Argentina: confrontación social y ocasiones perdidas

María Julia Bertomeu

Osvaldo Acerbo

22/06/2008

"Es inconcebible que, antes de lanzar unas retenciones móviles que seguramente podían fundamentarse técnicamente, un gobierno de sedicente centroizquierda que dispone de amplia mayoría parlamentaria no haya aprovechado la oportunidad para abrir un gran debate nacional sobre el modelo económico que necesita el pueblo argentino, un gran debate que incluyera al sector agropecuario, que buscara la alianza con los pequeños y medianos productores, que sometiera a discusión la cuestión ambiental y el impuesto a la renta potencial de la tierra; un debate que incluyera también el problema de una especulación financiera completamente sustraída al fisco nacional (y que está en el meollo del fenómeno de la sojización del campo argentino), que planteara el problema del entero sistema del transporte público –hoy, ¡por debajo de los niveles de 1936!– y que permitiera, en fin, debatir sobre salud pública, educación y tantos otros temas postergados."

La llamada crisis del gobierno argentino con "el campo", el lockout agropecuario que cumplió 100 días, sacude a la sociedad argentina. Mucho se ha discutido en este tiempo en el país y se han expuestos estudios bien fundados, particularmente, sobre los aspectos económicos de la disputa.

La pugna por la renta agraria se da en el marco amplificado de una crisis mundial que involucra a la energía, a los alimentos y aun a la vivienda, una crisis en la que están, literalmente, en cuestión los estilos de producción, consumo y especulación financiera que se han venido imponiendo  a escala planetaria en el capitalismo de las dos últimas décadas..

Un rasgo de estas múltiples cuestiones conviene destacar. .

La retirada de la dictadura militar resultó de sus propias contradicciones – entre ellas la aventura criminal en las Malvinas –, que impidieron a los militares dejar una transición prolongada, como en los casos de Brasil y de Chile. Ellos y los grupos económicos que armaron el terrorismo de Estado, así se lo habían propuesto y así lo habían dejado dicho.

Los militares se fueron retirando de la escena en medio de chantajes y resistencias al gobierno civil, que tuvieron que ser dirimidas por las armas en 1990. Sin embargo, los grupos económicos, locales y trasnacionales, que los auparon en 1976, nunca fueron desalojados de las posiciones conquistadas. Es más, y peor: lograron en los noventa el dudoso honor para la Argentina de figurar en el grupo de cabeza entre los países más entusiastas del mundo en aplicar las políticas neoliberales de "ajuste estructural".

Tras el nuevo consenso alcanzado en la opinión pública –y en la publicada— en torno a políticas de brutal ajuste, achicamiento del Estado, desregulaciones y privatizaciones a precio de saldo, comenzó una encarnizada resistencia. Esta resistencia fue, sobre todo, social, y entre los múltiples protagonistas de esas luchas destacaron la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), fundada en esos años por los gremios que no avalaron las políticas de Carlos Menem – caudillo entonces del Partido Justicialista y sus aliados -, así como la Federación Agraria Argentina, la casi centenaria organización nacida de las luchas de los chacareros, pequeños y medianos agricultores, contra los terratenientes y el modelo económico, social y político de la oligarquía.

Sin embargo, la forma que tomó esa resistencia fue una serie de rebeliones, manifestaciones, apagones, cacerolazos motorizados por ciudadanas y ciudadanos "autoconvocados". Protestas sobre todo contra el autoritarismo local, fueron ejemplos emblemáticos, entre centenares de reacciones populares, estos dos: el caso María Soledad Morales en Catamarca, que puso fin a la "satrapía" de los Saadi, y los santiagueñazos, que terminaron con la de Juárez.

Esos estallidos espontáneos se explican en buena parte porque los partidos políticos, por distintas vías y procedimientos, optaron por la docilidad frente a los poderes fácticos, perdiendo toda organicidad con sus bases sociales, y por ende, toda representativad. Es lo que el economista Eduardo Basualdo llamó "el transformismo" o el politólogo Ariel Colombo calificó de "señoreaje".

La reacción social contra esas políticas se condensó políticamente por un instante en el aval a la Alianza que catapultó a Fernando de la Rúa a la presidencia en 1999. La cosa terminó en una nueva frustración, porque el "transformismo" o "señoreaje" de los políticos llegó aquí a su máxima expresión con la "compra" de senadores de la oposición y del propio gobierno, la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez y la final delegación in angustiis de la conducción económica a uno de los padres de las políticas neoliberales, Domingo Felipe Cavallo.

La gota final que vino a colmar un proceso que, por la cuenta que les trae, tratan ahora de ocultar muchos transformistas: se deslegitimó para siempre el sistema político, llevándose por delante a Fernando de la Rúa y a la crema del menemismo. Pero solo a la crema.

Y llegamos a este momento en que un gobierno, legitimado por el voto popular, usa una resolución del Código Aduanero dictado durante la dictadura militar para imponer retenciones móviles a las exportaciones de granos. O sea, para reasignar la renta extraordinaria del sector agropecuario en este momento tan especial del mercado mundial.

Una vez aplicada la medida y extendida la protesta, apelando a formas y metodologías tradicionales, las que se aplicaron en los noventa, recién entonces comienza un debate, una confrontación política que tendría que haberse planteado desde un comienzo.

Conviene preguntarse si este tardoperonismo ha conseguido superar la debilidad de las instituciones democráticas que marcó a todos los gobiernos elegidos por sufragio popular desde 1983.

La anemia inicial de Néstor Kirchner, validado electoralmente por poco más del 22 por ciento de los votos gracias a la incomparecencia de Menem en una segunda vuelta, fue indiscutiblemente compensada por una gran audacia en materia derechos humanos, derogación de la impunidad para los crímenes aberrantes de la dictadura militar, renovación de la Corte de Justicia y algunos pasos encaminados a revertir los mayores flagelos infligidos por las políticas neoliberales a nuestra economía.

Pero a la hora de la reforma política, la convocatoria a la transversalidad política postperonista no tardó en trocar en reciclamiento de la inmensa mayoría de las caducas estructuras políticas y sindicales, de siempre proclives al gatopardismo. Lo menos que se puede decir es que el grado de persistencia de lo viejo contrasta vivamente con la enfática retórica proclamadora de nuevos tiempos. Lo cierto es que los procedimientos, las formas de la política se condicen harto más con los desligitimados usos del pasado, que con los contenidos políticos pretendidamente nuevos de que se alardea.

Entrar a confrontar con la renta agraria para distribuir el ingreso y no garantizar la democracia sindical, haciendo oídos sordos hasta a las reiteradas exigencias de la OIT de reconocimiento de la CTA –la interesante alternativa al corrupto sindicalismo oficialista—, es sólo una muestra de las contradicciones entre discursos y prácticas políticas. Minar con feroces intrigas internas al centroizquierda que representaba Aníbal Ibarra en uno de los principales distritos electorales del país –la capital federal—, termina echando, en un verdadero juego de suma cero, a los sectores medios a la derecha. El mismo fenómeno se repite en Córdoba, optando finalmente el propio Kirchner por apoyar a un sector, el delasotismo-cavallismo, que entre la redistribución del ingreso y los grandes grupos económicos ya tiene una postura tomada y que no vendrá en sostén de Cristina Fernández de Kirchner. En la misma ristra inacabable de decisiones políticas de impacto inconfundiblemente negativo, se pueden agregar: la intervención con fines políticos sectarios del INDEC (Instituto de Estadística y Censos), asimilable, por su descarada necedad, a la del jugador de naipes enterquecido en hacerse trampa a sí propio en el juego del solitario; o la insensata propuesta de un tren bala entre Buenos Aires y Córdoba, más propia de un irresponsable zascandil jactanciosamente postmoderno que de quien necesita urgentemente rehacer la infraestructura de la red ferroviaria argentina destruida por las políticas privatizadoras y esquilmadoras de los últimos treinta años; etc., etc.

Es inconcebible que, antes de lanzar unas retenciones móviles que seguramente podían fundamentarse técnicamente, un gobierno de sedicente centroizquierda que dispone de amplia mayoría parlamentaria no haya aprovechado la oportunidad para abrir un gran debate nacional sobre el modelo económico que necesita el pueblo argentino, un gran debate que incluyera al sector agropecuario, que buscara la alianza con los pequeños y medianos productores, que sometiera a discusión la cuestión ambiental y el impuesto a la renta potencial de la tierra; un gran debate que incluyera también el problema de una especulación financiera completamente sustraída al fisco nacional (y que está en el meollo del fenómeno de la sojización del campo argentino), que planteara el problema del entero sistema del transporte público –hoy, ¡por debajo de los niveles de 1936!– y que permitiera, en fin, debatir sobre salud pública, educación y tantos otros temas postergados.

Inconcebible, asimismo, en un gobierno que dispone de amplia mayoría parlamentaria, que el Congreso recién ahora, después de más de 100 días de alboroto, se proponga discutir el tema de los impuestos agropecuarios. Especialmente cuando juristas respetables, y no precisamente ideólogos de la derecha, han advertido sobre la debilidad constitucional de la resolución ministerial que decidió las retenciones móviles. Ese desparpajo político no es sino la última manifestación de una larga tradición política argentina –de la que tampoco está exenta la izquierda— de desapego a las formas y los procedimientos de las libertades republicanas. Y como es harto sabido también, este tipo de desparpajos terminan siempre debilitando al gobierno que se los permite, y lo que es peor, a las instituciones canalizadoras de la deliberación pública republicana y a la democracia como articulación de la soberanía popular.

Hay sobrados indicios de que una parte importante de la sociedad argentina comienza a estar harta de la retórica oficial, llegando a poner en duda los propósitos y principios igualitaristas que dice encarnar su gobierno.

Por cierto: no sirve de mucho apuntar con dedo acusador a una "clase media" inveteradamente desafecta. ¿O acaso no son "clase media" los que está cortando la ruta desde hace dos años en Gualeguaychú contra las pasteras uruguayas? ¿Y no contó esa movilización en su momento con el total apoyo del entonces presidente Kirchner?   

María Julia Bertomeu, filósofa e investigadora del Coniced argentino y miembro del grupo europeo de investigación filosófica Greecs, pertenece al Consejo de Redacción de SINPERMISO. Osvaldo Acervo es militante social, participó de la experiencia de Unione e Benevolenza y ahora integra la Red Argentina del Ingreso Ciudadano.

Fuente:
www.sinpermiso.info, 21 junio 2008

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