Filipinas: ¿Cómo perdemos nuestras libertades?

Randy David

Partido Lakas ng Masa

31/05/2017

Desde la perspectiva del presidente Duterte y sus asesores, probablemente no hay mejor momento que ahora para determinar qué más se puede hacer, o lo lejos que se puede llegar, como presidente de Filipinas. La declaración de estado de sitio en Mindanao es su manera de poner a prueba los límites exteriores de sus prerrogativas políticas. Este curso de acción, como intentaré demostrar, pondrá el acento en la legitimidad política más que en la estricta legalidad; en lo que la gente parece estar dispuesta a aceptar, en lugar de lo que establece la ley.

Nuestro entorno político actual, me temo, favorece el lenguaje populista de una dirección voluntarista, de soluciones definitivas a los problemas supurantes, y de permanente confianza en aquellos que están dispuestos a romper las reglas con el fin de destruir el status quo de una vez por todas. En consecuencia, se considera que el sistema jurídico es el último refugio de un régimen político disfuncional. Considera que toda defensa de las libertades individuales y de los derechos civiles y políticos, es egoísta, equivocada, antipatriótica y delirante.

El detestado “régimen” incluye todo y todos de los que Duterte y sus seguidores se han burlado desde la campaña electoral de 2016: la oligarquía político liderada por los Aquinos que llegó al poder tras EDSA 1, las élites empresariales que se beneficiaron de y apoyaron a estos últimos, los obispos católicos, los medios de comunicación, la prensa occidental, los defensores globales de la democracia y las libertades civiles, los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Como instrumento legal en las manos del jefe del Ejecutivo, la ley marcial en sí ya no es lo que solía ser. Los redactores de la Constitución filipina de 1987, esencialmente lo despojaron de poderes extraordinarios al someterlo explícitamente al control como co-iguales de los otros poderes del Estado, a saber, el legislativo y el judicial.

Pero, como concepto político, el estado de sitio basa su considerable poder no tanto en su legitimidad constitucional como de la memoria de sus pasados usos y abusos -de su racionalización como una herramienta de última instancia, de los recuerdos de la atroz brutalidad de sus ejecutores y el terror insoportable que infundía en el pueblo filipino.

¿Fue una coincidencia que la primera cosa que Duterte evocó después de anunciar el estado de excepción en Mindanao fuese la imagen del estado de sitio bajo Marcos? Que, en lugar de asegurar a los filipinos de a pie la protección continua de sus libertades frente a la percepción de una amenaza contra el Estado, eligiese advertirles de que sería “duro”? De ninguna manera.

En su discurso a las tropas en la ciudad de Iligan, el 26 de mayo, tres días después de declarar el estado de emergencia en Mindanao, dijo: “Estoy aquí para decirles que luchen y rezaré por ustedes, y yo respondo de todo. Wat na kayo magalala. (No se preocupen). Durante el estado de sitio, sus comandantes, pueden detener a cualquier persona, registrar cualquier casa, wala nang (sin necesidad de una) orden“.

No soy abogado, pero, hasta donde sé, la Constitución de 1987 no otorga al presidente semejantes poderes en virtud de la ley marcial. Tampoco exime a los soldados y a los agentes de policía de actuar en el marco de la ley, ya sea o no por orden de sus superiores, ni de su responsabilidad penal. La ley marcial no suspende la Carta de Derechos, ni sustituye a los tribunales civiles por los tribunales militares. De hecho, obliga al Presidente a informar al Congreso, y a este a evaluar de una manera objetiva y fáctica el estado de emergencia.

Nos han asegurado que las directrices emitidas por las Fuerzas Armadas de Filipinas son más conscientes de las disposiciones restrictivas de la nueva Constitución. Aún así, estoy alarmado por la advertencia del portavoz de las FAF de que se reservan el derecho a “censurar” (sic) el material publicado y a restringir la libertad de expresión. No creo que la ley se lo permita.

Sin embargo, esto no es nada en comparación con la forma en que el propio Duterte habla de los poderes de la ley marcial. Irónicamente, su interpretación de la ley marcial es completamente contradictoria con el lenguaje jurídico garantista en el que se expresa el Decreto de 1972 con el que se proclamó la ley marcial. A diferencia de Marcos, a Duterte no parece que le importe lo que piense el resto del mundo. ¿Quién se atrevería a contradecirle si el pueblo filipino piensa que está haciendo lo correcto? Cada encuesta de opinión parece confirmar su continua popularidad, casi como si el público le hubiera dado carta blanca por cualquier causa que decida defender.

Ha intimidado lo suficiente a la Iglesia, los medios de comunicación, la oposición política y los medios empresariales. Ha domesticado a la policía y los militares, seducido a la izquierda armada, invitando a sus representantes a sentarse en el Consejo de Ministros, mientras que se reanuden las conversaciones de paz, y silenciado a los grupos de liberación Moros agitando la perspectiva de concluir un acuerdo de paz con ellos. A medida que los EE.UU. y Occidente emprenden su retirada progresiva de los asuntos mundiales para hacer frente a sus propios problemas internos, Duterte rentabiliza su nueva amistad con los poderosos gobernantes de China y Rusia.

¿Qué mejor momento, de hecho, puede haber para un autócrata filipina para tomar la medida y tantear los límites de sus poderes reales?

Es maravilloso escuchar a la Defensora del Pueblo Conchita Carpio Morales, a la Presidenta del Tribunal Supremo Maria Lourdes Sereno y al magistrado Antonio Carpio hablar con valentía sobre cuestiones jurídicas cruciales. Pero, a pesar de su gran influencia, sus voces constituyen sólo una pequeña parte en un sistema legal que sigue evolucionando. Y, como ya he dicho, el clima político imperante no es exactamente hospitalarios con argumentos jurídicos. ¿Qué hacer?

Dejemos que el Congreso y el Alto Tribunal debatan la justificación de la ley marcial. Pero, como ciudadanos de esta república, que no se desperdicie el aliento que suministra las razones de por qué necesitamos la ley marcial. Esa es la forma en que se acostumbran a perder nuestras libertades. Permanezcamos centrados en cambio en lo que tenemos que hacer para defender lo que queda de nuestra democracia.

Declaración sobre la imposición de la ley marcial en Mindanao
 

El Presidente Rodrigo Duterte ha declarado la ley marcial en Mindanao mediante el Decreto 216 emitido cuando aún estaba de visita en Rusia, el 23 de mayo de 2017. Ha sido en reacción a los ataques realizados por el Grupo de Maute -un grupo Moro supuestamente inspirado por o con relaciones con Isis (el Estado Islámico en Irak y Siria)-, en la ciudad de Marawi, en Lanao del Sur.

Según el Decreto, el Grupo Maute asaltó un hospital en Marawi, estableció varios puestos de control dentro de la ciudad, quemó instalaciones gubernamentales y privadas, causo bajas en las fuerzas del gobierno, e izó la bandera de Isis en varias áreas - actos que supuestamente constituyen rebelión, un motivo para la declaración del estado de guerra en Mindanao. El Grupo Maute ha sido clasificado por el gobierno como un grupo terrorista responsable de una serie de ataques, atentados y asesinatos en Lanao del Sur. También fue responsable de la fuga masiva de la cárcel de Marawi que liberó a sus compañeros presos y otros detenidos en agosto el 2016.

El 23 de mayo, cuando las fuerzas militares y de policía llevaron a cabo una operación en Marawi para detener al líder del grupo Abu Sayyaf Isnilon Hapilon, las fuerzas de Abu Sayyaf se defendieron y pidieron refuerzos al Grupo Maute. Alrededor del 50 militantes acudieron y se enfrentaron a las fuerzas gubernamentales en un tiroteo. Al menos un policía y dos soldados murieron, mientras que otras 12 sufrieron heridas. Muchos miembros de Abu Sayyaf y de Maute también fueron abatidos.

Muchos han señalado que la declaración del estado de sitio es una respuesta excesiva. La noche de los ataques, el ejército declaró que la situación estaba bajo control. Por lo tanto, el gobierno podría simplemente haber respondido con más operaciones policiales y militares para perseguir a los grupos terroristas.

El PLM considera la declaración del estado de sitio una señal del fracaso del gobierno Duterte para resolver el conflicto en Mindanao a través del proceso de paz que supuestamente inició con el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF). El Grupo Maute, el grupo Abu Sayaff, los Combatientes de la Libertad Islámicos Bangsamoros (BIFF), y otros grupos, formaban parte del MILF y probablemente siguen teniendo conexiones con ellos. La mayoría se han convertido en grupos de bandidos, pero algunos tienen convicciones islamistas surgidas de la opresión nacional y religiosa.

El estado de sitio sólo servirá para avivar las llamas de la guerra en Mindanao. No es una solución a la ya vieja insurgencia en la zona. La solución ha sido siempre la erradicación de las causas de la pobreza y la opresión nacional del pueblo moro y de los diversos grupos indígenas en Mindanao.

La declaración del estado de sitio de Duterte también confirma la deriva de su administración a la derecha. Recientemente, Duterte permitió que la activista contra la minería Gina Lopez fuese suspendida por sus aliados en el Congreso como secretaria del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) y reemplazada por un ex-general asociado a los intereses mineros. También ha nombrado a varios ex generales y militares en distintos puestos de gobierno, por lo que su administración es la más “militarizada” desde el período de Marcos.

El régimen de la ley marcial, con Duterte como el comandante en jefe, tendrá al ejército y la policía como principales ejecutores y, por lo tanto, sus principales beneficiarios. Cuando Duterte explicó que su estado de sitio se parecerá a la ley marcial bajo Marcos, también desborda las limitaciones y las garantías previstas por la Constitución para declarar la ley marcial en la actualidad.

El estado de sitio sólo alentará la violencia de los diversos grupos que participan en la resistencia armada. Hoy, el Partido Comunista de Filipinas (CPP) pidió a su ejército, el Nuevo Ejército del Pueblo, que intensifique las acciones guerrilleras en Mindanao. La declaración del estado de sitio pone claramente en riesgo incluso las conversaciones de paz con el CPP, que tiene un gran número de sus fuerzas en Mindanao. En tanto persista el estado de sitio, y las negociaciones políticas estancadas, la insurgencia seguirá su curso.

Como respuesta, llamamos a las diversas fuerzas progresistas y democráticas a unirse en la coalición más amplia posible contra la declaración del estado de sitio. Si Duterte está tanteando la situación en su propósito declarado de extender el estado de sitio a todo el país, tenemos que impedir que el Decreto 216 no sea ratificado por el Congreso, y sea condenado por el Tribunal Supremo una vez que se presentes los recursos anunciados por diversos grupos. La única garantía de que sea así es nuestra capacidad para llevar a cabo una movilización masiva que revierta la marea autoritaria en el país.

Partido Lakas ng Masa (PLM)
25 de mayo 2017

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41171

escribe una columna para el periódico Philippine Daily Inquirer y dirige uno de los programas de entrevistas en la televisión filipina de más éxito, Foro Público (rebautizado Vida Pública). Es profesor titular de Sociología en la Universidad de las Filipinas en Diliman, donde ha enseñado durante más de treinta años. Fue director fundador del Centro de Estudios del Tercer Mundo y ex editor de su revista Kasarinlan . Ex presidente de la organización socialista Bisig, forma parte del consejo de varias organizaciones no gubernamentales y participa activamente en la coalición Labang ng Masa.
Es una organización de la izquierda alternativa filipina cuyo secretario general es Sonny Melencio, cuyos artículos pueden consultarse en los archivos de Sin Permiso.
Fuente:
http://opinion.inquirer.net/104348/how-we-lose-our-freedoms#ixzz4icrSmPJL
Traducción:
Enrique García

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