La ley de autonomía universitaria de Sarkozy es antirrepublicana

La enseñanza superior está a partir de ahora condenada a sufrir la dominación de las empresas, de sus objetivos a corto plazo y sus exigencias de competitividad, en detrimento de la igualdad entre los ciudadanos estudiantes.

La autonomía es un término que está de moda. Muy cartesiana cuando se refiere al pensamiento, se torna, por desgracia, reaccionaria cuando sirve a la extensión de las leyes de mercado. Y, sin embargo, ése es el uso que hace de ella la ministra de Enseñanza Superior e Investigación, Valérie Pécresse. Al querer organizar la autonomía de las universidades, esta ministra traiciona los principios republicanos de instrucción pública, gratuita y cívica. Se lanza como un tren de alta velocidad a revisar logros sociales y profundamente humanistas. Echa por tierra el principio republicano que hacía que un estudiante pudiera considerarse igual a todos los demás, que su diploma fuera válido en cualquier parte de Francia gracias a un título común y una formación común.

Hay que decir que esta voluntad de reforma de la universidad no es de ayer. Se halla claramente inscrita en las directivas europeas y toma como modelo el sistema de enseñanza superior norteamericano, reñido con la igualdad como pocos, y del que el actual Presidente de la República es uno de los portavoces más convencidos.

En efecto, a partir de su discurso de Marsella del 3 de septiembre de 2006, la voluntad de aprovechar y desarrollar la entrada en vigor de la ley Faure de 1968 empezó a ir a más. Pero, oh desgracia, faltaban los contratos de asociación con les empresas. Lamentando que las universidades no sean «libres de contratar a sus profesores, ni de valorizar a los más meritorios, ni de elegir los métodos pedagógicos, ni de disponer de su patrimonio, ni de diversificar sus fuentes de ingresos», el señor Sarkozy echaba los cimientos de una destrucción de la Enseñanza Superior y, en general, del servicio público. Otras declaraciones descaradas, como la del 24 de marzo de 2007, rendían tributo a la tradición contrarrevolucionaria : «Quiero también la autonomía para las universidades en la admisión de los estudiantes, en la contratación de los profesores, en la búsqueda de financiación, en los programas, en el derecho de establecer acuerdos de colaboración con empresas».

Ocurre, sin embargo, que el señor Sarkozy conserva una cualidad esencial: la de decir la verdad. En efecto, para una mejor «gobernanza», para una amplia autonomía, será a partir de ahora el MEDEF (Mouvement des entreprises de France, organización empresarial) el depositario de las tarjetas de escolaridad. El informe Hetzel sobre la universidad nos aclara el contenido, libre de tapujos: La enseñanza superior y la investigación deben estar al servicio del primero que llega: rentabilidad, misiones a corto plazo, selección de asalariados, profesionalización tutelada con polos empresariales en mutua competencia. En 1997, un socialista de nombre muy alegre no lo habría hecho mejor.

En cuanto al propio término «autonomía» de las universidades, hay que decir, sin embargo, que fue elegido por el consejo de presidentes (rectores) de universidad (CPU) durante un coloquio que tuvo lugar en 2001. Se jugó entonces al pensamiento puro mezclando filosofía con ofimática, derecho con natación, concepto con elaboración del curriculum vitae (CV), instrucción con desocupación. La primavera de 2006, sin embargo, la revuelta estudiantil y sindical contra el Contrat Première Embauche (CPE, contrato de primer empleo) habría podido informar a nuestros gobernantes de la existencia de una demanda contra la precariedad laboral y en el seno mismo de la universidad, dotada de muy bajos presupuestos.

¡Qué importa! El señor Villepin aprovechó los acontecimientos como pretexto para dar definitivamente la autonomía a ese lugar donde se tratará a partir de ahora de mantener raquítico el pensamiento.

En su página 10, el informe Hetzel, que es el núcleo de esta reforma, explica que la masificación de los estudiantes y su temor a la precariedad debe desembocar en una mejor inserción profesional por su parte, en sintonía con las necesidades de los empleadores. Por transparencia, las orientaciones académicas con gran porcentaje de fracaso deben informar a los liceos (institutos de enseñanza secundaria) que no conducen sino al fracaso. En la página 37, el informe propone que los master de investigación se fusionen con los master profesionales mediante tutores venidos directamente del mundo de la empresa, que guiarán a los estudiantes a partir de la obtención de la licenciatura. El MEDEF entra, por consiguiente, en la Universidad… sea cual sea la orientación escogida (p. 41), al tener presencia también en las juntas de gobierno (modificación del artículo L. 712-3 de la ley de educación). La entrevista a los candidatos a un empleo se convierte en un tipo de formación como otro cualquiera, al igual que la redacción de CV. Por otro lado, en la página 59, la comisión Hetzel preconiza un marketing de las universidades gracias a su previa autonomía, que se convierte finalmente en un verdadero activo para practicar estrategias de empleo.

Si la verdad aparece con toda claridad en este informe, así como en las motivaciones del nuevo gobierno, conviene añadir esta otra verdad. La de quienes, por debajo, se inquietan ante un dominio progresivo de los principios capitalistas sobre los fundamentos republicanos. En efecto, ¿podrán seguir llamándose libres esos estudiantes insumisos a los criterios de las empresas, que van a la Universidad para instruirse y fortificar su razón? ¿Tendrán simplemente la opción de rechazar la competencia del conocimiento técnico si cada universidad autónoma instaura el "cada uno a lo suyo", elimina los planes comunes y discrimina en función de la cartera o de las empresas colaboradoras? En el Colegio de Francia hay ya una cátedra financiada por l'Oréal. Las afinidades electivas del informe Hetzel se han entregado a esa misma generosidad que regala el servicio público al sector privado… y sirve a los intereses de una elite holgazana.

Jérémy Mercier es un analista político francés que escribe regularmente en publicaciones de izquierda como Le Monde Diplomatique y la revista de pensamiento republicano Republique!, dirigida por André Bellon.

Traducción para www.sinpermiso.info:  Miguel Candel