Eufemismo y Estado. Inclusión por control y represión social

Rubén M. Lo Vuolo

27/04/2014

 

En Argentina, las palabras que buscan simbolizar ideales políticos, suelen tener un destino casi inexorable: aparecen con mayúsculas resaltadas, luego se vuelven minúsculas comunes y finalmente se colocan entre sarcásticas comillas como forma de representar que su significado es opuesto a las mayúsculas originales. Este es el caso de la “inclusión social” que hoy adjetiva cualquier programa que otorgue un beneficio estatal a alguien que es seleccionado por el poder político.

El primer error es considerar que alguien está “excluido” de la sociedad, por la sencilla razón que los lazos sociales directa o indirectamente alcanzan a todas las personas. No se está excluido de la sociedad, sino que se está incluido o excluido de ciertas instituciones sociales. Por ejemplo, una persona está incluida en programas asistenciales bajo la condición de que esté excluida de los seguros sociales vinculados al empleo formal. Ambas instituciones incluyen, pero con mecanismos y beneficios diferentes: a una se accede por haber registrado un contrato privado y a la otra porque se es seleccionada por el Estado que a cambio exige el cumplimiento de ciertas condiciones.

Las personas están incluidas en la sociedad de forma desigual. Así, algunas personas están incluidas bajo formas que potencian su autonomía y posición dominante, y otras bajo formas que potencian su dependencia y subordinación. Las “políticas de inclusión social” diseminadas en los últimos años, en general consagran esta división social, organizadas con la siguiente premisa: instituciones especiales con peores beneficios y exigencia de más condiciones para las personas más necesitadas. Esto para que no contaminen el “buen funcionamiento” de las otras instituciones que incluyen a los mejor posicionados (que tienen dinero para pagarlas).

Esto se traduce en derechos diferentes. Los mejor posicionados están empoderados para demandar sus derechos contra el Estado: los subordinados deben someterse a un complejo sistema de evaluación para que el Estado decida si va a otorgarles un beneficio y en qué condiciones. Estas personas no tienen derechos sino necesidades que deben ser reconocidas por el Estado y su burocracia. No están protegidas, sino asistidas. Así, las políticas de inclusión social se vuelven un sistema de vigilancia y control social de las vidas de las personas, abriendo múltiples espacios para la construcción de redes de clientelismo político.

Esta lógica se complementa con otras normas que buscan el control y la directa represión social. Es el caso de la bochornosa “ley antiterrorista” y del proyecto que ahora pretende regular las manifestaciones públicas de protesta social, declarándolas “legítimas” e “ilegítimas”. Así, el criterio discriminatorio de merecedores y no merecedores de asistencia social ahora se aplica a los merecedores o no de ejercer la protesta social.

Cuando el poder político establece reglas de discriminación entre las personas, también legitima criterios en base a los cuales se juzga la justicia o injusticia de sus actos públicos y privados. El Estado argentino, ampliamente denunciado por su falta de imparcialidad, de universalidad y de algún esbozo comprensible de moralidad, no sólo se arroga el poder de juzgar la moralidad y la necesidad de quienes merecen asistencia, sino también la legitimidad de sus actos de protesta. Un Estado que es incapaz de negociar, argumentar y resolver los acuciantes problemas sociales descarga la culpa de la marginalidad, la pobreza y la carencia en los propios damnificados (justo cuando es previsible el incremento de las desventuras sociales por políticas económicas y sociales regresivas).

De este modo se está cerrando un círculo que bajo el eufemismo de la “inclusión” y la “protección social”, consagra una división clasista de las instituciones sociales. En lugar de promover la igualdad, el Estado argentino consagra en sus instituciones la desigualdad social, aumentando el temor y la inseguridad social con acciones de control, clientelismo, disciplina y represión social. Estas son acciones propias de un Estado burocrático-autoritario cuya tendencia reaccionaria amenaza los propios fundamentos de la práctica democrática.

Rubén Lo Vuolo es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, Director-Investigador del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp, Argentina) y Presidente de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic).

 

Fuente:
Perfil, 20 de abril de 2014