Daniel Raventós
Gustavo Buster
Miguel Salas
29/03/2020
En tres semanas, desde el 10 de marzo -cuando el Gobierno de coalición progresista (GCP) aprobó el primero de sus cuatro reales decretos ley de medidas económicas y sociales que han acompañado a la Declaración del Estado de Alarma del día 13- hasta el Consejo Europeo del pasado jueves 26 de marzo se ha recorrido un camino del Gólgota que ha situado al Reino de España en una terrible encrucijada.
Resumirla no es fácil, pero básicamente una buena parte de las medidas adoptadas por el GCP dependen para ser sostenibles de una mutualización de la deuda generada por las medidas fiscales en el marco de la zona euro, los coronabonos o cualquier mecanismo similar. De no ser así, ese esfuerzo fiscal imprescindible condenará a la periferia del euro a una sangría económica hacia el centro europeo excedentario, sometida a una austeridad reforzada e interminable y a la vigilancia de la troika, cualquiera que sea la forma que adopte.
La apuesta de quienes se niegan a la mutualización de la deuda - Alemania, Holanda, Austria y Finlandia- es que las terribles tensiones que ello introducirá en el euro como moneda única y en la Unión Europea se superarán a su favor como un mal menor, porque la alternativa de una ruptura parece inimaginable por sus costes para los países de la periferia, en especial Italia y el Reino de España.
La encrucijada que vivió la Grecia de Syriza resurge en las nuevas condiciones de una recesión anunciada, pero desencadenada con una gravedad sin precedentes por la pandemia del coronavirus. Ante la falta de “solidaridad", eufemismo que esconde la búsqueda de intereses nacionales a rajatabla, Jacques Delors lo ha dicho muy claramente: “la UE corre un riesgo mortal”.
El escenario europeo y sus primeras consecuencias internas
El Consejo europeo puso un primer plazo a ese pulso que se avecina -que tendrá avances y retrocesos en uno u otro sentido, hasta una decantación definitiva- en 15 días, cuando el Eurogrupo que preside el portugués Centeno elabore su plan de acción frente a la recesión. En una carta anterior del 24 de marzo, Centeno resumió las medidas adoptadas por los estados miembros y la Comisión europea como medidas fiscales por valor del 2% del PIB de la eurozona y una inyección de liquidez del 10% al 13% del PIB de la eurozona en el marco de la flexibilidad acordada y prevista en el marco del Pacto Fiscal europeo, sin cuestionarlo.
Por su parte, el Banco Central Europeo, que preside Christine Lagarde, había anunciado el 18 de marzo un nuevo programa especial de flexibilización cuantitativa para hacer frente a la crisis del coronavirus (PEPP), con la compra de bonos públicos y privados por valor de 750.000 millones de euros en 2020. El PEPP fue activado en su primera fase el día 20 de marzo, con 120.000 millones, que debería permitir una financiación global de 1,8 billones de euros vía créditos a la eurozona.
Esta ingente inyección de liquidez monetaria para apoyar el déficit fiscal inicial palidece en esta primera fase frente a las predicciones de Lagarde de que la recesión desencadenada por las medidas de confinamiento y paralización de la economía europea supondrán una caída del PIB del 4% al 10% del PIB de la eurozona, con los modelos de escenarios actuales.
Pero la sucesión de fechas tiene su importancia para comprender como funcionan los mercados capitalistas en estas circunstancias. Así, el GCP ordenó a Hacienda la primera emisión de deuda pública en la nueva situación el día 19, un día después del anunció del BCE, pero un día antes de que entrase en vigor el PEPP. En total 5.040 millones de euros, en los correspondientes tramos a 3, 7, 10 y 13 años. El día anterior, la prima de riesgo de la deuda española estaba en 160 puntos y con la emisión se estabilizó alrededor de 100. Las tasas de interés experimentaron una significativa subida (a 10 años del 0,182% anterior al 0,661%) pero en unos márgenes de gestión bastante manejables gracias al PEPP. Las agencias de rating reaccionaron dos días después manteniendo sus modestas calificaciones de A (notable) de Standard&Poors y de Baa1 de Moody’s.
Esta relativa tónica de optimismo sobre la aplicación del paquete de medidas fiscales anti-crisis -que al final había suavizado el debate en el propio Consejo de Ministros del GCP sobre el ritmo y alcance de las prudentes medidas aprobadas en los tres primeros reales decretos ley (6, 7 y 8/2020)- se vio acentuado antes del Consejo europeo por el artículo de Mario Draghi en el Financial Times el 25 de marzo, apoyando las medidas de Lagarde de la semana anterior y proponiendo un programa de liquidez sin fondo para alimentar un aumento muy rápido y significativo de los déficits presupuestarios hasta el 5% del PIB y la carta de ese mismo día al Presidente del Consejo europeo Charles Mitchel de los siete primeros ministros de la “periferia del euro” (incluidas Francia y Bélgica), proponiendo un “instrumento común de deuda” y el mantenimiento del mercado único europeo de bienes sanitarios ante los bloqueos de los estados productores.
Así se llegó a la encrucijada del Consejo europeo del jueves 26 de marzo, con un abierto enfrentamiento, sin acuerdo más allá del plazo de 15 días para que el Eurogrupo produzca una propuesta de plan, tras 6 horas de videoconferencia.
El despliegue condicionado de las medidas del gobierno
Mientras tanto, en el escenario interno, la pandemia de corona virus multiplicaba exponencialmente día a día los contagios y el número de muertos, superando las cifras chinas, a pesar del apoyo a las medidas de confinamiento previstas en la Declaración del Estado de Alarma y la disciplina social. La sanidad pública y el heroísmo de los trabajadores de la sanidad, aplaudidos cada tarde a las 8 pm, contiene como puede un desbordamiento sin precedentes, maldiciendo cada día los recortes de más de diez años del gasto público sanitario y los modelos de privatización y de gestión concertada impulsados por las políticas de austeridad, en gobiernos anteriores sobre todo del PP pero también del PSOE, en su intento de subordinar las necesidades asistenciales a los beneficios de los grandes fondos de inversión en el sector. La falta de una política industrial de seguridad de suministros sanitarios, la completa privatización del sector farmacéutico que ha vampirizado durante años el gasto sanitario público, se han pagado con un número importante de muertes.
Capítulo aparte en esta lista de horrores han sido las residencias de ancianos, donde se han producido escenas dantescas. Por poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid: 25 residencias públicas para 6.258 plazas, que han tenido una tasa de mortalidad de 1,6% y 102 fallecidos; 450 residencias privadas o concertadas, para 45.773 plazas, con una tasa de mortalidad del 2,1% y 999 fallecidos.
Como hemos sido testigos, el GCP y las distintas administraciones han tenido que responder y aprender de sus errores sobre la marcha. La lógica de las medidas adoptadas ha sido la de ir tapando huecos a medida que se producía la presión social y se intentaba equilibrar intereses en el marco de los acuerdos europeos. De nuevo, es interesante ver la correlación entre la adopción de medidas por el GCP y la Comisión europea y el BCE, que dan una idea de su prudencia y moderación frente a las acusaciones de “radicalismo ideológico” de la derecha extrema de las banderas a media asta o de la pócima fascista para todo del artículo 155 y el estado de excepción militarizado.
El 10 de marzo, cuando el GCP decide la urgente Declaración del Estado de Alarma del día 13, aprueba el RDL 6/2020, con medidas sin cuantificar relativas a la extensión de las actividades de la SAREB hasta 2027, evitando su mal venta a fondos buitres, y apuntando un plan de vivienda pública de 10.000 viviendas sociales; flexibilización de la normativa bancaria sobre el crédito; protección de deudores hipotecarios frente a desahucios; y la asimilación de las bajas por contagio o confinamiento a los accidentes de trabajo. Todo ello debería marcar la “orientación social” de la concentración en una sola autoridad del Estado de Alarma, poniendo en cuarentena el Estado de las Autonomías, y hacerla aceptable a los apoyos parlamentarios y sociales del GCP.
El día 12, al tiempo del anuncio del BCE de sus primeras medidas, todavía dentro del programa TLTRO III, estabilidad de los intereses entre 0% y 0,23% y compras de bonos por valor de 120.000 millones, el GCP aprobó el RDL 7/2020 con las primeras medidas cuantificadas, a cargo del Fondo de Contingencia: 1.000 millones para el Ministerio de Sanidad y 25 millones para asegurar el derecho a la alimentación infantil a través de las Comunidades Autónomas, así como la ampliación de la línea de crédito abierta para Thomas Cook para la moratoria de seis meses de la deuda tributaria de las PYMEs del sector turístico y otros negocios con un volumen inferior a los 6 millones.
Ese mismo 12 de marzo, se produce un primer acuerdo entre los sindicatos CCOO y UGT y las patronales para solicitar al GCP ampliar la razón de fuerza mayor en la solicitud de ERTEs, trasladando a la Seguridad Social el pago del 80% de los salarios de los trabajadores en paro técnico por razón de la pandemia, para evitar despidos y quiebras.
El 13 de marzo, la Comisión europea anuncia su primer paquete de medidas, flexibilizando el limite del déficit fiscal del 3%, en el marco del Pacto Fiscal (art.107) y rebañando del presupuesto y los fondos europeos existentes 1.000 millones de euros para garantías a las PYMEs, moratoria de deudas al Fondo Europeo de Inversiones, 179 millones del Fondo de Adaptación a la Globalización y la posible utilización de 37.000 millones de los Fondos de Cohesión. Pocos días después, Francia anuncia un paquete de medidas por 45.000 millones y un programa de inyección de liquidez vía tributaria y de avales de 300.000 millones. Italia hacía público un paquete inmediato de 25.000 millones.
El RDL 8/2020 del GCP no se aprobó hasta el 17 de marzo, después, al parecer de un fuerte debate. La aportación real se sitúa en 17.000 millones, de los que se destinan 300 millones para un Fondo Social Covid-19 para transferencia a las Comunidades Autónomas para su gasto social y 30 millones para investigación médica del coronavirus. En el terreno laboral y recogiendo el acuerdo entre sindicatos y patronal, se decreta el traslado a la Seguridad Social la prestación extraordinaria por cese de actividad, aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas o reducidos sus ingresos un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. También se exonera a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social, y del 100 % de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores si mantienen el empleo. Y asimismo podrá tener impacto en los presupuestos del INEM la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo, reconociendo el derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
En el terreno de los avales, el GCP, compromete potencialmente hasta 117.000 millones públicos y prevé otros de carácter privado hasta los 200.000 millones, lo que supondría alrededor del 20% del PIB en caso de materializarse. Con ello, la previsión del gobierno parece situarse en el listón superior de las previsiones del posible programa europeo. Pero el ritmo de este es más lento. Hasta el día 20 el BCE no flexibiliza las medidas de provisión ante la posible moratoria de hipotecas, ni activa la línea del PEPP; y el Eurogrupo no aceptará la propuesta de flexibilización en el marco del Pacto Fiscal europeo y la clausula de excepcionalidad hasta su reunión del día 23. Pero los ERTEs se habían disparado: en una sola semana habían superado el total de los últimos seis años, situándose por encima del medio millón de trabajadores. Y la predicción de CEPREDE es que puede llegar a los 2,5 millones.
El cuarto RDL, el 9/2020, de 27 de marzo, un día después del Consejo europeo decretaba como improcedente el despido por causa mayor con ocasión del COVID 19, aumentando la compensación de 20 a 33 días de compensación, como un nuevo mecanismo de disuasión para el ajuste de plantillas a favor de los ERTEs.
Finalmente, al menos por el momento, y ante el peligro del colapso de los sistemas sanitarios, el GCP ha decretado el 29 de marzo el confinamiento general, paralizando la actividad económica no esencial desde el 30 de marzo al 9 de abril. Se prevé el mantenimiento del teletrabajo, se publica una lista restringida de las actividades esenciales y se establece la recuperación de las horas perdidas así de forma espaciada en el tiempo, pero manteniendo los salarios y descartando la aplicación de ERTEs adicionales.
La tensión social crece
En el despliegue sucesivo de estas medidas es evidente la presión social sobre el GCP, consciente de que es su base social la que sufre en primera línea los efectos de la crisis social y política y la necesidad de mantener los equilibrios que mantienen su estrecha mayoría parlamentaria gracias a las izquierdas nacionalistas. Y al mismo tiempo su interpretación de los márgenes de su autonomía en el contexto de la UE y de la necesidad de ensayar como ampliarlos (con el ejemplo de la carta conjunta a Mitchel y la posición en el Consejo europeo). Otros límites obvios impuestos por el Régimen del 78 ni se cuestionan.
Pero se necesita ampliar las alianzas políticas y sociales tanto para responder a la crisis como frente a la derecha. Las decisiones deben tomarse en correspondencia y colaboración con las autonomías (al menos con las que es posible el acuerdo), con los sindicatos y con los ayuntamientos de las grandes ciudades. Confundir la centralización política con la técnica en la toma de decisiones no significa mayor eficacia. Decíamos en un anterior editorial “la forma que ha adoptado [las decisiones sobre la crisis], la explicación que se ha ofrecido en nombre de una unidad nacional que parece obviar los intereses sociales en liza y las distintas competencias de las comunidades, en especial en Euskadi y Cataluña, donde tampoco se puede obviar la crisis constitucional por decreto, aparecerá para importantes sectores de la población como la recentralización que viene exigiendo la derecha mas reaccionaria, aunque sea por vía indirecta y en nombre de la emergencia sanitaria. Había otra vía y era la de profundizar en el diálogo y la coordinación anunciadas, especialmente en Cataluña”. Se ha optado por la uniformización aunque eso suponga tomar medias, que 24 horas antes se negaban rotundamente, que en otros sitios, como Cataluña, ya se habían pedido por la Generalitat una semana antes, y que no cuentan con el apoyo en otros, como en el caso del Gobierno vasco.
La pregunta evidente es si esta gestión de equilibrios inestables es sostenible. Para la derecha extrema y la extrema derecha, como se vio en el debate parlamentario sobre la extensión de la Declaración del Estado de Alarma, el desgaste y la confrontación con las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular y los estados del “centro” de la eurozona acabarán rompiendo el bloque social que sostiene al GCP. Faltará tiempo entonces para aplicar las políticas de austeridad que permitan una gestión de la crisis a favor de los intereses de las oligarquías capitalistas, en nombre de la “competitividad”. Con una caída del PIB prevista entre el 4 y el 10% del PIB ello implica una contrarreforma autoritaria del Régimen del 78.
El peso de la mayoría de las decisiones que se toman recae sobre el presupuesto público, es decir, sobre el endeudamiento colectivo. Son necesarias medidas que obliguen a los que más tienen a compartir y aportar a la respuesta a la crisis. Quienes durante las últimas décadas abotargaron las conciencias de que el mercado era más eficiente, se regulaba solo y podía responder mejor a las necesidades de la población, ahora dirigen todas las miradas hacia el Estado para que les salve de esta crisis. Ese mercado que defienden los capitalistas y las derechas ha sido superado por un virus. La respuesta tiene que venir de otros parámetros y otras concepciones: de poner por delante la vida de las personas; lo público por encima de lo privado; el trabajo por delante del beneficio privado; la sanidad, la educación y la cultura por delante del interés privado.
Empiezan a ser una cuestión de importancia urgente. Nos referimos a la configuración de los derechos de propiedad. Tal como están configurados en el presente, son una auténtica barbaridad. Y situaciones extraordinarias como la crisis actual lo evidencian, si cabe, de forma más extrema. Estos derechos de propiedad deben ser revisados democráticamente haciendo realidad un sencillo pero muy claro principio republicano: toda propiedad privada debe estar subordinada al interés público.
Otra realidad ha irrumpido con fuerza estos días. Ante la pasividad en unos casos, ante la divergencia de los planteamientos defendidos por el gobierno español o por simple iniciativa ciudadana, mucho más rica que lo que cabe en un consejo de ministros, son muchas y de muy diversa índole, las iniciativas ciudadanas. Desde los trabajadores de la Seat que han logrado diseñar y construir un respirador, otras empresas que han adaptado su producción para fabricar mascarillas, empresas que imprimen en 3 D accesorios sanitarios, asociaciones en los barrios y en los CDRs en Cataluña para atender a personas mayores o necesitadas… que muestran la capacidad de resolver problemas que muchas veces desde los poderes o desde las empresas son incapaces. O la iniciativa de movimientos sociales, entidades ciudadanas y sindicatos por un "plan de choque social" y la firmada por otros muchos sindicatos. Las crisis sacan lo peor y lo mejor de una sociedad.
Ello nos sitúa en el plano de la orientación estratégica, en el ¿qué hacer? En esta situación de confinamiento masivo, desarticulación de las relaciones sociales y económicas, de movilización y solidaridad heroica en la lucha contra el corona virus de los sectores esenciales, empezando por el sanitario, pero también de telecomunicación masiva por redes y tiempo para pensar.
Ese programa necesario debe partir de la comprensión de lo que está en juego, del marco global internacional, incluso más allá de la Unión Europea, en el que se desarrolla la crisis. No puede ser un programa cerrado, sino resultado de la experiencia colectiva y que avanzará mediante pruebas y errores. Algunos elementos están ya sobre la mesa:
1- Todos los esfuerzos necesarios para la lucha contra el coronavirus pasan por el reforzamiento de lo público, muy especialmente del sistema público de salud, con el control primero y después nacionalización de los sectores privados y el desarrollo de una industria farmacéutica pública ligada a la investigación pública. De igual manera, reforzamiento de los medios y la gestión pública del conjunto del Estado de Bienestar, empezando por las residencias de ancianos.
2- La defensa de los derechos e instituciones democráticas, contra la militarización y recortes de derechos en nombre de la “guerra” contra el coronavirus. Una de las mayores incongruencias de esta crisis es la representación de las ruedas de prensa que diariamente informan sobre la evolución de la pandemia. ¿Qué hacen un militar, un policía y un guardia civil y un solo civil informando en las ruedas de prensa?
3- Reforzamiento de los instrumentos públicos para hacer frente a la gestión financiera de la crisis, con el desarrollo de una banca pública a partir del ICO y Bankia. Regulación de los flujos de capitales en el mercado de valores y la banca, con garantía ampliada sobre los depósitos.
4- Restructuración de las empresas en quiebra para satisfacer necesidades básicas, mantener el empleo y ampliar el sector público con participación sindical.
5- Por la garantía de los derechos sociales y el acceso a los bienes básicos de todos los sectores de la población, regulación de precios de la alimentación, agua, electricidad y alquileres y moratoria de desahucios y cortes de servicios. Desarrollo del parque social de viviendas a partir de la SAREB.
6- Renta básica universal de forma inmediata. Lo hemos explicado en otras ocasiones: la urgencia ahora es un dato fundamental. Y hay mecanismos para hacer llegar una asignación monetaria de forma inmediata a toda la población que la solicite y si lo solicitan personas que no están por debajo de un determinado nivel de renta anual, puede fácilmente ser descontada en el IRPF de 2021. Es evidente que debería acompañarse después de la urgencia de aplicación con una reforma fiscal progresiva sobre ingresos, renta y patrimonio.
7- Por la mutualización europea de la deuda: coronabonos sin condiciones de austeridad, lo que supone superar el marco asfixiante del Pacto Fiscal europeo.
8- Utilización prioritario de los fondos obtenidos por la venta de bonos de deuda pública al gasto social. Reforma del artículo 135 de la Constitución de 1978 en este sentido.
Los próximos días aportarán muchos más datos sobre la crisis que a la situación económica previa se añade la creada por la paralización casi total de la economía durante semanas. No es exageración, es constatación de la realidad: la situación, de no tomarse medidas extraordinarias, para la gran mayoría de la población puede llegar a unos niveles no imaginados ni por la más catastrofista de las imaginaciones. Tomemos solamente este dato: antes de la gran crisis de 2008, había oficialmente poco más de 6 millones de pobres en el Reino de España, antes de la crisis de emergencia, cerca de 8 millones. Los próximos datos pueden fácilmente duplicar esta última cantidad.