El TPI y los asentamientos: la ilegalidad de la Ley de Asentamientos israelí

Aeyal Gross

11/02/2017

La derecha política ha impulsado un proyecto de ley en la Knesset para legalizar los asentamientos ilegales en Cisjordania. El Tribunal Penal Internacional puede ahora cuestionar la legalidad de todos los asentamientos israelíes.

Apenas han transcurrido 36 horas desde que la Knesset ha aprobado la llamada "Ley de Regularización"  y ya se ha presentado el primer recurso ante el Tribunal Supremo de Israel (por el Centro Jurídico Adalah para la defensa de los derechos de la minoría árabe en Israel, en nombre de varias aldeas palestinas y ONGs).

La controvertida ley permitirá la expropiación forzosa y retroactiva de las tierras privadas palestinas en Cisjordania en las que se han establecido colonias judías. Los antecedentes de la ley: varias peticiones con éxito ante el Tribunal Supremo por parte de los propietarios de tierras palestinas en Cisjordania en cuyas propiedades se han instalado los llamados "puestos de avanzada" ilegales por colonos judíos, siendo el más famoso Amona (en la foto), evacuado sólo unos días antes de que la nueva ley entrase en vigor.

En términos legales, el recurso en contra de la Ley de Regularización es fuerte y fácil. De hecho, es tan fuerte que el propio Fiscal General de Israel ha dicho que no sería capaz de defender la ley ante los tribunales.

El recurso contra la ley se basa tanto en el derecho internacional como en el derecho constitucional israelí. Cisjordania es un territorio bajo ocupación militar – su estatus ha sido confirmado en varias ocasiones por el Tribunal Supremo de Israel. La ley israelí no se aplica en este territorio. Que el Parlamento israelí intente legislar una ley que niega los derechos de propiedad de palestinos que no son ciudadanos de Israel y que no votaron en las elecciones a la Knesset es una violación de los principios básicos de la democracia, y tal acto legislativo está más allá de los poderes soberanos de la Knesset.

También viola los principios establecidos en el derecho internacional referentes a  la ocupación militar, según los cuales la potencia ocupante debe actuar en beneficio de la población local ocupada y viola disposiciones específicas que restringen la requisición de propiedad privada exclusivamente por necesidades militares. Estas normas están recogidas en las Reglas de La Haya, a partir de las cuales el Tribunal Supremo de Israel ha dictaminado muchas veces en el pasado.

Dado que el propósito declarado de la ley es regular y permitir el desarrollo de los asentamientos israelíes en Cisjordania, también contraviene la prohibición establecida en la Convención de Ginebra de que los estados ocupantes transfieran población civil de los territorios ocupados - una prohibición que la mayoría de la comunidad internacional, así como el Tribunal Penal Internacional, considera que, en contra de la posición de Israel, se aplica a los asentamientos.

Sin embargo, aunque en el pasado el Tribunal Supremo de Israel revisó las acciones del ejército israelí en Cisjordania basándose en el derecho internacional, la novedad de este caso será el choque frontal entre la legislación parlamentaria israelí y el derecho internacional. Como las cuestiones relacionadas con este choque son complicadas, al tribunal puede resultarle más fácil decidir apoyándose principalmente en el derecho constitucional israelí, que sostiene que la ley viola el derecho a la propiedad, que está protegido en la Ley Básica de Israel: la dignidad y la libertad humanas, así como el derecho a la dignidad humana en sí, lo que incluye el derecho a la igualdad, se violan de manera flagrante en este caso.

Sin embargo, aunque legalmente el recurso contra la ley es fácil jurídicamente, la política de la ley es más complicada. Los jueces que presiden seguramente sabrán que fallar en contra de la ley alimentaría el ya creciente deseo de los parlamentarios de derecha de cortarle las alas al Tribunal Supremo de diversas formas, incluyendo una propuesta repetidamente presentada para permitir que la Knesset  "anule" las sentencias del Tribunal en ciertas circunstancias .

Por otro lado, se puede argumentar que algunos jugadores de la actual coalición de gobierno en Israel estarían felices si el Tribunal Supremo salva al gobierno de sí mismo declarando la ley inconstitucional. Así podrían tener doble diversión: mostrar a su base de derechas que han apoyado la ley y, a continuación, mostrar a esa misma base su entusiasmo a la hora de atacar a los jueces "liberales", de "izquierdas". El propio Trump podría aprender de la derecha israelí en este terreno.

Sin embargo, el Tribunal Supremo israelí puede no ser el único que examine la ley. En las sombras amenaza el examen preliminar de la Oficina del Fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya. El examen de la ley estudia la cuestión de los asentamientos en general; uno de los temas mencionados en un informe de evaluación de noviembre de 2016 fue "la regularización de construcciones realizadas sin la debida autorización de las autoridades israelíes (los llamados “puestos avanzados”); la confiscación y apropiación de tierras".

La nueva ley puede acabar empujando al fiscal de La Haya a pasar de un "examen preliminar" a una investigación completa, que a su vez puede dar lugar a la acusación de aquellos israelíes responsables de la política de asentamientos ante el Tribunal Penal Internacional. Y, a diferencia del recurso contra la Ley de Regularización ante el Tribunal Supremo de Israel, tal investigación probablemente plantearía cuestiones más amplias sobre los asentamientos israelíes en Cisjordania, poniendo de relieve otras formas activas de apropiación de tierras por parte de Israel, y la ilegalidad de los asentamientos en su conjunto.

Profesor de Derecho Internacional y Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv, Israel.
Fuente:
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.770983
Traducción:
Enrique García