¿Es posible la ruptura en Catalunya?

Jordi López Santín

02/04/2017

 

El gobierno del PP sigue ciego frente a la situación política y social catalana. Durante años atizó las bajas pasiones para enfrentar al resto de España contra Catalunya. Le dio réditos electorales a costa de agudizar el conflicto. Hace unos meses diseñó una supuesta política de “diálogo”, y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se pasó varios fines de semana en Catalunya. Pero el “diálogo” se agotó el mismo día que los jueces, a propuesta del gobierno, decidieron procesar a Mas, a la Mesa del Parlament, al diputado Homs… Esta semana, Rajoy ha vuelto a matizar su política (si es que en algún momento ha tenido una política respecto a Catalunya). Ahora es la del “palo y la zanahoria”. Se ha presentado en Barcelona ofreciendo millonarias inversiones en infraestructuras. Reunió a grandes empresarios, interesados por los negocios de esas inversiones, pero convenció a pocos y menos a la población. Dichas inversiones fueron ofrecidas hace años y nunca cumplidas. Lo que si se cumple inexorablemente es la actividad de los tribunales. Ahora han puesto en marcha la impugnación de los Presupuestos aprobados en el Parlament de Catalunya, porque en ellos consta una partida dedicada a preparar el referéndum. La política del “palo y la zanahoria” también fracasará. 

En Catalunya se mantiene de forma sostenida una movilización de centenares de miles de personas de todos los sectores sociales, pero muy notablemente trabajadores y capas populares que, periódicamente, han salido a la calle desde junio de 2010.

Esta movilización se inició como respuesta al recorte del Estatut d’Autonomia que había sido ratificado mayoritariamente en referéndum y empezó con el lema más bien “moderado”, viendo la evolución posterior, de “Som una nació. Nosaltres decidim”.

La respuesta absolutamente cerrada de los gobiernos centrales, el de Zapatero ya en sus últimos estertores, el de la mayoría absoluta y el actual de la mayoría “prendida con alfileres” de Rajoy, han llevado al movimiento a continuar la reivindicación y ampliar sus objetivos, centrados en el derecho a decidir, pero con expectativas progresivamente menguantes respecto a una evolución del régimen que permitiera alguna concesión en la línea de un mayor autogobierno. Ha tenido, por tanto, una evolución hacia la ruptura, mayoritariamente hacia la independencia de Catalunya, pero unánimemente hacia la perspectiva de la decisión en un referéndum popular sobre la forma de vinculación con España. Breve y conciso: ruptura con la Constitución monárquica del 78 y fundación de una República Catalana.

Este posicionamiento reúne hoy un abanico de apoyos mayoritario en Catalunya, interclasista y desde muy diversos grupos políticos y sociales: desde la derecha gobernante durante la mayor parte de estos últimos 30 años en Catalunya (CiU y su heredero, el PDeCAT), hasta el radicalismo nacional y social de la CUP, pasando por ERC; desde sectores de la patronal, pese a las reticencias de algunos grandes empresarios, hasta sindicalistas; desde sectores ligados a la Iglesia hasta los activistas de la PAH, por la renta básica ciudadana, las mareas por la enseñanza y la sanidad públicas. Y, claro está, también incluye la expresión política de la izquierda transformadora que, en los últimos años, ha ido evolucionando hacia la construcción de un nuevo sujeto político con participación del nuevo municipalismo de Barcelona En Comú, ya en sí una confluencia, con las organizaciones “tradicionales” ICV y EUiA y el más nuevo Podem, surgido al calor del 15M. Esta nueva formación, constituida de urgencia como plataforma electoral, ganó las 2 últimas elecciones generales consecutivas en Catalunya. Todo este magma interclasista y de posiciones políticas diversas coincide hoy en la necesidad de un planteamiento de ruptura con el régimen.

Sin embargo, como era de esperar, la lucha de clases se mantiene y bien aguda en Catalunya recorriendo la médula espinal del escenario político. Durante el período señalado, el gobierno de Catalunya estuvo primero en manos de la Convergència i Unió de Artur Mas, heredero muy directo de Jordi Pujol y los gobiernos de la corrupción del 3%, apoyado en los votos del PP en el Parlament, en una reedición modernizada del “pacto del Majestic”. Artur Mas se convirtió, en el momento más duro de la gestión neoliberal de la crisis, de los recortes y la reforma laboral, en el “alumno aventajado” de Rajoy y de la troika, aplicando con sadismo social las medidas de despidos, recortes salariales y eliminación de derechos laborales a la clase trabajadora. La contrapartida esperada en forma de concierto económico al estilo vasco nunca llegó y se convocaron elecciones anticipadas. El siguiente gobierno de Mas, después de perder 12 escaños en unas elecciones que debían llevarle a la mayoría absoluta, necesitó el apoyo de ERC y ésta intercambió el apoyo a la política social “recortadora” y antipopular por la convocatoria del referéndum de noviembre de 2014, que se reconvirtió en consulta popular no vinculante.

El siguiente capítulo fueron unas nuevas elecciones ganadas por JuntsxSí, formada con lo que quedaba de Convergencia, ERC e independientes, que tampoco obtuvo mayoría absoluta y necesitó del apoyo de la CUP que condicionó la formación de gobierno a la substitución de Mas por un nuevo candidato, Carles Puigdemont, la celebración de un referéndum vinculante sobre la independencia y a la negociación de unos presupuestos para 2017, que se han convertido en una batalla política trascendente en los últimos meses.

Finalmente, los presupuestos han sido aprobados por el Parlament de Catalunya el pasado 23 de marzo de 2017, con los votos favorables de Junts pel Sí y el reparto técnico de votos de la CUP suficiente para permitir que salieran adelante con una espada de Damocles sobre su ejecución, el recurso al Tribunal Constitucional presentado por el PP, Ciutadans i el PSC contra la partida para el referéndum.

Los presupuestos son continuistas en lo económico y social, persisten en la política neoliberal de gestión de la crisis. No hay ningún signo de recuperación de presupuestos para sanidad y educación pública, ni aplicación de la renta básica de ciudadanía, ni recuperación de derechos de los empleados públicos. Sólo una leve concesión a la CUP en materia de educación con una huelga ya convocada. Por lo demás, aplicación de la misma política fiscal de la troika trasladada por el gobierno central a las autonomías en forma de control férreo del déficit y del gasto público. La CUP vota a favor, cediendo a la presión de la amenaza “sin presupuestos, no habrá referéndum”. Sin embargo, la respuesta del Tribunal Constitucional puede dejarles “compuestos y sin novia”, anulando la partida para el referéndum y ratificando el resto de los Presupuestos antisociales. El gobierno del “procés” se mantendría pues en manos de la derecha.

Esa es la cuestión principal. El referéndum vinculante donde el pueblo de Catalunya decida libremente su futuro es, no sólo justo por ser el ejercicio práctico de un derecho democrático, sino para poder construir una República Catalana que ponga el acento en los derechos sociales de la población.

Y ello nos lleva al debate sobre la hegemonía en el proceso político de ejercicio del derecho democrático a la autodeterminación. La respuesta del gobierno central, la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados, muestran que un referéndum vinculante sólo puede realizarse como un “acto de ruptura”, requiere sustituir la legalidad de la Constitución del 78 por una nueva legalidad basada en la movilización popular. Mientras la dirección de los acontecimientos y el calendario de actuación estén en manos de la derecha, como parece mostrar la aprobación de estos presupuestos 2017, difícilmente se va a producir ninguna ruptura y el referéndum corre el riesgo de ser una repetición del 9-N de 2014 sin consecuencias políticas reales.

La balanza de la lucha por la hegemonía debe inclinarse hacia la izquierda y la movilización por la ruptura debe cobrar protagonismo. En este momento, la constitución de la nueva organización política de la izquierda bajo el nombre provisional de Un País En Comú es de una importancia capital. El camino hasta llegar aquí ha sido complejo pero finalmente el domingo 8 de abril se constituye la nueva formación. Hay que sentar las bases organizativas y, desde el día siguiente, ponerse a trabajar para liderar el proceso constituyente de la nueva República Catalana,  conscientes que sólo se puede ganar el Referéndum a través de una movilización popular que una a la reivindicación del ejercicio del derecho a decidir una clara expresión de ruptura con el régimen del 78 y una defensa incondicional de los derechos sociales que tantos años de gobiernos de la derecha han socavado.

Un País en Comú debe tener la capacidad para expresar sin la menor vacilación que la izquierda catalana ha de defender activa y prácticamente el derecho a la autodeterminación como irrenunciable derecho democrático a poder establecer las relaciones con el resto de Estados de igual a igual.  Bajo ningún pretexto ni la defensa de lo social ni del federalismo (que, a diferencia de lo que afirma el Partit Socialista de Catalunya, es una relación, repito, de igual a igual y eso implica, nada más y nada menos, que la plena soberanía de las partes) debe servir como excusa torticera y no confesada contra la decisión libre y soberana de Catalunya a establecer las relaciones que su población decida con el resto de pueblos y Estados del mundo. La defensa de los intereses de las clases populares no debería ser nunca un pretexto en contra del derecho a la autodeterminación de Catalunya. Una izquierda que no entienda esto o se muestre dubitativa al respecto, está condenada al más absoluto y justificado fracaso en la nación catalana.

De todas maneras, con ser mucho, la consolidación de una fuerza política rupturista y el giro hacia la izquierda del soberanismo no serían más que una de las condiciones para una verdadera ruptura. El “acto de ruptura” requiere la disposición de una mayoría de la población de Catalunya a la desobediencia civil de la legalidad constitucional actual. Es básico, tanto para cambios sociales como políticos. Sólo con una movilización cuantitativamente mayoritaria y cualitativamente decidida a imponer una nueva legalidad será posible dar el salto adelante. Tiene que ser un elemento central de la nueva fuerza de las izquierdas. Hacer efectivo el referéndum e imponer su resultado como vinculante es verdaderamente el ejercicio efectivo de un derecho democrático que el gobierno del PP niega.

Sindicalista de CCOO en TV3 (Televisió de Catalunya)
Fuente:
www.sinpermiso.info, 2 de abril de 2017