El debate sobre la reforma energética en México

Javier Jiménez Espriú

06/07/2008

1. Del debate energético. La motivación presidencial

Con motivo de los foros de debate del Senado de la República sobre las iniciativas para la “reforma energética” propuestas por el presidente Calderón fui invitado a exponer mis puntos de vista.

Por el tiempo disponible, sólo abordé los que considero más delicados de las iniciativas y su impacto en la ingeniería y el desarrollo tecnológico de México. Hoy, con la hospitalidad de La Jornada, inicio un resumen de mi participación y mis reflexiones sobre lo debatido en una serie de artículos semanales.

“Con plena convicción –dije–, considero que la propuesta, desde el diagnóstico, es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política.”

Esta convicción se ha visto a diario reforzada en los debates y en un sinnúmero de reuniones que se han dado sobre el tema, en las que si bien ha habido apoyos a las iniciativas o a partes de ellas, los argumentos opuestos a las propuestas y el énfasis a importantes y obvias omisiones, suman una mayoría aplastante.

Me referí a esos cinco aspectos, porque Pemex no es una industria común ni puede analizarse a fondo si alguno se soslaya.

No sólo es la empresa que tiene a su cargo los más importantes recursos naturales con que contamos, área estratégica de exclusividad del Estado, según nuestra Carta Magna. No es sólo una productora de commodities. Es una institución que, como ninguna otra, ha hecho viable el desarrollo de México, posible su factibilidad financiera y enfatizado su identidad como nación independiente. Su importancia económica, política y social es un todo inseparable.

Pemex es desde su nacimiento la empresa emblemática de la soberanía nacional. Pero aun siendo el organismo más importante del sector, hablar de una reforma energética y limitarla a la restructuración de Pemex es una aberración del gobierno que no cuenta con un plan energético ni petrolero de largo plazo, explicable sólo por su deseo de abrir la empresa, cuanto antes, a la participación privada,

Esto es preocupante sobre todo cuando se ha insistido desde hace muchos años en la urgencia de las “reformas estructurales” fundamentales para el desarrollo del país –la energética particularmente–, y nos ofrecen de pronto algo improvisado y con enormes carencias y fisuras.

Ha sido claro en el debate que las iniciativas tienen más omisiones que temas importantes tratados, y que hay más propuestas erróneas y comprometedoras que aciertos. Los abordaré sin muchas cifras y en términos sencillos, para beneficio de quienes no están adentrados en los complejos aspectos de la industria petrolera.

La falla original de las iniciativas, de la que surge el resto, es que nace de la decisión gubernamental de abrir la industria al sector privado, y a partir de ella acomodar premisas, argumentos y diagnóstico. La decisión primero y luego el diagnóstico.

El Presidente de la República al enviar las iniciativas dijo que con la propuesta Pemex se fortalece, que no hay contratos de riesgo, que no hay privatización, que los hidrocarburos son y seguirán siendo sólo de los mexicanos.

Los mexicanos sabemos leer, analizar y discernir, y de la lectura y el análisis de las iniciativas deducimos con meridiana claridad su intención primigenia y sabemos que si se convierten en ley: se autorizan los contratos de riesgo; Pemex inicia su privatización, contra la exclusividad que la Constitución le otorga en el conjunto de la industria petrolera y, por tanto, se debilita, se minimiza e inicia su transformación de una industria integrada a una administradora de contratos cuyos beneficiarios no seremos los mexicanos.

Esto cuando hay compatriotas altamente capacitados en todas las áreas de la industria petrolera, tanto en Pemex como en el sector académico, en las jubilaciones prematuras y en empresas privadas, que conocen todos los pasos de la industria, el estado de nuestras reservas, las formas de optimizar la producción, los tiempos para la búsqueda de nuevos yacimientos, para la adquisición de las tecnologías necesarias y para la formación del personal requerido, en suma, capaces de atender las necesidades actuales y futuras de nuestra industria fundamental, sin necesidad de compartir nuestros hidrocarburos ni entregar parte de los beneficios de la industria a la participación privada.

2. La reforma energética. Las verdades a medias

Las iniciativas para la “reforma energética” se han construido a partir de un diagnóstico con datos sesgados, de un lenguaje engañoso y de verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras dolosas.

Porque es cierto que Pemex está técnicamente quebrado, que las reservas de Cantarell declinan, que el sindicato de Pemex es enormemente oneroso –aunque se soslaya–, que sólo tenemos petróleo para 10 años con los actuales ritmos de explotación –si no hacemos nada para probar ni optimizar reservas–, que en Pemex hay ineficiencias y corrupción; que se requiere una reforma de fondo.

Que no tenemos ni la tecnología ni el dinero para perforar a grandes profundidades en el mar –aunque ni estamos en cero ni es conveniente ahora ir al mar ultraprofundo–, aunque si esto fuera urgente, cierto es que tenemos el petróleo y quien tiene el petróleo puede poner las reglas del juego para adquirir la tecnología y obtener el dinero.

Pero también es verdad que no se exterioriza porque se opone a los intereses de quienes pretenden abrir la industria a la iniciativa privada, que estamos a tiempo para seguir preparando a nuestros ingenieros y técnicos, que ya lo hacen a pesar de la poca voluntad de los políticos y estarán en condiciones para adquirir la tecnología oportunamente –desarrollarla o comprarla y asimilarla–, con acuerdos comerciales de transferencia con quien la tenga.

Que Pemex está quebrada a propósito –lo que se puede solucionar rápidamente–, con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus necesidades de inversión, mantenimiento y modernización –para lo que es ampliamente solvente– y de protección de la soberanía de la nación.

Que esto lleva ya tiempo, sin definir políticas energética y petrolera, imperiosas para el desarrollo de la industria y de México y que esa empresa técnicamente quebrada, a pesar de sus ineficiencias y grupos y personas corruptos –lo que es inaceptable y urge corregir– es de todas formas una de las petroleras más rentables del orbe antes, desde luego, de las exacciones impositivas y políticas a que está sujeta.

Que es la única petrolera del mundo a la que no se le ha permitido aprovechar los recursos del boom del precio del petróleo para atender sus deficiencias y rezagos; para instalar refinerías, para modernizar y ampliar su red de ductos, para incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico y para promover la industria petroquímica.

Que contamos con más posibilidades de explorar y encontrar petróleo y gas en el territorio y en aguas someras que en las grandes profundidades del océano; que la urgencia de ir al fondo del mar es sólo de los interesados en la participación privada en Pemex y no de la razón técnica ni de la planeación estratégica.

Y así, otras muchas verdades que se ocultan para dejar impunes las causas del deterioro y a sus causantes –quienes la han administrado– y para no desvirtuar las que parecen dar argumentos a una decisión tomada: abrir Pemex con “contratos de desempeño” y obsequiando a la iniciativa privada la refinación del petróleo, la propiedad y operación de oleoductos y la posibilidad de venta de gasolinas del exterior, que es entregar a los poderosos de siempre –de aquí y de allá y más de allá que de aquí–, eslabones fundamentales de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, trastocando la Constitución.

Porque nuestra Carta Magna se refiere a la industria petrolera integral como área de exclusividad del Estado y en leyes secundarias se pretende –lo que no es legítimo– limitar las áreas estratégicas de la industria, reduciendo arbitrariamente el espectro que define y preserva, transfiriendo al sector privado funciones que la letra y el espíritu de la Ley Suprema otorgan indubitable y exclusivamente al Estado.

Y esto no es otra cosa que privatizar, objetivo fundamental de la propuesta.

La restructuración de Pemex –urgente y conveniente sin duda–, la premura de su presentación y el ansia de su aprobación urgente y con ello sus grandes omisiones, gira alrededor del interés en su apertura al sector privado. La propia iniciativa, en los tiempos que marca, da un ritmo precavido a sus propuestas sobre la autonomía de gestión y a las del uso de los recursos excedentes, pero establece como inicio de las posibilidades de contratación en un régimen especial por demás laxo, el día siguiente a la publicación de la ley.

La restructuración y sus resultados tomarían varios años –ya lo mencionó el propio Presidente y ya no tocará a su administración disfrutarlos–,  … pero los contratos y su disfrute fluirán de inmediato.

Javier Jiménez Espriú es Miembro de Honor de la Academia Nacional de Ingeniería. Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de Ramas Afines 1998. Ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ex subdirector comercial de Pemex.

Fuente:
La Jornada, 16 y 24 junio 2008