Empobrecerse: el único derecho garantizado

Rafael Borràs Ensenyat

29/06/2018

Zygmunt Bauman —en su libro Desconocidos en la puerta de casa— nos advertía sobre «la angustia agobiante» de la llamada clase mediana por «la alta probabilidad de caer en la pobreza». Son las consecuencias de la globalización neoliberal y de los programas europeos de austeridad sin piedad para los débiles. Cada vez resulta más evidente que en el Reino de España, verdaderamente, no es la economía en mayúsculas -con reparto y sostenibilidad ecológica de verdad— lo que ha mejorado, sino que la única mejora sustancial sólo afecta a la situación de las clases poderosas.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que cada año publica el Instituto Nacional de Estadística español (INE), es un instrumento imprescindible para intentar objetivar esta angustia. Pero, antes de analizar, aunque sea sucintamente, los resultados de 2017, recientemente publicados, conviene hacer dos consideraciones previas:

Primera: Cuando, de acuerdo con la ECV, se habla de personas pobres, con riesgo de pobreza o de exclusión social, no nos referimos sólo a la situación de la gente que pide limosna a la puerta de, por ejemplo, una iglesia o un supermercado, o de la que es usuaria permanente de los servicios sociales. En estas categorías están incluidas las personas con unos ingresos económicos y en especie que no los permiten llegar a final de mes con las necesidades básicas decentemente atendidas. Por ejemplo: no pueden hacer frente al coste de una cesta de alimentos suficientemente sana, el dinero no les alcanza para atender un copago farmacéutico, los recibos de alquiler, de la comunidad de vecinos, o de la luz, una actividad extraescolar, o los gastos de los libros de texto, o no les llega el presupuesto para cambiarse las gafas, o pagarse la salud bucodental. Son personas para las cuales unos días de vacaciones al año, o unos módicos consumos culturales son lujos inalcanzables.

Segunda consideración: el “umbral de pobreza” equivale al 60% de la media española de ingresos en el año anterior al de la encuesta, por unidad de consumo (persona u hogar). En lo que hace referencia a la ECV de 2017, este umbral ha quedado fijado para las personas en 8.522 €/año (313 € más que el año anterior). Es imprescindible tener en cuenta que esta es una cifra media que incorpora, como todos los indicadores de renta del INE o de la Agencia Tributaria, rentas muy elevadas y rentas extraordinariamente modestas. Esto podría estar indicando que la situación de pobreza y las diferencias sociales se extreman. Dicho de otra manera, cada vez hay más personas y hogares muy por debajo de este umbral de pobreza. Por otro lado, hay que tener en consideración la distorsión geográfica de este indicador, puesto que, dado el coste de la vida, las carencias materiales serán más severas si se vive, por ejemplo, en Palma, que si se reside en Lugo.

Dicho lo anterior, anotemos los principales resultados: el porcentaje de población en riesgo de pobreza —que no supera el umbral de pobreza— se situó en el conjunto del estado español en un 21,6%, un 0,7% menos que el año anterior. Pero atención: en los Países Catalanes, especialmente en las Islas Baleares, el porcentaje de riesgo de pobreza de 2017 es superior al de 2016, puesto que Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano registran, respectivamente, un 15%, 21,3% y 25,6% para 2017, frente a un 13,2%, 15,5%, y 24,4% del año anterior.

No obstante, interesa poner especialmente de relieve que el indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion)- que es el homologado en la UE, y que, además de si se llega o no al umbral de la pobreza, incorpora elementos de calidad en la ocupación y de carencias materiales- presenta resultados con la misma tendencia que el anterior: el estado español un 26,6% en 2017 versus un 27,9% en 2016; Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano, un 19,4%, 24,7% y 31,3% en 2017 versus un 17,9%, 19,1%, y 30,5% en 2016.

Antes de continuar, aclaro que las referencias a los Países Catalanes (el conjunto de comunidades autónomas de habla catalana, y con grandes lazos históricos y culturales) se justifican por el hecho de que una versión previa y más breve de este artículo fue publicada originalmente en un periódico cuyo ámbito lingüístico y de distribución son, precisamente, los Países Catalanes. Ahora añado otra justificación que es más importante: Estas tres comunidades autónomas han puesto recientemente en funcionamiento nuevos subsidios condicionados (Renta Valenciana de Inclusión, Renta Social Garantizada de Baleares, y Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya). Los tres incorporan novedades diferenciadas en cada caso, pero les une una característica nada novedosa, como es su inutilidad para la erradicación de la pobreza y/o del riesgo de exclusion social.

La ECV nos proporciona mucha más información que la que se ha comentado en las líneas precedentes. Por ejemplo, en conjunto del Reino de España, se constata que la pobreza sigue teniendo cara de mujer (tasa femenina de riesgo de pobreza 22,2% vs. tasa masculina 21%, y AROPE 27,1% para las mujeres vs 26% para los hombres); que la pobreza infantil es intolerable, puesto que el 28,1% de la población de menos de 16 años está en riesgo de pobreza, y el 31% en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE; y que la perdurable reforma laboral precarizadora cronifica situaciones de exclusión social, incluso para las personas que tienen un trabajo (mal) remunerado, puesto que, al menos, el 46,3% de las personas ocupadas tienen dificultades para llegar a fin de mes.

En cuanto a las carencias materiales concretas, el panorama es el siguiente: en el 34,4% de los hogares ninguno de sus miembros puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; en el 8,3% no se puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada; en el 37,3% no se tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (por ejemplo, una enfermedad, una subida del alquiler, etc.); y en el 7,4% ha habido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibidos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses.

En fin, con las imperfecciones que se quiera, la ECV permite una, digamos, bastante precisa fotografía del empobrecimiento y de las carencias materiales que padece la población. Una información que convine no obviar ya que permite evidenciar que, sin una Renta Básica (universal, incondicional, individual, suficiente, y complementaria al que conocemos como Estado del Bienestar), el único derecho garantizado de verdad para los y las débiles es el de empobrecerse. Es esta una agobiante angustia de consecuencias inciertas.

(Nota: Una versión en catalán y más breve de este artículo fue publicada en el diario JORNADA del 23 de junio de 2018).

 

Fue secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Balears y miembro de la Comisión Ejecutiva de la CS de CCOO de les Illes Balears. Actualmente colabora con diversos medios de comunicación de Baleares, generalmente sobre asuntos sociolaborales y de turismo. Es miembro de la Red Renta Básica.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 1-7-18