histórico Neoliberal (PHN), ha pasado por tres fases, en la segunda de las cuales (1998 en adelante) la “atracción de inversiones” (específicamente inversiones realizadas por corporaciones transnacionales ubicadas en zona franca) pasó a ser, con grandísima ventaja, el leitmotiv de las políticas públicas. El TLC incorpora una serie de disposiciones que claramente venían a consolidar, normativa e institucionalmente, ése, de por sí marcado, sesgo de las políticas. Ello se reflejaba principalmente en la norma de “trato nacional” y el llamado “régimen de inversión-Estado”. Y, ciertamente, este fue un elemento propagandístico clave: se prometió que con el tratado llegarían más inversiones y que éstas generarían más empleo. Ninguna de estas dos cosas se ha dado.

En general, el período posterior a la entrada en vigencia del tratado ha registrado un menor dinamismo en las entradas por concepto de inversión extranjera directa (IED). Véase gráfico N° 2. Así, y después de alcanzar un máximo por encima de los $2 000 millones en 2008, y tras el bajón de 2009 ocasionado por la crisis económica mundial, en los años siguientes, y particularmente desde 2011 en adelante, el monto tiende a estancarse en los alrededores de los $2 000 millones anuales. Como porcentaje del PIB ello significa una caída desde cerca del 7% a aproximadamente un 4%.

Gráfico N° 2

Inversión Extranjera Directa (IED) neta (entradas menos salidas) (2000-2015) Fuente: elaboración propia con base en datos de balanza de pagos del Banco Central de Costa Rica.

Por otra parte, es una enorme falacia la que atribuye a estos flujos de inversión la capacidad de generar un número significativo de empleos. Lo cierto es que, si le creemos a los datos del propio Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), las zonas francas aportan a lo más un 4% del empleo total. La pobreza de esas cifras adquiere matices realmente dramáticos cuando se las compara con las del desempleo, el subempleo y la informalidad laboral, tal cual lo muestro en el gráfico N° 3.

Gráfico N° 3

Total de personas empleadas en zona franca (ZF); total de personas subempleadas más desempleadas; total de personas en la  informalidad laboral (2001-2015). Fuente: elaboración propia con base en datos de la ECE del INEC y del COMEX.

Desde luego, queda en pie la discusión relativa a los salarios más altos que se pagan en zonas francas. Según un estudio financiado por COMEX, PROCOMER y CINDE (Medaglia y Mora 2015)[i], el salario promedio en las zonas francas en 2015 es superior en un 80% al salario promedio en el sector privado de la economía nacional. Lo cual es seguramente resultado de que se trata no solo de corporaciones transnacionales sino, y en general, de actividades de alta tecnología, cuyo alto nivel de productividad permite pagar salarios mucho más altos. Los cuales, sin embargo, son seguramente muy inferiores a los que se pagarían en Estados Unidos o Europa. Y, sin embargo, sigue en pie una realidad: tenemos la ineludible obligación de proporcionar un trabajo decente a todos nuestros trabajadores y todas nuestras trabajadoras. De poquísimo consuelo les sirve a la masa enorme de quienes están en el desempleo, el subempleo y/o la informalidad, saber que alguna poca gente goza de condiciones salariales relativamente privilegiadas. Como es realmente insultante echarle la culpa a esas personas de sus penurias, diciendo que no tienen mejores salarios por no tener mejor calificación. El caso es que, aunque la tuvieran, estas transnacionales de zona franca no podrían dar trabajo a  mucha más gente de la que ya tienen empleada. Excepto que Costa Rica entera se convierta en una zona franca, pero ni siquiera en ese caso, dado los elevados niveles de automatización que caracteriza su tecnología productiva.

Y siendo que estos regímenes de zona franca tienden a generar algo parecido a una casta laboral aristocrática, lo cierto es que, además, operan de una forma tal que se alinean, y de hecho tienden a agudizar, los fenómenos de desequilibrio en los niveles relativos de desarrollo de las distintas regiones, como se desprende de la concentración del escaso empleo que generan, en el área central del país. Según el mismo estudio que cité anteriormente, el 58% de ese empleo está en la provincia de Heredia; 15% en Alajuela; 14% en San José y 7% en Cartago. O sea, un 94% del total que, sin la menor duda, se ubica total o casi totalmente en las inmediaciones de las cuatro ciudades principales del Valle Central, puesto que es absurdo imaginar que cuando decimos Alajuela, estemos haciendo referencia al cantón de Upala, como igualmente es fuera de lugar pensar que al mencionar Heredia estemos hablando del cantón de Sarapiquí. Entretanto, 3% de ese empleo se sitúa en Puntarenas, 2% en Limón y 1% en Guanacaste. El desbalance es elocuente.

3) ¿Una economía más dinámica?

Durante el período posterior a 2008 se ha registrado un descenso pronunciado en la capacidad de crecimiento de la economía costarricense. Si tomamos como punto de referencia los antecedentes de largo plazo del período neoliberal (1984 a 2008), en el período 2010-2016 (ambos años incluidos) la tasa promedio de crecimiento de la economía cae en más de un 20%. Si la comparación la hiciésemos tomando como referencia los años 2009 a 2016 –lo cual incluiría el bajón de 2009 provocado por la crisis mundial– la diferencia sería de más del 32%. Si comparásemos el período 2010-2016 respecto del período desarrollista (1950-1979), la reducción es mucho más pronunciada: un 44%. En general, podemos decir que en los marcos del Proyecto Neoliberal la economía ha tenido un desempeño mucho menos dinámico que el que registró durante los tres decenios del Proyecto Desarrollista, con una tendencia a largo plazo a una pérdida paulatina de su dinamismo, la cual se agudizó justamente durante los años posteriores a la entrada en vigencia del TLC. Véase el gráfico N° 4.

Gráfico N° 4

Tasas promedio de crecimiento de la economía costarricense para diferentes períodos Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica

Por otra parte, es notable –y seguramente sintomático de importantes problemas subyacentes– la pérdida tendencial de dinamismo de la “formación bruta de capital fijo”, o sea, de la inversión de tipo productivo que, en su mayor parte, es inversión empresarial privada. Esto posiblemente refleja una declinante rentabilidad asociada a su vez a la pérdida de capacidad competitiva de la planta empresarial costarricense –no así de las transnacionales de zona franca– lo cual a su vez es posiblemente influenciado, entre otros factores, por dañinas condiciones financieras prevalecientes (lo cual se refleja principalmente en dos “macro-precios”: las elevadas tasas de interés en términos reales –o sea descontada la inflación– de los créditos para la producción, y la persistente situación de sobrevaluación del colón frente al dólar). Véase el gráfico N° 5.

Gráfico N° 5

Tasas de crecimiento anual de la formación bruta de capital fijo (2004-2016). Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica

4) ¿Mayor seguridad jurídica?

La propaganda a favor del “si” al TLC aseguraba que éste proporcionaría mayor certeza y estabilidad en las relaciones comerciales y financieras con Estados Unidos. La comparación se hacía en relación con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) hasta entonces vigente, dentro de un debate cuyos términos generaban mucha confusión acerca del estatus jurídico que las leyes estadounidenses concedían al uno y la otra. El caso es que el TLC no tiene en Estados Unidos estatuto de “tratado” (treaty) sino solamente de “acuerdo” (agreement), lo que lo haría relativamente más vulnerable desde el punto de vista jurídico, como era cierto que la ICC era una ley debidamente refrendada por el Congreso estadounidense y de vigencia indefinida. De cualquier forma, la amenaza de que Costa Rica perdería los beneficios comerciales de la ICC en caso de que no se aprobase el TLC, fue atribuida a altas autoridades del gobierno de Bush hijo y publicitada de la forma más estridente y vociferante por la prensa hegemónica, incluso el día previo y hasta el propio día del referendo, violentando así la tregua propagandística decretada por el Tribunal Supremo de Elecciones, todo lo cual fue “pacíficamente” tolerado e ignorado por éste. Ese fue uno, entre otros, de los componentes de la campaña del terror desatada a gran escala, con especial intensidad en la última semana previa a aquel 7 de octubre de 2007. Con seguridad eso volcó la balanza a favor del “sí”, de forma ciertamente espuria y violenta, puesto que las encuestas, a pocos días del referendo, concedían un gane por amplio margen al “no”.

Y, sin embargo, la promesa de “seguridad jurídica” se basa en una falacia. Porque lo cierto es que todos los refinamientos jurídicos y terminológicos que se puedan emitir alrededor del estatus jurídico del TLC o la ICC, tiene escaso valor cuando de un lado de la mesa está la pequeñísima Costa Rica, y del otro la superpotencia. El desbalance de fuerzas es tan abismal que, a fin de cuentas, un país como el nuestro entra en este jugo a merced enteramente de la buena voluntad y, en última instancia, de los vaivenes caprichosos, de los Estados Unidos. 

La situación de México en este momento lo ilustra con claridad, cuando su TLC (el NAFTA según su usual designación con base en las siglas en inglés), pende de las veleidades de un sujeto caprichoso y arbitrario como lo es el señor Trump. Y, sin embargo, México posee una economía que, medida por su PIB (según “paridad del poder adquisitivo”), es 28 de veces la de Costa Rica, con una población que es 25 veces la nuestra. No obstante lo cual, frente al poderío estadounidense, México luce vulnerable. Con mucha mayor razón Costa Rica.

La verdad que el TLC, como la ICC, proporcionan tanta seguridad jurídica como a los gringos les dé la gana reconocerle. Ni más ni menos.

Conclusión

Los graves problemas del empleo que Costa Rica padece, la persistente pérdida de dinamismo de su economía en relación con sus estándares históricos (inclusive aquellos del período neoliberal), o la declinante capacidad para “atraer” inversión extranjera directa, como la paupérrima capacidad de generación de empleos por parte de esta última, son cuestiones sobre las cuales inciden factores seguramente complejos. No sugiero que ninguna de esas cuestiones sea, sin más, el resultado del TLC. Pero sí afirmo que cada uno de estos asuntos testimonia el incumplimiento flagrante de las promesas con base en las cuales se promocionó y se logró (pero con una aparatosa dosis de propaganda del miedo) su aprobación. Tomé como referencia lo que los propagandistas del “sí” afirmaban que serían efectos positivos derivados de la entrada en vigencia de ese tratado. En cada caso, los datos demuestran que se mintió.

Nada de lo ofrecido se ha hecho realidad. La conclusión es obligada: el TLC ha fracasado.

Notas:


[i] Medaglia Monge, Cindy y Mora Álvarez, Erick. Balance de Zonas Francas: beneficio neto del régimen para Costa Rica 2011-2015.- San José, Costa Rica: PROCOMER, 2016.

 

Economista. Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED). Miembro del Partido Frente Amplio de Costa Rica.
Fuente:
www.sinpermiso,info, 8 de octubre 2017