Hace 40 años. El espíritu del 76: Madrid en huelga

José Babiano

24/01/2016

 

 

 

La Libertad (…)

Es el alba de un día de huelga general

Joan Margarit

 

 

En 1975 uno de cada cuatro trabajadores madrileños hizo huelga. Si tenemos en cuenta que el país vivía todavía bajo la férula de la dictadura y que ese mismo año fueron pasados por las armas cinco militantes antifanquistas, esa proporción representa una tasa notablemente alta. A finales de año, en diciembre, Getafe, la ciudad industrial del sur de Madrid por excelencia, se hallaba paralizada por una huelga general de carácter local. Se trataba de un hecho inédito en la historia del municipio. Ese mismo mes hubo paros en Standard, además de en la construcción, en la banca y en el sector del taxi. El 27 de noviembre y el 7 de diciembre se registraron manifestaciones masivas en las calles de la capital, exigiendo la amnistía. Hacía escasas semanas que había fallecido el dictador.

Luego, en enero la capital y su cinturón rojo entrarían en una situación generalizada de huelgas. Continuó el metal, con Standard y las factorías de Getafe a la cabeza. Lo mismo hicieron la construcción y la banca, sumándose los sectores de artes gráficas y seguros. Entraron asimismo en conflicto las grandes empresas públicas del transporte y las comunicaciones: RENFE, Telefónica, Correos y el Metro, que enseguida fueron militarizadas –no hay reportaje sobre la Transición en el que no aparezca la imagen de un soldado del Regimiento de Ferrocarriles abriendo las puertas de los vagones del metro en aquellas fechas-. Desde el punto de vista territorial, además de la capital y Getafe, las huelgas afectaron a Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando. Sectores inéditos hasta entonces desde el punto de vista de la movilización iniciaron procesos asamblearios, como los maestros o los funcionarios.

Parecía que la recurrente metáfora de la llegada de la huelga general se había hecho realidad. Es decir, sin convocarla a fecha fija, los paros se extendieron como una mancha de aceite hasta generalizarse. Si en diciembre participaron alrededor de 150.000 trabajadores, en enero lo hicieron 400.000. En conjunto, a lo largo de 1976 alrededor de los dos tercios de la mano de obra madrileña estuvo en huelga. Ni siquiera en la agitada primavera de 1936, la capital de España había conocido una situación en la que la mayoría matemática de la fuerza de trabajo estuviese de brazos caídos.

Pocos meses atrás, en junio de 1975, habían tenido lugar las últimas elecciones sindicales convocadas por la Organización Sindical Española (OSE), el sindicato vertical franquista que estaba integrado en el aparato del estado. Las Candidaturas Unitarias y Democráticas (CUD), impulsadas por las Comisiones Obreras y en las que participó la USO, obtuvieron un éxito incontestable. La revista Doblón, un semanario progresista de la época de información general, tituló la portada del número correspondiente al 5 de julio con la frase siguiente: «Elecciones sindicales: Ha ganao el equipo colorao». Del mismo modo, la UGT, reunida en el exilio y que siempre había llamado al boicot a este tipo de comicios, admitió que el grado de participación superaba en esa ocasión al de las anteriores. En efecto, diversas fuentes calcularon que había votado entre el 80 y el 95 por ciento del censo. Se trataba sólo de la primera fase, en la que se nombraban enlaces sindicales y jurados de empresa. Luego, a la vuelta del verano, el éxito se redondeó al conquistar los candidatos de las CUD numerosos puestos en las UTT (Uniones de Trabajadores y Técnicos) locales y de sector.

En suma, las elecciones sindicales franquistas del año en que murió el propio Franco constituyeron un ejercicio muy importante de movilización obrera. Se trataba de un desafío importante a una dictadura cuya élite política estaba a punto de quedarse huérfana y, por eso mismo, bastante desorientada. El 20 de octubre asumió la jefatura del Estado el por entonces príncipe Juan Carlos. Inicialmente era con carácter provisional, mientras durase la enfermedad de Franco, tal y como lo había hecho el año anterior.

En otro sentido, las elecciones de 1975 situaron a muchos militantes sindicales de la oposición –sobre todo de las Comisiones Obreras- al frente de la negociación colectiva desde los órganos reconocidos por el propio régimen. Con ello se produjo un desbordamiento del aparato verticalista. Y no sólo eso, sino que a su vez hizo posible que la negociación de los convenios en las grandes empresas diese paso a una serie de procesos asamblearios y de participación masiva de los trabajadores. Así, por ejemplo, las reivindicaciones contenidas en el Anteproyecto del Convenio Colectivo de Standard Eléctrica de finales de 1975 se elaboraron a través de una encuesta cumplimentada por 9.000 trabajadores y como resultado de las deliberaciones efectuadas en diversas asambleas en las que participaron unos 8.000. Otro ejemplo en este sentido es el caso de las asambleas realizadas durante la huelga de enero en el Metro, que fueron impulsadas y presididas por el Jurado de Empresa, que, a su vez, había caído en manos de la Comisión Obrera de la compañía. La asamblea trascendió más allá de constituir un mecanismo de participación en la elaboración de propuestas para la negociación colectiva. De manera que pasó a ser el órgano de decisión del conflicto, en el sentido de que la dirección del mismo sometió cada paso a seguir a la consideración de estos cónclaves masivos. Dicho de otro modo, las asambleas se convirtieron en el órgano decisorio. Este fenómeno asambleario es uno de los datos más importantes de aquellas semanas de huelga.

A finales de 1975 se iniciaron los procesos de negociación y renovación de los convenios colectivos. Como todavía tuvieron lugar en el marco de la OSE y con la intervención de los nuevos enlaces y jurados de oposición, tal y como hemos señalado, la acción colectiva inicialmente pudo extenderse con mayor facilidad, aunque rápidamente desbordaría ese marco.

Desde luego, la muerte del dictador amplió la «estructura de oportunidades políticas». Dicho de otro modo, cambió unas relaciones de fuerza determinadas en un determinado momento de manera que las posibilidades para la acción colectiva se ampliasen. Y esto fue así, tanto en lo que concierne al movimiento obrero como a las fuerzas políticas de la oposición, tal y como puso de manifiesto la repetida ocupación del espacio público exigiendo amnistía. Igualmente, el decreto del primer gobierno de la Monarquía estableciendo topes salariales en la negociación colectiva espoleó la movilización.

En la negociación de los convenios y también en los diversos paros jugaron un papel esencial tanto las entidades del sindicato vertical copadas por la oposición –caso del Jurado de Empresa del Metro o de la Junta Sindical de Standard- como organismos alternativos, del tipo de la Comisión Asesora de la Construcción, surgidos de la movilización. Esto permitió una segunda característica del proceso huelguístico, que fue la unidad en la acción. Más aún, fue la presión unitaria surgida de enero de 1976 permitió más tarde la creación de la Coordiandora de Organizaciones Sindicales (COS), un frente unitario de CCOO-UGT-USO. La unidad de acción, por lo tanto, constituyó otro dato esencial del madrileño enero de 1976.

El rechazo a los topes salariales y las reivindicaciones encaminadas a lograr un aumento del poder de compra de los salarios que hiciera frente a la alta inflación, unificaron las tablas reivindicativas en la negociación colectiva. Pero del mismo modo, las plataformas de convenio, formuladas a finales de 1975 y a lo largo de la oleada de huelgas del mes siguiente, contenían de manera generalizada la exigencia de amnistía para los presos y la vuelta de los refugiados políticos, además del sindicato obrero. Sindicato obrero en el sentido de plena libertad de autoorganización de los trabajadores al margen del estado.

La respuesta de varias empresas no fue otra que el cierre patronal. Mientras tanto el Gobierno militarizó el transporte y las comunicaciones, servicios todos ellos prestados por empresas publicas, y amplió ostensiblemente la presencia policial en la calle. Igualmente, mandó detener a varias decenas de dirigentes sindicales implicados en la organización de las huelgas. El ministro de Gobernación era Manuel Fraga Iribarne.

El 17 de enero se constituyó, en el punto álgido de la movilización, una Comisión Negociadora para tratar de liberar a los detenidos, obtener mejoras salariales en los convenios y organizar un «repliegue táctico» ordenado. La mayoría del movimiento, contrastada en las asambleas, optó por ese «repliegue táctico», bajo el argumento del desgaste producido después de más de un mes de conflicto. Hubo, no obstante, voces minoritarias que reclamaron un Comité de Huelga, en lugar de una Comisión Negociadora, así como la voluntad de alargar el conflicto, surgida en aquellas empresas y sectores que se habían sumado a la movilización de manera más tardía. En todo caso, el repliegue resultó menos ordenado de lo inicialmente previsto.

En ese contexto apareció el debate sobre la huelga general. Un debate suscitado asimismo en un marco general de huelgas y paros que afectaron hasta marzo a Barcelona, Valencia o el País Vasco, entre otras zonas urbanas e industriales. No hubo huelga general alguna –más allá de las realizadas a nivel local-, de manera que interrogarse sobre que hubiera pasado si… resulta un ejercicio fútil. Lo cierto es que a resultas de la acción obrera del primer trimestre de 1976, cayó el Gobierno Arias. A partir de julio, sería Suárez quien tomaría definitivamente la iniciativa política. Entre tanto, el movimiento obrero había dinamitado el aparato franquista del sindicato vertical e impuesto de facto su reconocimiento. De hecho, si en el proceso de transición hubo un elemento de ruptura, éste fue el que concierne al trabajo y a las relaciones laborales, como recogió la Constitución de 1978. Ese fue el espíritu del 76.

 

es doctor en Historia Contemporánea y director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo
Fuente:
Revista de Estudios y Cultura, nº 74

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