Pablo Yanes
04/09/2011
En América Latina a partir de los años 80 se produjo un giro profundo no sólo en las características del régimen de acumulación, sino también en el régimen social, esto es, se transformaron tanto la política económica como la política social. Sintéticamente dicho al giro hacia políticas pro-mercado le correspondió una transformación de la política social hacia el combate a la pobreza extrema mediante programas de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas (PTMFC).
La pobreza y las transferencias focalizadas y condicionadas.
En el contexto de cambio de paradigmas para la formulación y ejecución de la política social dejó prácticamente de mencionarse el tema de la distribución del ingreso para reducir la política social a un solo objetivo: el llamado "combate a la pobreza". Hubo un virtual desplazamiento del tema de la desigualdad y todo parecía concentrarse en los temas de pobreza y de pobreza extrema, en particular.
Y aquí aparecieron los PTMFC que proliferaron a partir de los años noventa en toda América Latina de la mano de su promoción por parte de los organismos multilaterales de crédito, particularmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que han hecho de estos programas el modelo de política deseable para la región. No es por ello casual que hoy en América Latina, conforme a la reciente base de datos de programas de protección social no contributiva, elaborado por la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica Para América Latina en la región los PTMFC operan en 18 países con una cobertura de más de 25 millones de familias alrededor de 113 millones de personas, es decir, el 19% de la población de América Latina y el Caribe (1).
No obstante, llama poderosamente la atención que, conforme a las mismas fuentes, a pesar de su fuerte cobertura, el gasto en los PTMFC representa solamente 0,40% del PIB de los países de la región. Esto es, según los promotores de estos programas, parecería haberse encontrado la fórmula feliz de tener cobertura sobre una gran cantidad de personas pobres, gastar pocos recursos y obtener resultados importantes. Sería posible, según esta lógica, que la pobreza de las personas podría combatirse con pocos recursos públicos.
Los PTMCF se estructuran en torno a una antropología de la pobreza, de los pobres y de un conjunto de representaciones sociales sobre ellos que les lleva a incluir en el diseño de estos programas la idea de las condicionalidades.
El Banco Mundial patrocinó en el año 2009 el estudio Conditional Cash Transfers, Reducing Present and Future Poverty, que incluye una fuerte defensa de la idea de las condicionalidades en un capítulo precisamente denominado The Economic Rationale for Conditional Cash Transfers. Ahí se formula la idea de lo que sus autores denominan los microfundamentos del paternalismo (2).
Conforme a dicho estudio una razón que justificaría la introducción de las condicionalidades es que los pobres no siempre se comportan exactamente como pudiera esperarse de agentes racionales con información perfecta. Textualmente:
"Los gobiernos pueden saber mejor que es en términos privados mejor para los pobres que los pobres mismos, al menos en algunos campos" (Fiszbein and Schady 2009: 50).
Esto es: después de décadas de martillear con la teoría de las expectativas racionales o escuela de la elección pública, de diseñar las políticas económicas y sociales sobre el supuesto del hommo economicus y de considerar que las decisiones económicas individuales se derivan de decisiones racionales de minimización de costos y maximización de beneficios, el referido estudio del Banco Mundial -y el diseño de los PTMCF- establecen una excepción, los pobres no se conducen de manera racional, no saben tomar decisiones, no saben lo que realmente necesitan y les conviene y por ello hay que guiarlos, condicionarlos y llegado el momento, si incumplen con las condicionalidades diseñadas en su propio beneficio, castigarlos con la cancelación de la transferencia monetaria.
Por otro lado, como la mentalidad social dominante es que los pobres toman malas decisiones y tienden a la vagancia, la irresponsabilidad, la holgazanería y la disipación, para evitar que los contribuyentes objeten programas para ellos y los impuestos necesarios para subvencionarlos es necesario introducir las condicionalidades por razones políticas y argumentativas. Así que nadie se confunda, los PTMCF no son parte del Welfare, sino del Workfare.
Pero, además, los defensores de las condicionalidades no han podido demostrar que efectivamente las mejoras que en algunos PTMCF se observan en la asistencia escolar o la atención en clínicas de salud, se deriven de las condicionalidades y no de las mejoras de los ingresos familiares por las transferencias.
En los estudios sobre las condicionales no se aporta evidencia del vínculo real entre el efecto de la transferencia misma y el supuesto efecto de la condicionalidad que le es asociada. La introducción de las condicionalidades aparece mucho más articulada, como ya se señaló, al tema de la razón política, de la perspectiva punitiva y de la lógica que combina como siameses asistencia y control social.
Como han destacado Joseph Hanlon, Armando Barrientos y David Hulme en su estudio comparativo sobre las transferencias condicionadas en el mundo (3), a pesar de la importancia de las condicionalidades su efectividad no ha sido estudiada a fondo.
Asimismo destacan que es preocupante que en América Latina los gobiernos estén destinando millones de dólares en la administración de las condicionalidades sin haber analizado con rigor en qué medida las condicionalidades contribuyen al impacto de los programas de transferencias y si dicha contribución es consistente con el costo involucrado.
Adicionalmente, las condicionalidades no pueden considerarse neutras: en estudios referidos a México, se ha puesto de relieve que las condicionalidades punitivas penalizan precisamente a quienes más necesitan de las transferencias, dado que frecuentemente los hogares que están en situación más desesperada son los que no pueden cumplir con las condicionalidades y por ende pierden las transferencias.
Como se ha señalado en otra parte (4),, detrás de la razón técnica se esconde la razón política que mira a los pobres desde la lógica colonial del indio pobre e ignorante y lleno de hijos, y la lógica de dominación que ve a los pobres como parte de las llamadas clases peligrosas. Así, con la introducción de las condicionalidades y su justificación teórica, se trastoca la lógica de una ciudadanía con derechos exigibles y un Estado obligado a materializarlos, hacia la lógica de un Estado con programas que exige a los "beneficiarios" de los mismos el cumplimiento de las llamadas corresponsabilidades., como se denomina, por ejemplo en el Programa Oportunidades en México, a las condicionalidades.
Oportunidades ¿modelo a seguir?
El Programa Oportunidades en México ha sido presentado y promovido por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo como el ejemplo emblemático de programa de combate a la pobreza y, ambas instituciones, han sugerido a los gobiernos de la región su réplica en los distintos países de América Latina.
Como señalamos anteriormente conforme a datos de la CEPAL existen actualmente en América Latina y El Caribe dieciocho países con programas de este corte. Puede decirse que, con Oportunidades, México se convirtió en exportador de tecnología social.
No se trata de negar que el Programa Oportunidades, anteriormente Progresa, que ha venido aplicándose en México con una escala significativa de manera continua en los últimos once años, no tenga efectos positivos en el ingreso de las familias, sobre todo en el corto plazo y que no ayude a la mejora de algunos indicadores sociales. Por su continuidad, su cobertura y por la movilización de recursos que implica sería imposible que ello no sucediera.
De lo que se trata de valorar es si el Programa Oportunidades o en general los PTMFC constituyen la vía idónea para superar de manera sostenida la pobreza, si su hipótesis central, que la pobreza se deriva de un déficit de capital humano en las personas es correcta, si es certero o no su supuesto básico de que los pobres requieren de condicionalidades y de un sistema de premios y castigos para asistir a la escuela y atender su salud y si la instrumentación y operación del programa amplían el goce de los derechos sociales y construyen ciudadanía.
En 2011 el Programa Oportunidades en México tiene un padrón de 5.8 millones de familias y ejerce un presupuesto de 4.8 billones de dólares. En promedio cada hogar recibe anualmente una transferencia equivalente a 827 dólares o 69 dólares mensuales. El monto de los apoyos a las familias varía mucho, pero el tope máximo, cuando se tienen becarios en la educación media superior, es de 203 dólares mensuales por hogar.
No obstante que en términos absolutos el presupuesto del Programa Oportunidades es significativo, en términos relativos constituye una pequeña fracción del presupuesto del Gobierno Federal, aproximadamente el 1.68%.
El programa se ha ido modificando en los últimos años con componentes nuevos que han transformado parcialmente su diseño original. En 2005 se incluyó una transferencia de aproximadamente 20 dólares por personas mayores de setenta años en el contexto de la movilización denominada El Campo No Aguanta Más y del impacto que tuvo en el país la introducción de la pensión ciudadana universal de adultos mayores en la Ciudad de México, asunto al que me referiré más adelante.
La introducción de la dimensión de adulto mayor fue un cambio significativo, ya que si bien mantenía la focalización y la condicionalidad implicó, producto de la presión social y política, la introducción de un ajuste en el objetivo estratégico del programa de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, razón por la cual el corazón del programa consiste en becas para niños, niñas y jóvenes entre los nueve y los veintiún años de edad. Ya no se trataba sólo atender la pobreza de los niños y niñas de hoy, los adultos de mañana, sino también de las personas adultas mayores de hoy. No obstante el componente de adultos mayores de Oportunidades está prácticamente en proceso de cierre debido a la existencia de un programa de transferencias a adultos mayores denominado Setenta y Más.
Asimismo se han dado dos nuevas modificaciones en años recientes. En 2007 se incluyó el llamado componente energético que consiste en una transferencia monetaria a los hogares para compensar los gastos realizados en el consumo de fuentes de energía (luz, carbón, leña, combustible o velas) que si bien puede decirse que podría formar parte de la dimensión alimentaria del programa, va más allá de ella.
Pero probablemente el cambio más significativo fue que a partir del año 2010 se agregó una nueva transferencia en Oportunidades llamada Apoyo Infantil Vivir Mejor consistente en una pequeña transferencia mensual de un poco más de ocho dólares por cada niña o niño entre cero y nueve años de edad, con un tope de tres apoyos por familia. Esta transferencia, si bien muy pequeña, viene a matizar también la idea de un programa construido en lógica de acumulación de capital humano entendido fundamentalmente como aumento de la escolaridad.
Hasta el año 2010 los apoyos monetarios de Oportunidades iniciaban en el tercero de primaria y a partir de los nueve años de edad de las niñas y los niños. Asunto que había sido fuertemente criticado por señalarse que son las familias con infantes muy pequeños, particularmente entre cero y cinco años de edad, quienes más requieren de los apoyos, pero se contra argumentaba que el programa no podía construir incentivos que se tradujeran en un aumento de la natalidad, reproduciendo el supuesto de que a partir de un apoyo económico los pobres tenderían a tener más hijos para obtener mayores transferencias.
Puede afirmarse que la renuencia a apoyar a familias con hijos en edades pequeñas y muy pequeñas se basa más en el prejuicio que en la evidencia científica. Pero como producto de la crisis mundial iniciada en 2008 y su manifestación aguda como crisis alimentaria entre las familias pobres, el Gobierno Federal de México decidió modificar la política de brindar apoyos económicos sólo a niños escolarizados a partir de los nueve años y ahora, en el marco del programa Oportunidades, reciben esta pequeña transferencia niñas y niños de cero a nueve años.
Esto es: Oportunidades, sin renunciar a su esencia de transferencias focalizadas y condicionadas, ha tenido que introducir ajustes que modifican la concepción inicial de sólo atender a niñas y niños en edad escolar, de tener como objetivo estratégico sólo la de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y la de otorgar sólo transferencias para niñas, niños y jóvenes entre los nueve y los veintidós años de edad. Por la dinámica social y política se ha incorporado ahora a menores de nueve años y a mayores de setenta años, primero a través del componente de adultos mayores de Oportunidades y posteriormente mediante el programa Setenta y Más.
Y no estamos hablando de recursos presupuestales pequeños. En el caso del Apoyo Infantil Vivir Mejor el presupuesto es de 649.0 millones de dólares y en lo referente a adultos mayores, a través de Setenta y Más, asciende a 1.1 billones de dólares. Ambos componentes nuevos, infantes pequeños y adultos mayores, equivalen a poco más del 25% del presupuesto del Programa Oportunidades.
El caso del Programa Setenta y Más es muy interesante porque expresa la transición de un programa focalizado individualmente y condicionado (adultos mayores en Oportunidades) a uno con focalización territorial y no condicionado, como lo es Setenta y Más que para 2010 tenía incorporados a poco más de 2.3 millones de personas adultas mayores de zonas rurales y pequeñas localidades urbanas.
En rigor, Setenta y Más no fue un programa diseñado por el Gobierno Federal, sino decidido desde la Cámara de Diputados como respuesta a las movilizaciones campesinas que exigían una pensión rural. Setenta y Más es un programa de cobertura universal para todas las personas de más de setenta años de edad que residen en localidades de hasta 30 mil habitantes y, al contrario de Oportunidades, no incluye corresponsabilidades o contraprestaciones.
Es un programa grande en cobertura y recursos cuyo propósito es seguir creciendo por la vía de ampliar el tamaño de las localidades en las que se aplica, pero que no recibe ni la atención ni la publicidad del programa Oportunidades debido a que significa que en México, el país que es puesto como ejemplo de programas exitosos como Oportunidades, se ha venido construyendo paralelamente una lógica de transferencias distintas (con focalización territorial y sin condicionalidades) que demuestra que existen diferentes caminos para una política de transferencias y, aún más, que es posible transitar del modelo de focalización individual al de focalización territorial, como vía intermedia hacia la universalización, y de las transferencias condicionadas a las transferencias no condicionadas. Y todo ello, en el mismo país, México y con la misma agencia gubernamental, la Secretaría de Desarrollo Social.
No puede, en consecuencia, considerarse una casualidad el gran conocimiento que en el mundo de los hacedores de políticas se tiene del Programa Oportunidades y la poca atención que ha merecido y el gran desconocimiento que existe respecto del Programa Setenta y Más.
Existe un contraste real entre adulto mayor en Oportunidades y en Setenta y Más, dos programas de transferencias federales dirigidos al mismo grupo de población. En el primero recibe una transferencia mensual de veinticinco dólares, en el segundo, de cuarenta dólares; en el primero tiene condicionalidades, en el segundo, ninguna, en el primero recibe el dinero a través de su hija, en el segundo, de manera directa y en el primero, pierde definitivamente la transferencia si abandona el hogar y en el segundo sólo si cambia de residencia a una localidad, en este caso, mayor de 30 mil habitantes.
Pero el debate más de fondo respecto a Oportunidades y a los PTMFC reside en la solidez de su hipótesis central que postula que para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza se requiere acumular el llamado capital humano, fundamentalmente a través del sistema educativo, para así acceder a mejores empleos.
O si, por el contrario, el punto de partida correcto es que la educación es un bien posicional en el que todos se mueven y por lo tanto aunque los sectores más empobrecidos accedan a más años de escolaridad los más favorecidos también aumentan los años de escolaridad con lo que se mantiene la brecha entre unos y otros, en cantidad y, muchas veces se ensancha en términos de la calidad de la educación recibida.
Del mismo modo detrás de la hipótesis central de Oportunidades, más escolaridad conduce a mejores ingresos, se encuentra el supuesto de que los mercados de trabajo funcionan de manera cuasi-perfecta y en que existe una alta correlación positiva entre escolaridad e ingresos. Asimismo que los niveles de remuneración se establecen fundamentalmente en una negociación individual entre el empleador y el poseedor de diferentes capacidades y que el mercado premiará adecuadamente las habilidades y conocimientos obtenidos durante el período educativo. Esto es, que los mercados laborales son fundamentalmente intercambios entre individuos y no entre grandes conglomerados sociales y en los que la regulación estatal (vía política salarial, por ejemplo) o la negociación colectiva (vía el poder de presión de los sindicatos) no son asuntos relevantes.
En su análisis del vínculo entre pobreza educativa y pobreza de ingresos como hipótesis central de los Programas Progresa y Oportunidades, Julio Boltvinik (5) hace un análisis de la evolución de ambas pobrezas en México y señala:
"Varias cuestiones deben destacarse. En primer lugar, que mientras la pobreza educativa de los adultos disminuyó aceleradamente durante estos treinta años (1968-2000), la pobreza de ingresos en el período se mantuvo prácticamente constante (bajando de 72.6% en 1968 a 68.5% en 2000). Comparando los extremos solamente, la hipótesis del bajo nivel educativo como elemento causal principal de la pobreza de ingresos (que está detrás del diseño del Progresa) tendría que ser rechazada. En el período 1980-2000, encontramos que mientras la pobreza equivalente educativa disminuyó en 60%, de 43.7 a 26.3%, la de ingresos aumentó en 41% de 48.5% en 1981 a 68.5% en el año 2000. Por lo menos en la historia reciente de México podemos afirmar que la evolución de los ingresos de los hogares (y por tanto su pobreza de ingresos) no está asociada con el nivel educativo de los adultos. Por tanto si el Oportunidades hubiera sido diseñado en 1980 habría perdido su apuesta central: los niños y jóvenes que estudiaban en 1980 y años siguientes no se habrían podido incorporar a actividades productivas y acceder a trabajos bien remunerados". (Boltvinik 2004: 345)
El ingreso como derecho de ciudadanía: una mirada alternativa
He señalado como, en el caso de México, en el ámbito federal, coexisten dos modelos de transferencias monetarias expresados en la existencia de dos programas relevantes por la dimensión de los fondos que manejan y las coberturas que alcanzan: Oportunidades y Setenta y Más. Pero esta apertura de alternativas en materia de transferencias no sólo se presenta en el Gobierno Federal y no sólo en México, sino también en otros países de América Latina, como Renta Dignidad en Bolivia y con sus peculiaridades el Beneficio de Prestación Continuada y la Pensión Social Rural en Brasil o las reciente reforma de la prestación de Asignación Universal por Hijos en Argentina.
En el caso de México, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con una ley, promulgada en el año 2003 y reformada en 2008 que establece el derecho a una pensión ciudadana universal para todas las personas adultas mayores de 68 años que hayan residido los últimos tres años en la ciudad de México. Se trata de una transferencia no condicionada ni sujeta a contraprestaciones y no menor, por ley, a medio salario mínimo mensual. Actualmente la pensión ciudadana de adultos mayores de la ciudad asciende a 75 dólares por persona y la cobertura alcanza alrededor de 500 mil personas.
Por todo lo anterior, es urgente el cuestionamiento a la antropología subyacente de los programas de transferencias condicionadas. Es necesario hacer explícita la existencia de una mirada con fuerte contenido clasista y racista sobre los pobres y la pobreza en los programas condicionados.
Es fundamental plantear la discusión en otros términos para que pueda abrirse una lógica de emancipación donde no haya pobres con obligaciones, sino ciudadanos libres de pobreza y con derechos plenos. Para que la política social y en particular las transferencias monetarias- no sean un instrumento de control social, sino de construcción de ciudadanía, sólo una mediación para la materialización de derechos exigibles.
Se evidencia así que el debate en torno al mejor modo de realizar transferencias de ingresos hacia la población es, en el fondo, de carácter político y axiológico −y no técnico como muchas veces quiere presentársele−. Más precisamente, se trata de un debate que refiere a los contenidos y la forma de llevar a la práctica los derechos de ciudadanía.
Y es en esta disputa por los contenidos de la ciudadanía donde la propuesta del Ingreso Ciudadano/Renta Básica (IC/RB) que empieza a abrirse camino en América Latina y en otras regiones del mundo, se diferencia sustancialmente de los PTMCF. La iniciativa del IC/RB al ser un ingreso universal, individual, garantizado, incondicional y vitalicio, se revela como una alternativa poderosa ya que supera los problemas derivados de los errores de inclusión y exclusión propios de la focalización; se centra en las personas y no en las familias y posibilita el reordenamiento de las relaciones sociales basado en la expansión de la autonomía y las libertades individuales.
Al implicar una importante movilización de recursos, el IC/RB obligaría a reformas fiscales progresivas y de gran calado que implicarían importantes procesos redistributivos. Asimismo el IC/RB constituye la vía para superar la pobreza, no sólo para contenerla o disminuirla en proporciones pequeñas o transitorias, y, sobre todo, permite crear una dimensión preventiva para que quien salga de la pobreza no vuelva a caer en ella.
Por los montos que debe manejar el IC/RB constituiría un soporte material efectivo que permitiría afrontar necesidades y diseñar proyectos de vida para las personas. Por ser un derecho, una garantía social, se ampliaría la dimensión de la ciudadanía y se escaparía de todos los vicios de clientelismo, inseguridad e incertidumbre que son propios de los programas de transferencias monetarias condicionadas y focalizadas.
Más allá de todo lo anterior, en la iniciativa del IC/RB se encuentra una propuesta de sociedad y una concepción de los derechos de ciudadanía diferente a la de los PTMFC. No es sólo una propuesta técnicamente poderosa en sus efectos y resultados, no es sólo un curso de acción alternativo para las actuales políticas sociales y de combate a la pobreza (aunque también lo es), sino que forma parte de un proyecto emancipatorio que busca superar la subordinación social derivada de la dependencia material y de la incapacidad de tener garantizada la existencia material.
Es por ello que la iniciativa de IC/RB se inscribe dentro del movimiento de los derechos humanos emergentes (6) y se plantea como un proceso liberador que al materializarse representaría para la sociedad humana un salto civilizatorio, un punto de quiebre en el que el miedo y el látigo del hambre dejarían de ser el pegamento de la vida cotidiana, la mano invisible del orden social.
(Esta es una versión más breve del original inglés que fue publicado en la revista hindú Economic and Political Weekly, VOL. XLVI, No. 21, 2011)
Notas:
1. CEPAL Comisión Económica para América Latina, División de Desarrollo Social, 2010
2. Fiszbein, Ariel and Schady, Norbert (2009): "Conditional Cash Transfers. Reducing Present and Future Poverty". The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. A World Bank Policy Research Proyect.
3. Hanlon, Joseph, Barrientos, Armando y Hulme, David (2010): 131 Just give money to the poor. The development revolution from the global south. (Kumarian Press)
4. Varias de estas ideas han sido desarrolladas también en un texto inédito escrito por Lo Vuolo, R., Raventós, D. y Yanes, P. (2011) "La crisis económica, los subsidios condicionados y el Ingreso Ciudadano-Renta Básica".
5. Boltvinik, J. (2004): "Políticas focalizadas de combate a la pobreza en México. El Progresa/Oportunidades" en Boltvinik, J. y Damián, A. (ed.) La Pobreza en México y el Mundo. Realidades y Desafíos. (México: Siglo XXI editores) 315-347)
6. En noviembre de 2007, en el marco del Fórum de las Culturas que se celebró en la ciudad mexicana de Monterrey, se aprobó una declaración titulada Declaración universal de derechos humanos emergentes En el tercer punto del primer artículo puede leerse: "El derecho a la renta básica o ingreso ciudadano universal, que asegura a toda persona, con independencia de su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, se reconoce el derecho a un ingreso monetario e incondicional periódico sufragado con reformas fiscales y a cargo de los presupuestos del Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro residente de la sociedad, independientemente de sus otras fuentes de renta, que sea adecuado para permitirle cubrir sus necesidades básicas."
BIBLIOGRAFÍA
Boltvinik, J. (2004): "Políticas focalizadas de combate a la pobreza en México. El Progresa/Oportunidades" en Boltvinik, J. y Damián, A. (ed.) La Pobreza en México y el Mundo. Realidades y Desafíos (México: Siglo XXI editores)
Diario Oficial de la Federación (2010): "Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades", December 31st
CEPAL (2010): "La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir" Trigésimo Tercer Período de Sesiones de la CEPAL Brasilia, Brazil. 30 DE Mayo/1 de Junio, 2010
CEPAL.(2010) División de Desarrollo Social, Base de Datos de los Programas Sociales No Contributivos en Latinoamerica y El Caribe.
Fiszbein, Ariel and Schady, Norbert (2009): "Conditional Cash Transfers. Reducing Present and Future Poverty". The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. A World Bank Policy Research Proyect.
Hanlon, Joseph, Barrientos, Armando y Hulme, David (2010): 131 Just give money to the poor. The development revolution from the global south. (Kumarian Press)
Lo Vuolo, Rubén, (2010) "Las perspectivas del ingreso ciudadano en América Latina" ", http://www.ciepp.org.ar/
Lo Vuolo, R., Raventós, D. and Yanes, P. (2011) "La crisis económica, los subsidios condicionados y el Ingreso Ciudadano-Renta Básica". Inédito
Yanes P. (2010) "Después del neoliberalismo: hacia una nueva política socio-económica" Sin Permiso, Dic 26 www.sinpermiso.info
Pablo Yanes es miembro del consejo editorial de Sin Permiso, presidente de la sección mexicana de la Basic Income Earth Network (BIEN), miembro de su comité ejecutivo internacional y Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, México
Traducción para www.sinpermiso.info del propio autor
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