Gael Briand
22/04/2018
La actuación de miles de antidisturbios franceses (CRS) del 9 al 13 de abril en la Zona de Desarrollo Ulterior (ZAD) reservada desde los años 70 para la construcción del Aeropuerto del Gran Oeste y ocupada desde 2009 por un núcleo de unas decenas de “neo-campesinos”, ha conmocionado por su brutalidad a Francia, que vive una primavera de protestas sociales.
Nada le gusta menos al estado que la búsqueda del orden sin la autoridad que él representa. Desde el 9 de abril entre 2.000 y 2.500 policías antidisturbios CRS en entrado en el "ZAD" de Notre-Dame-des-Landes para desalojar a los "ocupantes ilegales". La operación pone al descubierto la naturaleza real del famoso "estado de derecho".
“Restaurar el estado de derecho”. Esa es la fórmula de choque detrás de la que se esconden los sucesivos gobiernos para justificar operaciones más o menos legítimas. Al mediodía, en France Inter, un periodista sugirió que movilizar 2.500 CRS contra 6 ocupantes era "matar moscas a cañonazos". Lo aparatoso de la operación, como la operación César en 2012, es que demuestra, irónicamente, la fragilidad del Estado neoliberal, desafiado por todos lados a pesar de la elección de Emmanuel Macron como presidente en 2017. Bien a través de la huelga de los ferroviarios, de los profesores o del personal de los hospitales y residencias de ancianos, o la ocupación de las universidades, es todo un mundo el que denuncia la situación con una multitud de voces dispares. Un mundo que se sale de los senderos que el estado les tiene asignados, al tiempo que les hace creer que son ciudadanos libres. Libres sí, ... para respetar unas reglas que a menudo no son justas. Un Estado no puede sostenerse si los ciudadanos no consideran que es útil.
Es fácil comprender que los ocupantes de Notre-Dame-des-Landes tienen que "regularizar" su situación. Aceptar la existencia de zonas fuera de la ley implica destruir toda la lógica de la "solidaridad nacional" en sistemas igualmente interdependientes, pero hiper-localizados y difíciles de generalizar a todos. Aceptar legalmente las ocupaciones de tierras es afirmar en esencia que los ciudadanos que pagan impuestos locales son unos tontos. Y es a partir de este sentimiento mezquino, de esta división, como el Estado justifica su venganza después de tantos años de humillación a manos de un puñado de soñadores. Con un gran esfuerzo de desinformación, el Estado ha ganado el apoyo de miles de hogares que, como no pueden echarle la mano a los grandes evasores de impuestos (recuérdese: cerca de 80 mil millones de euros cada año), exigen la cabeza de los más débiles, que también son unos conocidos sinvergüenzas.
Digámoslo sin rodeos: estas bolsas de "resistencia" en realidad no viven fuera de la sociedad. Más bien al margen. Para los ocupantes de la ZAD, la regularización supone aceptar el estado tal y como es hoy. Pero toda su lucha consiste en imaginar otros modelos de sociedad distintos a los de una globalización que se extiende. La realidad es que desde el punto de vista del Estado, el proyecto de los “zadistas” no puede continuar porque existe el riego de que se extienda él también. Por consiguiente, deben ser desacreditados con la ayuda de los medios de comunicación. Descritos por las autoridades en la práctica como “terroristas", esos “zadistas” son en realidad en su mayoría neo-campesinos que ponen en peligro la sostenibilidad del actual sistema económico y político, demostrando con los hechos que existen otras vías (desmintiendo de este modo la afirmación de Margaret Thatcher de que no hay alternativa ). Además, los defensores del neoliberalismo desde hace años, al frente del estado, usan la fuerza para erradicar esta amenaza. La lógica es: ”someterse o desaparecer".
Lo que el Estado no menciona acerca de estos "ocupantes" es que han buscado - con algunas personas cercanas - como regularizar su situación en Notre-Dame-des-Landes. Jade Lindgaard, periodista de Mediapart, recordó el 8 de abril que "la asamblea de ocupantes, una instancia colectivo de los “ocupantes" de la ZAD, envió una propuesta a la prefectura de acuerdo colectivo provisional. Han aceptado firmar con el Estado una forma de arrendamiento precario para la regulación de sus actividades, pero no de forma individual, y no sólo para proyectos agrícolas. Obviamente, esta propuesta fue rechazada por el estado. ¿Quién es menos razonable?
Por lo tanto, lo que están enfrentadas son dos visiones del mundo. Ambas partes tienen una visión diferente del derecho. Para unos, el Estado es el único que define lo que es justo y legal. Para los otros, son las propias personas las que deben auto-organizarse. Los unos quieren una relación Estado-ciudadano, los otros desean la gestión colectiva de un espacio habitado. De lo que se trata, ni más ni menos, es de decidir quién tiene la preeminencia: ¿el estado o la sociedad? Y quién es el sujeto del derecho ...
Todo ello testimonia, en cualquier caso, la búsqueda de sentido en un mundo que ya no lo tiene. La palabra “República", martillada cada mañana, es un mantra que no quiere decir mucho cuando la solidaridad (real) está siendo destruido, cuando los sistemas de autogestión son reemplazados gradualmente por una gestión cada vez más autoritaria. Porque esta República neo-liberal ya no es portadora de ninguna utopía. Porque esta siendo corroída por un cáncer que avanza en ausencia de un proyecto de sociedad. Porque el neoliberalismo es de hecho un proyecto, pero en ningún caso “social", porque su único ideal es el enriquecimiento individual. Peor aún, a medida que el neo-liberalismo avanza, que se generaliza, destruye las relaciones de solidaridad. Y divide las sociedades.
Estemos seguros de que al destruir el hormiguero gigante de Notre-Dame-des-Landes, el Estado va a fabricar 1.000 más pequeños.