La verdadera conspiración de AIG

Michael Hudson

22/03/2009

Parecerá extraño, pero lo cierto es que la indignación pública levantada por los 135 millones de dólares de bonificaciones para altos ejecutivos de la aseguradora AIG es una bendición divina para Wall Street, incluidos los canallas de la propia AIG. ¿Por qué habrían de preocuparse tanto los medios de comunicación con el descubrimiento de una codicia al servicio de sí propia en el sector financiero? Todos y cada uno de los canales de TV, todos y cada uno de los periódicos de este país, de derecha a izquierda, han convertido esas bonificaciones en cabecera titular de sus informaciones de los dos o tres últimos días.

¿Qué yerro hay aquí? ¿No hay sobreactuación en una indignación que ha tenido sus expresiones más vociferantes en el senador Charles Schumer y en el congresista Barney Frank, los dos adelantados de los obsequios a los bancos el pasado año?  ¿Le parece apropiado al presidente Obama venir a criticar ahora, después de tanto tiempo mudo,  algo que le parece mal de Wall Street? Hasta el Wall Street Journal se ha metido en harina. La toma de control de AIG por parte del gobierno, dice, "se sirve de la empresa como instrumento para rescatar otras instituciones". Hay mucha más codicia que la observada en los empleados de AIG. La empresa debía mucho más a otros jugadores –por doquiera, y también en Wall Street— que el valor de los activos  en su poder. Eso es lo que la llevó a la insolvencia. Y ha ido creciendo la oposición al modo en que Obama y McCain actuaron de consuno para apoyar un rescate que ha significado billones y billones de dólares tirados al sumidero. No realmente al sumidero, claro está, sino transferido a especuladores financieros situados en el triunfante lado "listo" de las malas apuestas financieras de AIG.

"La muchedumbre de Washington quiere centrarse en las bonificaciones porque busca desencadenar la cólera pública contra los actores privados", decía acusatoriamente el editorial del Wall Street Journal del pasado 17 de marzo. Mas, en vez de explicar que se trata de una maniobra distractora para pasar por alto las exacciones de Wall Street, mil veces mayores que el monto de las bonificaciones criticadas, se limitaban a atacar a su bestia negra de toda la vida: el Congreso. ¡Derecha e izquierda no diferirían sino en la elección del blanco al que dirigir la indignación pública!

He aquí el verdadero problema de todo el escándalo montado con las bonificaciones de 135 millones de dólares para los ejecutivos de AIG: esta suma es menos del 0,1% --una milésima— de los 183 mil millones de dólares que el Tesoro estadounidense dio a AIG para que pudiera dar satisfacción a sus acreedores. Esta suma, mil veces mayor que el volumen total de las bonificaciones en las que los promotores de Wall Street procuran centrar la atención del público, no se quedó en AIG. Desde hace seis meses, los medios de comunicación y los congresistas han tratado de descubrir a dónde fue a parar ese dinero. [El periódico económico] Bloomberg inició un pleito para descubrirlo. Chocó con un muro de silencio.

Hasta que, finalmente, el domingo 15 de marzo, por la noche, el gobierno soltó la prenda de los detalles. Eran enormemente embarazosos. El mayor recipiendario resultaba ser el mismo al que apuntaban los primeros rumores difundidos tempranamente por el mundo financiero: la propia empresa de Paulson, Goldman Sachs, encabezaba la lista. Era acreedora por valor de 13 mil millones de dólares. He aquí el perfil que va dibujándose. El pasado septiembre, el secretario del Tesoro, Paulson, de Goldman Sachs, compuso un terso memorándum de apenas 3 páginas esbozando su propuesta de rescate. El plan especificaba que, hicieran lo que hicieran él mismo u otros funcionarios del Tesoro (incluidos sus subordinados, asimismo procedentes de Goldman Sachs), ni sus decisiones podrían recurrirse legalmente, ni ellos mismos podrían se ser llevados a tribunales, y mucho menos procesados y perseguidos legalmente. Esta condición sacó de sus casillas al Congreso, que rechazó el rescate en primera instancia.

Ahora se ve que Paulson tenía muy buenas razones para introducir una cláusula legal que bloqueara la posible recuperación de los fondos dados por el Tesoro a los acreedores de AIG. En eso debería centrarse la indignación pública.

En cambio, los congresistas que más se destacaron por abogar a favor de la legislación del rescate –junto con Obama, quien en su debate final con McCain del viernes por la noche llegó a pronunciarse resueltamente a favor de la terrible versión "corta" del plan de rescate de Paulson— organizan ahora una escandalera con las bonificaciones de los ejecutivos de AIG, pero no contra los acreedores de la compañía aseguradora.

Hay dos cuestiones que han de plantearse siempre cuando se lanza una operación política. Primero: qui bono, ¿a quién beneficia? Y segundo: ¿por qué ahora? Según mi experiencia, la graduación de tiempos, el ritmo, es clave para averiguar la dinámica operante.

En lo tocante al qui bono:  ¿qué ganan el senador Schumer, el congresista Frank, el presidente Obama y otros patrocinadores de Wall Street con esta escandalera pública? Pues para decirlo clarito: los pinta como a chicos duros con el sector bancario y financiero, no como a sus lobistas, siempre prestos a aprobar un obsequio tras otro. Así que la conmoción con AIG ha echado una cortina de humo sobre la verdadera naturaleza de sus lealtades políticas. Les permite posar con un ademán confundente, y así, posar como "honrados intermediarios" la próxima vez que tengan que aprobar deshonestamente el obsequio de unos cuantos billones de dólares más para los mayores patrocinadores y contribuyentes a sus propias campañas políticas.

En lo tocante a los ritmos, creo que ya ha quedado aclarado. La indignación con las bonificaciones de AIG ha logrado distraer la atención, desviándola de los acreedores de AIG, que fueron los que recibieron los 183 mil millones de dólares de obsequio del Tesoro. La suma "final" que tendrá que ir a parar a esos acreedores se rumorea que ronda los 250 mil millones, de modo que el senador Schumer, el congresista Frank y el presidente Obama todavía tienen mucho trabajo que hacer para Wall Street en el próximo año.

Para tener éxito en su trabajo, además de aplacar la indignación pública creciente con los malos rescates, necesitarán multiplicar los ademanes y los gestos con que se están prodigando ahora. Es un ejercicio de engaño.

Moraleja: cuanto más copiosas las lágrimas de cocodrilo vertidas sobre las bonificaciones a los ejecutivos de AIG (quienes, dicho sea de paso, parecen estar en el lado sano, de seguros bona fide del negocio de AIG, no en el jaleo de sus fondos de cobertura montados sobre un esquema Ponzi), tanto más distraerán la atención de la opinión pública respecto del obsequio de 183 mil millones de dólares, y tanto mejor colocados quedarán para seguir jugando obsequiosamente con dinero público (bonos del Tesoro y depósitos de la Reserva Federal) en beneficio de sus entidades financieras favoritas.

Sigamos la pista del dinero realmente dado a AIG: ¡183 mil millones de dólares! Ya sé que ese dinero se ha transferido ya, y que no hay forma de que lo devuelvan unos acreedores de AIG perfectamente conscientes de que Alan Greenspan, George Bush y Hank Paulson estaban llevando la economía estadounidense a un abismo inmobiliario, a un abismo de productos financieros derivados y a un abismo en materia de balanza de pagos, abismos, todos, que venían a confluir en la actividad de apostar contra las obligaciones de deuda colateralizada (CDO, por sus siglas en inglés) y de asegurar esas apuestas en AIG. Ese dinero ha sido lisa y llanamente chupado del Tesoro por la vía de colocar a propios en puestos públicos claves para que pudieran servirles mejor.

Pero sigámosles la pista a todos ellos. El senador Schumacher dijo a los recipiendarios de las bonificaciones de AIG que la I.R.S. [la agencia tributaria estadounidense] puede perseguirles y, de una u otra forma, recuperar el dinero. En realidad, también puede ir tras los recipiendarios del rescate de 183 mil millones de dólares. Todo lo que necesita hacer es recuperar los tradicionales impuestos sobre bienes raíces y aumentar los tipos marginales de los impuestos al ingreso y al patrimonio hasta los niveles (ya reducidos) de la era Clinton.

El dinero puede recuperarse. Y eso es precisamente lo que el señor Schumer, el señor Frank y otros no quieren que se debata públicamente. Por eso divierten la atención de la gente fingiendo escandalizarse con trivialidades. Una manera, muy propia de la época, de que la gente no vea el bosque y se pierda lo verdaderamente importante.

Michael Hudson es ex economista de Wall Street especializado en balanza de pagos y bienes inmobiliarios en el Chase Manhattan Bank (ahora JPMorgan Chase & Co.), Arthur Anderson y después en el Hudson Institute. En 1990 colaboró en el establecimiento del primer fondo soberano de deuda del mundo para Scudder Stevens & Clark. El Dr. Hudson fue asesor económico en jefe de Dennis Kucinich en la reciente campaña primaria presidencial demócrata y ha asesorado a los gobiernos de los EEUU, Canadá, México y Letonia, así como al Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Distinguido profesor investigador en la Universidad de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de numerosos libros, entre ellos Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire.

Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón

Fuente:
Counterpunch, 18 marzo 2009

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