Inflación, salarios y política en Argentina

Claudio Lozano

05/09/2010

Cuando el 50 por ciento de los trabajadores ganan menos de 1700 pesos y una suba del 1 por ciento en la canasta alimentaria implica 20.000 pobres más, la inflación es un crimen.

En ese sentido, se hace necesario vencer la actual inercia inflacionaria con un pacto social contra el hambre y por el desarrollo que ordene el sistema de precios, los ingresos salariales y sociales, la evolución monetaria, cambiaria y fiscal.

Hacerlo supone atender las causas estructurales del problema: elevada concentración de los mercados expresada en que productos estratégicos son generados por no más de una a cuatro empresas en cada mercado; ausencia de una regulación estatal efectiva en la cadena agropecuaria y de hidrocarburos para que los alimentos y la energía tengan precios ligados al costo de producción local y no al internacional.

La inflación es resultado también de los límites de la inversión -una oferta que no crece en relación con la demanda-, vinculados a los problemas anteriores, ya que las rentas extraordinarias que pocas empresas obtienen con el control privado de los recursos naturales y el manejo de los mercados estratégicos terminan deprimiendo la inversión.

De este modo, la inflación expresa tanto los problemas de la inversión, como los límites que suponen la vigencia de una estructura empresarial concentrada en el marco de una economía que resigna sus potencialidades de encarar un proceso de reindustrialización. Se trata de un dispositivo que es fruto de la fragilidad productiva de la Argentina y que tiene como funcionalidad mantener las tasas de rentabilidad de los capitales mas concentrados a costa de profundizar la regresividad distributiva.

Por último, aunque no es un tema menor, la inflación es también un mecanismo que captura espuria y regresivamente (en tanto golpea con mayor intensidad en los sectores de menores ingresos) mayores recursos fiscales (fundamentalmente por vía del IVA) con destino a resolver la brecha de financiamiento de las cuentas públicas.

La solución requiere participación de la comunidad, regulación de los monopolios, empresa estatal de hidrocarburos, control público del comercio de granos, reforma fiscal progresiva y orientación del proceso de inversión.

Claudio Lozano es un veterano sindicalista argentino (CTA), diputado de la Mesa Nacional y miembro del Proyecto Sur, tal vez la iniciativa más interesante de la izquierda política argentina.

Fuente:
La Nación, 1 septiembre 2010

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