Lenaig Bredoux
12/06/2018
Desde los reglamentos de la Ley Elan de la Vivienda, Emmanuel Macron no se ha desviado de su línea, que se sitúa francamente a la derecha. Incluso en los asuntos sociales, el inicio de su quinquenio ha decepcionado a algunos de sus partidarios socialdemócratas.
Emmanuel Macron quiere demostrar a toda costa que no está en la "inacción" asumida (y muy relativa) de sus predecesores. De ahí el ritmo frenético de las reformas presentadas a la Asamblea en las últimas semanas. Esta puesta en escena se ajusta perfectamente con el mundo intelectual y político del ejecutivo: el liberalismo.
Las principales leyes aprobada por la Asamblea el año pasado no dejan ninguna ambigüedad acerca de la dirección política del gobierno. Como era de esperar, se sitúa a la derecha. También es conservador. A pesar de que parte del apoyo inicial de Emmanuel Macron, del Partido Socialista, soñaba con un mentor que combinase liberalismo económico y liberalismo social. Han recibido lo pagado.
Comenzamos por el corazón del programa de "transformación" de Emmanuel Macron: el "reinicio" de la economía francesa, con la aprobación de las reformas en otoño que han dinamitado el Código de Trabajo (junto con otros precedentes, a veces significativos, como la ley El Khomri).
Esta vez, el gobierno Philippe no acepta compromisos, exigiendo una mayor flexibilidad a cambio de algunos beneficios para los asalariados. Se trata de un "golpe psicológico" a los patronos de empresa, con la esperanza de que impulse más contrataciones, y que sobre todo se traduzca en un menor coste de la mano de obra, como recientemente ha puesto en evidencia el fabricante de automóviles PSA .
Resultado: el contrato de trabajo ya no es una protección, con la multiplicación de la CDS o la flexibilización de los despidos; el papel de los sindicatos se reduce, con los referendos de empresa; la representación de los trabajadores se limita con la fusión de los órganos de representación; las dietas para los enlaces sindicales se recortan.
Lógicamente, el primer presupuesto del gobierno es igualmente explícito, a pesar de los ejercicios de comunicación a los que se somete con regularidad Emmanuel Macron para desmentir la acusación de ser el "presidente de los ricos".
La política fiscal está abiertamente desequilibrada a favor del capital y los ricos. Ha permitido entre otras cosas la transformación del impuesto sobre el patrimonio (ISF) en el impuesto sobre el patrimonio de bienes inmuebles (IFI). Las medidas favorables a los ricos han costado 6 mil millones de euros al Estado francés.
Por el contrario, el ejecutivo ha ahorrado 4 mil millones de euros mediante la bajada en dos tramos de las prestaciones de salud y desempleo de los empleados, mientras que el CSG se incrementó de inmediato (a partir del 1 de enero de 2018). El aumento de los ingresos de los trabajadores del sector privado para el 2018, de la que el gobierno se jacta frecuentemente, ha sido amputada: se situó en 0,74%, frente al 1,45% prometido originalmente.
De todos modos, es demasiado pronto para asegurar que el aumento de los salarios netos significará un progreso real del poder adquisitivo: la tasa de inflación de 2018 aún se desconoce, así como los aumentos salariales prometidos por las empresas. Sin embargo, ya se sabe que las ayudas para vivienda APL han caído 5 euros.
En cuanto a la eliminación progresiva del impuesto sobre la vivienda para el 80% de los hogares, beneficia principalmente a las clases medias acomodadas, según el Observatorio Económico Francés (OFCE). Macron también se arriesga a no aplacar la ira de los pensionistas afectados por el aumento de la CSG.
Las subidas de la pensión mínima, las prestaciones para los adultos con discapacidad y de la prima por actividad, aprobada el pasado otoño, son citadas sistemáticamente por el partido de Macron para denunciar la caricatura que hace la oposición de sus políticas. Sin embargo, las cantidades involucradas no son proporcionales ni de lejos con las medidas a favor de los más ricos.
Lo mismo ocurre con las medidas, tradicionalmente bienvenidas por la izquierda, como la lucha contra la evasión fiscal, consideradas insuficientes y que serán debatidas a finales de año.
La lógica de la reducción del déficit público también se aplica a la salud - como lo demuestra el primer presupuesto de la Seguridad Social, aprobado el año pasado. Ante la movilización de los hogares de ancianos, de su personal, pero también de sus directivos, el gobierno ha aceptado finalmente otorgar un presupuesto suplementario de 143 millones de euros.
Desde hace un año, los funcionarios se han visto afectados por el congelamiento del indice utilizado para el cálculo de sus salarios para 2017 y 2018. En cuanto al aumento de la CSG que también les ha afectado, han sido compensados pero minimamente ... Los sindicatos de la administración, que se manifestaron el 22 de mayo, ya están preocupados y esperan un nuevo paquete de medidas en otoño.
El destino reservado a la plantilla de los ferrocarriles SNCF ( véase nuestro dossier ) no les puede tranquilizar: a pesar del movimiento social, el gobierno ha mantenido su proyecto, que implica el desmantelamiento del estatuto de los trabajadores ferroviarios y la transformación de la empresa en una sociedad anónima sometida a la competencia. Macron simplemente ha anunciado que se hará cargo de 35 mil millones de euros (de un total de 54,5 mil millones) de las deudas de la SNCF.
Y si la "coagulación" de la indignación, o la "convergencia de luchas" no está en realidad al orden del día, a pesar de las muchas manifestaciones contra la política del gobierno, como las del 5 y 26 de mayo, Emmanuel Macron ha conseguido, sin embargo, ser responsable de las quejas de muy diferentes profesiones o estatutos laborales, sin que se haya desviado de su línea.
Recientemente, los jueces y los abogados se han manifestado masivamente contra el proyecto de ley de programación de la justicia para 2018-2022. Será discutido en otoño.
El ejecutivo, consistente en la ejecución de su política, aplica las mismas recetas en su política medioambiental, lo que ha provocado un creciente malestar de su ministro estrella Nicolas Hulot: si, ha dado algunos pasos, pero a condición de que no choquen demasiado con los poderosos grupos de presión económicos.
La concesión de nuevas licencias de exploración y explotación de petróleo, gas y carbón ha sido prohibida en toda Francia, con muy pocas excepciones. Sin embargo, la reciente revisión de la legislación alimentaria ha suscitado muchas controversias: incluso ha hecho que la mayoría abandonase promesas electorales de Macron, incluyendo la prohibición del glifosato en tres años.
Durante los debates, las enmiendas que buscaban la obligatoriedad del Nutri-Score, el código de color en todos los materiales de publicidad de alimentos dirigida a una mejor información nutricional, han fracasado.
Sin embargo, el texto ha ampliado la definición de los neonicotinoides; los comerciantes de plaguicidas no podrán hacer descuentos de sus productos y la obligación de que el 50% de los alimentos en los comedores sean bio fue adoptada, aunque reducida al 20%.
Liberal y conservador
Menos ecologista que como esperaban algunos de sus seguidores, el comienzo del mandato de Emmanuel Macron ha sido significativamente más conservador y autoritario que el tono de su campaña presidencial.
La ley de asilo e inmigración ( véase nuestro dossier ) es un ejemplo perfecto: se endurecen de nuevo las condiciones de acogida de los extranjeros en Francia y las contrapartidas para mejorar la situación de los refugiados palidecen a su lado. Los diputados de “La republique en marche” incluso se han negado a prohibir la retención de los menores. Y hasta el Front National ha apoyado en la Cámara algunas medidas del gobierno.
Las declaraciones del ministro del Interior, Gérard Collomb, hablando de "regiones invadidas” y de que los solicitantes de asilo hacían "benchmarking"entre los países europeos, o las de su colega Nathalie Loiseau del Quai d'Orsay en el sentido de que había un "carrito asilo" de la compra a nivel de la UE ha acabado con la paciencia de las asociaciones de apoyo a los migrantes. Incluso la mayoría parlamentaria, hasta entonces sólida, ha terminado por agrietarse.
La elección de Emmanuel Macron también implicaba la promesa, para algunos de sus seguidores, de una ruptura, al menos de una atenuación de la línea autoritaria representada por Manuel Valls en Matignon de 2014 a 2016. El nuevo presidente, sin embargo, ha mantenido el estado de emergencia tras ser elegido, a la espera de una nueva ley antiterrorista que finalmente ha integrado el estado de emergencia en la ley común ...
Los defensores de las libertades civiles también han denunciado la ley de secretos comerciales, cuya vaga definición, amplitud y ambigüedad amenaza con reducir a la sociedad civil al silencio, y la ley de "noticias falsas" , dirigida oficialmente a luchar contra las operaciones de “información errónea” durante las campañas electorales, pero que impone una definición "oficial" de la verdad altamente peligrosa.
Incluso en relación con el laicismo, la creación del Consejo de Ancianos, la última guía del ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, contradicen la línea presidencial, más cercana a una laicidad abierta.
En la Rue de Grenelle, Blanquer, uno de los ministros más populares, también representa un punto de vista conservador. En todo lo relacionado con la enseñanza de la lectura, la repetición memorística o la pedagogía. Pero sobre todo en lo que se refiere a el papel que corresponde a la escuela en la sociedad. El proyecto de ley dev Frédérique Vidal, que ha creado el Parcoursup al acabar la secundaria, es el mejor ejemplo ( leer artículo) .
Los críticos de Blanquer, sin embargo, están mucho más contentos con el desdoblamiento de los CP en los barrios más pobres, sin necesidad de una ley específica.
Sin embargo, la medida no es suficiente para calmar su preocupación por las crecientes dificultades de ciertas zonas sensibles, como lo demuestra un reciente informe parlamentario sobre Seine-Saint-Denis. La congelación de los contratos subvencionados el año pasado ha debilitado muchas asociaciones activas en estos barrios, decepcionados por el desmontaje del Plan Borloo llevado a cabo por Emmanuel Macron. El ejecutivo prefiere la creación de puestos de trabajo abiertos a la competencia.
Incluso la lucha contra la violencia de género no ha permitido alcanzar un consenso parlamentario: El proyecto de ley Marlene Schiappa , que endurece las penas para ciertos delitos y crímenes, ha sido considerado muy insuficiente por la oposición.