Galicia: El entreguismo de Feijóo y la soberanía fiscal

Antón Sánchez

18/02/2018

Galicia sale perjudicada cuando los gestores de la austeridad deciden que toca apretar el cinto y sale damnificada cuando entienden que hay que aflojarlo.

La reforma de la financiación autonómica y la reestructuración de la deuda pública de las Comunidades Autónomas se disimula como una cuestión técnica, pero su resultado atenderá al peso político de cada uno de los autogobiernos. Desde 2009 Feijóo se abonó a soluciones tecnocráticas banales y practicó presión política cero delante el Gobierno Central. Galicia no tuvo un gobierno que hiciese valer sus derechos ni la exigencia de una financiación significativamente mejorado.

El pasado 31 de enero, el ministro de Economía, Cristobal Montoro, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, anunció la posibilidad de reestructurar la deuda de las Comunidades Autónomas «infrafinanciadas»  

Para salvar el expediente, Feijóo lidera las voces críticas contra el anuncio del Gobierno de realizar quitas a la Comunidades Autónomas que habían recurrido los Fondos de Facilidad Financiera y están más endeudadas. La política de rebajamiento de Galicia como un autogobierno dócil, subalterno y sumiso practicada por Núñez Feijóo le anticipa, ahora, una financiación desfavorable. Durante años se dedicó a hacer propaganda tecnocrática austeritaria, a callar delante de la desfavorable financiación gallega y a crear la imagen de una Galicia subsidiada generosamente por el Estado. Ahora amaga con la protesta; protesta para la galería, sin crédito y peso político que es tan sólo ruido, ruido y postureo indignado que dará paso, como siempre, a un silencio resignado delante de la marginación de Galicia.

El cuento de la Galicia pobre y subsidiada

Los apologetas de la recentralización del Estado, tanto la derecha centralista como el progresismo unitarista, difunden tozudamente el cuento de que Galicia es pobre y está generosamente subsidiada en el actual modelo de financiación.

Una falsedad al servicio de la subordinación del autogobierno de Galicia que en su idea debe ser relegado a la segunda división de las Comunidades Autónomas. La Xunta de Galicia trafica activamente con este tinglado para enmascarar su inoperancia gubernamental y justificar su anemia reivindicativa frente al Estado.

Los indicadores gallegos en el referido a la recaudación, capacidad y esfuerzo tributario dejan bien a la luz que Galicia no es «una autonomía de segunda». En términos de esfuerzo fiscal (recaudación sobre PIB), Galicia con un 11,23 % ocupa un lugar destacado. Si atendemos a la recaudación por habitante, los datos de Galicia —2.434,41 euros— la sitúan igualmente en una posición destacada. En el periodo 2009-2016 Galicia fue de las CCAA donde más se incrementó su capacidad tributaria, con el empuje de las exportaciones de sectores como lo de la automoción o el textil. Desde 2009 (año de implantación del actual sistema) hasta el 2015, la recaudación tributaria estatal total en Galicia creció un 46,88% (pasando de los 4.3354 millones a los 6.395 millones), mientras que en Madrid lo hizo en un 31,58% y en Catalunya un 27,38%, por ejemplo. Así el porcentaje de recaudación gallega del Impuesto de Sociedades (16,89%) supera con mucho el promedio estatal.

El relato de la Galicia «dependiente» y «pobre» que vive de la «beneficencia» y la «solidaridad» del Estado es falsa y se fundamenta en una contabilidad de balanzas fiscales hechas a la medida de la ideología del nacionalismo español.

Si algo evidencian las balanzas fiscales es la cartografía de una economía periférica interferida por la subordinación política a un centro que chupa una buena parte de los de los beneficios generados en nuestra nación. Un dato para no extraviarse con la literatura unitarista: la Comunidad de Madrid «recibe» casi el 50% del total de tributos de las CC. AA. del régimen común cuando su PIB regional representa únicamente la quinta parte.

No somos un país pobre, a lo mejor somos un país empobrecido, por las políticas energéticas, financieras o de infraestructuras diseñadas con intereses ajenos y hechas al servicio de una oligarquía plutocrática que parasita las políticas públicas.

Hay, efectivamente, una Galicia empobrecida, sistemáticamente empobrecida por el diseño de las políticas públicas del Estado y por la falta de iniciativa de la Xunta de Galicia para hacerse valer en la defensa de la soberanía fiscal y la búsqueda de una financiación que ha caído para el país. Sí, la pobreza política del Gobierno gallego del Partido Popular y su política de dependencia se traduce en un progresivo empobrecimiento de Galicia. El PP es causa fundamental del retraso de Galicia.

El nefasto balance de los «buenos gestores»

Desde 2009, en Galicia, se aplicó sin piedad el recetario austeritario neoliberal. Junto con la Comunidad de Madrid, es una de las CCAA que sufrió más recortes en servicios públicos y, a pesar de la brutal caída del gasto autonómico, su deuda pública siguió aumentando: de 4.859 millones, en 2009, a 11.137 millones en el tercero trimestre de 2017.

La decisión de Feijóo de endeudarse con los bancos en vez de recurrir a la financiación pública, una mala cuenta para no dar la imagen de una Galicia financieramente intervenida por el Estado, significó aceptar un sobrecosto de los préstamelos bancarios para el pago de la deuda de varios cientos de millones.  

Este sobrecosto se tradujo para la ciudadanía gallega en un continuo recorte de los presupuestos públicos en servicios fundamentales. Feijóo decidió imponer mayores sacrificios a los gallegos y gallegas para sacar pecho como «campeón de la austeridad»; la factura de su postureo electoral la pagamos entre todos con una significativa merma de servicios públicos y de bienestar.

La soberbia del gobierno del PPdeG impuso que Galicia sólo comenzara a beneficiarse tarde de los fondos estatales; concretamente, en 2015 se solicitaron 1.567 millones de euros del Fondo de Facilidad Financiera, de tal forma que, de los 131.073 millones de euros destinados a las CCAA en ese período, la Xunta de Galicia sólo pidió 1.567 millones de euros, apenas el 1.2 %.

Como consecuencia, Galicia es de las Comunidades Autónomas menos beneficiada por el ahorro generado por estos fondos. Galicia, en el período 2012-2016, tuvo tan sólo el 0,19 % de los ahorros totales.

La gloriosa gestión de Feijóo para enfrentar la deuda pública supuso pagar préstamos más caros a los bancos, los grandes beneficiados, especialmente ABANCA, y solicitar ayudas financieras ridículas al Estado y apenas ahorrar costes. Y, en términos políticos, dejó en descampado su irrelevancia en la negociación de la financiación autonómica, insignificancia política que amenaza con colocar a Galicia en el furgón de cola de la financiación de nuestros servicios públicos.

Montoro y la contrarreforma de la financiación autonómica

Montoro adelantó que era un buen momento para realizar iniciar la reforma del sistema de financiación autonómica. El buen momento de Montoro es el buen momento autoritario del artículo 155. Montoro es un tecnócrata que hace política y entiende que el clima actual de fervoroso unionismo y autoritarismo estatal es propicio para impulsar un cambio regresivo y recentralizador del Estado de las Autonomías y su financiación.

Desde la perspectiva de Galicia, la reforma no será tal, será un mal ajuste de cuentas. Por otra parte, hace falta no perder de vista, como destaca Gustavo Buster que «la crisis fiscal del Estado de las Autonomías es consecuencia de las políticas neoliberales, del modelo territorial, y del Estado Monárquico del Régimen del 78. Y esto, no es reformable».

Hay límites mayormente insalvables para una reforma positiva  y el Partido Popular aspira únicamente a aprovechar el «espíritu del 155» para santificar una contrarreforma de la financiación de los autogobiernos del Estado.

La Coalición del 155 y del 135 se cree vencedora en el conflicto catalán y desea aprovechar el momento de euforia unionista para mudar el Estado de las Autonomías, no para permitir más autogobierno, sino para girar cara un Estado aún más centralista, más centralizado y más uniformizado.

En términos de financiación, el Estado invita a un juego de suma cero, donde las Comunidades Autónomas se peleen por una tarta limitada y sus migajas, porque el quiñón del Estado no se toca. En atención de los intereses de Galicia, una solución que sólo cambie esos equilibrios sin cambiar nada más, será perjudicial, perjuicio agravado por la irrelevancia de Galicia en el debate de la financiación por la acomodación servil de Feijóo.

Feijóo cruza los dedos para que, tras la reforma, Galicia quede como está, no tiene mayor ansia que mantener el actual estatus de insuficiencia financiera de Galicia y disimular su absoluta falta de relevancia política orquestando una frente de autonomías dóciles con Castilla y León y Asturias para evitar la política de quitas.

Durante casi una década no reivindicó, no protestó, no molestó. Le valió con mantener el estatus quo de dependencia de Galicia y hacer que hacía pidiendo unos tímidos cambios en el cálculo de la población ajustada.

Esa política de entreguismo no da en la actualidad para sostener una posición de firmeza, por eso, el único camino que ofrece Feijóo, pero también el PSOE y Ciudadanos, es el agotamiento del autogobierno de Galicia por la vía de su dependencia financiera, institucionalizar un régimen de infra financiamiento para un infra autogobierno que se torna cada día que pasa en un régimen de preautonomía.

La salida para revertir la situación en Galicia pasa por una apuesta decidida por su soberanía fiscal; pasa por utilizar ese marco para legislar, regular y recaudar con el objetivo de acercar más recursos a las políticas de dinamización económica del país y a los servicios públicos fundamentales.

Los esfuerzos de Galicia han de centrarse en que la modificación del sistema de financiación se encamine en una doble dirección: mayor soberanía fiscal y mayor capacidad de financiación. Y pasa, igualmente, por demandar que el incremento de los recursos del sistema sea también a costa del Estado con un consiguiente incremento de las transferencias y un nuevo régimen competencial del Estado.

La crisis del modelo de Estado del Régimen del 78 pone encima de la mesa únicamente dos salidas. Una, de ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente, con una lógica confederal, respetando el derecho de las naciones sin Estado a ejercer la plena soberanía y la apertura de diálogos y acuerdos entre iguales.

Y otra, autoritaria, antisocial y recentralizadora que es la unifica a la coalición del artículo 155 y del artículo 153, al PP, PSOE y Ciudadanos junto con las grandes corporaciones económicas y mediática del Estado.

Para las fuerzas políticas que aspiren a un cambio político sustancial, la salida democrática pasa necesariamente por una lógica confederal de los pueblos del Estado español, de negociación permanente entre iguales, ni el unionismo amable ni un federalismo liviano son alternativa. La crisis autoritaria del Estado plantea elegir democráticamente bando y la línea divisoria pasa por la asunción del derecho a decidir y la construcción de un consenso constituyente confederal y en pie de igualdad.

Portavoz nacional de ANOVA y vicevocal de En Marea en el Parlamento Gallego.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 18 de febrero 2018

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