Ecuador: La consulta del 4-F y el fin de un ciclo político. Dossier

Francisco Hidalgo Flor

Franklin Ramírez

Decio Machado

31/01/2018

No es traición, es evolución pragmatica… ¿y crisis?

Francisco Hidalgo Flor

En Ecuador el próximo domingo 4 de febrero se realizará la consulta popular convocada por el presidente Lenin Moreno cuyo objetivo principal es consolidar una base de apoyo institucional y social para su estrategia de conducción de gobierno en ruptura y confrontación con su ex – correligionario Rafael Correa, proceso que ha llevado a la par a la fragmentación del partido de gobierno Alianza País.

Es la culminación de un transcurso trascendente y vertiginoso, pues en apenas ocho meses alteró radicalmente aspectos sustanciales de la hegemonía política que dio sustento a la elección de Lenin Moreno y mayoría parlamentaria a Alianza País: Jorge Glass no solo que ya no es el vicepresidente de la república, sino que guarda prisión y está condenado por asociación ilícita en el entramado de corrupción protagonizado por Odebrecht; el partido de gobierno se fracturó en dos alas: la una, calificada de “morenista”, controla ahora el aparato oficial y la mayoría del bloque parlamentario; la otra, calificada de “correista” se ha desafiliado del  partido, intenta formar otro, y significa la principal expresión de oposición al régimen.

El estudio de estos acontecimientos es complejo y requiere de una lectura integral, pero observamos que en los analistas internacionales, en especial aquellos ubicados dentro de la llamada tendencia progresista, predomina una lectura inmediatista y simplificadora de la traición al líder y a la autodenominada dirección revolucionaria.

Para estos analistas en Ecuador estamos frente una situación asimilable a la de un golpe de estado, se trata de derechistas solapados e incrustados que se han tomado al asalto el poder, una nueva versión de los denominado “golpes blandos”.

Y no es así. Leer de la mencionada manera la situación de Ecuador es un grave error, desconoce la complejidad del proceso político en sus niveles de larga y corta duración, las tendencias y sectores en disputa, las debilidades y fuertes errores de los diez años de una denominada “revolución ciudadana”.

Actuar con dicha mirada ligera y ahistórica hace mucho mal, en primer lugar, al propio progresismo, en segundo lugar, al conjunto de sectores que luchan por una transformación profunda en Latinoamérica.

Aspiramos a presentar lectura diferente que intenta dar cuenta de los procesos de corto alcance:  contexto poselectoral, las opciones de Moreno y el rol de la consulta de febrero; de mediano alcance: los límites y contenidos reales de los gobiernos de Correa; una mirada de largo alcance: los desafíos históricos de una etapa que va mas allá de Correa y el progresismo.

Escenario poselectoral: las opciones de la tendencia “morenista”

El primer aspecto a establecer es la fragilidad del triunfo electoral en primera y segunda vuelta electoral del binomio Moreno – Glass y de la hegemonía de Alianza País, fragilidad porque ese pequeño margen por encima del 50% fue fruto de ocultar al conjunto de la población tres aspectos cruciales: la crisis económica provocada por la caída precipitada de los precios de venta del petróleo crudo y en general de las comoditties a partir del 2016,  el involucramiento directo del régimen en el entramado de corrupción de Odebrecht en la ejecución de la gran obra publica, y el fraccionamiento interno de Alianza País.

A Lenin Moreno en lo fundamental, en ese contexto de fragilidad, le quedaban solo dos opciones: i) ser títere de Correa, sostenerse sobre el “capital político” del ex – presidente y delegar en él las estrategias confrontativas, para tapar los escándalos de corrupción, el endeudamiento externo, la fractura  interna  y la ausencia de consensos reales; o, ii) romper con el caudillo, escapar a su égida e intentar generar un espacio propio con una parte del partido de gobierno añadiendo alianzas con los sectores que habían sido confrontados por Correa.

Lo sorprendente fue que, en ese camino acelerado de distanciarse del caudillo, se alinearon a su alrededor las dos terceras partes del partido gobernante, y solo una tercera parte se mantuvo con el viejo líder.

Este fenómeno evidencia que era una agrupación política construida alrededor del aparato gubernamental, pero también que la mayoría era partidaria de una evolución diferente a la planteada por Correa, que los supuestas cohesiones que aquel mostraba eran superficiales y frágiles.

En el Ecuador la mayoría del agrupamiento del progresismo optó por una vía de evolución que implica alianzas hacia la derecha y hacia la izquierda, para así hacer frente a la situación internacional de “cierre del ciclo”, y la situación interna de inminente crisis política y económica. La vía evolutiva está marcada por ese pragmatismo ¿será eso suficiente?

El rol de la consulta de febrero

La consulta popular del próximo 4 de febrero tiene por objetivo dar una base política y social propia al gobierno de Moreno en condiciones de ruptura con el viejo caudillo, por ello de las siete preguntas las centrales son dos: aquella que elimina la reelección indefinida (pregunta 2) y aquella que reestructura el consejo de participación ciudadana (pregunta 3).

La evolución de los dos planteamientos son decidores de los contenidos de construcción política planteados en la fase Correista y la posterior a la misma: en el proceso constituyente una de las tesis fundamentales fue el rechazo a la reelección indefinida y de esa manera quedó plasmada en el texto de la Constitución del 2008, pero luego fue reformada por la mayoría de la Asamblea Nacional (nombre del poder legislativo).

Y el otro dato es que el llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que supuestamente asemejaba a lo que se pudiera llamar poder popular, terminó conformado íntegramente por miembros cercanos al partido de gobierno e incluso familiares directos de parlamentarios o funcionarios gubernamentales.

Paradójicamente pudiera ser que un triunfo del Si en la Consulta genere condiciones para el cierre de la hegemonía de Alianza País al resquebrajar la maquinaria de control político implantada en los diez años anteriores.

¿Más de lo mismo? caudillismo + extractivismo

Proponemos leer el desenvolvimiento actual del progresismo ecuatoriano como una confrontación entre dos vías: la vía pragmática que opta por un nuevo juego de alianzas políticas y sociales que den sustento al gobierno de Moreno y le permitan gobernar cuatro años; y la vía ideológica que pone acento en la lectura de traición y apuesta por la quiebra inminente del régimen vigente, para el retorno del viejo caudillo.

Pero el escenario nacional es mucho mas amplio que las tendencias a lo interno de Alianza País, y eso está cada vez más claro. Los consensos anteriores eran un espejismo.

Para todos es indispensable una evaluación de la década 2007 – 2017 y dos aspectos determinantes: una construcción política basada en el caudillismo y una construcción económica basada en el extractivismo, como telón de fondo una vía de modernización capitalista bajo planificación y parcialmente inversión estatal.

La cohesión política giró alrededor del caudillo y generó un aparato tecnocrático y propagandístico para asumía los roles de construcción que hubieran correspondido al partido. El desarrollo económico combino un fortalecimiento del aparato estatal, merced al auge del precio de las comodities, mas alianzas con el agronegocio, modernizando y sosteniendo el patrón de acumulación primario exportador, que se mantiene intacto.

Un progresismo construido sobre pilares de caudillismo y extractivismo es un progresismo con pies de barro.

Desafíos históricos: una etapa que va más allá de Correa y el progresismo

Una lectura adecuada sobre las evoluciones proceso actual en el Ecuador requiere una visión del largo plazo, que no empieza ni termina con el correísmo; debe ser ubicada en una etapa que inicia en el año 1990 y que avanza hasta el momento presente.

1990 por el levantamiento indígena del Inti Raymi que propuso por primera vez al país un programa de demandas que pone en cuestión el viejo modelo de estado nación, que en el trayecto, con el desmoronamiento de los regímenes neoliberales (1996 – 2006), fue asumiendo nuevas reivindicaciones y nuevos movimientos sociales, que optaban por la vía del proceso constituyente (2007 – 2008).

Si en verdad queremos hablar de una fase posneoliberal debemos remitirnos a los contenidos sustanciales del proceso constituyente.

Y esos elementos sustanciales son: plurinacionalidad, interculturalidad, economía social y solidaria, soberanía alimentaria, y un horizonte de cambio que mira al sumak kawsay – buen vivir.

Correa los trastocó bajo un programa desarrollista clásico denominado “cambio de la matriz productiva”, cuya principal vitrina fue la gran obra pública y los subsidios.

Su sucesor ha renegado del padrino, pero mantiene la vía de capitalismo guiado por la mano del estado. Ahora la derecha pugna por asumir el control directo del programa económico y retornar al neoliberalismo. La pregunta es: ¿será posible que emerja una izquierda que haga suyo el programa histórico constituyente?

La inminencia de una crisis política y económica parece estar pospuesta, un probable triunfo del Si en la consulta de febrero lo evidenciaría, pero solo han ganado tiempo, los desenlaces determinantes están por venir. Una fase de crisis no está descartada.

www.sinpermiso.info, 30 de enero 2018

 

¿Electoralizar el Consejo de Participación?

Franklin Ramírez Gallegos

Eliminar la posibilidad de la reelección indefinida no es el asunto fundamental a dirimirse en la Consulta Popular (CP) que tendrá lugar el próximo 4 de febrero. Lejos de ello. En términos de las relaciones de poder en juego y de la transformación de la vigente estructura estatal, la cuestión central de la CP es la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Dicha reforma excede, con mucho, el anunciado propósito oficialista de poner fin a la influencia de Rafael Correa en los órganos de control y supone una verdadera transfiguración del CPCCS diseñado por la Constitución de 2008.  Bajo la retórica de la “des-correización” se disimulan, pues, delicadas operaciones de transformación institucional que lejos están de abrir promisorios horizontes para la democracia ecuatoriana. Una de dichas operaciones es la “electoralización” del Consejo.

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Aunque el gobierno de Lenín Moreno y los circuitos opositores a la Revolución Ciudadana promocionan la Consulta como una cruzada anti-caudillista contra la reelección indefinida, lo cierto es que aquella ya fue políticamente inviable tiempo atrás. Ya en 2015, en efecto, Correa debió recular en una de las enmiendas constitucionales que introducían dicha figura para las elecciones de 2017. Las condiciones políticas para tal enmienda no estaban dadas. La sociedad nunca vio con buenos ojos semejante posibilidad. Ya entonces una Consulta habría arrojado resultados adversos a la opción reeleccionista. El ex presidente no pudo presentarse como candidato y hoy hace política en las calles y las redes sociales.

En este sentido, si bien ratificar en la Constitución el impedimento de que la reelección corra desde 2021 puede ser virtuoso para la salud de la República, de ninguna forma aparece como el meollo político fundamental de la Consulta. Un acontecimiento político asume cualidad dirimente, en particular, cuando contribuye a trastocar las relaciones de fuerza que resuelven una determinada coyuntura crítica. La re-distribución de poder político en la próxima CP tiene poco que ver con el problema de la reelección –eso ya está zanjado- y se resolverá más bien en torno a la reforma del CPCCS. El debate sobre los alcances de dicho cambio institucional, no obstante, apenas ha tomado curso en medio del unanimismo de una opinión pública que solo quiere ver en el Consejo el fantasma correísta.

Entre las cuestiones “discutidas” destacan dos grandes contradicciones. Una, la paradoja de descabezar la institución en nombre de la cercanía de los actuales consejeros al ex Presidente y, en el mismo acto, instituir un órgano transitorio cuyo ente directivo será designado por el nuevo Presidente en sintonía con su bloque legislativo (cualquiera éste pueda ser). Dos, el carácter extorsivo del montaje de un poderoso Consejo de Transición en capacidad de destituir a los electos –usurpando funciones legislativas- por el vigente CPCCS. Pende allí una espada de Damocles sobre un amplio conjunto de instituciones públicas. Dicho poder de extorsión, de hecho, ya ha venido operando. Para muestra está el escaso apego al Estado constitucional de derechos y justicia de parte de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral al dar paso a la Consulta Popular sin mediar ningún tipo de debate sobre la constitucionalidad de las preguntas enviadas por Moreno. Abundan otros ejemplos. Como fuere, en la convergencia de ambas contradicciones se aprecia como en medio de la trama des-correizadora se forjan las pautas para “morenizar” el Consejo y las instituciones que de allí emergen.  

Un tercer elemento fundamental de la reforma, aún menos debatido, concierne la elección por sufragio universal de los siete consejeros que representan el órgano en cuestión. Allí una innovación. Ni el CPCCS, ni su inmediata antecesora, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (C4) creada en 1997, usaron el sufragio directo para elegir sus “autoridades”. La C4 se configuró con colegios electorales para siete tipos de organizaciones. El diseño del CPCCS estipuló la figura de concursos públicos que premiaran las trayectorias organizativas de los postulantes. Instituciones de similar perfil en la región y en el globo tampoco han acudido al voto ciudadano. Las razones de aquello parecen obvias: se trata de peculiares agencias públicas –que, aún cuando son parte de la estructura estatal, poseen una base ciudadana o cívica- cuya pretensión de autonomía reposa en configurar un tipo de representación social diferenciada, a la vez, de las lógicas de poder del estado y del mercado.

La literatura especializada las conoce como instituciones “mixtas”, “híbridas”, de “interfaz socio-estatal”, “diagonales”, entre otras nominaciones, y suelen articular funciones de control social con las de promoción de la participación ciudadana y la deliberación pública. La peculiaridad del CPCCS, y su gran fardo, ha sido su rol como organizador de los procesos de selección de altas autoridades estatales. Aquello supuso desde un inicio una sobrecarga de funciones que, en medio del escaso rigor con que operaron tales procesos, contribuyó a la pérdida de legitimidad global de la institución. Una reforma política es imperiosa pero la vía elegida abre dudas y opacidad en el camino a su rediseño institucional.  

Como fuere, las “agencias de interfaz socio-estatal” emergen como respuesta a la crisis de confianza en las instituciones de la democracia representativa y, lógicamente, procuran construir un tipo de representación social distinta a la autorizada por el sufragio directo. Aquello ha dado lugar a una amplia corriente de experimentalismo democrático que propende a generar organizaciones estatales atravesadas por el principio de la participación social. La procura de dicho ethos cívico ha tomado la forma, en versiones elitistas, de la designación de los denominados “notables”. En versiones populares se ha ensayado con arreglos neo-corporativos en que específicos colectivos, redes, movimientos u organizaciones postulan sus delegados. Otras formulaciones, más radical-democráticas, sugieren retomar la elección por sorteo (y otras combinan diversos métodos de selección). Se trata, en suma, de instituciones post-liberales que desconectan su configuración de tres mecanismos clásicos del gobierno representativo: el voto ciudadano (1) en circunscripciones territoriales (2) y a través de los partidos (3). En la propuesta de CP solo este último aspecto ha sido preservado en relación al diseño constitucional original: partidos y movimientos políticos no podrán presentar candidaturas.  

En medio del predominio de la democracia de audiencia, sin embargo, sabemos de sobra que cualquier campaña electoral es reino de aceitadas máquinas político-mediático-financieras. No hay razones para pensar que en las próximas elecciones de las autoridades del CPCCS dichas maquinarias vayan a dejar de funcionar. Al contrario, con partidos políticos interdictos es altamente probable que su despliegue sea del todo dirimente en la conformación de la nueva “plana mayor” del Consejo. Así, poca oportunidad de ser electa tendrá, por ejemplo, una dirigente sindical esmeraldeña frente a una activista de ONG que aparece cada tanto en TV y tiene 60.000 seguidores en Twitter.

La alta sociedad civil –encarnada en la aristocrática figura del “notable- retomará entonces pleno protagonismo legitimada por el voto ciudadano. De ahí que, electoralizar, sin más, instituciones participativas como el CPCCS no solo dista del espíritu post-liberal de Montecristi sino que luce incompatible con la igualdad política y con la autonomía de los consejeros en relación a los poderes reales. No debe olvidarse que estado y mercado –cuya plena conjunción es un caro objetivo de Moreno- aceitan cualquier maquina electoral con una fuerza tal que ni la sociedad más organizada está en capacidad de contra-balancear su poder.  

Queda la pregunta de por qué el gobierno no consideró para nada en la CP las alternativas movimientistas, neo-corporativas, populares o radicales de conformación democrática de órganos de participación como el CPCCS. Aquellas tuvieron enorme eco en los días de Montecristi y luego (también) fueron desoídas.  Todo indica que en la cúpula gobiernista primó la realpolitik de, por un lado, copar en el corto plazo el Consejo de Transición y, por otro, evitar toda confrontación con la visión elitista de la democracia que comparten sus elites aliadas.

www.sinpermiso.info, 1 de febrero 2018

 

Consulta popular: El fin de una hegemonía

Decio Machado

Desde que asumió su nuevo presidente, Ecuador se ha convertido en el campo de una batalla política e ideológica que supera sus fronteras. En América Latina, y hasta en Europa, ha surgido un debate sobre la orientación política y las intenciones del sucesor de Rafael Correa, Lenín Moreno. Para el ex mandatario, su otrora correligionario no es otra cosa que un “traidor”, y la consulta popular del próximo domingo, convocada por Moreno para que los ecuatorianos decidan si aprueban o no la reelección presidencial indefinida –con la que Correa espera volver a la presidencia en 2021–, nada menos que un golpe de Estado. El referéndum del 4 de febrero marcará el fin de un ciclo político en Ecuador.

El correísmo fue la expresión política de la transformación emprendida por el capitalismo ecuatoriano tras la crisis financiera que vivió el país en los años 1999 y 2000. Tras el drama ocasionado por el colapso bancario y el posterior “salvataje bancario” a costa de la sociedad ecuatoriana, el modelo económico nacional ha ido pasando por un momento de modernización que tuvo su cúspide con la llegada de Rafael Correa al palacio presidencial de Carondelet. Así, un sector del capital nacional –transversalizado por los capitales regionales– pasó a entender que sus posibilidades de negocio serían propiciadas por un mayor nivel de consumo interno a través de la incorporación de sectores populares al mercado mediante procesos de endeudamiento familiar e integración al circuito financiero.

De este modo se produjo un nuevo modelo de capital financiero, que integró entre sus clientes objetivos y potenciales a los sectores populares, lo cual, sumado al efecto de las remesas y al excedente petrolero, transformó las redes de comercialización de productos importados, con el fin de atender la emergente demanda de estos sectores.

Superar la inestabilidad política que había caracterizado hasta entonces la historia del país significó repartir más –mediante subsidios y cierto incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores– en momentos de bonanza económica, buscando con ello garantizar las condiciones de acumulación a largo plazo para los sectores del capital emergente. Sin embargo, lo anterior no conllevó la más mínima transformación de carácter estructural, respetándose el modelo de acumulación heredado del neoliberalismo, lo que permitió que los grupos que históricamente siempre habían ganado nunca estuvieran mejor, pese a determinadas mejoras coyunturales para los sectores olvidados (incremento del bono a la pobreza para los más humildes, afiliación a la seguridad social para las trabajadoras domésticas, políticas de incentivos para la incorporación de sectores discapacitados al mercado laboral, o la eliminación de la tercerización en determinados sectores laborales, entre otras). A esto el aparato de propaganda estatal creado por el correísmo –desorbitante para el tamaño real del país y reforzado por la incautación de algunos canales de televisión que funcionaron estratégicamente alineados a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República– llamó en el ámbito de lo económico “el milagro ecuatoriano”, y en el plano de lo político “la revolución ciudadana”.

Tensar la cuerda

Pero mientras los sectores empresariales y el sistema financiero privado ecuatoriano se vieron fuertemente beneficiados por el nuevo dinamismo inyectado a la economía nacional mediante la acción del Estado, el estilo de mando correísta generó altos niveles de confrontación con todos aquellos que no estuvieran políticamente alineados. Tanto con los sectores políticos más ideológicamente reaccionarios como con los movimientos sociales y organizaciones populares no clientelares, el correísmo tensó los niveles de conflicto hasta extremos de persecución política, procediendo a criminalizar la protesta social y enjuiciar a múltiples líderes indígenas y populares por sabotaje y terrorismo.

El dominio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –conocido como el quinto poder establecido en la Constitución de 2008– que el oficialismo consiguió mediante la mayoría absoluta que mantuvo por largo tiempo en el Legislativo, le permitió al régimen ocupar con figuras afines los cargos vinculados a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral o el Consejo de la Judicatura, entre otros órganos que teóricamente deberían haber gozado de autonomía con respecto al Poder Ejecutivo.

El modelo político y económico funcionó y hasta gozó de apoyo popular mientras duró la era de precios altos del petróleo en los mercados globales, que permitieron generar notables excedentes provenientes de la exportación del crudo nacional. En pocas palabras, la sociedad ecuatoriana fue permisiva con el abuso de poder mientras la situación económica permitió el acceso de los sectores históricamente marginados al sistema de consumo.

Punto de inflexión

Las elecciones seccionales de 2014, que tuvieron lugar un año después de que Rafael Correa barriese a sus rivales en las presidenciales, marcaron el comienzo del deterioro correísta. Aunque su partido, Alianza Pais, se mantuvo como primera fuerza política nacional, fue notoria la derrota correísta ante partidos de oposición en las alcaldías de las principales ciudades del país.

Esta realidad se explicaba en parte por el impacto que comenzó a sentirse en la economía nacional tras la caída de los precios del crudo, y por la incapacidad del gobierno nacional para plantear salidas soberanas a la cada vez mayor dependencia de los mercados de commodities (materias primas). Al respecto, basta considerar que en 2006 las exportaciones de bienes procesados no petroleros eran escasamente el 4,9 por ciento del Pbi nacional, mientras que en 2014 –tras ocho años de gestión correísta– dicho indicador había descendido al 3,9 por ciento. Es decir, el país se había reprimarizado (el sector de productos primarios recuperó importancia) y los intentos por cambiar la matriz productiva y diversificar las exportaciones habían fracasado. A partir de entonces el régimen dejó de generar avances en indicadores sociales que antes sí había logrado mejorar, tales como la disminución de la pobreza o la generación de empleo digno (trabajadores que al menos ganan el salario básico y/o disfrutan de una jornada laboral de ocho horas).

El reflujo económico y el fin de la “economía fácil” llevaron al incremento de movilizaciones populares cuestionadoras del régimen. Su clímax fue el paro o movilización protagonizada principalmente por el movimiento indígena en agosto de 2015. La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada; la represión alcanzó entonces su mayor nivel de toda la década de mandato de Rafael Correa. Sin embargo, no amilanó la movilización. El gobierno perdía legitimidad mientras aparecían conflictos y demandas por doquier.

El régimen midió muy mal la coyuntura política, procediendo con una ofensiva política que implicó que la bancada oficialista –entonces aún compacta y que como todo el resto del aparato del Estado respondía sin chistar al presidente de la República– aprobara de forma claramente inconstitucional una enmienda que permitía la reelección indefinida del presidente a partir de 2021.

El objetivo era claro, con una economía ya semiestancada en 2015 (con un crecimiento de apenas 0,3 por ciento del Pbi) y un país en recesión en 2016 (con una contracción del Pbi de 1,5 por ciento), el correísmo buscaba que la salida de la crisis o las medidas de ajuste necesarias fueran protagonizadas por un sucesor, permitiendo así que Rafael Correa volviese en 2021 ya con una imagen renovada y sin el coste político que conllevan los recortes económicos.

Asegurar aquella transición pasaba por posicionar a un hombre de absoluta confianza en el puente de mando de una nao que parecía ir a la deriva. Ese era Jorge Glas, el último vicepresidente del régimen correísta y zar de los megaproyectos de infraestructura, pero carente del más mínimo carisma como para ganar elección presidencial alguna. Fue así como se conformó el binomio presidencial para 2017, mientras el gobierno se veía obligado a entrar en una agresiva etapa de endeudamiento público que le permitiera mantener las políticas de subsidio a la población más vulnerable, dejándole al siguiente gobierno la patata caliente de tener que afrontar un volumen de deuda porcentualmente muy superior al heredado por el gobierno correísta del pasado neoliberal, un déficit fiscal insostenible y un volumen de aparato del Estado inviable para la nueva situación económica del país.

Ocho meses de Moreno

Las elecciones presidenciales de 2017 mostraron el nivel de agotamiento del que fuera el partido hegemónico durante la última década.

Alianza País necesitó dos vueltas para ganar las elecciones –algo que sólo había sucedido en las primeras presidenciales disputadas por Rafael Correa, en 2006–, y perdió más de 1,2 millones de votos respecto de los resultados obtenidos en 2013. La segunda vuelta, fruto de una alianza entre los sectores conservadores y gran parte de una izquierda opositora desubicada políticamente, daría una diferencia de tan sólo 228.629 votos a favor del candidato oficialista.

Que la victoria oficialista fuera calificada como fraudulenta, basándose en una estrategia diseñada por asesores de campaña del candidato conservador Guillermo Lasso vinculados al venezolano Leopoldo López, implicó que Lenín Moreno arrancara su mandato sumamente debilitado. Estas acusaciones nunca fueron demostradas documentalmente, y gran parte del trabajo sucio le correspondió a algunos líderes y aparatos que dicen responder a posiciones de izquierda.

En estas condiciones, y con la figura de Rafael Correa cada vez más desgastada, la nueva administración procedió a marcar diferencias en dos sentidos: rompió con las lógicas de polarización y conflicto que estratégicamente había aplicado el correísmo contra sus opositores políticos –algo con lo que la sociedad ecuatoriana se mostraba mayoritariamente crítica– y cuestionó el estado en que el mandatario anterior había dejado las finanzas públicas. Con el primer cambio el gobierno de Moreno buscaba articular un nuevo discurso de reconciliación nacional que superara la campaña de intoxicación vinculada al fraude electoral, mientras que la nueva orientación en materia de política económica era fruto de la necesidad de afrontar cambios drásticos en un modelo de gestión que había elevado el nivel de endeudamiento real muy por encima del 40 por ciento del Pbi (tope máximo definido por la Constitución de Ecuador), lo que llevó a recurrir a argucias contables para maquillar el monto de la deuda.

En paralelo, y como consecuencia del cúmulo de denuncias de corrupción que de forma cotidiana aparecían y siguen apareciendo en los medios de comunicación nacionales, el gobierno optó por permitir la actuación independiente de la justicia ecuatoriana en ese ámbito. Esto significó un cambio radical respecto de la situación vivida durante la era correísta, cuando el Poder Judicial respondía directamente al secretario jurídico de la Presidencia y los organismos de control estaban bajo el control de cuadros del partido de gobierno, imposibilitando acciones fiscalizadoras sobre las actuaciones gubernamentales. El nuevo funcionamiento independiente de la administración de justicia implicó que en pocos meses el hombre duro de Rafael Correa en el gobierno morenista, Jorge Glas, terminara con sus huesos en la Cárcel número 4 de Quito (véase “Corrupción por las nubes”, Brecha, 5-I-18) por su participación en la rama ecuatoriana de la trama de corrupción continental que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Glas fue destituido de sus funciones como vicepresidente de la República, sin embargo no es el único investigado: hay varios altos funcionarios vinculados al gobierno anterior que hoy gozan de boleta de captura mientras se mantienen fugados.

La situación anterior conllevó una ruptura interna en Alianza Pais. Rafael Correa, quien había dicho públicamente que pasaría los próximos años residiendo en Bruselas, se vio obligado –ante el cada vez mayor cerco político y jurídico– a volver a Ecuador para liderar la nueva oposición al gobierno de Lenín Moreno, lo cual determinó la desafiliación de sus seguidores de Alianza Pais, partido que Correa fundó en 2006 y que 11 años después mayoritariamente dejó de responder a los intereses del ex mandatario.

Futura Inestabilidad

El próximo domingo la sociedad ecuatoriana determinará qué sucederá en el futuro con el liderazgo político de Rafael Correa. Tres de un total de siete preguntas de una consulta popular afectarán directamente al ex mandatario y su entorno. La pregunta 1 plantea suprimir derechos políticos a culpables de corrupción, y afectaría a un cada vez mayor número de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen; la pregunta 2 propone dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida, y podría dejar al ex mandatario sin posibilidades de volver a postularse a unas presidenciales; y la pregunta 3 plantea elegir nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evaluando a los jerarcas de las instituciones de control elegidos por este organismo y destituyéndolos llegado el caso, lo cual llevaría al desmantelamiento del aparato correísta aún existente en el Estado.

Más allá del resultado de esta consulta, es evidente que asistimos al final de un ciclo político en la historia de Ecuador. Rafael Correa está obligado a conformar una nueva organización política que tendrá que afrontar los complejos trámites impuestos durante su administración para obtener legalización jurídica y poder presentarse a futuros procesos electorales. Pero además, en caso de ganar el Sí en la pregunta 2, es muy posible que el ex mandatario quede inhabilitado para volver a candidatearse como presidente de la República.

Sin embargo, también para el actual gobierno nacional –que goza en estos momentos de una situación idílica respecto de sus relaciones con el resto de la oposición política y los medios de comunicación privados– cambiará la situación política. Las medidas de subsidios y políticas de gasto fiscal articuladas durante la época de bonanza económica dejaron de servirles a los sectores vinculados a las estructuras históricas de poder en Ecuador, motivo por el cual se anuncian para los próximos meses una serie de medidas de presión política sobre el gobierno de Moreno, al que consideran débil, buscando imponer una nueva agenda política y económica más conservadora.

Ecuador entrará a partir del próximo domingo en una nueva etapa en que la inestabilidad política irá in crescendo. El año 2018 será difícil para Lenín Moreno, quien, con un partido mermado por la salida de los correístas, deberá demostrar hasta dónde es capaz de aguantar la presión política y mediática que desde los sectores conservadores se articulará en su contra. Las elecciones seccionales de febrero de 2019, cuando se elegirán prefectos y alcaldías, será la vara para medir políticamente lo que sucederá en el transcurso del presente año.

Por último, tanto los movimientos sociales como las organizaciones populares –hoy sin voz ni protagonismo alguno en la política nacional– tienen como reto rearticularse para defender las conquistas sociales logradas durante los últimos años, las cuales están en peligro ante nuevas reformas flexibilizadoras en el ámbito de la contratación laboral, nuevos tratados de libre comercio que tendrán fuerte impacto en el área rural, y el desarrollo de políticas económicas encaminadas a beneficiar al agronegocio y al sector financiero privado.

Brecha, 1 de febrero 2018
 

(1959) Sociólogo y politólogo ecuatoriano que trabaja en temas agrarios y rurales orientados a la reforma agraria en Ecuador como profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.
Profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de FLACSO-Ecuador.
ex asesor del Presidente de Ecuador Rafael Correa. Investigador asociado en Sistemas Integrados de Análisis Socioeconómico y director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA) .
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