Cuba: Último Jueves de "Temas" o como participar deliberando

Julio César Guanche

15/02/2018

Prólogo a Último Jueves. Los debates de Temas (Vol. 8), Ediciones Temas, 2018

La revista Temas es un paradigma cubano en varias dimensiones. Entre ellos, su sostenida y ejemplar calidad académica; su tozudez a prueba de fuego para salir, siempre, en medio de “tantas dificultades que aún enfrentamos”; la calidad de su diseño; y su concepción abierta de revista que es, a la vez, espacio público de deliberación, editorial, productora multimedia y gestora del más importante concurso de ensayo académico del país.

En el campo cultural, Temas es quizás el más alto ejemplo práctico de cómo gestionar un recurso público en Cuba. Desde 1995 hasta hoy ha configurado un espacio ajeno a capillas intelectuales, a procederes clánicos, a monopolios ideológicos, temáticos, o de modas y tendencias analíticas. Ha sido una plaza realmente democrática, abierta a enfoques, autores, debates, manejada con conciencia de ser pública —recibe financiamiento estatal, además del apoyo de otras fuentes—, con responsabilidad por servir al público, y de hacer parte a su público de su propio proceso editorial. Temas conoce los rigores del pensamiento, y los practica: no teme rechazar lo que no alcanza un estándar consensuado de calidad, con independencia estricta de sus buenas intenciones o sus afinidades políticas. No en balde Cintio Vitier le llamó “una guardarraya de lucidez intelectual”. Obsérvese de paso que el poeta dejó dicho con ello, con su elegante discreción, cómo consideraba luego la calidad intelectual del cuerpo que rodea la guardarraya: el “cañaveral”.

Entre sus muchos méritos, Último Jueves (UJ) es particularmente remarcable. Realizado —llueva, truene o relampaguee— cada mes desde hace más de una década, es el lugar por antonomasia de la deliberación intelectual pública en La Habana. Con asistencia libre —sin invitaciones ni otras “mediatizaciones”— ha logrado demostrar lo que es una ausencia en tantos otros escenarios: es posible someter cualquier tema a discusión pública con rigor intelectual. Por ese camino, ha hecho evidente que del debate colectivo se obtienen resultados de calidad: la “gente” tiene cosas importantes que decir sobre muchas cosas y es bienhechor que intelectuales, funcionarios, y público en general queden obligados a mostrar y debatir con transparencia sus posiciones, habitualmente “protegidas” dentro de sus respectivos espacios académicos, sociales y políticos.

Este volumen es muestra ejemplar de ello. Contiene diez paneles de Último Jueves, que tratan temas tan distintos entre sí como cruciales en el debate y la necesidad nacionales: el sistema político, la regulación sobre el municipio, la propiedad, las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, la cooperación internacional, las pymes y el desarrollo, la nación y la emigración, la política y la legislación, los códigos del discurso político y el derecho la información.

La transcripción de los paneles respeta el espíritu del espacio físico que es UJ. Se aprecia la concisión en las intervenciones, el ritmo tenso de la discusión, la focalización en el tema tratado y la presencia de sujetos “desiguales” en el debate. En todas las mesas, Temas consigue la presencia de especialistas de primer nivel en el problema a tratar, de funcionarios públicos en ejercicio en el campo —o con experiencia en él— y del más variado público que confronta las opiniones de unos y otros, y de sí mismos, desde un espectro muy diferente de formaciones intelectuales, ocupaciones laborales y lugares sociales. Los presentes se hacen escuchar, se entienden entre sí, se discuten, y construyen así una “conversación”.

El peor error que puede perpetrar un prólogo es glosar el contenido del libro al que se debe. No lo cometeré aquí, pero sí haré algún anuncio a modo de botón de muestra de su interés. Con ello, pruebo que no estoy sublimando el libro —y cumpliendo el rol esperable con mayor facilidad del prologuista— sino haciendo justicia con la calidad, la diversidad y la importancia de los debates que aquí podrán leer.

En una de estas mesas, la dedicada al sistema político, encontrarán esta discusión. Una investigadora da a conocer, desde el público, una investigación suya, para la que entrevistó a más de setenta jóvenes de entre 20 y 28 años de edad; en la que más de 40% le planteó el deseo de emigrar. La investigadora encontró una causa de ello en el “funcionamiento de nuestro sistema político”. Desde la mesa, un profesor universitario de larga experiencia responde que “casi nunca uno tiene la posibilidad de intercambiar con un auditorio como este, donde se suele hacer preguntas muy complejas, que la gente individualmente se las hace, y que encuentra pocos espacios públicos para exponerlas” y coincide con la investigadora: “¿La emigración de la juventud cubana es consecuencia del sistema político? Pienso que sí (…) Me parece que lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo”. Desde el público cuestionan unos argumentos y coinciden con otros: “Los presidentes de las asambleas municipales y provinciales, que son el gobierno y representantes del pueblo, no dirigen; dirige el secretario del Partido del nivel municipal y, sobre todo, el del nivel provincial, que no están puestos por el derecho ciudadano y soberano del pueblo, sino por el Partido. (…) El Partido ha creado un mecanismo tal, que reduce el ejercicio democrático del pueblo.” Otro profesor universitario, tambien desde el público, resume: necesitamos “un nuevo consenso, una nueva legitimación, que nos permita proyectar las transformaciones, que no solo son económicas”.

Otro panel, dedicado a la información como derecho, y a sus problemas en la práctica, fue considerado por uno de los asistentes, desde el público, como el más polémico UJ de lo que había presenciado. Desde la mesa, el subdirector de un periódico nacional argumenta que “se ha avanzado, a partir de todos los llamados que ha hecho el presidente del país, en una cultura comunicacional, en lograr que la información pueda ser trasmitida a los ciudadanos como su derecho, y que nadie se crea con la potestad de detentar la información.” En la propia mesa, un profesor universitario destaca que “se haya reconocido en la Conceptualización la necesidad de entender la información como un derecho o como un bien público”. Sin embargo, cuestiona que si bien es un derecho no es concebible como un bien público o servicio público, y subraya la necesidad de “garantías para tutelar o para hacer más eficaz el ejercicio de ese derecho con el establecimiento de un sistema público de información”. Un estudiante, ahora desde el público, sostiene que “siempre que se habla de la desigualdad se piensa en ejes transversales como la racialidad, el ingreso económico, y casi nunca se habla de la (desigualdad) en la comunicación” para fundamentar la necesidad de medios tanto públicos como alternativos.

En un tercer panel, dedicado a la legislación y a la implementación de los Lineamientos, el lector encontrará otro intercambio asimismo extraodinario. Un miembro de la Comisión de implementación de los Lineamientos explica que las transformaciones “requieren un cuidado y una velocidad que contribuya a no cometer errores costosos e improvisaciones que pueden traerlos, como ha ocurrido en otras experiencias.” Otro colega suyo, con similar responsabilidad, agrega que “la decisión de nuestro gobierno ha sido que las decisiones políticas se instrumenten en normas jurídicas; por tanto, la implementación jurídica constituye la base legal e institucional para todas las modificaciones y ajustes que se van a ir produciendo y se han producido en nuestro país”. En la mesa, una profesora universitaria precisa que no basta  “con la definición de política, sino que el proceso de creación de las normas tiene que ser de búsqueda de causas y efectos, de definición de los límites; no solamente el rumbo, la carretera, sino hay que saber hasta dónde se quiere llegar, los medios con que se va a contar, las garantías que se van a ofrecer al ciudadano y al que vaya a tomar la medida, y los instrumentos de control jurídico, que hasta ahora no han sido los más eficaces en sentido general”, por lo que “debemos romper el verticalismo en la elaboración de la ley.” Desde el público, un periodista coincide con la profesora: “¿qué mecanismos de control popular existen sobre esas formas de legislar y de pensar y construir políticas? También desde el público, un obrero del ramo de la demolición cuenta su experiencia y extrae consecuencias analíticas y políticas de ella: “es cierto que la implementación lleva tiempo, ¿pero qué tiempo?, porque esto no se puede alargar demasiado; tiene que haber un límite, porque entonces pierde sentido.”

Ese breve resumen debería servir por sí mismo como incitación a la lectura. No obstante, es prudente decir algo más. No es necesario sobredimensionar la importancia de un encuentro mensual, que convoca respectivamente a un público de alrededor de 150 personas, como el eje de una deseable esfera pública cubana. Sin embargo, el gran ejemplo de Último Jueves es el camino que muestra para hacer política informada, que procese el saber científico y social, en aras de elaborar consenso en Cuba en su sentido más destacable: la participación con deliberación.

 La deliberación es una virtud celebrada por muchos, pero practicada por pocos. Sus beneficios son claros: posibilidad de ser escuchado y de criticar lo que se escucha, construcción colectiva de las reglas de la deliberación, mayor “aceptabilidad” de las decisiones tomadas; y traslado al espacio público de la justificación moral de las posiciones individuales (lo que es deseable para mí podría ser deseable para los demás). El ideal recoge lo que ha sido una aspiración desde Aristóteles hasta Kant, pasando por Marx: la potencia del “uso público de la razón”, cuando asume “la capacidad de la política para transformar el conflicto inicial mediante el replanteamiento de las preferencias de los individuos a la luz del interés público manifestado en la deliberación”. En este argumento, la libertad y la igualdad necesitan de marcos legales legítimos que la defiendan y promuevan, de políticas materiales de redistribución que busquen la igualdad de los participantes, tanto como de la publicidad del razonamiento y de la inclusión en él del mayor número de voces.

El modelo “deliberativo” amerita, sin embargo, también fuertes críticas. Entre otras, la imposibilidad de un diálogo entre iguales cuando los participantes son estructuralmente desiguales, donde tal desigualdad impide el compromiso normativo de inclusión, u obstaculiza hacer relevantes las desventajas culturales e intelectuales de los participantes. Por otra parte, su foco en el “bien común” esconde que en realidad es más deseable la existencia de “bienes comunes”, en plural, de modo que la deliberación legitime las divisiones dentro de los participantes en la comunicación pública, sin excluir así las perspectivas de los grupos con desventaja.

En todo caso, no es preciso ser un seguidor acérrimo de la “democracia deliberativa” para apreciar las ventajas, en sí misma, de la deliberación. Esas críticas imponen exigencias densas a la deliberación, pero no desestiman su importancia, porque no es nueva su necesidad. Hace más de dos mil años el derecho de “isegoría” —–malentendido hoy como libertad de “expresión”— recogía ya este horizonte: señalaba el derecho ampliado de los ciudadanos —en el contexto de la revolucion plebeya ateniense— a participar de la asamblea pública, y a hablar y votar en condiciones de igualdad sobre materias políticas.

En la historia de los movimientos plebeyos y de trabajadores, la lucha por la libertad de expresión, por la capacidad de deliberar, y por quedar incluidos en la deliberación, ha sido una constante. E. P. Thompson ha reconstruido varias de esas páginas en el siglo XIX británico. Una de ellas es la historia de la señora Wright, zurcidora de encajes de Nottingham, quien dirigió su propia defensa en un juicio en su contra —por delitos de opinión— y solicitó permiso, hacia el final de su descargo, para retirarse y amamantar a su hijo. Una vez concedido, salió del recinto para hacerlo y miles de personas la vitorearon y alentaron a mantenerse en su posición en defensa de la libre expresión.

En Cuba, el movimiento de trabajadores también comprendió a cabalidad que el problema de la libertad de expresión comprende la posibilidad material de la expresión. La Unión Sindical de Artes Gráficas, la organización proletaria que fundó Alfredo López, se expresaba así en los 1930: “El Trust Gráfico, integrado en su mayor parte por extranjeros que han amasado su fortuna con la miseria y el sudor de los trabajadores cubanos, constituye un peligro para el Estado, el comercio y la industria, ya que estando confabulados los impresores más importantes y poderosos, establecen los precios que les da la gana y como, además, son importadores de papel, tintas, y demás artículos relacionados con esta labor industrial, establecen las condiciones del mercado, eliminando la libre competencia y estrangulando a los impresores independientes.”

La cuestión comprendida aquí reacciona contra el confinamiento en la “idiocia” (la reclusión en la vida privada) y propone una motivación para irrumpir, con la razón mediante, en la vida pública. Defiende que la deliberación, la opinión y la decisión política no sean bienes privados, manejados por un grupo social particular que impida el acceso a ellas de otros grupos y controle en exclusiva las condiciones de su funcionamiento. Todo eso lo hace también Último Jueves, y lo hace este libro, cuya lectura no me queda menos que recomendar con entusiasmo.

es un jurista y filósofo político cubano, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, muy representativo de una nueva y brillante generación de intelectuales cubanos partidarios de una visión republicano-democrática del socialismo.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 15 de febrero 2018