Shaila Rosagel
13/12/2016
10 años de guerra | La población mexicana ha debido defenderse por mano propia “ante un Estado fallido” que no garantizaba su seguridad. En Michoacán surgió el primer movimiento de las llamadas autodefensas, que pronto se extendieron por la entidad. También surgieron en Guerrero, bajo el nombre de policías comunitarias, y pueblos enteros se levantaron y continúan levantándose en armas para defenderse de los abusos de las bandas del crimen organizado y de las autoridades que encontraron en los civiles una fuente de ingresos a través de la extorsión, el secuestro y la trata de personas.
En febrero de 2013 se escribió un nuevo capítulo en la historia de México: en La Ruana, Michoacán, apareció el primer grupo de civiles armados denominados policías comunitarios y ese mismo mes, en Tecapaltepec, un grupo de tres mil pobladores, encabezados por José Manuel Mireles Valverde, médico cirujano, se levantó en armas y se atrincheró para defender a sus mujeres y niños del grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Pronto los policías comunitarios dejaron de llamarse así para convertirse en los grupos de autodefensa, que surgieron por toda la región de Tierra Caliente, en territorio michoacano, como consecuencia de la violencia de la “guerra contra el narco” del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y la inacción de las autoridades locales que dejaba tras de sí pueblos saqueados.
A este movimiento le precedieron masacres como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, cometida por Los Zetas [en agosto de 2010], o la de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, y miles de víctimas desplazadas de sus pueblos por el acoso constante de los criminales que habían diversificado sus negocios y se dedicaban a la extorsión, secuestro y trata de personas.
En este contexto, en mayo de 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), liderado por el poeta y escritor Javier Sicilia Zardain, recorrió el país haciendo un llamado al Gobierno mexicano a detener la guerra contra el narcotráfico y a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia.
Este movimiento de resistencia civil pacífica fue exitoso, convocó a miles de mexicanos a las calles y a cientos de organizaciones civiles; su clímax llegó el 23 de junio de 2011 con el Diálogo por la Paz, realizado en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.
Entonces, Sicilia Zardain advirtió el horror y la falta de Estado de Derecho que vivía México. Habló de las víctimas, de los miles de muertos y desaparecidos y de un Estado fallido. También dijo que si no había una solución, el país pasaría de la resistencia pacífica a otras manifestaciones: a la justicia por la propia mano, como ocurrió apenas unos meses después del Diálogo por la Paz.
El Presidente Enrique Peña Nieto arribó en diciembre de 2012 al poder, pero con su llegada, y pese a que el nuevo Gobierno priista traía consigo una agenda de reformas estructurales, la violencia, la inseguridad, los muertos, los decapitados y el baño de sangre por todo el país continuaron, incluso con mayor intensidad.
En febrero de 2013, en Michoacán, surgió un movimiento armado que se extendería a otros estados y que puso en entredicho, abiertamente, la estrategia contra la inseguridad de Peña Nieto.
“Frente a la ausencia de un Estado de Derecho, en el estricto sentido de la palabra, la gente se pone en autodefensa; no puede permitir que ni el Estado, ni los criminales sigan sometiéndola. Es la respuesta de una población que no quiere ser sometida por la violencia. Todas estas manifestaciones de las no violencias del movimiento por la paz, hasta las armadas como autodefensas, son condiciones de ponerse en estado de defensa frente a la violencia. Es un principio de dignidad frente a la ausencia de seguridad por parte del Estado. Las poblaciones tienen que ponerse en defensa si no las arrasan. Ya hemos visto pueblos arrasados, como en Allende”, dice Javier Sicilia en entrevista con SinEmbargo.
Tony Payán, director del Centro de Estudios sobre México del Baker Institute for Public Policy de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, explica que la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto trató de alejar los reflectores del tema de la seguridad para evitar, como le sucedió a su antecesor, ser rebasado por el problema.
“Observaron lo que pasó durante la administración de Calderón y se dieron cuenta de cómo la administración quedó enmarañada en el tema de seguridad. Calderón decidió que su tema transversal sería la seguridad. Ellos estudiaron lo que pasó y vieron cómo un tema puede absorber completamente la agenda de una administración ante el público, los medios de comunicación, la atención y el enfoque de una administración. Ellos creyeron que eso no debería de pasar, y decidieron tomar una serie de medidas para que la administración Peña no fuera capturada por esta temática, que además había resultado en una masacre de más de 100 mil personas. Sin embargo el problema no estaba resuelto; me parece que es ahí donde erraron”, explica el investigador.
El problema que Calderón heredó a su sucesor no estaba resuelto de ningún modo y aunque el Gobierno de Peña Nieto buscó retirar los reflectores de la inseguridad que aquejaba al país, en 2013 el problema lo empezó a rebasar.
LA JUSTICIA POR PROPIA MANO
Mireles Valverde, el ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec hoy continúa preso y es considerado por organizaciones humanitarias como un preso político.
Mireles Valverde, quien se presentó como consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, expuso meses después de los levantamientos en una entrevista de 21 minutos realizada por a la Agencia SubVersiones los motivos por los que el pueblo tomó las armas.
Narró que el crimen organizado les exigía no sólo dinero por metro cuadrado de propiedad o por cada auto, sino hasta a sus esposas. Pero antes, a las hijas: “Y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”.
Antes de levantarse en armas en Tepalcatepec había alrededor de ocho ejecutados al día, de acuerdo Mireles Valverde.
En mayo de 2013, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, anunció la entrada del Ejército Mexicano a Michoacán y dijo que, a pesar de que la estrategia de seguridad a través del despliegue de fuerzas federales y militares en la entidad tenía similitud a lo ocurrido en 2006 en el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el plan del Gobierno que encabezaba Peña Nieto era distinto al de su antecesor en tres puntos importantes:
“La primera es una efectiva coordinación con el Gobierno del estado, el Ejército, La Marina, todos juntos con una estrategia común. Esa es una gran diferencia, no va la estrategia del Gobierno federal a imponerse sobre la estatal”, dijo el titular de la Segob.
A diferencia de lo que había ocurrido seis años antes, el Gobierno tenía objetivos claros, afirmó Osorio Chong: “Sabemos dónde, quiénes y qué tenemos que hacer”. En tercer lugar, explicó, la estrategia de seguridad buscaba la participación ciudadana en los barrios y las colonias de Michoacán.
El encargado de la seguridad en México dijo entonces que mantenían un diálogo pacífico con las policías comunitarias en esa entidad y que muy pronto el Ejército iniciará con un programa de desarme en la comunidad, pues la orden era clara: “Se les advirtió que nadie estará armado”.
“En el caso de Michoacán la llegada del Ejército ha causado beneplácito. Las policías comunitarias ya no tienen razón de ser y los estamos invitando participar”, dijo el secretario de Gobernación.
Pero Mireles afirmó que el operativo del Gobierno federal era sólo una simulación:
“Mientras el Gobierno federal no vaya por todos y cada uno de los líderes [del crimen organizado], esto va a seguir igual. Ellos saben dónde están, comen con ellos. Aquí nosotros estamos solos, no podemos ni salir porque nos matan, no podemos descuidarnos, las 24 horas del día estamos vigilando, porque si entran, acaban con el pueblo”, dijo.
Durante 2013 la guardia comunitaria de Tecapaltepec estuvo atrincherada, mientras que el pueblo entero se mantuvo en vilo y bajo amenaza de muerte.
No sólo se estaba levantando el pueblo de Mireles Valverde. En Aguililla y la Ruana, también en Michoacán, permanecía el pueblo levantado y con presencia del Ejército Mexicano. Pronto la violencia alcanzó a parte de Tierra Caliente que se ubica en el estado de Guerrero.
En julio de 2013 por lo menos 120 familias de tres localidades del municipio de San Miguel Totolapan, abandonaron sus comunidades por la inseguridad de la región.
La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que se trataba de habitantes de las localidades de El Cubo, El Terrero y El Guayabo.
Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, pero a pesar de la presencia de los militares, en menos de 24 horas aparecieron los cadáveres de cuatro hombres en la entrada de la población Catalina, en la ranchería El Limón.
“Los militares sólo cuidan las entradas y salidas de los pueblos. Si uno les avisa donde están, duran como tres o cuatro días para ir por ellos y cuando llegan, ya no están. Pero nosotros ya limpiamos nuestro pueblo y así vamos a permanecer, estamos cuidando y no los vamos a dejar entrar”, dijo Mireles en julio de 2013 en entrevista con este medio digital.
El 15 de enero de 2014 se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán a través del cual el Gobierno federal asumió la seguridad de la región. Ese día se anunció el desarme de las autodefensas.
Lo poderes de Michoacán no desaparecerían, pero se le quitaría la responsabilidad de la seguridad con la creación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán a cargo Alfredo Castillo Cervantes.
La nueva Comisión coordinaría a las policías municipales, estatales y federales y establecería los mecanismos de colaboración entre las procuradurías. Castillo Cervantes no sólo desarmó el movimiento de autodefensas, sino que llevó a prisión a Mireles Valverde, considerado hoy como un preso político por la sociedad civil.
LAS POLICÍAS COMUNITARIAS DE GUERRERO
En 2013, a la par que la violencia sacudía a Michoacán, en Guerrero los pueblos también empezaron a levantarse en armas bajo la figura de la policía comunitaria.
La desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos cimbró al Gobierno de Peña Nieto y marcó un antes y un después. Sin embargo, antes de que eso ocurriera había focos encendidos por toda la entidad que alarmaban sobre una violencia desmedida por la pugna entre los cárteles de la droga, la diversificación de sus operaciones y los grupos civiles armados que luchaban por impedir que la violencia devastara pueblos enteros.
En 2011, el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, anunció la operación Guerrero Seguro en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010, al pasar de 289 a 884 en un año. Pero el operativo sirvió de poco: al evaluar los resultados a un año de su anuncio, las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010.
Los ejecutados tan sólo en Acapulco pasaron de 50 al mes en promedio en 2010 a 142 en 2012, sin contar a los muertos de la poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica.
Como en Michoacán, la población abandonada a su suerte se armó gracias a la policía comunitaria que ya operaba en la región desde los años 90. Las policías comunitarias fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació la primera policía en Santa Cruz del Rincón.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.
Pero fue insuficiente. A partir de 2013 la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) se extendió. Los municipios de Xaltiaguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y otras localidades de la Costa Chica establecieron sus policías tradicionales, sumando a La Montaña y el Centro de Guerrero. En agosto de ese año más de 100 mujeres se levantaron en armas en Xaltianguis.
“Los pueblos se armaron para garantizar seguridad y velar por el bien de sus seres queridos. Es la expresión de ese vacío de parte del Estado para asumir su responsabilidad para velar por la seguridad de los mexicanos. La gente no tendría que dar ese paso, si las instancias de procuración de justicia asumieran su papel. La gente lo ve como una necesidad, nunca como una confrontación con el Gobierno”, dice el padre Mario Campos en entrevista con Sinembargo.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013 al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones se mantuvo en la media con un reporte de 174.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó a Acapulco en su ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2012, en el segundo puesto, después de San Pedro Sula, Honduras.
Para enero de 2014 Guerrero estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor fue secuestrado.
A la par, unos 500 policías comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores. Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y secuestrar a las personas de esa comunidad.
Ese mes miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán, cercana a Chilpancingo, para asumir el control y las tareas de seguridad.
El 29 de enero cerca de las 20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado en donde murió su nuera.
El entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, coincidieron en una Plenaria perredista realizada en Acapulco y dijeron que el atentado a Pioquinto Damián y el avance de las autodefensas en Guerrero eran “hechos aislados” y “para nada” se parecían a los sucesos violentos que ocurrían en Michoacán.
“Fue un hecho aislado, yo le puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre.
Jesús Zambrano declaró que la entidad gobernada en ese momento por los perredistas, estaba controlada y que lo sucedido a Pioquinto era un hecho aislado.
“Este estado que ha estado en el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.
Pero Zambrano y Ángel Aguirre enfrenaron en septiembre de ese año la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un escándalo internacional del que ni Peña Nieto ni los perredistas pudieron escapar.
La violencia no concluyó en Guerrero con el caso de los normalistas. Este año los pobladores continúan levantándose en armas. En noviembre unos 200 habitantes de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, tomaron las armas para defenderse del grupo criminal Los Tequileros.
El mes pasado, de acuerdo con un recuento del diario El Sur, en Guerrero se registraron 230 asesinatos con un promedio de 7.6 cada día. Durante los 11 meses de 2016 el número de ejecuciones atribuidas a la delincuencia organizada llegó a 2 mil 48, 25.8 por ciento más que en el mismo periodo de 2015.
El 30 de noviembre cuatro niños de siete, cinco, cuatro y dos años fueron raptados por hombres armados que irrumpieron en una vivienda en un poblado de Acapulco.
“Mientras no se vislumbre la seguridad, en Guerrero se va a seguir incrementando la defensa propia, no porque alguien lo promueva; la gente se está organizando porque no hay orden, seguridad y justicia. La gente no puede aguantar las amenazas, el cobro de piso, las extorsiones. No es por gusto que se quieran meter en eso, pero ellos ven que algo deben hacer”, dice el padre Mario Campos.
El sacerdote afirma que a pesar de la presencia de militares, en Guerrero siguen “los asesinatos, los secuestros, los levantones y los descuartizamientos”.
“Es muy claro, México es un Estado fallido: tenemos rezago económico, inseguridad, ahora con la migración. No hay un país con tranquilidad, en paz, con empleos, justicia”, precisa.
Mario Campos argumenta que encarcelar a la población que busca justicia por su propia mano, como ocurrió con José Manuel Mireles Valverde de las autodefensas de Michoacán, no es la solución porque la población continuará organizándose.
“El encarcelamiento de Mireles fue un acto desesperado del Gobierno, pero yo no veo un levantamiento contra el Gobierno, sino un levantamiento contra la delincuencia. Si la gente viera resultados, no lo haría”, dice.
MEXICO ES UNA "GRAN FOSA CLANDESTINA", DICEN LOS FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
Mientras poblaciones como Michoacán y Guerrero se levantaban en armas para defender sus vidas, la guerra contra el narcotráfico trajo consigo un fenómeno devastador para miles de familias mexicanas: la desaparición de personas de sur a norte del país por el crimen organizado.
Con Calderón la cifra tentativa se cerró en los 30 mil desparecidos y durante la gestión de Peña Nieto las cifras apuntan a que ya van 25 mil. Es decir, las familias de más de 55 mil mexicanos viven preguntándose en dónde están sus familiares, de acuerdo con datos de las organizaciones civiles que buscan a los desaparecidos.
Ante la ineficiencia de las autoridades mexicanas para buscar y encontrar a los miles de desaparecidos, las familias se han dado a la tarea de buscar con sus propias manos a sus hijos, hijas, hermanos, esposos, esposas en fosas clandestinas ubicadas a lo largo y ancho de la República Mexicana.
En Coahuila, Chihuahua, Nuevo Léon, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Estado de México… los dolientes han escarbado en la tierra con la esperanza de no encontrar cuerpos completos, sino al menos un hueso para confirmar que se trata de su familiar.
Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo Solecito –que aglutina a 90 familiares de desaparecidos en Veracruz – afirma que México es un Estado fallido, incapaz de ejercer una política de seguridad que proteja a los ciudadanos.
“Estos 10 años han sido terribles, pues saben que está mal lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Saben que hace mucho daño. Es algo que no les pega a ellos, a las élites y lo continúan haciendo. No sé qué más quieren para comprobar que el narco no ha disminuido, a todos los mandos les dieron licencia para matar y desaparecer”, dice.
García Henao asegura que el Gobierno mexicano ha prologando el terror en el país. Las familias de los desaparecidos ante la “indolencia, ineficiencia, ineptitud y mezquindad de las autoridades”, han tenido que buscar por su cuenta.
En agosto de este año, la periodista Sandra Rodríguez Nieto dio cuenta en SinEmbargo, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), que durante el sexenio de Calderon Hinojosa se encontraron 68 fosas con los restos de 378 personas y, con Peña Nieto el número de fosas clandestinas llegó a las 156 con los restos de 303 personas.
“Estas autoridades son buenas para descomponer, pero son incapaces de hacer nada. Cometieron el error de esta guerra y destruyeron el tejido social. En el caso de los familiares nos damos cuenta que estamos en medio de autoridades y delincuentes, y que nosotros tenemos que hacer la investigación, buscar financiamiento para nuestras búsquedas. No creo que este Gobierno inhumano pueda mejorar en algo”, considera.
DENUNCIA CIUDADANA Y HEDOR A MUERTE
La violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico generó, además de la resistencia pacífica, armada y el nacimiento de grupos de búsqueda de desaparecidos, otras expresiones de defensa propia como los linchamientos –que actualmente se dan con frecuencia en Oaxaca, Chiapas y en Estado de México–, y la denuncia anónima a través de las redes sociales; fenómeno que se originó en el norte del país con la página de Facebook “Valor por Tamaulipas” y un grupo de tuiteros que se organizaban para informar a la población sobre los movimientos de los criminales.
Pero esta última expresión de defensa trajo consigo muertes, secuestros y amenazas de personas que alertaban en sus ciudades sobre el peligro cotidiano como enfrentamientos armados. Una de las primeras víctimas fue el administrador de “Valor por Tamaulipas”, quien fue amenazado de muerte y a quien los criminales pusieron precio para poder dar con su paradero.
En septiembre de 2011 el crimen organizado cobró a una de sus primeras víctimas mortales por su activismo en redes sociales.
A pesar de que los grupos delincuenciales habían asesinado y desaparecido a decenas de periodistas por su labor informativa a través de medios de comunicación formales, a “La Nena de Laredo”, la periodista María Elizabeth Macías, la asesinaron por informar a través de las redes sociales sobre las actividades criminales.
La joven fue decapitada y abandonada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con dos teclados de computadora y una cartulina.
Tres años después, la entidad se sacudió por el asesinato de otra de las activistas de las redes sociales. La doctora María del Rosario Fuentes Rubio alias Felina @Miut3 fue secuestrada y asesinada en octubre de 2014
“Valor por Tamaulipas” confirmó su secuestro. Más tarde, en la cuenta @Miut3, apareció una foto de la doctora viva y después ejecutada.
Los criminales publicaron desde la cuenta de Felina lo siguiente:
@Miut3: AMIGOS Y FAMILIARES, MI VERDADERO NOMBRE ES MARÍA DEL ROSARIO FUENTES RUBIO. YO SOY DOCTORA, HOY MI VIDA HA LLEGADO A SU FIN.
@Miut3: NO ME QUEDA MÁS QUE DECIRLES QUE NO COMETAN EL MISMO ERROR QUE YO, NO SE GANA NADA, AL CONTRARIO HOY ME DOY CUENTA QUE
@Miut3: ENCONTRE LA MUERTE A CAMBIO DE NADA @Bandolera7 @civilarmado_mx @ValorTamaulipas ESTÁN MÁS CERCA DE NOSOTROS DE LO QUE CREEN.
@Miut3: #REYNOSAFOLLOW CIERREN SUS CUENTAS NO ARRIESGUEN A SUS FAMILIAS COMO LO HICE YO, LES PIDO PERDÓN”.
Para Javier Sicilia, un hombre que cree en la revolución pacífica, México ha tocado fondo y es un Estado fallido. Durante los últimos 10 años, a partir de la guerra de Calderón, el país ha visto el horror, pero puede ser aún peor. Quizás, si el rumbo sigue igual, lo más horrible esté por venir.
“Yo veo dos salidas: una es la continuación de la violencia a grados que ya son terribles; hemos visto limpiezas étnicas, social, sabemos lo que hacen Los Zetas y el Ejército, esto se va a recrudecer de forma brutal si no se refunda y se junta la reserva moral del país: las policías comunitarias, el movimiento del obispo Raúl Vera por el Constituyente, el EZNL [Ejército Zapatista de Liberación Nacional], el de Cuauhtémoc Cárdenas; es momento de sentarnos y hacer un programa de Gobierno de salida, una revolución no violenta y en 2018 tomar este país”, dice Sicilia.
Pero hay una segunda opción: la que tiene que ver con un recrudecimiento desmesurado de la violencia y la indignación. Si eso sucede, considera Javier Sicilia, se verán crímenes jamás vistos con el factor Estados Unidos y las deportaciones masivas que amenaza poner en marcha a partir del próximo año el presidente electo de ese país Donald Trump.
“Veremos asesinatos de gente que no podíamos imaginar ver asesinada. Va a ser un embudo por desgracia en el país; habrá limpieza social, los centroamericanos se van a querer varados acá y esto que ya es un infierno, será peor. Esperemos que la sociedad busque un camino no de no violencia”, dice.