Jordi Muñoz
Gerardo Pisarello
14/08/2016
Los Comunes y el independentismo: punto y seguido
Jordi Muñoz
Hay una parte muy ruidosa del independentismo que, desde siempre, ha mostrado una fuerte hostilidad hacia el mundo de los Comunes. Para muchos se mezclan consideraciones de tipo ideológico con la cuestión nacional. En general, no tienen animadversión a los Comunes porque no sean independentistas, sino fundamentalmente porque son de izquierdas. Crean perfiles anónimos en las redes, insultan y contribuyen, a menudo, a un ambiente irrespirable. Es un fenómeno muy circunscrito a la galaxia de las redes sociales y hay que evitar magnificarlo. Pero tiene su importancia, porque acaba condicionando el ambiente político y contribuye a la polarización. Es una asignatura pendiente del independentismo.
En cambio, hay otro segmento de independentistas, de izquierdas, que han mirado con simpatía y complicidad a este espacio. En algunos lugares confluyeron en candidaturas o gobiernos municipales. Badalona, Sabadell, Cerdanyola o Ripollet son, probablemente, los más emblemáticos. En otras ocasiones los puntos de encuentro se han dado por abajo: en la sociedad civil organizada o en las urnas. Muchos votantes independentistas optaron por las papeletas de los Comunes, tanto en las elecciones municipales como en las generales. La afinidad ideológica, en este caso, ha favorecido la permeabilidad, el intercambio y los espacios compartidos.
Hay también, me atrevería a decir, un tercer grupo de independentistas que, sin tener demasiada afinidad ideológica, hace acercamientos al mundo de los Comunes porque entiende que este espacio sociopolítico representa un segmento estratégico del electorado catalán. Estratégico cuantitativamente, pues contiene al votante mediano en la cuestión de la independencia y cualitativamente, porque posiblemente contiene la clave para preservar aquello que antes llamábamos la unidad civil del pueblo catalán.
Todo ello, no obstante, ha configurado unas relaciones complejas entre el mundo independentista y el mundo de los Comunes. La competencia electoral entre espacios contiguos no ayuda, precisamente, al buen clima. La presión del independentismo más ruidoso (“hiperventilado”, lo llaman algunos) contra quienes, dentro del espacio independentista, apostaban por un entendimiento con este espacio, ha sido fuerte. Y el pacto de ERC con CDC, como el de los Comunes con el PSC-PSOE, han contribuido a distanciar los dos espacios.
Pero más allá de la histeria polarizadora de las redes sociales de internet, la realidad sociológica y electoral es que el independentismo de izquierdas y los Comunes son dos espacios permeables, con puntos de contacto transitables, y transitados por segmentos no despreciables del electorado. Los propios Comunes, cuando plantearon su propuesta política, se reivindicaban como un espacio de encuentro entre independentistas y federalistas en torno a la voluntad de transformación social y del derecho a decidir. Con los datos en la mano podemos decir que mucha gente confió en esta promesa y una parte sustancial del voto de En Comú Podem ha provenido de electores que se declaran independentistas. Es una nueva versión del tradicional voto dual.
El conflicto
Ahora, sin embargo, los puntos de encuentro son cada vez más reducidos. El independentismo no ha gestionado bien el post-27S. No entendió, o no quiso reconocer las dificultades que comportaba haber quedado por debajo del 50% en el ‘plebiscito’ de septiembre. Ahora bien, poco a poco, en el mundo independentista se ha ido imponiendo la idea de que la independencia, en todo caso, hay que decidirla colectivamente, en una votación clara y con una mayoría absoluta de votos. Hacer un referéndum, en definitiva, como piden los firmantes del manifiesto Por un referéndum oficial y vinculante sobre la independencia el 2017.
Sin embargo, esta evolución dentro del independentismo, que podría ayudar a buscar un espacio de entendimiento procedimental para superar el actual bloqueo, no ha servido de nada. De hecho, se ha topado con un repliegue de los Comunes hacia posiciones cada vez más alejadas de ese espacio transversal que, decían, querían ser. El pacto con el PSOE como horizonte político y un anti-independentismo muy intenso e insistente han acabado por predominar en la práctica y en el discurso político de este espacio. La que al comienzo fue la posición de un sector de Catalunya Sí Que Es Pot –el grupo parlamentario de ICV, EUiA y Podemos en el Parlamento– representado, quizás simbólicamente, por Joan Coscubiela, se ha convertido en la voz dominante entre los Comunes, y casi la única que se escucha. Porque la disidencia, que la hay, está callada (o silenciada, no lo sabemos). En definitiva, esto tiene un aire extraño, de victoria ideológica de un determinado sector, intensamente anti-independentista, sobre un espacio que, en principio, tenía una aproximación mucho más plural y matizada en la cuestión.
Esta retirada es visible en todo tipo de gestos y posicionamientos. Cuando en otoño algunas voces independentistas hablaban de recuperar el referéndum como punto de encuentro, actores importantes de este espacio reaccionaban con simpatía e interés. Ahora que, unos meses después, dentro del independentismo parece que esta apuesta es, por fin, mayoritaria, la respuesta del entorno de los Comunes es radicalmente diferente. La cerrazón es absoluta y el discurso que hacen ahora es, más bien, el que hacía el PSC en el 2012, el de la famosa consulta ‘legal y acordada’. Igual pasa con el proceso constituyente no subordinado, que al final ha demostrado ser poco más que un artefacto retórico difícil de descifrar. Quedan muy lejos la complicidad con el 9N e, incluso, el ‘sí-sí’ circunstancial de Ada Colau. Queda muy lejos la idea de avanzar hacia una República Catalana del 99%.
¿Por qué los Comunes no lo ven claro?
Las causas de este repliegue son múltiples. El independentismo, como decíamos, no ha ayudado mucho. Si la actitud de ERC y la CUP en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona hubiera sido otra desde el primer minuto, habrían hecho más difíciles algunos movimientos. Pero sería ingenuo pensar que este es el principal factor explicativo. Cada cual es responsable de sus decisiones, y cuando los Comunes eligen al PSC como socio, y se cierran en banda al diálogo sobre cómo superar el bloqueo constitucional al derecho a decidir, lo hacen conscientemente. Quizás ha habido un debate interno, discreto, que han ganado los sectores más anti-independentistas. O quizás es fruto de un cálculo electoral un tanto chapucero, sobre cuáles son sus espacios de crecimiento potenciales. Está claro, que esta retirada también podría ser fruto de las ambiciones políticas estatales de alguno o alguna de sus dirigentes. O, más sencillamente, del descubrimiento que, al fin y al cabo, el statu quo no está tan mal cuando gobiernas tú,.
Sin embargo, el hecho es que con la respuesta que dan al escenario posterior al 26J y a los movimientos hacia el referéndum del independentismo, se hace difícil pensar que pueda haber espacios de entendimiento y de encuentro. Al menos, a corto plazo. Más bien vamos hacia el escenario contrario, con episodios de confrontación como la operación mediática en torno a la elección de la mesa del congreso, que tuvo su zenit con un diputado de En Común Podem (el miembro de Podemos, Raimundo Viejo) responsabilizando a ERC de ofender a la memoria de las víctimas del accidente de tren en Galicia después de las votaciones a la Mesa del Congreso. En cualquier caso, ahora la estrategia es muy transparente: no hacer nada que pueda alimentar un proceso que les resulta incómodo, dejarlo morir por inanición y, mientras tanto, seguir esperando al 2020 para asaltar, ahora sí, los cielos. Para justificarla, eso sí, es imprescindible sobredimensionar las expresiones más grotescas del independentismo y despreciar el giro a la izquierda y el progresivo pero ya imparable cambio de hegemonía que se da en el espacio del soberanismo.
Es una estrategia tan comprensible como legítima. Ahora bien, hay que ser conscientes que, a corto plazo, implica un obstáculo importante para la resolución del conflicto democrático que plantea la existencia de una gran demanda independentista en Catalunya que no encaja con el actual ordenamiento jurídico. Sin un entendimiento entre ambos espacios, difícilmente habrá una solución democrática en un plazo razonable. Y esto alargará el actual ‘proceso’ (y también el procesismo) más allá de lo que sería recomendable. Y, sobre todo, blinda el statu quo constitucional del régimen del 78 que, ciertamente, respira aligerado.
Además este alejamiento también tiene otra implicación, que no es menor. Puede hacer imposible la articulación de un bloque histórico por el cambio social en el gobierno de Catalunya. Si leemos con un poquito de atención las correlaciones de fuerzas, es evidente que esto sólo sería viable a partir de un acuerdo entre las izquierdas independentistas y las no-independentistas. Un acuerdo que, obviamente, en el punto en el que estamos, sólo puede pasar por el ejercicio efectivo del derecho a decidir.
Sin eso, a lo sumo, podemos aspirar al dilatamiento extenuante del proceso y a una versión renovada, y más compleja, de la vieja dualidad entre el pujolismo y el PSC de los años ochenta. Diferentes versiones del acuerdo ERC-CDC gobernando la Generalitat, y diferentes versiones del pacto Comunes-PSC mandando en los ayuntamientos metropolitanos y en la Diputación de Barcelona. Excepto, claro está, que la audacia del independentismo consiguiera crear un terremoto político de suficiente intensidad como para obligar a todos los actores a moverse.
2/08/2016
http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2016/08/02/els-comuns-i-lindependentisme-punt-i-seguit/
Traducción para Viento Sur: Àngels Varó
Los Comunes, el ‘procesismo’ y la conquista de nuevas soberanías
Gerardo Pisarello
Hace unos días, Jordi Muñoz publicaba en CRÍTIC un interesante y razonado artículo sobre la compleja relación entre los Comunes y el independentismo. Este texto apareció entre las votaciones a la mesa del Congreso y la polémica generada por el anuncio de una exposición sobre la impunidad del franquismo en el Born. Desde entonces, las tensiones entre el mundo de los Comunes y ciertos sectores del independentismo han aumentado de manera significativa. Muchas de estas tensiones son parte del juego político y no deberían magnificarse. Pero también es necesario buscar alternativas que desbloqueen el escenario actual y contribuyan a un cierto entendimiento entre quienes defienden el cambio social y la radicalidad democrática. El objetivo de este artículo es ofrecer algunas ideas en este sentido y dialogar con las tesis que Muñoz defiende en su texto.
Las razones de las tensiones entre el mundo de los Comunes y una parte del independentismo son variadas. En opinión de Muñoz, hay una parte “ruidosa” del independentismo que tiene animadversión por los Comunes, no tanto porque no sean independentistas, sino fundamentalmente “porque no son de izquierdas”. Estas voces constituirían el grueso de quienes, desde las redes sociales o desde los medios de comunicación, “contribuyen, con frecuencia, a crear un ambiente irrespirable”. En cambio, habría todo un segmento de independentistas de izquierdas que han mirado con simpatía este espacio, que querrían un entendimiento, pero que progresivamente se están alejando por los silencios y ambigüedades de los Comunes sobre la cuestión nacional. Esta descripción tiene elementos innegables de verdad, pero admite algunos matices.
El ‘procesismo’ como problema
Hay buenas razones, de entrada, para sostener que las críticas contra los Comunes no tienen que ver estrictamente con su posición sobre la independencia.
Tanto Barcelona En Comú como En Comú Podem han defendido siempre el derecho de autodeterminación, que incluye el derecho a la independencia. Asimismo, cuentan entre sus filas a mucha gente no independentista, pero también a gente que lo es. El punto de conflicto, por tanto, no es exactamente este. No tiene que ver tanto con el supuesto “anti-independentismo intenso e insistente” de los Comunes del que habla Jordi Muñoz, como con su desconfianza abierta hacia el “procesismo”. O dicho de una manera menos equívoca: el rechazo de una hoja de ruta acordada por Junts pel Sí y (en parte) por la CUP, que permite a Convergència Democràtica per Catalunya (o al Partit Democràtic de Catalunya) mantener la dirección del Gobierno catalán y buena parte de su hegemonía cultural y económica, en su momento más delicado como partido político.
Efectivamente, muchas de las invectivas dirigidas contra los Comunes en los últimos tiempos son críticas partidistas. Provienen sobre todo de sectores conservadores y de derechas, pero también de una parte creciente de las izquierdas independentistas. Estas críticas obedecen a diferentes factores, pero están ligadas, como el mismo Jordi Muñoz admite, a la “competencia electoral entre espacios contiguos”.
Muchas de las tensiones entre los Comunes y ciertos sectores del independentismo no se entenderían sin lo que Jordi Muñoz denomina “la mala gestión del post 27-S” y sin los resultados de las elecciones generales del 20-D y del 26-J. Estos comicios hicieron emerger una realidad sociológica y electoral no contemplada por el relato político dominante en Catalunya hasta ese momento. Una realidad que, en mi opinión, va más allá del “tradicional voto dual” al que se refiere Muñoz. Ciertamente, una parte del voto de En Comú Podem procede de electores que se declaran independentistas (entre el 30 y el 40%, según datos publicados por CRÍTIC).
Pero esto no quiere decir que estos electores no se sientan parte de los Comunes o que compartan una hoja de ruta que, al no cuestionar el papel preponderante de CDC, dificulta, no ya obtener la independencia, sino la conquista de espacios concretos de soberanía (habitacional, educativa, energética) y el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación.
Aquí reside, creo, uno de los puntos más discutibles de la argumentación de Jordi Muñoz. No reconocer que el problema de los Comunes no es tanto con el independentismo como con el “procesismo”. En el fondo, las discrepancia fuertes de los Comunes no tienen tanto que ver con el “qué” (referéndum no necesariamente acordado, proceso constituyente, república catalana) como con el “cómo” (hacerlo ya, a través de cualquier tipo de gesto, dejando que CDC pueda determinar el sentido del proceso).
En realidad, una hoja de ruta controlada por una CDC más o menos renovada, resulta una propuesta débil en términos soberanistas, ya que no es capaz de ser suficientemente transversal y de interpelar a las mayorías sociales del país (la Catalunya de comarcas y también la de las ciudades invisibles, metropolitanas, que más han sufrido con la crisis).
Y es una propuesta endeble porque la concepción convergente de la nación catalana continúa anclada en muchos de los registros elitistas y excluyentes del noucentismo. Esta concepción está reñida con lo que históricamente ha defendido la tradición rica y plural del catalanismo popular y social. La del republicanismo federal de libre adhesión de un Abdò Terrades, de un Roca i Farreras, de un Pi i Margall o de un Companys. La del catalanismo libertario de Seguí o Peirò. La marxista de Maurín o Nin. La socialista de Campalans y Serra i Moret. La socialista liberal de Rovira i Virgili. La comunista de Comorera. La antifranquista, obrera, vecinal y municipalista de la transición. La feminista de Montserrat Roig o Maria Mercè Marçal.
Una hoja de ruta que mantiene la hegemonía de CDC también es poco soberanista porque sus prioridades programáticas no son simples aspiraciones teóricas. Han marcado de manera efectiva el Gobierno de la Generalitat de los últimos años y han conspirado contra la soberanía fiscal (rebaja fiscal a los casinos) contra la soberanía educativa (reforzando el papel de las escuelas de élite) contra la soberanía económica (impulsando proyectos empresariales especulativos o ambientalmente nocivos, como Barcelona World).
De hecho, la relación del mundo convergente con el PP, a pesar de algunas sonoras batallas mediáticas, dista de ser tan lejano como se afirma en público. No sólo por las votaciones conjuntas que protagonizaron en ámbitos clave como las contrarreformas laborales o las políticas de austeridad. También por algunos intentos recentísimos de entendimiento, como los derivados de la fallida operación Homs, ejecutada sin pudor en pleno proceso de “desconexión”.
El pacto de Junts pel Sí y los pactos municipales
Jordi Muñoz insiste en que los Comunes no deberían subestimar el “giro a la izquierda” y el “progresivo pero ya imparable cambio de hegemonía” que se ha producido dentro del independentismo. Quizás. El problema, no obstante, es que esta hegemonía está lejos de haberse trasladado al Gobierno de la Generalitat (donde el propio Artur Mas mantiene a sus afines en puestos clave (en la secretaría de gobierno, en la consejería de empresa). Y esto es lo quita credibilidad a muchos actos de desobediencia que deberían producirse bajo la presidencia de CDC (que además –conviene recordarlo- se reservó el 60% de la lista de Junts pel Sí).
Mucha gente independentista reconoce que este escenario dificulta el acercamiento del mundo de los Comunes al procés. Pero recuerda que también los Comunes han aceptado pactar con el Partido Socialista de Catalunya (PSC), mostrando con esta decisión la renuncia a cualquier cambio de fondo. También aquí, la discrepancia es inevitable. Podríamos analizar ampliamente las causas del actual acuerdo de Gobierno en Barcelona; un acuerdo en el que el papel de ERC y de la CUP no es, como sostiene Jordi Muñoz, una cuestión menor. Lo que no es de recibo es tratar los pactos CDC-ERC en la Generalitat y Barcelona En Comú-PSC, como si fuesen dos acuerdos simétricos.
Las diferencias, de hecho, son notables. Junts pel Sí es una confluencia hegemonizada por CDC, que de esta manera se ha asegurado su preeminencia ni más ni menos que en el Gobierno de la Generalitat. En Barcelona, en cambio, el PSC se encuentra en una posición claramente minoritaria. En realidad, los acuerdos municipales tienen un sentido que no puede extrapolarse mecánicamente a otras escalas. ERC gobierna en minoría con el PSC en Montmeló; participa con el PSC de un gobierno liderado por CDC en Lloret; gobierna con el PSC en Caldes d’Estrac y gobierna a Sant Vicenç dels Horts con el apoyo de un grupo vinculado a Podemos, sin que nadie haya exigido ninguna ruptura.
Incluso la CUP gobierna con CDC en Cerdanyola y en Argentona con el PSC, y es conocida la buena relación existente entre el gobierno de Badalona, encabezado por una mujer independentista como Dolors Sabater, y el gobierno de Santa Coloma encabezado por una socialista como Núria Parlón.
Todas estas afinidades o acuerdos pueden cuestionarse o justificarse. Pero no implican que las fuerzas de izquierdas que los protagonizan hayan renunciado a sus propuestas de cambio. Y en ningún caso tienen la misma entidad que el actual pacto de Junts pel Sí en el Gobierno de la Generalitat.
Los límites de un Referéndum Unilateral de Independencia (RUI) bajo hegemonía de CDC.
El papel predominante de CDC también afecta la credibilidad de algunas alternativas políticas que últimamente se están poniendo encima de la mesa, como el llamado referéndum unilateral, oficial y vinculante.
Los Comunes siempre han defendido el referéndum como vía concreta de ejercicio del derecho a decidir y a la libre determinación. Para ser efectivo, este referéndum debe contar con las máximas garantías procesales y alcanzar una participación ciudadana amplia. En un Estado democrático, la mejor manera de conseguirlo sería a través de un acuerdo con el Gobierno estatal, como ocurrió en el caso de Quebec o de Escocia. Esto es lo que los Comunes y muchas entidades independentistas han defendido, mostrando que si hubiera voluntad política, una consulta de este tipo sería posible a través de la vía prevista por el artículo 92 de la Constitución española.
Ahora bien, cuando el gobierno del Estado bloquea de manera sistemática esta posibilidad, es totalmente legítimo plantear otras vías, no necesariamente acordadas con el Estado, para ejercer el derecho de autodeterminación. La clave es que estas iniciativas garanticen condiciones justas e imparciales de votación (con funcionarios, observadores, instancias efectivas de control) impliquen a sectores amplios de la población y obtengan el reconocimiento, al menos, de otras fuerzas políticas e instancias estatales y/o internacionales. En definitiva, debería ser un referéndum o una consulta, no necesariamente acordados, pero sí suficientemente reconocidos por aliados internos y externos que refuercen su efectividad
No está nada claro que CDC quiera o sea capaz de impulsar un referéndum de este tipo u otras medidas de desobediencia masiva capaces de forzar al Estado a negociar. De momento, sólo se ha comprometido con un inconcreto “mecanismo unilateral democrático”, al tiempo que ha dado apoyo explícito a leyes antisociales del PP, ha impulsado numerosas medidas conservadoras en el Parlamento de Catalunya (como el ya aludido apoyo a las escuelas concertadas de élite o a las pistolas Taser) y no ha dejado de buscar acuerdos con el Gobierno estatal para mantener grupo parlamentario propio.
Es más, incluso si CDC se atreviera a convocar una consulta de este tipo, es dudoso que consiguiera implicar a un sector amplio de las capas populares del país. Unas capas que, por razones obvias –los recortes, los vínculos de CDC con la corrupción- no quieren dar más aire, no ya a la independencia como opción, sino a un gobierno encabezado por la derecha.
Confiarlo todo a la represión estatal, a la lógica del “cuanto peor, mejor”, tampoco parece una buena estrategia. Por un lado, porque el mismo Estado ha aprendido a dosificar sus iniciativas autoritarias. Por otra parte, porque sin la implicación de una parte sustancial de las clases populares y medias del país, y sin la simpatía de las clases populares y de otros sectores progresistas del resto del Estado y de Europa, es muy difícil que una iniciativa legítima como la de un referéndum no acordado pueda provocar el “terremoto político” que desea Jordi Muñoz. En cambio, existiría el riesgo cierto de convertirla en una reedición degradada y con efectos limitados de la consulta del 9-N.
Las elecciones constituyentes como alternativa
Es en este punto donde Jordi Muñoz (y mucha otra gente) tiene derecho a dirigirse al mundo de los Comunes para preguntar: ¿cuál es, pues, la alternativa? ¿No hacer nada? ¿Limitarse a gestionar dentro de los estrechos límites jurídicos y políticos del régimen constitucional vigente?
La respuesta, en mi opinión, debe ser claramente negativa, y debería incorporarse a las prioridades organizativas y estratégicas de los Comunes. No aceptar la hoja de ruta “procesista” no implica resignarse al bloqueo del PP, mantener el estatus quo o, como apunta Muñoz, sentarse a esperar que todo se estrelle para continuar con las políticas de siempre. Hay alternativas. Preparar el escenario para un futuro entendimiento entre las diferentes fuerzas soberanistas del país, independentistas y no independentistas, con hegemonía de las izquierdas, que es lo que según las encuestas y los últimos resultados electorales, se ajusta mejor a la realidad de Catalunya.
Ahora bien, para que eso pueda pasar, es fundamental cambiar la actual correlación de fuerzas en la calle y en las instituciones catalanas. Y eso no implica sumarse, sin más, a la hoja de ruta actualmente en marcha. En una democracia representativa, la única manera de cambiar la correlación de fuerzas institucional es a través de unas nuevas elecciones. Las urnas, obviamente, no lo cambian todo. Mucho menos si no hay presión en la calle. Pero sirven para contar y para acabar decidiendo de otra manera. Como ya ha pasado el 20-D o el 26-J, unas nuevas elecciones permitirían certificar la pérdida de hegemonía de CDC y establecer las bases para un entendimiento entre diferentes fuerzas de izquierdas.
Para que esto sea posible y tenga un sentido transformador, las próximas elecciones no pueden ser simplemente autonómicas. Deberían ser, como ha insistido recientemente Xavier Domènech, unas elecciones políticamente constituyentes. Es decir, unas elecciones a un Parlamento que, junto a sus funciones legislativas ordinarias, certifique el agotamiento del modelo autonómico y el bloqueo ejercido por el PP y elabore un marco jurídico soberano para Catalunya.
Avanzar hacia una República o un Estado propios, pero desde otra correlación de fuerzas.
Para ser realmente constituyentes, unas elecciones de este tipo deberían venir precedidas por un debate informado y plural sobre el modelo de país que la población de Catalunya desea y necesita.
Pero un debate realmente constituyente no puede ser diseñado, como pasa ahora, exclusivamente para quien quiere un Estado independiente. Debería dirigirse a la mayoría social, a las clases trabajadoras y a los sectores medios, independentistas y no independentistas, que creen que el pueblo de Catalunya debe poder decidir soberanamente el alcance de su autogobierno y la manera de relacionarse con el Estado.
Frente al bloqueo del PP, esta defensa del autogobierno no puede consistir en el mantenimiento del estatus quo o en la simple defensa del actual Estatuto de Autonomía. Al contrario, exige avanzar hacia una propuesta de Constitución por un Estado o una República propios.
Este Estado o República soberano podría plantear, libremente y en condiciones de igualdad, una unión federada o confederada con España o con los diferentes pueblos peninsulares y europeos. La fórmula concreta dependería de los debates y de las movilizaciones constituyentes previas, de la configuración política del nuevo Parlamento y de la ratificación final mediante referéndum del texto resultante. Pero comportaría, sin dudas, una impugnación en toda regla del corsé centralizador en que se ha convertido el régimen constitucional español.
Es obvio que la propuesta de un Estado propio, de una “República catalana del 99%” libremente federada o confederada con otros pueblos, difícilmente podría prosperar en una España monárquica, gobernada por fuerzas centralizadoras y autoritarias dispuestas a servirse de las cloacas del Estado para ahogar cualquier iniciativa democratizadora que cuestione su poder.
Para eso, un proceso constituyente no subordinado, o un referéndum de ratificación constitucional, necesitarían, como cualquier iniciativa soberana, aliados. De aquí la importancia de que el proceso constituyente catalán consiga estimular otros debates y movilizaciones constituyentes complementarios: en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía, en Madrid, en el País Valenciano y en el conjunto del Estado.
Esto permitiría que el reclamo de una República catalana social y democrática pueda fortalecer y alimentarse de los anhelos republicanos existentes entre las gentes y pueblos peninsulares, o de la aspiración de una República española o ibérica, igualmente social, democrática y respetuosa con la plurinacionalidad y con el derecho a la libre determinación de sus pueblos y su gente (la propia Ada Colau apuntó en esta dirección cuando sostuvo que su ideal sería una República catalana libremente federada con una República española plurinacional).
La conquista de soberanías libremente compartidas
En un escenario así, el énfasis no se pondría tanto en la unilateralidad como en la no subordinación. Más que en la idea de desconexión, en la ampliación de la idea de soberanía, es decir, en la conquista de espacios de decisión propios que pueden ser libremente compartidos. La insistencia en la conquista de soberanías –laboral, energética, habitacional, tecnológica– que se pueden compartir libremente no se compadece bien con el “nosotros solos”, el “ya se las arreglarán”, o peor, el “que se fastidien”. Por el contrario, obliga a plantear abiertamente la necesidad de alianzas y la fraternidad entre los pueblos y sus gentes, comenzando por los que más están sufriendo la crisis, así como el reconocimiento y la coordinación de muchas luchas comunes –contra la corrupción y la precariedad, por las libertades políticas y los derechos sociales y laborales, por la sostenibilidad ecológica, por la igualdad de género, por el reforzamiento del municipalismo.
Esta conquista de soberanías podría comenzar a realizarse ya, en el marco legal vigente –de hecho, hay muchas leyes urgentes que el Parlamento de Catalunya podría haber aprobado- pero sin duda exigiría desbordarlo. Esto hace que esta propuesta pueda ser objeto de las mismas objeciones que se dirigen al RUI o a otras iniciativas que se sitúan fuera del marco legal estatal, ya que también corre el riesgo de ser bloqueada por el gobierno central o el Tribunal Constitucional y de verse reducida a un gesto político con escasas consecuencias prácticas.
Esto es cierto. La diferencia, creo, es que unas elecciones constituyentes, y una eventual alianza soberanista amplia, con hegemonía de las izquierdas, estarían en mejores condiciones que el actual “proceso” de generar una fuerza social capaz de modificar efectivamente la realidad y de obligar al Estado, llegado el caso, a negociar.
Y esto, por diferentes razones. En primer lugar, porque de mantenerse las tendencias electorales actuales, sería muy probable que unas elecciones constituyentes faciliten el sorpasso de las izquierdas, independentistas y no independentistas, ampliando el apoyo y la fuerza social del soberanismo. En segundo lugar, porque un proceso de este tipo, hegemonizado por posiciones de izquierda, despertaría muchas más simpatías entre las clases populares y las fuerzas progresistas del resto del Estado, de Europa y del mundo. Finalmente, porque un proceso constituyente realmente abierto a independentistas y no independentistas permitiría neutralizar el autoritarismo del PP y del nacionalismo españolista, al tiempo que conjurar el tono de superioridad moral que a menudo destilan algunas posiciones nacionalistas en Catalunya.
Las condiciones para una movilización y un debate constituyentes
Esta propuesta, evidentemente, no coincide con la hoja de ruta –de momento excluyente– pactada hace unas semanas por Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento de Catalunya. Pero permite buscar algunos puntos de encuentro y mostrar que la noción de “proceso constituyente no subordinado” puede ser algo más que un “artefacto retórico difícil de descifrar”, como sugiere con agudeza Jordi Muñoz.
Naturalmente, la apertura de esta vía en Catalunya exigiría una movilización y un debate ciudadano, popular, intensos, que cuestionen las prácticas de corrupción y las políticas de austeridad de estos años, y que reconozca el papel de las clases populares, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen, en la construcción de un nuevo país, más justo y democrático. Y también reclamaría, obviamente, una rehabilitación de los puentes y del diálogo entre los mundos de los Comunes, de la CUP, de ERC, e incluso de aquellos sectores socialistas (dentro y fuera del PSC) dispuestos a reaccionar y a sumarse al cambio.
Esta alternativa tampoco implicaría, por supuesto, que otras fuerzas soberanistas, como el nuevo PDC o Demòcrates de Catalunya, deban desaparecer o ser excluidas. Por el contrario, un escenario de este tipo contribuiría a su refundación real y les daría la oportunidad de mostrar su lealtad a la voluntad del pueblo de Catalunya, incluso en caso de perder su posición hegemónica.
No se trata de un camino sencillo. Pero representa, creo, una de las pocas alternativas realistas, a corto y mediano plazo, al programa antisocial y centralista del PP y de C’s, al inviable reformismo de mínimos del PSOE y a la limitada hoja de ruta impulsada por el “procesismo” actual en Catalunya.
Ciertamente, articular una nueva estrategia soberanista exige una coordinación adecuada de los tiempos de todos los actores concernidos. Ir demasiado despacio o querer acelerarlo todo a cualquier precio, puede tener consecuencias contraproducentes y acaso irreversibles. Tampoco es fácil pensar la coordinación entre las diferentes fuerzas implicadas en estos cambios. De hecho, muchas de ellas se están constituyendo o refundando, tanto en Catalunya como en el ámbito estatal. Los propios “Comunes” son, ahora mismo, una realidad en construcción, presente en Barcelona y en las Cortes españolas, pero pendiente de constituirse en el conjunto de Catalunya.
Como el mismo Jordi Muñoz admite, algunas tensiones que hemos visto en los últimos días, no facilitan las alianzas aquí propuestas. Pero estas actitudes, lejos de recluirnos en la resignación o en la parálisis, deberían hacernos reaccionar. Y sobre todo, nos deberían obligar a tender todos los puentes que sean necesarios, una y otra vez. Los mismos puentes a los que apelaba Lluís Companys en 1934 cuando, ante la amenaza de una regresión autoritaria y centralista, invocaba “el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una república libre y magnífica”.
09/08/2016
Traducción del autor con algunas modificaciones en relación con el texto catalán