El Fiscal y “la mano de Dios”: el escándalo con silenciador de Odebrecht en Colombia

La empresa constructora brasilera Odebrecht ha conseguido algo que parecía poco probable en la región latinoamericana: escandalizar a una sociedad acostumbrada a los frecuentes “escándalos” de corrupción.

La corrupción ha sido considerada como uno de los males endémicos de nuestro territorio, incrustada en la cultura política, y generadora del despilfarro de nada menos que aproximadamente el 20% de los presupuestos nacionales. Con el desfalco de los recursos públicos se bloquea el desarrollo de la infraestructura portuaria, vial, el comercio nacional e internacional, se empobrece a los campesinos y clases medias, y se impide que derechos fundamentales como la salud, la educación o tan siquiera que la infancia más vulnerable obtenga un plato de comida en la escuela, quizá el único del día.

Si bien la corrupción local no es nueva, lo nuevo es la corrupción globalizada y multinacional, el grado de penetración que alcanza en las elites económicas y políticas, su prolongación en el tiempo capaz de permear décadas de gobiernos en una región y, por ende, su indudable poder para desestabilizar las siempre débiles democracias latinoamericanas.   Hay que reconocer que la ahora considerada constructora más poderosa de América Latina, Odebrecht, con su modus operandi e institucionalización del soborno (contaba con un departamento especializado en ello) nos ha facilitado su comprensión a tal nivel que, sin querer, escribió lo que sería un -manual de la corrupción multinacional para dummies-.

El manual da instrucciones sencillas pero sumamente eficaces. Primero hay que asociarse con grupos económicos poderosos de cada país, luego ofrecer coimas irresistibles a funcionarios de alto nivel, preferiblemente ministros, viceministros, jefes de oficinas jurídicas, para la obtención de jugosos megacontratos que aplasten a cualquier otro potencial oferente nacional. Por último, lavar activos mediante la financiación de candidatos presidenciales de todos los colores partidistas  -en una apuesta segura al ganador y un silenciamiento del vencedor-  lo cual garantiza la renovación del ciclo. Con este manual, no hay presidente o expresidente en la región que se escape.

Desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzara sus cartas en el 2016 publicando un informe en el que reveló los nexos de Odebrecht con doce países de América Latina y África, entre los cuales se encontraban los principales gobiernos de izquierdas de la región como Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, y otros de derecha o centro derecha como Perú, México y Colombia, un huracán -cuya magnitud aún desconocemos- se desató en la región. En Colombia, las piezas de este enorme rompecabezas apenas comienzan a mostrarse y algunas ya encajan.

Colombia: el impedimento del Fiscal General de la Nación y la renuncia del Director de Medicina Legal

El pasado 27 de noviembre de 2018, el Congreso de la República de Colombia fue escenario de lo que entendía Alain Badiou como Acontecimiento[i]. Claro está que esta ruptura tiene como punto de partida el entrecruce de lo que aún no somos y una destrucción de nuestro ethos, enmarcado en un contexto latinoamericano donde se percibe el amenazante resurgir de las ultraderechas y donde se evidencia con mayor fuerza que este caso de corrupción involucra no solo a los diferentes sectores del espectro político, sino incluso a los principales empresarios de la región y del sector financiero.

Aquel día de noviembre, no tan lejano en el calendario pero sí en la consciencia colectiva del debate político, se estrenaba el estatuto de la oposición como expresión de las deudas históricas del Estado colombiano, estando pendiente su promulgación desde 1991. Además, se desarrollaba una plenaria del Senado para evaluar la responsabilidad de Néstor Humberto Martínez, actual Fiscal General de la Nación al ocultar que conocía de los pagos de sobornos para ganar la adjudicación de la concesión Ruta del Sol II, realizados por la multinacional brasileña Odebrecht en el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Todo ello en virtud de las declaraciones de Jorge Enrique Pizano, controller para la concesión mencionada, y quien aparentemente había fallecido unos días antes por causas naturales, tal como lo certificó el entonces Director de Medicina Legal, Carlos Valdés.

Unos días previos al debate, una pieza suelta e impredecible cambio la situación. La inexplicable muerte por envenenamiento con cianuro del hijo de Jorge Enrique Pizano quien residía en Barcelona y regresó al país para el sepelio de su padre. Alejandro tomó agua de una botella que reposaba en el escritorio de Jorge,  quien se había convertido en el principal testigo de las fugas de dinero sin  destinatario claro que la concesionaria solía realizar, y quien además se lo había hecho saber a Néstor Humberto Martínez en conversaciones que luego serían filtradas a la prensa y que evidenciaban que el entonces abogado de uno de los poderosos consorcios financieros como es el grupo Aval, no solo conocía de tales pagos sino que además lo ocultó. La inicial muerte natural de Jorge Pizano, quedó bajo sospecha y se confirmó semanas después cuando el sindicato de forenses de medicina legal cuestionó las declaraciones de su director puesto que las pruebas que poseía y la manera de preservarlas era imposible descartar la muerte por cianuro. Lo que propició la renuncia de Valdés y la apertura de una investigación por la Procuraduría General de la Nación.

Volviendo al debate del 27 de noviembre, los congresistas citantes: Jorge Robledo, Gustavo Petro y Angélica Lozano, los tres representando a la oposición, denunciaron cómo la empresa brasileña había pagado más de 50 millones de dólares a una de las empresas que integran el grupo AVAL, propiedad del banquero más rico de Colombia Luis Carlos Sarmiento Angulo y socia principal de Odebrecht en Colombia.  Por estos hechos, al ser oferente de acciones en la bolsa de valores de New York, el grupo AVAL es investigado por el Departamento de Estado norteamericano, en tanto se habría violado la ley anti-trust (Sherman Antitrust Act).

Sin embargo, ante la gravedad de los hechos, la respuesta de la derecha colombiana fue la aplicación del principio de transposición. Así se tendió una cortina de humo, encabezada por una senadora del Centro Democrático (Partido de Gobierno) quien presentó un video del año 2005, con limitado alcance judicial, para afectar a uno de los citantes al debate y principal opositor del gobierno Duque como lo es el Senador Gustavo Petro (derrotado en la segunda vuelta presidencial y en virtud de la reciente reforma política, con derecho a una curul en el Senado).

La estrategia de contraataque se basó en lo que podemos denominar el dilema del buen ciudadano: Si la derecha comete actos de corrupción probados, no hay mayor reacción puesto que es lo habitual, pero cuando se tiende un ínfimo manto de duda sobre las fuerzas alternativas, el escarnio es más severo e implacable, dificultando aclarar los hechos y mostrando la doble moral de la sociedad colombiana.

Luego de los distractores señalados, el Fiscal Nestor Humberto Martínez, haciendo gala de despotismo y demagogía, desplegó todo un espectáculo capaz de engendrar una obra de realismo mágico que bien podemos llamar “los tentáculos de la corrupción”.

En el primer acto pudimos atestiguar la muestra de poder de las élites colombianas al mejor estilo de la Mafia. Por una parte, el Fiscal de la Nación en representación de las familias poderosas como los Lleras, los Santos y otros, en tono amenazante, con agilidad de orador y apoyado por la “mano de Dios” con quien aseguró se comunicaba directamente, mostró su poder recordándoles a quienes citaban el debate que él sabía con quién se reunían y que gracias a su fe «Dios le había enviado las grabaciones que mostraban su buen proceder». Este despliegue de elocuencia pastoril tenía un único mensaje: «el Fiscal lo ve todo y puede pesquisar a quien quiera».  Por otra parte, la elite emergente, con profundas raíces delincuenciales y liderada por Álvaro Uribe Vélez también afilaba sus dientes presentando el video mencionado, enviando un mensaje claro: «Nosotros también tenemos poder, incluso para sacar del camino a los principales opositores del establecimiento». Contando con la bendición divina del emporio económico y político corrupto, el Fiscal alegó que ya se había declarado impedido para investigar todo el entramado delictual de Odebrecht y, ¡que lo correcto sería nombrar a un fiscal ad hoc! Lo cual fue aceptado gustosamente por el gobierno Duque, por cuanto para satisfacción de todos, la terna provendría de él mismo. La primera de ellas fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, en tiempo récord se tramitó la segunda, y hace un par de días en una ceremonia discreta y con pocos asistentes se posesionó el primer fiscal sucedáneo de la historia del país.

El segundo acto pone en evidencia la gran mentira sobre la cual se han introducido las principales políticas neoliberales en Colombia, conforme al eslogan “El sector público es corrupto de manera endémica, por lo que es necesaria la privatización y la entrada del sector privado como arquetipo de la buena y honesta gestión de recursos”. El caso Odebrecht no sólo atenta contra la libre competencia al manipular el sistema de adjudicación de contratos excluyendo a los demás concursantes, sino que muestra una estrategia de los sectores de poder para acaparar las instituciones del Estado, la denominada puerta giratoria. Ejemplo de ello es la llegada de Martínez al cargo de Fiscal General de la Nación.

De hecho, en su currículo se puede evidenciar que luego de trabajar en la Superintendencia de Sociedades y presidir la Cámara de Comercio de Bogotá fue delegado del sector financiero ante la Superintendencia Bancaria (1986-1988), miembro de la junta directiva del Banco de la República (1991-1992), subgerente legal del BID (1993-1994), Ministro de Justicia de Ernesto Samper (Liberal) y Ministro de Justicia y del Interior de Andrés Pastrana (Conservador), consultor y litigante (entre otros para Corficolombiana y el grupo AVAL), ministro de la presidencia (2014-2015) y fiscal (2016 a la actualidad). A todas luces, este caso muestra la colusión de sectores económicos poderosos de carácter transnacional, que tratan de acaparar el aparato estatal para fortalecer sus posiciones de mercado y su poder económico incluso en contra de sus dogmas sobre la libre competencia y la no intervención estatal en la economía.

Pero, ¿por qué llega al cargo de Fiscal General de la Nación un abogado que ha desempeñado su vida profesional en el sector financiero? Pues bien, es precisamente el caso Odebrecht el que permite desentrañar una posible respuesta. Luego de la emergencia de gobiernos alternativos y del viraje a la derecha que se vive en América Latina, la reacción de estas elites que retoman los gobiernos de sus países se ha caracterizado tanto por la eliminación física del contrario, como por el aniquilamiento político y moral mediante la denominada Lawfare strategy[ii], encaminada a silenciar enviando a prisión a la oposición y a los movimientos alternativos en la región. En el caso de Odebrecht se genera una suspicacia: qué mejor que tener un fiscal de bolsillo afín al sector financiero y los grupos de poder dispuesto a perseguir a quien se salga del libreto o a encubrir a posibles aliados; incluso premiandolo como personaje del año 2017 en el periodico El Tiempo, de propiedad de Sarmiento Angulo.

El tercer acto escenifica cómo el sector financiero es sin duda uno de los actores principales de la crisis de corrupción del sistema político colombiano. Los efectos ineluctables que generan en la política y economía del país son claros. De una parte se evidencia que el famoso epíteto de “la democracia más sólida de la región” se desdibuja ante la colusión de sectores poderosos que sin ruborizarse dicen al país que la justicia les obedece y el Estado les pertenece. Pero, por otra parte, la lectura que se envía a nivel internacional es que a este país cualquiera puede venir a enriquecerse, incluso en contra de la sociedad colombiana y que, aquellos empresarios honestos que quieran desarrollar su actividad económica tendrán por seguro su fracaso, a menos que pacten con empresarios como Sarmiento Angulo u otros.

La salida corporativa ante semejante crisis de legitimidad de la Fiscalía que representa el actual fiscal no nos deja esperanza. Si el director de Medicina Legal renunció ante un gravísimo error, el Fiscal también debía hacerlo. Que el establecimiento colombiano haya respondido realizando ajustes institucionales impensables para mantener en el cargo a un fiscal cuestionado e ilegitimo demuestra que descubrir los tentáculos de la corrupción en Colombia apenas llegará a ser una caricatura pequeña y tranquilizadora de entrega de funcionarios técnicos y sin respaldo, mientras el emporio político-económico sigue y seguirá empobreciéndonos no solo en términos económicos sino además éticos.