Hipótesis

Víctor Orozco

19/07/2009

 Manuel Arroyo, otro universitario asesinado, ¿Cuántos más? ¿Quién sigue?...

            ¿Para qué encarceló el presidente de la República a los presidentes municipales y a los altos funcionarios públicos del gobierno del estado en Michoacán? Hay varias posibles respuestas: Uno, perseguir y desmantelar a  redes de la delincuencia organizada. Dos, mover una nueva pieza en el ajedrez electoral y favorecer a su administración, tan necesitada de legitimarse y de alcanzar una sólida mayoría en la cámara de diputados. De paso,  amedrentar a sus enemigos políticos y ponerles un “estate quieto” sobre todo a los gobernadores. Tres: Armar un ensayo de golpe de estado y sondear reacciones ante las acciones de fuerza. Quedémonos por ahora con estas tres hipótesis, que no son excluyentes per se. Empero, privilegiar alguna, tiende a la anulación de las otras.

            Examinemos la primera. Si en verdad todos estos funcionarios públicos cooperaban con el crimen organizado y son en consecuencia delincuentes ellos mismos, es fácilmente discernible que no eran los únicos y sobre todo que este cáncer social no se circunscribe a Michoacán. La ola de violencia delictiva, a la cual comúnmente se asocia con el tráfico de estupefacientes, se extiende ahora por casi todo el país, aun cuando tiene escenarios preferentes en algunas entidades federativas. Sobre todo en el curso de la presente década, las cifras de asesinatos, robos, secuestros han ido creciendo año con año, sin hacerse visible en el horizonte ningún remedio efectivo. En Ciudad Juárez, por ejemplo, operan entre diez y doce mil soldados y policías federales, quienes día y noche patrullan la ciudad armados hasta los dientes, entran en las casas de los vecinos en busca de armas, se llevan detenidos a cada hora, pero no hay jornada en que no se registren muertes. Sólo en el último mes casi un centenar de personas fueron asesinadas, entre ellas y en la última semana, dos prominentes empresarios y un profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De Monterrey se informa la emigración de cientos de hombres de negocios por temor a los secuestros. En Tijuana tampoco hay tregua. Si la espectacular acción de Michoacán va en la dirección correcta para combatir al crimen, significa que éste se anida en las instituciones oficiales, razón primera por la cual han sido infructuosas las medidas para erradicarlo o ponerlo en límites tolerables. Luego entonces, es necesario extender estas redadas de funcionarios públicos a todo el país o al menos a las zonas en donde la criminalidad acusa sus índices más elevados, sin dejar fuera de estas limpias a las instituciones federales.

            El segundo de los supuestos tiene marcados signos de verosimilitud. Los arrestos se producen en plena campaña electoral, enseguida aparece masivamente la propaganda del PAN asociada a la figura del presidente, presentado como el valiente campeón de la lucha contra el crimen. De hecho, casi toda la estrategia electoral  del partido en el poder, hoy se centra en  apostar a la despiadada fórmula: crimen-violencia-miedo y al final, la esperanza de la paz. Todos revela que la última se aleja, pero esto no es obstáculo para los slogans mentirosos, repetidos hasta la saciedad. El primer propósito es desviar de la memoria y de la percepción general un hecho evidente: nunca como en las administraciones del PAN, México había sufrido tan crueles agravios a la vida y a la seguridad de las personas, sin guerra civil o extranjera de por medio.

 Luego, debe inducirse el voto. Los especialistas en el marketing de las elecciones conocen de mucho tiempo atrás la eficacia que tiene ante la mayoría asustada un mensaje apoyado en el ofrecimiento de la tranquilidad. Todo mundo tiende a poner en segundo plano a los problemas cotidianos e ingentes: el desempleo, la falta o la insuficiencia de los servicios públicos, entre muchos otros,  para abrir paso al anhelo de paz, valor indeclinable en la generalidad de las sociedades. De esta suerte, he aquí la paradoja panista: la violencia se ha expandido durante nuestros gobiernos, pero dense cuenta cómo el Presidente-valiente encierra a tres decenas de agentes de la autoridad, entre ellos, hasta dos de nuestra organización. “¿Quieres la paz? ¡Vota por el partido con cuyos gobiernos ha proliferado la violencia!.” ¡Ah del irracionalismo en la política!

            Otra finalidad probable  del mazazo en la tierra de Morelos y Ocampo, es paralizar a los enemigos. Viejo artilugio de la política también, al alcance de los detentadores del poder. ¿Podemos imaginar la sombra de angustia que se cierne sobre las residencias oficiales de Chihuahua, Ciudad Victoria, Toluca, Saltillo, Culiacán…?. Siempre que piensen en cualquier iniciativa política desafecta a los dueños del poder federal, sus ocupantes tendrán frente a sí la estampa de  las tanquetas del ejército y de la policía en los bellos patios de los palacios de gobierno y la de varios de sus colaboradores, posiblemente la de ellos mismos, con las manos esposadas. Aquí, no es muy difícil pensar cómo, para Felipe Calderón el prototipo del antecesor a la mano es Carlos Salinas de Gortari. Igual que él, entró a Los Pinos bajo la niebla de la ilegitimidad e igual que él, se ha aplicado durante la primera mitad del sexenio a imponerse. Hay equivalentes entre el “quinazo” y el “michoacanazo”, aún cuando los destinatarios hayan sido distintos. Ya, eufórico y desafiante, el “jefe nacional” del PAN, proclamó que todos deben poner sus barbas a remojar. Veremos cuantas agallas hay en los gobernadores para defender la cacaereada soberanía de sus entidades, cuando no se trata de reclamar el uso arbitrario de las participaciones fiscales.

            Finalmente, quienes piensan más mal de los ocupantes del poder, consideran la posibilidad de que en México se esté fraguando y preparando sistemáticamente un golpe de estado, al estilo del ejecutado por Alberto Fujimori en Perú. Allá el pretexto lo proporcionó el terrorismo de Sendero Luminoso, aquí vendría de la violencia delictiva. Igual que en aquel país, se está buscando persuadir a la sociedad de que un régimen autoritario traería consigo la paz, si fuese dirigido por un valiente estadista. Asimismo, con antelación se desplegaron las tropas del ejército y de la policía por las calles de las principales ciudades, requisando armas y  ejerciendo de hecho el poder en las localidades. Esta dimensión, parecería bastante improbable en el México actual, no debe sin embargo ser descartada. Puede que no lleguemos hasta los extremos ocurridos en muchos de los países hermanos de Latinoamérica, pero ello no nos exime de alzar la guardia, si no deseamos amanecer un día de éstos sin congreso, sin legislaturas, sin jueces, sin funcionarios electos y sobre todo, sin libertades públicas.   

Víctor Orozco, profesor de historia en la Universidad de Chihahua, es un analista político mexicano.

Fuente:
www.segundoasegundo.com, 1 junio 2009
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