Diez días que no cambiaron España (por ahora)

Jordi Borja

15/10/2017

Uno de octubre. El catalanismo, con más de dos millones trescientos mil ciudadanos de Catalunya y el 90% en favor de la independencia, ganó el desafío del uno de octubre. Votó el “referéndum ilegal” el 43% con la base del censo legal. La presión amenazadora de los aparatos del Estado hacía suponer que la mayoría de ciudadanos optaran por quedarse en casa. El inmovilismo político y las crecientes acciones represores de fiscales y recientemente la brutalidad policial del gobierno que preside Rajoy han ido acompañados de las campañas de los medios de comunicación más potentes, parte de la Judicatura convertida en Brigada política-social (propia del franquismo) y los diez mil guardias civiles y las policías dependientes del gobierno español que ocuparon Catalunya hacían presumir una voluntad de “represión preventiva”. Y así fue. A pesar de lo cual más de la mitad de la población fue a votar si tenemos en cuenta todos aquellos que no pudieron votar por la acción brutal de las policías, o por los ataques al sistema electrónico o por el secuestro de las urnas con votos depositados. Los más de dos millones de personas aguantaron largas hora de pie para votar y miles de ellos recibieron golpes y 900 fueron atendidos por heridas en centros sanitarios Fue un éxito de la ciudadanía. También destacó la extraordinaria capacidad organizativa de la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y centenares de entidades, escuelas, asociaciones, colectivos, voluntarios, etc. La ciudadanía derrotó a todos los medios represores y mediáticos que movilizó el gobierno español. Es muy probable que la reacción catalana ante la absurda y agresiva política del gobierno español ha aumentado el sentimiento independentista. Pero el éxito del independentismo del 1 de octubre es un éxito relativo. Y a corto plazo ya emerge un retroceso.

Un éxito, luego será la reacción. En primer lugar el actual y peligroso gobierno español está dispuesto a atacar por tierra, mar y aire o, dicho de otra forma, mediante la represión política-judicial. Es posible que proclame el estado de alarma, excepción y de sitio (art.116 de la Constitución) y la suspensión de las instituciones políticas catalanas (art.155). Dispone de un conjunto de leyes que aplica el Tribunal Constitucional que sigue las directivas del gobierno y le permiten tramitar con urgencia la detención de los promotores políticos y civiles, la inhabilitación de los cargos públicos, las cuantiosas multas e incluso el encarcelamiento de responsables políticos, los funcionarios públicos y los activistas sociales. Todos ellos pacíficos y en teoría protegidos por derechos básicos y constitucionales como el de expresión, el de iniciativa popular, el de participación política, los vinculados a la nacionalidad, etc. La represión política policial fue una prueba que dio la vuelta al mundo el uno de octubre: centenares de miles de personas, en todo momento pacíficamente, fueron agredidos por policías cargando contra gente de toda condición que solo querían expresar su voluntad de futuro. Desde este día gran parte de Catalunya está ocupada por “policías nacionales” y guardias civiles. Y se ha iniciado el envío de materiales militares como anuncio posible de presencia de los ejércitos. En pocas semanas se puede desestructurar o limitar radicalmente el entramado institucional y político catalán. Los partidos que se autodenominan “constitucionalistas” (PP, Ciudadanos y por ahora el PSOE) pagarán altos costes en Catalunya, aparecerán ante la mayoría ciudadana como “no catalanes”, algo similar a los monárquicos cuando triunfó la revolución francesa y fueron designados como del “partido de los extranjeros”. Y serán en gran parte responsables de la manipulación que inoculan odio a sectores de los españoles contra los “catalanes”. El poso independentista se mantendrá, pero los ciudadanos catalanes de hoy quedarían frustrados, derrotados y sometidos, quizás por bastante tiempo. Y los líderes políticos y civiles podrían ser penalizados, incluso con presidio y en todo caso inhabilitados, pero víctimas y héroes. Otra posibilidad es dar un paso atrás, retirar el DUI (declaración unilateral de independencia), pero se sancionará a los responsables, instituciones y partidos, entidades civiles y ciudadanos activistas. Y en el mejor de los casos se abriría un proceso de reforma constitucional que difícilmente satisfará al catalanismo mayoritario, incluso a muchos que no son independentistas pero aspiran a más libertad y más autogobierno. Es casi seguro que se limitarían las competencias para que en última instancia decidan el Gobierno español, las Cortes o el Tribunal Constitucional. Se consolidaría el paso atrás.

En segundo lugar la sociedad catalana, como cualquier otra, no es homogénea. Ni el catalanismo más o menos independentista es homogéneo ni lo es tampoco la otra mitad de los ciudadanos catalanes. Los hay que están radicalmente en contra de la independencia e incluso una parte (muy minoritaria) de ellos incluso rechaza el gobierno catalán. Pero otros creen que hay que mejorar el Estatuto de Catalunya u otras formas de relación, otros aceptan la independencia, pero les genera dudas y peligros, otros son indiferentes. El empresariado más potente ya han iniciado o programado el traslado de sus sedes sociales aunque por otra parte las empresas internacionales (no españolas) están continuando estableciéndose o ampliando su presencia en Catalunya y las clases altas tienden a rechazar el independentismo, pero no todos. Es posible que una parte de las clases medias, independentistas, puedan asustarse tanto por las medidas de represión política como por la multiplicación de riesgos económicos. El caso más delicado es el de los sectores populares, de bajos ingresos y en gran parte con orígenes de otras partes de España. La inmigración procedente de regiones españolas prácticamente se agotó a finales del los años 70 del siglo pasado, son los que hoy están ya jubilados y tienen hijos y nietos. Muchos de ellos sin embargo viven en barrios o pueblos donde predominan familias originarias de la inmigración aunque los de menos de 50 años se han integrado en mayor o menor grado en el mundo profesional y cultural catalán. Pero heterogeneidad la hay y tiene efectos sobre el independentismo. Según los datos del CEO de Catalunya los de rentas más bajas (por debajo de 1200€) el 60% no quieren la independencia. El mismo 60% se manifiesta igual cuando responden que viven con muchas dificultades. Los que han nacido en otras Comunidades Autónomas y viven en Catalunya el 82% (un grupo reducido) se oponen a la independencia. En las zonas territoriales donde se concentran sectores de bajos ingresos y de una población con antecedentes familiares no autóctonos, como en la periferia de Barcelona la participación es más baja: Hospitalet solo votó el 28,7%, en Badalona el 35%, en Santa Coloma de Gramanet el 21%. Y en el Tarragonés (la ciudad central y los municipios periféricos) solo votó el 28%. ¿Hay una fractura de difícil recomposición? Fisuras hay, en grados muy distintos, incluso escuela integradora y el conocimiento del catalán, la movilidad social ascendente, la participación en la vida ciudadana incluida la política, les lleva a comportamientos similares a los catalanes autóctonos, aunque en muchos casos hay lazos con sus orígenes familiares con más o menos fuerza. Esta población cuyos familiares fueron inmigrantes y que se han arraigado en barrios populares y de ingresos relativamente bajos no tienen especial apego a la independencia bien sea por diferencias culturales y temor a ser considerados con menor reconocimiento social o bien por sus condiciones sociales precarias. Estos sectores temen a los cambios bruscos como explicó Thomas Frank “¿Por qué los pobres votan a la derecha?”. En resumen hay un tercio (ahora un poco más) radicalmente independentista. Hay otro tercio (por ahora menor) que quiere la consulta al pueblo catalán y aspira a una relación federal, confederal o algo similar, que reconozca el carácter nacional de Catalunya (por alguna razón lo distinguió la Constitución) y un nivel superior de autogobierno (en educación y lengua, en justicia, en la gestión y la concertación financiera de las infraestructuras, etc). Y el otro tercio es indiferente, acepta la situación existente y una parte minoritaria manifiesta desprecio a las instituciones catalanas y está muy vinculada con la extrema derecha.

Finalmente y en tercer lugar el proceso catalán tomó una aceleración de vértigo después del 9 noviembre 2014 (consulta “ilegal” que votaron ya más de dos millones). Pero sobretodo a partir de las elecciones de setiembre de 2015 el proceso fue de vértigo y se resquebrajaron gran parte de las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Creo que los gobernantes catalanes independentistas cometieron algunos errores, en parte por impaciencia y quizás por algo de sectarismo. Se fundieron dos objetivos distintos, que podían ser complementarios pero que tenían públicos distintos y ritmos diferenciados: la consulta o referéndum y la declaración de independencia. Lo primero podía llegar a obtener el apoyo del 70 a 80% y lo segundo tenía una base estable alrededor del 40%. Se fijó un “full de ruta” (hoja de ruta) que debía terminar en la declaración de independencia 18 meses después. El independentismo se puso él mismo una trampa: fijar un proceso y una decisión final, la independencia, que no podía realizarse sin una base de consenso o apoyos tanto en España como en Europa. Y para hacerlo más difícil se fijó fecha y se elaboraron leyes que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional (actualmente controlado por el gobierno del PP). Se creó un ambiente entusiasta gracias al dinamismo y eficacia de las organizaciones civiles (Asamblea Nacional, Òmnium, etc) que han demostrado una gran capacidad movilizadora. Pero se radicalizó el independentismo sin contar con las reacciones del Estado español que fue armando un entramado jurídico y mediático para ir limitando los movimientos e iniciativas de las instituciones y fuerzas políticas independentistas. Éstas disponían y disponen de una base social muy importante pero no lo suficiente para aparecer como una mayoría absoluta y relativamente homogénea. Una parte de las izquierdas se quedaron en tierra de nadie, los “comunes”, con la bandera de la consulta pero no la de la independencia. Una fuerza política aliada con Podemos y con el potente liderazgo de Ada Colau y la Alcaldía de Barcelona. Los “comunes ganaron las dos elecciones generales españolas pero su influencia en el proceso catalán ha sido muy modesto. Su sentido común y el realismo respecto a las relaciones de fuerza en España y Europa no han pesado lo suficiente ante los relatos épicos y las ilusiones líricas. Los socialistas catalanes por su parte defendieron con muchas precauciones alguna forma de consulta pero el PSOE les impuso su colocación en el caso de Catalunya al lado del bloque derechista, PP y Ciudadanos”. En nombre de la mitificación bastante despojada de sus mejores argumentos del Estado de Derecho. El conjunto de leyes y sentencias de los gobiernos españoles, en especial los del PP y de los tribunales, principalmente el Constitucional. Los partidos catalanes independentistas, que lideran aún el proceso, Convergencia/Partido demócrata de centro derecha y Esquerra Republicana de centro izquierda, no supieron o no quisieron plantear objetivos comunes con las izquierdas citadas. Se refugiaron en la alcoba de la CUP que les ha proporcionado una ayuda más que discutible, con su presión deprisa, deprisa y sus discursos radicales con brindis al sol. La relación de fuerzas entre una ciudadanía mayoritaria pacífica y acostumbrada a una política sosegada como es Catalunya y con escasos aliados en España y con el rechazo de la Unión Europea difícilmente puede imponerse ante el Estado español que parece dispuesto a una agresiva ofensiva política, económica y si se precisa militar todo ello acompañada por la orquesta jurídica.

Los diez días que por ahora no cambiaran el mundo. El éxito del referéndum del uno de octubre, teniendo en cuenta las enormes limitaciones, expresó una fuerza activa y probablemente mayoritaria en Catalunya. La intervención policial y su efecto internacional reforzó al independentismo que movilizó a la mitad de la población y resistió pacíficamente a una represión brutal. Los dos días siguientes en gran parte se paralizó el país y la declaración unilateral de independencia (DUI) se esperaba como inminente. Pero inmediatamente las fuerzas opuestas se hicieron muy presentes. El Rey hizo por vez primera una declaración política, partidista y muy amenazadora, con aire militar, contra el independentismo. El gobierno y el PP obtuvieron el apoyo incondicional frente el reto catalán de Ciudadanos y del PSOE, solamente Podemos propuso un diálogo abierto. La Judicatura y la Fiscalidad iniciaron trámites para sancionar a los responsables políticos y colaboradores que pueden ir de cuantiosas multas hasta condenas de hasta 15 años de cárcel por “sedición” (traición a la patria). Las derechas españolas, las de la rabia y la (única) idea, embisten con la cabeza, según Machado. Los fanáticos de la bandera, con águila imperial franquista, los herederos del “Movimiento” (el partido de la dictadura), las bandas violentas más o menos jóvenes que encuentran en el viejo españolismo rancio su mito hormonal, la miseria de la cultura política de PPs y Ciudadanos que han excitado a la población mesetaria y menos desarrollada contra Cataluña, y también algunos colectivos de los cuerpos policiales, empezaron a promover “a por ellos”, contra los independentistas y catalanes en general, con estilo propio de los “progroms”.

El gobierno español anuncia que si se declara la independencia asumirá el control de las instituciones catalanas e iniciará los procesos sancionadores contra los responsables. Una semana después, el 8 de octubre, se movilizan en toda España centenares de miles contra “Catalunya” y en Barcelona llegan trenes y buses de fuera y ocupan todo el centro de la ciudad, unos 350.000 manifestantes según la policía urbana de Barcelona. Y varios centenares de empresas (La Caixa, Editorial Planeta, Gas Natural, etc) deciden trasladar su sede central fuera de Catalunya. La Unión Europea explicita el no reconocimiento de la posible “república catalana”. El independentismo aparentemente no tenía otra opción que declarar la independencia.

¿La declaración de independencia unilateral (DUI) fue o no fue el 10 de octubre? La DUI se demoró unos días, hasta el día10. Según la ley de transitoriedad catalana (suspendida por el Tribunal Constitucional) indicaba que debía cumplimentarse dos días después una vez reconocido el resultado electoral. El Presidente de Catalunya declaró que estaba y estaría comprometido con la decisión del referéndum, es decir la independencia pero añadió que suspendía el efecto de la declaración para iniciar diálogos con el Estado español. Y no puso el DUI al voto del Parlament. Como ya habíamos expuesto anteriormente el dilema del President y el Govern de Catalunya no es nada fácil. Quiso ganar tiempo. Si va adelante con la DUI como bandera, la cúpula política y civil independentista será reprimida, posiblemente con dureza, por el Gobierno del PP y los tribunales. Incluso ilegalizará a algunos partidos e identidades. Las instituciones autonómicas serán suspendidas o limitadas. Y la ciudadanía mayoritaria se sentirá vencida. Pero si se renuncia al DUI y se inician diálogos con el gobierno español es posible que las sanciones personales sean menores, pero las “negociaciones” serán desiguales, entre vencedores y vencidos. Es probable que se recortarán las competencias, se impondrán controles o mandos del gobierno sobre organismos autonómicos (Hacienda, Policía autonómica y local, etc) y se remodelarán algunas políticas públicas muy sensibles, como la educación y la lengua. El líder del PP en Catalunya ya lo ha anunciado: antes de convocar elecciones habrá que “descontaminar” muchas políticas y normas autonómicas. Y se refería a los casos citados. Pero si la declaración de independencia no es posible hoy, el retroceso democrático se puede evitar.

No veo otra salida menos dolorosa que renunciar por ahora a la DUI, convocar elecciones en Catalunya e intervenir en el proceso de reforma constitucional que han acordado el PP y el PSOE. A partir de una base que es preconstitucional y que incorporó la Constitución: la distinción entre nacionalidades históricas, País Vasco, Catalunya y Galicia. No es nada maravilloso, el dúo PP-PSOE (con al aguijón perverso de Ciudadanos) nos han llevado a pasados retrógrados pero admiten reformas políticas. Pero en Catalunya el movimiento catalán democrático, digno y realista, no se disolverá. En el resto de España se han desarrollado movimientos políticos nuevos de carácter ciudadano que lo personifican Podemos y sus aliados nacionales y regionales y otros colectivos que están entrando en el escenario público. El PSOE hasta ahora es poco confiable, muy pegado al conservadurismo del PP y gobernado por una oligarquía. Sin embargo su líder actual, Pedro Sánchez, ha sido apoyado masivamente por los militantes de base, y en un momento u otro le pedirán explicaciones. Hay una mayoría posible alternativa entre PSOE, Podemos, sus aliados y otras fuerzas sociales y culturales. Y esta mayoría lógicamente podría entablar un diálogo positivo con las fuerzas representativas de las nacionalices históricas. Se trata ni más ni menos que recuperar la redemocratización de España. A finales de los 70 se inició la democratización y gradualmente se dieron procesos desdemocratizadores. El proceso catalán ha puesto en cuestión la mala calidad de nuestra democracia. De esta crisis política del Estado debe surgir más pronto que tarde un período redemocratizador.

Miembro del consejo Editorial de Sin Permiso
Fuente:
www.sinpermiso.info, 15-10-17