Daniel Raventós
Julie Wark
22/09/2016
Después del Brexit un coro de gestores de fondos de cobertura, George Soros y Donald Trump, predijo la ruptura inminente de la Unión Europea y entonó una larga lista de culpables: la crisis de inmigrantes, los bancos de Italia, los ultranacionalistas, los partidos euroescépticos, los Gobiernos inestables de Irlanda, Portugal, Reino de España y Grecia, otra recesión, el desempleo, las incertidumbres de Schengen; las desorbitadas deudas soberanas, los presupuestos desequilibrados y los Gobiernos encerrados en sí mismos. Sin embargo, nadie mencionó el fracaso neoliberal, ni siquiera cuando el FMI entonó su mea culpa por el desastre que había infligido a Grecia. Para los Gobiernos estatales es difícil combatir las políticas neoliberales, entre otras cosas porque los tratados comerciales internacionales permiten que las multinacionales no cumplan con las regulaciones sociales y ambientales nacionales, es decir que los depredadores supraestatales disfrutan de una invisibilidad ante la cual los ciudadanos se sienten impotentes.
Sin embargo, la ciudad es una realidad diferente. En un Gobierno municipal, todo es mucho más visible. La ciudad tiene una forma de vida más social, ya que muchos de sus espacios se comparten y, como observa David Harvey, sirve de marco para la lucha de clases. Esto es lo que siempre ha representado la ciudad europea a través de su compleja estructura de mercados, económica, de producción artística, artesanal y cultural, así como de espacios de liberación de las viejas ataduras de la servidumbre feudal. Los espacios públicos, entendidos como espacios democráticos, son una amalgama de vida social en la que cualquiera puede participar y, por tanto, suponen una sólida base para la política municipal radical actual. Por supuesto, a las ciudades europeas las persiguen los mismos males que al resto de ciudades de todo el mundo –contaminación, crecimiento excesivo, segregación social y espacial, zonas periféricas degradadas, nuevas formas de trabajo, economías financiadas, corrupción y especulación del territorio y de los bienes inmuebles. No obstante, estos males se están convirtiendo en un punto de confluencia.
En 2015, la población urbana europea se encontraba en torno al 73,6% o, aproximadamente, 547 millones de personas. Después de la Primavera Árabe el panorama se vio mucho más politizado y diferentes versiones del movimiento antiausteridad tomaron las calles y las plazas en «España» (una entidad política que cada vez se cuestiona más, ya que muchos ciudadanos de Cataluña, Galicia y el País Vasco no aceptan estar sometidos al Reino de España, lo que implica una dimensión política mucho más profunda), Grecia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Portugal, República Checa, Países Bajos, Italia, Rumanía y el parque Gezi, en Turquía, el eterno aspirante a la UE. El «grito para reivindicar métodos políticos alternativos», como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lo describe, tenía demasiadas voces como para que no se le escuchase. La gente empezó a organizarse en movimientos, como en el que ella misma ganó su relevancia política, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un fenómeno muy urbano que llevó un asunto «privado» directamente al dominio público y mostró así su escandalosa magnitud. De esta forma, la ciudadanía, concentrada físicamente para evitar desahucios y a veces acompañada por bomberos y cerrajeros descontentos, empezó a sentirse dueña de su destino.
Este fue el germen del asambleario Guanyem Barcelona (Recuperemos Barcelona) que, con el nombre de Barcelona en Comú, ganó las elecciones municipales de 2015. Aunque hay muchos ejemplos de políticas basadas en plataformas ciudadanas en Europa, nos centramos en Barcelona porque se ha convertido en una referencia y en un motor de conceptualización, experimentación y propagación de un nuevo modelo de política participativa, antineoliberal y a varios niveles que parte del barrio pero aspira a ser global. La guía de Barcelona en Comú, Cómo ganar la ciudad en Comú, demuestra un objetivo claro: «Queremos que Barcelona sea la punta de lanza de una revolución ciudadana en Cataluña, España, el Sur de Europa y más allá». Recuperar la ciudad no se restringe sólo a las elecciones, sino que «en las ciudades fue donde nació la democracia y allí será donde podremos comenzar a recuperarla».
Badalona, Ferrol, Santiago de Compostela, Madrid, Cádiz, Zaragoza, así como otros pueblos y ciudades de «España» también están gobernados por plataformas ciudadanas. Aunque han conseguido parar algunas privatizaciones de los servicios públicos o aumentar la inversión pública en programas sociales, también se enfrentan a barreras a nivel estatal, europeo y mundial. El 60% de las leyes debatidas en el Parlamento español y catalán depende de las decisiones europeas. Por lo tanto, la iniciativa de las ciudades refugio es cuando menos rebelde, pues se enfrenta tanto al Gobierno español como a la Unión Europea. En septiembre de 2015, el ayuntamiento de Barcelona, junto con Leipzig, Múnich, Atenas y las islas de Lampedusa y Lesbos, creó la red de ciudades refugio, una iniciativa a la que se sumaron más de cincuenta ciudades y ayuntamientos españoles, catalanes, gallegos y vascos. A continuación, Ada Colau se enfrentó al Gobierno español por la falta de transparencia en la gestión del fondo de más de 210 millones de euros para inmigrantes y solicitantes de asilo concedido por la UE, ya que este dinero no había ido a ningún proyecto de acogida de refugiados. La política del Gobierno español, que se había comprometido a reubicar a más de 17.000 refugiados y recibió a 18, solo puede describirse como obstruccionista, pues bloquea cualquier intento de los pueblos y las ciudades de ofrecer asilo.
La postura de Colau abrió un nuevo y amplio frente. Las ciudades actuaban mientras los Estados se lavaban las manos ante un grave problema humanitario, unían sus voces para denunciar la política de la UE en un ámbito que es exclusivamente de jurisdicción estatal y hacían presión para abrir un nuevo espacio político mediante una estrategia doble: insistir en el derecho de asilo y desafiar el privilegio de los Estados. Además, la rebelión fue aún más allá y denunció al Partido Popular. Colau reivindicó que las ciudades desempeñasen un papel político y que el Gobierno local tuviese voz a la hora de modificar y decidir las políticas públicas. En su blog, la actual alcaldesa describe una Europa muy diferente: «Si Europa es tener un futuro, tiene que ser como una comunidad en la que todos cooperemos: estados, autoridades regionales y locales, ciudades y asociaciones».
Una vez en el cargo, Barcelona en Comú actuó con rapidez: los salarios de los funcionarios elegidos de Barcelona en Comú se fijó en 2.200 € al mes; de manera simbólica, se retiró un busto del rey borbónico de España del ayuntamiento; se conmemoró el día de la Segunda República en abril, y se tomaron medidas para cerrar el centro de detención de inmigrantes de la ciudad. Además, la especulación inmobiliaria fue uno de los primeros objetivos: a los propietarios de viviendas vacías (especialmente a los bancos) se les aplicaron multas de hasta 100.000 €; se anularon las órdenes de desahucio, y se redactó una nueva política energética. Otro objetivo es recuperar la gestión de la energía como servicio público y garantizar el suministro de energía a las personas más necesitadas. Cuando la privatización supone una piedra angular en la política de la UE/Troika y cuando los gigantes empresariales engullen las empresas públicas, los Estados deudores como Grecia, Reino de España, Italia, Portugal e Irlanda emplean esta política de combate.
Sin embargo, las plataformas ciudadanas se ciñen a los límites del poder municipal, ya que los Gobiernos recortan los presupuestos de los ayuntamientos y reducen así su capacidad, ya limitada, de buscar alternativas a la austeridad, por ejemplo, la renta básica universal, que cuenta con muchos partidarios en Europa, en concreto, el 68% si contamos a los 28 Estados miembros. Las ciudades holandesas de Utrecht, Wageningen, Tilburg, Groningen y Nijmegen ya han programado proyectos piloto para 2017. En «España» la propuesta también tiene muchos partidarios en los ayuntamientos (sobre todo en Cataluña, el País Vasco y Galicia) y, aunque no cuenta con los medios financieros ni jurisdiccionales para ello, algunos municipios ya están tratando de encontrar formas de introducir proyectos piloto. Por otra parte, existen problemas de oposición local e incluso interna. Barcelona en Comú es un gobierno minoritario que se enfrenta a que algunos altos cargos de la policía municipal de Barcelona no reciban con los brazos abiertos el entusiasmo del ayuntamiento en materia de derechos humanos y a que los medios de comunicación sean previsiblemente hostiles. Las viejas formas de doblegar las reglas, conservar el privilegio y el rencor de una revancha todavía son fuerzas que hay que tener en cuenta.
Un ejemplo es el de los vendedores ambulantes africanos. El Gobierno municipal está obligado a cumplir las regulaciones existentes, incluso cuando contradicen su posición antirracista y su deseo de recibir a todos los refugiados. La policía está haciendo su agosto y sacando el máximo partido de esta situación contradictoria para poner a los vendedores en contra del ayuntamiento, especialmente al utilizar una gran violencia en su nombre. A estos policías les incitan los medios de comunicación, para los cuales todos los africanos que venden imitaciones de pañuelos Hermes tienen conexión con la mafia. De esta forma, criminalizados, los vendedores ambulantes suponen un malestar social y, por lo tanto, se les margina. Todos los esfuerzos del ayuntamiento por reconocer su derecho a usar la ciudad, por proporcionarles una asistencia jurídica, un acceso a los servicios, una situación legal, una asistencia sanitaria, y por cambiar las leyes de inmigración existentes se ignoran en los medios de comunicación.
Un ejemplo significativo de las complejidades implicadas en la creación de un entorno humano en un mundo gobernado por criterios neoliberales es el tranquilo skatepark del puerto de Barcelona, de donde se había expulsado a los vendedores que exponen sus mercancías en mantas para atraer a los turistas de los cruceros. Los patinadores inmediatamente manifestaron su solidaridad con los vendedores («¡Derribad las fronteras! ¡Libertad para todos!») y, de igual modo, se vieron acorralados por la policía. Los ciudadanos, conscientes de la urgente necesidad de mostrar la verdadera historia, comenzaron a grabar la violencia policial contra los vendedores y los patinadores, y a refutar así las afirmaciones falsas, una acción que a menudo choca con los intentos del ayuntamiento de hacer cumplir las leyes que, aunque no compartan, han heredado. Este es un ejemplo de lo que Saskia Sassen denomina la calle global: un «espacio controvertido» en el que aquellos que «no tienen poder» hacen política. El hecho de que las ciudades intervengan en causas que exceden su competencia abre el camino a prácticas e instrumentos políticos que animan a los ciudadanos a rebelarse contra sus propios administradores «rebeldes», que no parecen estar dispuestos o en condiciones de llevar a cabo el cambio lo suficientemente rápido.
Cientos de ciudades, municipios, naciones y regiones de toda Europa han unido su fuerza y han formado alianzas para promocionar la economía social, intercambiar conocimientos y recursos, construir modelos sociales y económicos alternativos de abajo hacia arriba y declararse zonas sin TTIP, CETA, TISA u OMG. La visión municipal se está extendiendo rápidamente y las ciudades, elementos fundamentales de Europa, ven su destino cada vez más ligado al de todo el continente. Las ciudades rebeldes están reclamando lo que David Harvey define como «... el derecho de cambiar nosotros mismos a la vez que cambiamos la ciudad... un derecho común en lugar de un derecho individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización». El nuevo patrimonio es intermunicipal y transfronterizo.
Nápoles, Bolonia, Berlín, Ámsterdam, Londres, Birmingham, Bristol, Grenoble, Wadowice, Slupsk, Cracovia, Lodz, Poznan, Varsovia, Oporto y otras ciudades grandes y pequeñas han aunado su fuerza con el fin de promover las nuevas iniciativas para la democracia en Europa. Entre ellas, está el proyecto de Yanis Varoufakis «Democracia en Europa DiEM25», cuyo objetivo es conseguir la democratización plena del continente en 2025. En la base de su iniciativa se encuentra la idea de proporcionar una renta básica universal e incondicional por encima del umbral de la pobreza. En la actualidad, la mayor parte de las ciudades no pueden financiar dicha renta básica, sin embargo, hacer presión a través de los programas de las «ciudades rebeldes» constituiría una declaración moral y política importante y un reto para los Gobiernos estatales, que pueden financiar la medida a través de un impuesto sobre la renta progresivo. Varoufakis tiene razón: «[...] o tenemos una renta básica que regule esta nueva sociedad o tendremos conflictos sociales importantes que se agravarán con la xenofobia, los refugiados, la inmigración, etc.». La participación política basada en el bien común y la toma de decisiones solo puede llevarse a cabo cuando los ciudadanos tienen su existencia material garantizada.