Desahucios: Primeras reacciones ante la victoria de los afectados en los Tribunales de la UE. Dossier

Ada Colau

Joaquim Sempere

17/03/2013

 

"Lo que hay que hacer de manera urgente e inmediata es cambiar la ley hipotecaria"

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha asegurado que la solución a los desahucios "no está en los juzgados" si no en el marco legislativo, ya que si el Tribunal Superior de Justicia Europeo ha dictado en su fallo que se trata de una norma "ilegal", lo que hay que hacer "de manera urgente e inmediata es cambiar esa ley".

En declaraciones a los medios (ver video), la portavoz de la PAH ha manifestado que pese a que se trata "de un paso muy importante" que ha dado "la razón" a la ciudadanía, lo que hay que hacer ahora "es traducir esta sentencia en hechos concretos". "Evidentemente esto va a tener unas estrategias en los juzgados. Vamos a interpelar a los jueces, a los abogados que llevan las causas de las personas afectadas para que lleven a paralizar los procedimientos", ha manifestado Colau.

Preguntada por la decisión adoptada por el Ejecutivo en Consejo de Ministros en materia hipotecaria, Colau ha manifestado que es "una vergüenza" que el Gobierno "esté cediendo una vez más a la presión de las entidades financieras" en vez de "escuchar" la demanda ciudadana y pide al Gobierno que escuche y acate la sentencia.

En este sentido, Colau ha lamentado que el Gobierno "intente suavizar y desvirtuar" el "espíritu de fondo" del fallo judicial, que lo que recoge es "un problema grave de fondo estructural en el procedimiento de indefensión de las personas afectadas".

Según la portavoz, es "escandaloso" y se trata de "un insulto a las personas afectadas" por lo que ha exigido que "dejen de marear la perdiz" y escuchen la demanda ciudadana.

La portavoz de PAH ha recordado que existen unas propuestas que "cuentan con un apoyo mayoritario de la ciudadanía" como son la ILP, la dación en pago, la moratoria de desahucios y el alquiler social, que de no ser aprobadas tras el fallo del tribunal europeo, los ciudadanos "no entenderían" que no se aplicase "de manera inmediata".

"Son
medidas de mínimos que no resolverían todo en absoluto pero permitirían hacer
un borrón y cuenta nueva con los problemas más urgentes de las deudas y la vivienda".
Tras este paso, se dispondría de "una ley que si sea justa" para
poder "encarar los procedimientos futuros".

Ada Colau es la portavoz
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

http://www.europapress.es/nacional/noticia-ada-colau-hay-hacer-cambiar-ley-hipotecaria-20130316134550.html

 

El Tribunal de
Justicia de la UE declara ilegal la ley de desahucios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un varapalo a la normativa española sobre desahucios, confirmando la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años. La sentencia del TJUE, de obligado cumplimiento para los jueces españoles, pasa por encima incluso de la normativa estatal y concluye que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa. La ley actual no da al afectado mecanismos de oposición efectivos para hacer valer sus derechos en el marco del procedimiento de ejecución actual.

Los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata, puesto que la normativa que los regula es ilegal.

La sentencia da importantes facultades de actuación en los procesos vigentes a los jueces. La declaración del procedimiento como ilegal abre amplias vías para alegar la nulidad de los procedimientos que se han tramitado hasta ahora.

Ha tenido que ser un tribunal europeo quien se pronuncie ante la impasibilidad de un Gobierno y de un Parlamento ciegos y sordos, incapaces de atender el clamor popular y dar solución al drama social que los desahucios han provocado y siguen provocando hoy. El TJUE da también con esta sentencia una bofetada al Tribunal Constitucional español, el cual venía avalando un procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha demostrado claramente ilegal.

Las inmediatas estrategias jurídicas posibles ante el fallo del TJUE serán analizadas este sábado en una reunión de abogados de la PAH.

La sentencia es un respaldo al contenido de la Iniciativa Legislativa Popular, cuyas medidas se habían cuestionado por su carácter retroactivo. A la luz de la doctrina del TJUE la retroactividad no solo es una posibilidad reconocida en la Constitución, sino una necesidad. Una necesidad ya que se plantea la nulidad de las ejecuciones hipotecarias realizadas desde el año 1993, fecha de la Directiva en la que se basa la sentencia para declarar ilegal el procedimiento español. No puede sostenerse que una persona sea condenada a pagar una deuda perpetua derivada de un procedimiento ilegal.

Esta sentencia reafirma la importancia de la movilización ciudadana a favor de las medidas de la ILP, unas medidas de mínimos que se están debatiendo en el Parlamento, y las cuales dan respuesta a los planteamientos de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.

¡Sí Se Puede!

Comunicado del equipo
jurídico de la PAH

http://afectadosporlahipoteca.com/2013/03/14/europa-declara-ilegal-la-ley-espanola-de-los-desahucios/

 

Un primer revés para la oligarquía financiera

La ILP presentada al Congreso y avalada por más de 1.400.000 firmas pedía que se legislara la dación en pago para saldar hipotecas en caso de no poder pagarlas y la opción del deudor a conservar la vivienda durante cinco años pagando un alquiler, evitando así el desahucio. Mereció el desprecio de la mayoría parlamentaria y del gobierno del PP, que tuvo la desfachatez de alegar que generaría “inseguridad jurídica”. Al gobierno le preocupa que los inversores gocen de seguridad jurídica para ir engrosando sus beneficios y le importa un bledo la inseguridad jurídica, económica, familiar y vital de la gente corriente.

Pero el PSOE quitó también importancia a la ILP cuando se opuso, con el PP, a la comparecencia ante la Comisión del Congreso del magistrado José Mª Fernández Seijo, el mismo que, al elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido el desencadenante del dictamen de este organismo que establece que con la actual legislación española sobre hipotecas no se garantiza suficientemente la protección de los deudores frente a cláusulas abusivas de los bancos. Según el dictamen de este alto tribunal los jueces pueden paralizar un desahucio antes de que se haga efectivo, incluso sin denuncia de la víctima, actuando de oficio.

La conducta autoritaria es servil con los de arriba y prepotente con los de abajo: ésta ha sido la reacción inmediata tanto de la patronal bancaria como del gobierno de España. Uno y otra se habían opuesto con ahínco, ferocidad y desprecio a las propuestas de la ILP, avalada por una insignificante y despreciable ciudadanía. Al conocerse el dictamen del TSUE, en cambio, no han tardado en reaccionar diciendo la patronal que considera el dictamen “constructivo y razonable” y el gobierno que va a incorporar su contenido a una nueva ley hipotecaria. Tratándose de quien se trata haremos bien en observar con lupa cuáles son los pasos que vayan a dar y no darles respiro hasta que se logre una solución humana aceptable a la situación, sin olvidar a quienes ya han sido desahuciados y arrastran deudas insoportables, además de haber vivido un infierno durante meses o años.

Un logro importante de este dictamen –suponiendo que se aplique como se debe— es que da a los jueces la oportunidad de detener la ejecución de los desahucios cuando se detecten cláusulas abusivas. No obstante, me quedan varias dudas: ¿todos los jueces implicados actuarán con el criterio de dar preferencia a una necesidad humana básica –el acceso a una vivienda digna— sobre los privilegios del dinero? ¿Cómo se interpretará si una cláusula es o no abusiva?

En cualquier caso, es evidente que este dictamen va a evitar muchas situaciones trágicas y seguramente a salvar unas cuantas vidas. En sí mismo es ya una victoria de las Plataformas de Afectados por Hipotecas y un revés para la banca y su gobierno títere.

Hay quien dice que esto empeorará la situación de quienes pidan hipotecas porque los bancos van a endurecer los requisitos para concederlas y a aumentar los intereses. A este argumento se puede replicar que si esto ocurre –como es probable tratándose no de una banca pública, sino de una banca privada orientada a hacer negocio— seguramente no es malo en sí mismo, pues una solución más razonable al problema del acceso a la vivienda es el alquiler. Las autoridades debieron priorizar la construcción de un parque suficiente de vivienda de alquiler –“social” o no— en vez de ceder a la alianza de dos de los sectores más poderosos del gran capital español: las grandes constructoras y la gran banca. Ambos sectores tienen un enorme interés en promocionar la vivienda de propiedad y la consiguiente necesidad de crédito para financiar su adquisición. Esta alianza ha sido, sin duda, el origen de la burbuja inmobiliaria y los males consiguientes a su estallido.

La Europa que tenemos no es atractiva ni recomendable por la inspiración claramente neoliberal de sus esquemas de funcionamiento. Pero en algunas cosas aún nos puede ser útil; la razón es que nuestra oligarquía financiera y sus servidores políticos son tan prepotentes, tan faltos de una mínima sensibilidad democrática, que sus modales chocan con los criterios de respeto a la ciudadanía que en otros países europeos se dan por descontados.

Se han ganado posiciones. Pero sigue la guerra para lograr que las personas, sus necesidades y su dignidad estén incondicionalmente por encima del poder del dinero.

Joaquim Sempere es Profesor emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona

http://blogs.publico.es/dominiopublico/6685/un-primer-reves-para-la-oligarquia-financiera/

Fuente:
Varios

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