El "derecho a emigrar": como la fuerza del derecho es el derecho de la fuerza

Dante Lepore

13/04/2018

Cuando se entra en el campo de la sagrada inviolabilidad omnipotente de la ley, de su naturaleza y de los fundamentos del derecho, es como si los principios básicos del derecho, del constitucionalismo y de las instituciones jurídicas en general, proclamados eternos, sagrados e inmutables, fuesen prerrogativas universales, aunque no exclusivamente, de la tradición liberal (término que oculta su origen autoritario y tajante), así como de la democracia moderna, a su vez heredera tanto de la tradición liberal como de la polis griega de Pisistrato, anterior a la Atenas de Pericles (a pesar de la esclavitud, un componente integral de sus instituciones). Maneras y formas, se tiende así a magnificar la civilización occidental como gobernada por leyes que, en su aparente universalidad, serían las mismas para todo el mundo, más delicadas y plácidas que las restantes formas despóticas, violentas, brutales en el sometimiento de la voluntad del otro, o presas en la ley de la selva, de la barbarie, es decir, de una situación en la que, precisamente, lo que se gana o se obtiene es por la fuerza bruta que se ejerce sobre la comunidad o, simplemente, en detrimento de otros. Pero los oropeles de la civilización, con sus códigos civiles y leyes, no pueden ocultar ya el lado diabólico de esta santidad ostentosa, el hecho de que lo que persiguen los trabajadores más sindicalizados invocando constantemente el derecho o el respeto a la dignidad humana son solo el resultado de duras luchas, sin exclusión de golpes, del uso de la fuerza. Viceversa, la fuerza de la ley (ius, de iubeo = mando) no es más que el resultado de un poder logrado con la coerción, el chantaje o con una violencia física originaria, a menudo cínica, arrogante y ciega.

La esencia del poder, de hecho, sigue estando donde siempre ha estado en una comunidad que ya no es orgánica, sino una sociedad fragmentada en clases, que consiste en ser etimológicamente preferencial, nosotros más importantes que otros, y por lo tanto en imponer nuestra voluntad a los demás, supuesta o realmente más débiles.

Las referencias por excelencia, convertidas en lugar común, son sobre todo la teoría hobbesiana del derecho a la vida y la de Locke del derecho a la "libertad". A esta tradición se suma la de los orígenes modernos de la cultura jurídica, cuando el comercio crea y organiza el llamado mercado libre y, da origen al derecho a emigrar, que en los últimos tiempos no siempre se trata dramáticamente, pero que se configuró históricamente como el más antiguo de los "derechos naturales", sin duda conectado a una prerrogativa del ser humano, la de ser una especie que camina, desde las primeras civilizaciones líticas y antes del relativo sedentarismo tras el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de los animales, pero más específicamente tras el inicio de la conquista europea después del "descubrimiento" del Nuevo Mundo.

Para entender los cambios e innovaciones en el comportamiento humano no es menos importante el modo en que se configuran dos relaciones esenciales, en primer lugar la que existe entre los hombres y la naturaleza, es decir el trabajo, convertido actualmente también en encrucijada ecológica crucial para el destino del planeta (1), y en segundo lugar la de los hombres entre sí en la sociedad, que aún carecen de la plena conciencia de que el capitalismo se desarrolla a escala global para unificar el planeta, pero marginando a la población en un mundo donde dicho sistema se convierte en autófago y autodestructivo.

En esta relación entre personas diferentes, incluso en sus orígenes étnicos y geográficos, es significativo que el ius migrandi resultante no por casualidad apareciera ya de manera pionera en los tiempos modernos en la obra del teólogo dominico español Francisco de Vitoria, en sus Relectio de indis (Universidad de Salamanca, 1539) (2) descrito como un "derecho natural", como se le llamaba, y, como tal, universal y fundamento del naciente derecho internacional moderno. Vitoria afirmaba que existen una serie de derechos válidos "ex iure gentium, quod vel est ius naturale vel derivatur ex iure naturali” (“el derecho de gentes, que es derecho natural o se deriva del derecho natural”, pag. 78): los ius peregrinandi et degendi (3), el ius commercili, los ius communicationis, el derecho a la ciudadania, el derecho a predicar y anunciar el Evangelio. Si se niegan estos deseos o aspiraciones o derechos, se pueden defender mediante la guerra; y si no hay otros medios, son legítimos la ocupación de la ciudad, la deposición del soberano, la reducción a la cautividad de la población. Por supuesto, la argumentación del sutil dominicano De Vitoria es muy fina y muy astuta, ya que, por un lado resume los argumentos tradicionales y se presenta como respetuoso de los derechos de los nativos, por ejemplo. Pero cuando hace hincapié en el hecho de que los "bárbaros" no se someten voluntariamente, sino como consecuencia del uso de la fuerza, es para apoyar el principio de que "Principis Christiani, et iam auctoritate Papae, no possunt cernere barbaros a peccatis contra legem naturae nec ratione illorum eos punire” (“Los príncipes cristianos, ni aun con la autoridad del Papa, pueden apartar por la fuerza a los bárbaros de los pecados contra la ley natural, ni castigarlos por esta causa”). Por lo tanto, presentado como derecho a emigrar, se legitima así la guerra de conquista de las Indias, y y hasta la guerra para defender los derechos de los indios mismos si sus gobernantes son tiranos, o - como en el caso de los sacrificios humanos y la antropofagia - rigen leyes inhumanas.

De hecho, y en última instancia, en esta forma modernizada de hipocresía, ambigua y aparente respetuosa con las poblaciones locales, sin armas modernas como Viernes frente a Robinson Crusoe, buscaba legitimar la conquista española del Nuevo Mundo, como se decía, así como cualquier guerras de agresión y conquista territorial, cuando al ejercicio de ese "derecho" se ofreciera resistencia, acusada de "ilegítima": una teoría de la guerra “justa”, que se inserta en este contexto histórico y conceptual. Ese otro mundo ya había sido invadido, saqueado, esclavizado y objeto de genocidio. No por casualidad De Vitoria publicó ese mismo año su Relectio de Jure Belli (1539) (4). En suma, una forma de lo que hoy se llama, mutatis mutandis, y en forma invertida, el "ius soli”, el derecho al territorio, incluida la gente nacida y residente en él, y su control como fuerza de trabajo forzosa, que al no ser inmigrante tiene un origen étnico diferente al de los conquistadores, y cuyo menosprecio se debe no al hecho de la inmigración, sino al puro racismo. Pero este "derecho", que desde entonces se convirtió en un principio fundamental del derecho internacional consuetudinario, no era la cara hipócrita del colonialismo ascendente que se impondría en todas partes con armas y cañones. Su hipocresía tiene que ser medida por la flagrante desigualdad y "relación asimétrica" (5) con la que tomó forma y se impuso, ya que las poblaciones del Nuevo Mundo (e incluso del Viejo, como el continente negro, sometido al comercio de esclavos) no lo ejercieron, sino que lo sufrieron, mientras que los europeos lo enarbolaban para apoyar su conquista territorial y la colonización de aquellos territorios.

Su naturaleza, que no era ciertamente el "derecho natural" (que es una ficción de los filósofos iusnaturalistas que lo basaban en la "recta razón”, dado que en la naturaleza no hay “derecho" alguno), sino un derecho positivo, histórico, de clase, lo demuestra el hecho de que un filósofo defensor de los principios de la tolerancia y del liberalismo, John Locke, estableciese una relación directa entre la propiedad, el trabajo y la supervivencia, apoyando en ella la justificación y la legitimidad del capitalismo: "el derecho mismo a la propiedad", en virtud del cual cada uno es dueño de los frutos de su trabajo “[¡por así decirlo!], y "siempre puede valerse del mundo sin perjudicar a nadie, ya que hay suficiente tierra en el mundo para sostener al doble de población”. Y en este marco, que también proporciona los antecedentes históricos, se situaba el ius migrandi. Paolo Villaggio diría que esa propiedad surgida como fruto de su trabajo, como en la película en el acorazado Potemkin "... es ¡una cagada!", y ¡tanto ...! Para Kant no sólo suscitaba un ius migrandi, sino también un derecho a la inmigración como "tercer artículo definitivo para la paz perpetua." Desde 1948, el ius migrandi, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13), es parte integral del constitucionalismo moderno, orgánico en casi todas las constituciones. La Constitución italiana establece el ius migrandi en su artículo 35 (6).

Como sucede a menudo en la historia que, por esta razón, nunca se repite de la misma manera, hay una especie de ironía en el desarrollo de esta nueva asimetría adicional, como la llama Luigi Ferrajoli. Durante cinco siglos los colonos europeos, de hecho, invadieron como langostas los territorios colonizados, sometiendo a sus habitantes inermes a la expropiación, el saqueo, la depredación y la deportación, justificando de diversas formas la conquista y apropiación de las tierras descubiertas, mientras que hoy son aquellas gentes desesperadas las que huyen de los territorios en los que los europeos han fomentado las guerras, la destrucción, el hambre, y llaman a  las puertas de sus antiguos colonizadores para que apliquen el ius migrandi que ellos mismos idearon como un derecho natural para la conquista de la tierra de sus padres, pero que ahora han convertido la inmigración en un delito y el derecho a emigrar en un crimen. La legislación italiana, de Turco-Napolitano a Bossi-Fini hasta la caza de emigrantes "irregulares" del Ministro Minniti en territorio de Libia, es ejemplar en esta metamorfosis que hace más repugnante el reconfortante mito que ellos mismos han creado y que revela, magnífico y desconcertante, su verdadera naturaleza hipócrita, engañosa y criminal después de siglos de maldades: el mito de los "buenos italianos". Emblema de esta legislación es, de hecho, la progresiva criminalización del emigrante, a través de la creación de la figura, auténtico artefacto jurídico, del 'ilegal', del 'irregular', del 'fuera de la ley', a menudo asociados, que se suman a la burla, el desprecio, el racismo del mito del ladrón, del violador asesino, del terrorista, para convertirlo en un problema de orden público, de seguridad nacional. Esta metamorfosis del ius migrandi (como fundamento del derecho internacional de la irenista libre circulación de bienes y seres humanos, degradados estos a no-personas que, paradójicamente, también negocian en el mercado) en una invasión de territorios privados, ya no libres, convertidos en un mercado de bienes, capital y mano de obra protegida por muros, alambre de púas, derechos de aduana y un montón de armas. El capitalismo parece transformarse en un tipo de formación social que corre hacia la autodestrucción, y la autofagia, que se auto-canibaliza, y que siempre extrae beneficios de los desastres, las guerras e incluso de la enfermedad, el hambre, la regresión social y la muerte que sufren cada vez más los trabajadores en su lugar de trabajo. Dado que es imposible esconder un fenómeno como el que genera cotidianamente, lo utiliza. No por casualidad, y cada vez con más frecuencia en el lugar de trabajo, prevalecen los trabajadores inmigrantes, dispuestos a trabajar y a romperse literalmente la espalda (como por ejemplo en la logística y Amazon de un tiempo a esta parte) a cambio de salarios misérrimos que las empresas a menudo ni pagan, y sin respetar ninguna norma de seguridad como las que se invocan contra la inmigración "irregular". Desde 2008, año del inicio de la crisis que no termina, la legislación italiana comenzó a sacar provecho a la inmigración e introdujo, para cualquier delito, la circunstancia agravante de la clandestinidad, con el aumento de hasta un tercio de la pena y la prohibición de considerar cualquier circunstancia atenuante, por la mera ausencia de antecedentes penales, ampliando de 2 a 6 meses la permanencia de los inmigrantes ilegales en los centros de expulsión (CIE). Y además introduce el trabajo gratuito mediante el llamado "trueque administrativo”, para regodeo de las administraciones públicas parasitarias, que cínicamente no pagan el trabajo socialmente útil, o especulan con el trabajo no remunerado voluntario y con todas las formas renovadas de trabajo esclavo que los flujos migratorios han difundido a escala planetaria.

El velo sagrado de la ley es cada vez más incapaz de enmascarar su naturaleza diabólica y el evidente carácter violento y opresor de la intocable autoridad del Leviatán, de manera que los corazones y las mentes podrán abrirse a la transgresión consciente, porque el rey está desnudo, y derribarlo en un proceso revolucionario, ante el cual toda ley y fuerza palidezcan.

Notas:

(1) Ver. DANTE Lepore, el nodo ecológico en el marxismo siglo XXI, en https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/11177-dante-lepore-il-nodo-ecologico-nel-marxismo- xxi-de-secolo.html .

(2) F. DE VITORIA, Relectio de Indis. La cuestión de los indios, texto crítico por L. Pereña y J.M. Pérez Prendes (CSIC, 1967), ed. Italiano y trad. A. LA MANCHA, Bari 1996.

(3) Hispani habent ius peregrinandi in illas provincias et illic degendi, sine aliquo tamen nocumento barbarorum, nec possunt ab illis prohiberi (De Indis, I, 3, I, p. 78: “prima conclusio”). “Los españoles tienen derecho a recorrer aquellos territorios y a permanecer allí mientras no causen daño a los bárbaros, y estos no pueden prohibírselo”. Traducción castellana de L. Pereña y J.M. Pérez Prendes (CSIC, 1967)

(4) F. de Vitoria, De jure bella (1539), traducción, introducción y notas de Carlo Galli, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. LX-112.

(5)Consideraciones interesantes sobre este asunto del distinguido jurista Luigi Ferrajoli “Fuera de la ley - El racismo institucional del gobierno”, en Il Manifesto del 12 de septiembre de 2009, http://www.meltingpot.org/Fuori-legge-Il- institucional racismo -la-governo.html # .Wqf1N-SotEY.

(6) Nótese la diferencia con la Constitución española de 1978, que en su artículo 19 establece el derecho de los ciudadanos españoles a “entrar y salir libremente de España”. En el art. 68.5 establece que el estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio de los españoles en el extranjero. La Constitución republicana de 1931 establecía en su artículo 31, el derecho genérico a emigrar, NdT.

Veterano militante de la izquierda revolucionaria italiana, fue miembro de Lotta Comunista y actualmente anima la asociación cultural PonSinMor. Su libro más reciente es Schiavitù del Terzo Millennio.
Fuente:
http://www.ponsinmor.info/newsletter.html
Traducción:
G. Buster