Ecuador: la política universitaria del correísmo

Pablo Ospina Peralta

04/12/2016

¿Por qué un gobierno progresista que coqueteó con el pensamiento crítico, que enarboló un discurso contra la mercantilización de la educación superior, terminó protagonizando tan estridente capitulación? La respuesta es un espejo de toda la política del correísmo, no solo en el campo de la educación superior.

La gestión de la educación superior en Ecuador ilustra los logros y las limitaciones de la política progresista. El neoliberalismo a la ecuatoriana significó, más que una política específica sobre el conocimiento, el abandono gubernamental del sector: no ha habido ninguna entidad del gobierno central encargada del tema, los fondos se redujeron y las universidades públicas fueron abandonadas a su suerte, es decir, a la de su variada inserción en el mercado. Surgieron como hongos las universidades privadas, aumentó la precariedad en la contratación de docentes, y la deriva de las universidades las llevó a privilegiar ciertas carreras con alta demanda y reducir aquellos gastos sin una atractiva tasa de retorno como la investigación. Nada muy diferente a lo que pasaba por todos lados.

En países europeos y también en países latinoamericanos con estructuras universitarias poderosas –como México, Brasil o Argentina–, el neoliberalismo académico no implicó simplemente una retirada del Estado. Aunque se redujeron los fondos públicos y aumentó la presión para el autofinanciamiento de la educación superior, el neoliberalismo se acompañó de un conjunto de tecnologías de control y disciplinamiento que buscaban que la lógica de la competencia, la productividad y la eficiencia empresarial, comandaran el trabajo universitario. Se inventaron sistemas de monitoreo de la «calidad» de la investigación basados en la cantidad de publicaciones en revistas de lujo, en el número de citas de artículos calculados por empresas editoriales privadas y en el número de patentes registradas. El pensamiento crítico encontró rápidamente que tales sistemas de indicadores cuantitativos que reducían la calidad y la especificidad de conocimientos localmente significativos, servían para convertirlos en valores de cambio permutables entre sí, independientemente de su valor para el uso o la satisfacción de las necesidades sociales.

En ese marco, la Revolución Ciudadana decidió emprender una ambiciosa reforma universitaria. En Ecuador, eso significaba poner «algo» desde el Estado en lugar de nada. Independientemente de lo que fuera ese «algo» era, en sí mismo, una mejora. Contra la opinión presidencial, se aprobó el principio de la gratuidad de la educación superior y se mantuvo una política que Rafael Correa siempre reprobó: una pre-asignación constitucional de ingresos seguros para las universidades. Pero nada de esto fue suficiente para cuidar los recursos financieros universitarios cuando llegó la crisis de 2015 y 2016: se cortaron los fondos y las universidades asumieron que no pueden confiar solamente en la distribución de fondos gubernamentales. Sus asignaciones sencillamente no se entregan a tiempo, por más que las obligaciones legales al respecto se repitan una sobre otra.

Pero fuera de evitar parcialmente el pago de las matrículas en las licenciaturas (los posgrados son pagos), en todo lo demás, la Revolución Ciudadana adoptó el paquete completo de las tecnocracias neoliberales para la educación superior: rankings, revistas indexadas, número de patentes. Decidió crear una universidad politécnica propia (para 9 mil estudiantes) para impulsar la «sociedad del conocimiento», rodeada de una dispendiosa «ciudad» para la cual hizo adoptar por el Parlamento un presupuesto igual al que reciben todas las universidades públicas del país juntas en un año (con 500 mil estudiantes), despreciando las escuelas politécnicas ecuatorianas que desde tiempo atrás eran las mejores y más preparadas del país. Adoptó también un sistema de ingreso a las universidades basado en exámenes estandarizados de lenguaje y matemática, que tuvo el único resultado que cabía esperar: discriminó a los pobres, a las regiones menos desarrolladas, a los indígenas y a los negros, haciendo que las bajas tasas de asistencia a la educación superior se redujeran en cuatro años hasta niveles incluso peores que los que había antes de la Revolución Ciudadana y cuyos mínimos representaban la exclusión acumulada de dos décadas de neoliberalismo. Solo que ahora la exclusión se fortalecía porque se justificaba por el discurso de los méritos individuales y no por el dinero para pagar las matrículas. La dimensión del desastre es tan portentosa que, en la actual campaña electoral, todos los candidatos, incluso el del gobierno, prometen cambiar la política de ingreso a la universidad.

¿Por qué un gobierno progresista que coqueteó con el pensamiento crítico, que enarboló un discurso contra la mercantilización de la educación superior, terminó protagonizando tan estridente capitulación? La respuesta es un espejo de toda la política del correísmo, no solo en el campo de la educación superior. La mayor parte de sus graves errores en materia de política universitaria se explican por la desconfianza en las universidades y los universitarios. Puesto que para el correísmo las universidades están dominadas por redes mafiosas, la política para el sector consiste en retirar a los universitarios cualquier poder de decisión y trasladarlo al Ejecutivo. Además, las herramientas neoliberales de homogenización y estandarización del conocimiento ofrecen un paquete de tecnologías rápidas y eficientes para el control desde arriba y la vigilancia cerrada y estrecha de las conductas universitarias. El paquete neoliberal es práctico cuando un gobierno está convencido de la inexistencia de actores sociales para realizar transformaciones.

Estas políticas y tecnologías no podían utilizarse para realizar algo diferente a lo que su propia naturaleza implica. Envolver el discurso de palabras altisonantes y retóricas revolucionarias solo provoca un peor resultado: desprestigia cualquier alternativa transformadora. Las alternativas exigen, justamente, lo que el correísmo excluyó: confiar y fortalecer las potencialidades de cambio, dispersas y fragmentadas, que existen en las comunidades y en la sociedad.

historiador y analista político ecuatoriano; docente en la Universidad Andina Simón Bolívar e integrante del equipo del CEP de Quito.
Fuente:
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0523/articulo14.html

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