Joaquim Sempere
18/11/2012
Si bien en los primeros nueve meses de 2012 ha presentado unos beneficios de 2.800 millones, Telefónica tiene en marcha desde 2011 un ERE para suprimir en tres años 6.500 puestos de trabajo un 20% de la plantilla, con prejubilaciones a partir de los 53 años. Antes de poner en marcha el ERE, la dirección procedió a despidos por baja médica, acogiéndose al artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero en julio de 2010, que, entre otras cosas, permite a las empresas rescindir el contrato de un empleado si éste se ausenta por enfermedad. El 4 de febrero de 2011 los empleados Marcos Andrés Armenteros, de Barcelona, y Mari Cruz, de Madrid, reciben una nota en que se les comunica la rescisión del contrato por faltas de asistencia al trabajo. En el caso de Marcos, la empresa reconoce que su incapacidad temporal está justificada por el médico de la Seguridad Social, pero esgrime el argumento de su falta de rentabilidad como empleado. Marcos no acepta la decisión; lleva la empresa a juicio; el juzgado del contencioso nº 4 de Barcelona dictamina que el despido es nulo y Marcos se reincorpora al trabajo. Pero la empresa recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que da la razón al trabajador, pero califica el despido como improcedente (retirando la calificación de nulo), lo que permite a Telefónica negarse a readmitir a Marcos. Éste, como respuesta, se declara en huelga del hambre, y cinco compañeros se suman a su protesta. La huelga del hambre empieza el 5 de noviembre. En una carta a sus compañeros, Marcos manifiesta su repulsa a Telefónica por haberlo dejado a la intemperie después de 22 años en la empresa, y avisa de que se toma con él y su compañera de Madrid una acción ejemplar de amenaza a todo el resto de la plantilla: es inhumano y de gran bajeza moral utilizar a dos personas con el objetivo de coaccionar a millares. Y añade: Tal vez creen que nos han expulsado de Telefónica, pero mientras vosotros no nos expulséis de vuestra memoria, nunca estaremos del todo despedidos.
Pero la bajeza de Telefónica llega más allá. Según testimonio de periodistas de distintos medios de Barcelona, sus empresas se han visto sometidas a la amenaza de retirar la publicidad a quien se atreva a publicar en sus páginas o en sus ondas cualquier noticia sobre la huelga del hambre. El resultado: la noticia no ha aparecido en ningún medio convencional. Es urgente difundir por todos los medios posibles esta noticia, este abuso inaceptable de los derechos laborales y este ataque a la libertad de expresión e información.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.