Elecciones municipales: Democracia a conveniencia

1. 133 listas de ANV no podrán tomar parte en las presentes elecciones y ASB ha sido definitivamente eliminada. Salvo en las dictaduras, es difícil imaginarse tamaña supeditación del poder judicial (Tribunal Supremo) y órganos supuestamente garantistas (como el Tribunal Constitucional), a los dictados del gobierno de turno. Una vez más, queda demostrado, que leyes elaboradas expresamente para marginar una determinada opción política (en este caso Batasuna), si bien pueden en teoría ser aplicadas con mesura y excepcionalidad, las más de las veces terminan siendo utilizadas, -con excusas peregrinas-, de forma permanente y contra sectores cada vez más amplios. “Listas contaminadas”, “existencia de dos partidos en uno”, ¿Qué inventarán la próxima vez?

El PSOE, que en el pasado se valió de las “cloacas del Estado” para su política antiterrorista, en el presente, utiliza una Ley elaborada por el PP para dicho fin, como arma electoral para su uso particular. Así pretende, por un lado, cortocircuitar la presión del PP a escala estatal, y por otro, limitar al máximo la presencia electoral de una parte de la izquierda abertzale en Euskal Herria. En teoría, el PSOE podía haber abolido la Ley de Partidos, o por lo menos haberla interpretado de forma más flexible, como gesto positivo en aras de un proceso negociador verdaderamente resolutivo, pero ha preferido utilizarla como arma de guerra con el objetivo de debilitar a la parte contraria de cara al futuro. (Es verdad que ETA, también aplica su particular “ley de partidos” y con atentados como el de la T4 de Barajas pretende presiónar “para mejor negociar”, aunque a nuestro modo de ver, desacuerdos éticos aparte,  el resultado ha sido totalmente negativo).     

2.  F. Trillo, profesor de Derecho, en previsión de lo que iba a ocurrir, escribía hace un par de semanas lo siguiente: “He mirado por encima los estatutos del PP, del PSOE, del PCE-IU, CiU, PNV, ChA... y ninguno condena nada. ¿Irán también a la sala 61? Ya está bien de engañar bobos, de mentir, de falsear la realidad. Por eso se siente asco cuando se ve a Zapatero, Rajoy, Llamazares y Frutos (que en este asunto nada les distingue), Durán, Imaz... abrir su boca para decir: «tienen que condenar la violencia». Cierto, también Felipe González debe condenarla, y como no pinta nada, que lo haga Zapatero en su nombre y que pida perdón por los asesinatos de Estado; el PP de Martín Villa, condenado éste en su ejercicio de ministro del Interior por atentado contra Antonio Cubillo en Argel; Fraga, del PP, por tantos crímenes que no le caben en una ristra de ataúdes... y Aznar y sus compinches, por su complicidad en los asesinatos producidos en Irak y en Madrid. Todos deben condenar l  a violencia, las muertes producidas, pero callan, y en sus estatutos nada dicen de condenar ningún tipo de violencia.”

Sin embargo, todos son partidos legales y además es lógico. En ninguna democracia que se precie ocurre lo que aquí. A nadie se le ilegaliza por el mero hecho de no condenar, sea la violencia en general o determinadas formas de violencia en particular. Tiene razón Santiago Alba Rico, cuando afirma que la democracia no consiste sólo en poder decir lo que se quiere, sino también en poder callarse  o guardar silencio sobre el tema que sea. Y cada cual puede pensar lo que quiera sobre la postura de Batasuna (o de ASB), respecto a su decisión de no pronunciarse sobre ETA, pero está en su derecho y ello no puede justificar de manera alguna su ilegalización. En realidad, la propia Ley de Partidos nada dice al respecto. Que sepamos, ni la Constitución española renuncia al uso de la violencia en los conflictos internos y/o externos (cosa que sí lo hizo la II República Española, rechazando exprofeso el recurso a la guerra); ni los partidos que aspiran a gobernar y por tanto, a dirigir las fuerzas armadas y policiales, insertan en sus programas electorales la promesa de no usar la violencia en la resolución de conflictos; ni lo hacen los ayuntamientos, que como en Madrid, mandan a la policía a sacudir a quienes, según su criterio, alteran la convivencia ciudadana.

Otra cosa es la apología explícita de la violencia, o su organización práctica con fines contrarios a la legislación vigente (ya hemos aclarado que la violencia en defensa de dicha legislación, es además de legal, entusiastamente defendida). Constatamos además, el éxito de las proclamas más expeditivas y partidarias de mano dura (léase violencia legal), tal como ha ocurrido en las últimas presidenciales francesas. Resultado, un nuevo presidente, partidario acérrimo de medidas extremas, responsable de la rebelión de los ghetos periféricos de las más populosas ciudades de Francia, de realizar  razzias contra la emigración, además de partidario de intervenir en solitario o acompañado del Tío SAM, en aventuras militares. Con frecuencia, en el tema de la violencia, diferentes partes ejercitan un discurso a conveniencia. Incluso se han disfrazado intervenciones armadas imperialistas con el apelativo de “humanitarias”.

3. Última consideración. Si un partido logra superar todos los filtros (que son muchos y peregrinos como hemos podido constatar) y es legalizado, es absurdo que lo sea “parcialmente”, o dicho de otra forma, que unas candidaturas sean legalizadas y otras no. Lo mismo debe afirmarse en el sentido opuesto. La ilegalización de un partido no puede afectar a los individuos que han militado en su interior, caso de que hagan una opción nueva, presentándose dentro de otra organización. Esa regla ha valido para ex militantes de la izquierda abertzale, incluida ETA, que al tiempo han aterrizado en otras formaciones. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el caso de ANV? Más grave todavía. La invalidación de una persona, sólo es posible (dejamos de lado el que ello haya sido justo o injusto), si media una sentencia afirmativa. Ése ha sido el caso de personas condenadas por delitos varios, incluido el de desobediencia civil, cosa que no parece darse en las decenas de militantes considerados “contaminados”, razón por la que se han ilegalizado muchas listas de ANV. Pero hay más, incluso rizando el rizo de la estulticia, dos o tres personas consideradas “no aptas”, no pueden ilegalizar una candidatura en su conjunto; sobre todo si ésta tiene miembros suplentes que puedan cubrir dichos “huecos”.

En definitiva, es difícil que se den en una determinada medida, más infracciones al derecho civil y democrático. Al PSOE, y a los que le han secundado, cabe tal (des) honor.

4. (Des) honor, que comparten quienes aun pronunciándose sobre tales medidas, sacan provecho de ellas, consiguiendo mayorías de otra forma imposibles de lograr, realizando prácticas políticas que de otra forma no podrían realizar.

Joxe Iriarte Bikila, Nathalie Pelage, Juan Ramón Garai, Josu Perea, Iñaki Martín son miembros de la organización política vasca Zutik