Esclarecimiento del neoliberalismo vasco para dummies

Julen Bollain

09/04/2017

A la hora de analizar unos presupuestos no podemos obviar en ningún momento que la ley de presupuestos es la ley más importante que cualquier gobierno presenta anualmente al parlamento para su aprobación y ratificación. A través de la ley de presupuestos se determina la política que un Gobierno llevará a cabo en un año natural y, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la ley de presupuestos de 2017 determina también la política que el Gobierno Vasco se plantea llevar a cabo durante la XI. Legislatura al ser éste el primer proyecto de ley de presupuestos presentado durante la misma. Así, la piedra angular que determinará las acciones a ejecutar por el Gobierno Vasco parte de un diagnóstico muy alejado de la realidad, siendo éste un proyecto de presupuestos inválido, inadecuado e innecesario a la hora de ofrecer soluciones a los problemas de la ciudadanía vasca.

El Gobierno Vasco sustentado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi ha presentado un proyecto de ley de presupuestos que será aprobado con total seguridad el martes día 11 de abril con la abstención del Partido Popular en el Parlamento Vasco. La triple alianza neoliberal vuelve a la carga en Euskadi con enormes consecuencias para la ciudadanía. Un proyecto de ley de presupuestos que es injusto se analice por donde se analice.

El Gobierno Vasco lleva cerca de dos meses con la consigna de que son unos presupuestos “sin holguras” debido a la coyuntura económica, pero que aun así crecen un 1,2% respecto a los del año anterior. Y como bien dice un dicho popular de la lengua castellana, quien hace la ley, hace la trampa. Por eso, hay que explicarle bien claro a la ciudadanía vasca que los presupuestos de 2017 no crecen por una mayor justicia social donde los más pudientes este año vayan a pagar más, ya que el incremento en los ingresos de los presupuestos de Euskadi para 2017 es simplemente por un mayor poder de endeudamiento que aprobaron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro gracias al apoyo indiscutible del Partido Nacionalista Vasco. Así, el endeudamiento bruto de Euskadi para el 2017 crece en 126,4 millones de euros, hasta los 1.371,4 millones de euros, un incremento de 11,4% respecto a 2016, mientras los ingresos se mantienen intactos. Personalmente opino que es intolerable que en una comunidad autónoma donde la previsión de crecimiento interanual del PIB para 2017 se sitúa en el 2,5% y en la que existe capacidad de generar y administrar recursos propios, el espacio para el gasto solo haya aumentado en un 1,2% “gracias” a una mayor capacidad de endeudamiento e hipotecando así el futuro de la sociedad y, en especial, de la juventud vasca.

Existe una titánica resistencia y una descomunal falta de voluntad por parte del Gobierno Vasco (PNV-PSE) y de su socio el Partido Popular para acometer una reforma fiscal integral en nuestro país. Mientras, las clases más vulnerables siguen apretándose el cinturón y ahogándose día tras día debido a los recortes en los derechos adquiridos por la ciudadanía tras años de lucha por afianzarlos. Contamos con el marco idóneo para no depender del endeudamiento a la hora de mantener la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, no observamos una reforma fiscal integral realmente progresiva en el horizonte. Dilatar sine die el asumir la responsabilidad de abordar un viraje de justicia social en la política fiscal solo se comprende cuando no se quiere exigir un compromiso de país a las élites económicas y se pretende beneficiarlas en contra de una mayoría social.

Así, observamos cómo año tras año los impuestos indirectos tienen un mayor peso en el total de las aportaciones realizadas por las diputaciones forales al Gobierno Vasco. Consecuencia directa es que cada vez un mayor porcentaje de lo recaudado proviene del gravamen a una mayoría social ya que el peso de los impuestos directos decrece, reduciéndose de esta manera la importancia en el total de las aportaciones del gravamen a la capacidad económica. Claro ejemplo de esta triste realidad se puede observar en el impuesto de sociedades. En 2015, éste suponía un 8,2% del total de las aportaciones, en 2016 disminuyó al 7,7% y la previsión para el 2017 se sitúa aún más baja, en el 6,9% del total. Si tomamos como referencia la diferencia entre los años 2016 y 2017, donde el total de las aportaciones se mantienen casi intactas, las aportaciones provenientes del impuesto de sociedades merman un 10,2% cuando en la industria se prevé un crecimiento del 2,3% y en los servicios del 2,4%.

En definitiva, en este proyecto de ley de presupuestos se aprecia cómo los ingresos son insuficientes e injustos. Al mismo tiempo, a la hora de analizar los gastos observamos que el gasto del dinero se realiza en base a unas políticas que no pretenden avanzar nada en lo social y que se enmarcan dentro del continuismo que caracteriza al PNV. ¿Pero, y qué pasa con el PSE, “adalid del socialismo”? Pues, por desgracia, aparte de en el sentido del voto no se aprecia la influencia social que hubiera podido tener el PSE en estos presupuestos, partido que sustenta el Gobierno junto al PNV y que gestiona tres de los once departamentos (Trabajo y Justicia; Turismo, Comercio y Consumo; y Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda) existentes en el Gobierno Vasco, lo que en materia presupuestaria equivale solamente al 4% del total del presupuesto.

Nos encontramos un año más con inversiones orientadas a proyectos faraónicos, con el grueso de las inversiones en infraestructuras dirigidas al Tren de Alta Velocidad mientras seguimos enterrando recursos públicos para seguir capitaneando proyectos que dan la espalda a las demandas de la ciudadanía vasca.

En cuanto a los servicios públicos que ofrecen cobertura a la totalidad de la sociedad vasca, con tristeza contemplamos cómo siguen en caída libre, deteriorándose y precarizándose a pasos agigantados. Claro ejemplo de los mismos son la sanidad y la educación pública de Euskadi, siempre ocupando los puestos delanteros de la propaganda del Gobierno Vasco pero que si adentramos en ellos, observamos que no es tal el oasis de Euskadi que nos quieren hacer creer. Más de 21.400 empleos destruidos en los últimos años generando una descarada precariedad entre los y las trabajadores de la administración pública vasca, con 1 de cada 3 en situación de interinidad (en Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, la precariedad laboral asciende hasta el 34,8% y en educación, hasta el 38%). Alta temporalidad como arma de privatización en la administración pública. Sin embargo, mientras el Gobierno Vasco no realiza una clara apuesta por el empleo público de calidad, tiene la poca vergüenza de aumentar el número de altos cargos en 17 miembros y la plantilla de asesores en un 28%.

Cuando decía unos párrafos más arriba que no se avanza nada en lo social, en realidad, solo estaba diciendo medias verdades. No es que no se avance nada, es que, para más inri, se retrocede. Tal y como comentaba antes, quien hace la ley, hace la trampa. El Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017 parece una derivada más de los acuerdos esgrimidos a raíz de la fraternidad y la complicidad entre el PNV y el PP. Haciendo un simple símil con la película de John Erick Dowdle, “así en Euskadi como en Madrid”. En el Real Decreto la disposición adicional segunda regula la “no afectación de la nueva cuantía del salario mínimo interprofesional en las referencias contenidas en normas no estatales y relaciones privadas”, dejando así, en el caso de Euskadi, a manos del PNV y del PSE la opción de equiparar la subida de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos a la subida del 8% del SMI. Tanto la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 31 de diciembre de 2008, como el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 17 de junio de 2010, establecen que los porcentajes por los que se calcula la Renta de Garantía de Ingresos están sujetos a la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, la disposición adicional séptima del proyecto de Ley de presupuestos establece que “durante el ejercicio 2017, la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos […] será la aplicada durante el ejercicio 2016, incrementada en el porcentaje del 1,5%”. Además, tampoco le tiembla el pulso al Gobierno Vasco cuando mantiene por quinto año consecutivo el recorte que introdujo Patxi López (Gobierno del PSE sustentado por el PP) mediante la disposición adicional sexta, por la cual se establece que “las ayudas, subvenciones y prestaciones económicas, […] que se concedan, reconozcan o paguen por las entidades del sector público experimentarán una reducción en su cuantía del 7%”.

Estamos asistiendo a una apuesta del PNV y del PSE por vaciar los derechos de contenido y de capacidad para ejercerlos. Personalmente, entiendo que unos buenos presupuestos son aquellos que protegen y ponen en el centro a las personas. No obstante, estas medidas antisociales dejan de lado a las clases más vulnerable, cronificando la pobreza de cada vez más personas, situándolas al margen de la sociedad y tratándolas como meros porcentajes para uso de marketing político.

Una vez más, ante la vulneración de derechos, la ciudadanía vasca ha tomado cartas en el asunto. Ocho activistas sociales pertenecientes a distintos colectivos sociales de Bizkaia (entre los que se encuentran SOS Racismo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Bizkaia-Stop Deshaucios, la Asociación de Trabajadoras de Hogar del territorio, el Centro Asesor de la Mujer en Barakaldo Argitan, y Argilan-ESK) se declararon en huelga de hambre el 24 de marzo de 2017 y tras 17 días, continúan con la lucha 5 de ellos. Bajo el lema #NoTragamos, su portavoz Iosu Balmaseda ha acusado en reiteradas ocasiones que el Gobierno Vasco “incumple sistemáticamente su propia ley” recorte tras recorte y que “las prestaciones sociales no son del gusto de la patronal ni de las personas ricas y poderosas, y por desgracia, hoy quien nos gobierna defiende a éstos". El pasado 1 de abril una multitudinaria manifestación convocada por distintos colectivos sociales inundó las calles de Bilbao bajo el lema #RGIdefendatu (#RGIsedefiende) para defender el derecho a la garantía de ingresos y para luchar por la reversión del recorte del 7% y la aplicación de la subida del 8% en las prestaciones sociales. Más de 3.500 personas salieron a defender los derechos sociales de la ciudadanía vasca y la no-criminalización de las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos según los organizadores. Demandas necesarias las que exigimos el sábado pasado en Bilbao, demandas para hacer frente a las crecientes necesidades inmediatas de la ciudadanía vasca pero, no podemos olvidarnos de que el futuro debemos enmarcarlo más allá de las Rentas Mínimas Garantizadas. Un futuro próximo donde el sistema vasco de protección social se base en la universalidad, la incondicionalidad y la suficiencia para dar respuesta a todas las situaciones de pobreza y de falta de libertad real de la ciudadanía. Un futuro próximo donde la columna sobre la que pivote el sistema vasco de protección social sea la Renta Básica Incondicional.

Como conclusión cabría decir que el Gobierno Vasco ha realizado un proyecto de Ley de Presupuestos dirigido a satisfacer un diagnóstico erróneo de la ciudadanía vasca y que deja de lado las preocupaciones y las necesidades de las clases medias y bajas de la ciudadanía. Unos presupuestos de corte continuista y neoliberal que basan su expansión en la mayor capacidad de endeudamiento, mientras hipoteca a toda la ciudadanía vasca en vez abordar una reforma fiscal integral basada en la justicia social donde se grave de manera progresiva la mayor capacidad económica de las personas más pudientes que hoy en día cuentan con una maraña de exenciones, deducciones, desgravaciones o bonificaciones regresivas mediante las cuales las haciendas forales en 2017 dejarán de recaudar más de 6.000 millones de euros. Un Gobierno que, en vez de intentar mejorar las condiciones de vida de las casi 1 de cada 5 personas que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, sigue recortando y vaciando los derechos ya adquiridos para favorecer a unas élites económicas a las que, lejos de exigirles compromiso de país, son premiadas año tras año en detrimento de una mayoría social. Un Gobierno al que no le importa que parte importante de su ciudadanía viva sumida en la pobreza, con un futuro incierto y sin tener la existencia material garantizada. Un Gobierno al que para nada le importa la libertad real de su pueblo, sino la agudización de su dependencia.

es un joven investigador vasco, miembro de la Red Renta Básica, sección de la Basic Income Earth Network. Es el diputado más joven del Parlamento Vasco. Salió elegido por la candidatura de Elkarrekin Podemos
Fuente:
www.sinpermiso.info, 9 de abril 2017