Colombia: la tierra, clave del conflicto colombiano. Entrevista

Natalia Springer

25/03/2012

 

"Mientras no se desconcentre la tierra y se trabaje sistemáticamente por el desarrollo, el conflicto colombiano será imposible de superar", dijo a Brecha la politóloga Natalia Springer, experta en derecho humanitario. La entrevista la realizó Gabriel Díaz.

—Por lo general, los medios masivos de comunicación se ocupan del enfrentamiento armado en Colombia cuando media el morbo y la espectacularidad. Sin embargo, poco o nada se habla del trasfondo de un conflicto que parece eternizarse. ¿Cuáles son sus principales causas?

—Prefiero hablar de múltiples conflictos, de dinámicas violentas de carácter crónico y persistente. Para dar dos ejemplos, en el sur del país las comunidades y la movilidad social están fuertemente reguladas por la producción de coca y la necesidad de mantener los corredores para sacarla. En la zona del Catatumbo (nordeste del país), los conflictos por las regalías petroleras se suman al comercio y tráfico de grandes volúmenes de droga en el marco de una frontera –con Venezuela– muy porosa y conflictiva. Los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó se han convertido en el epicentro del conflicto, con durísimos efectos para la población civil, debido al intenso combate entre guerrillas, bandas criminales y paramilitares por el control de corredores del narcotráfico, yacimientos mineros, explotación ilegal de las reservas forestales, entre otros. Los efectos son incalculables. El desplazamiento forzado, el hambre y el desabastecimiento de alimentos y de atención médica en las zonas afectadas, así como el reclutamiento de niños por parte de estos grupos armados, van en franco aumento.

Si tuviéramos que hablar de las grandes causas del conflicto podemos distinguir, entre otras, la excesiva concentración de la tierra cultivable en pocas manos (0,03 por ciento de los propietarios tienen más del 95 por ciento de la tierra), concentración que consolidaron los paramilitares por la vía de una contrarreforma agraria que emprendieron a sangre y fuego para apoderarse de 5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país. Tendríamos que hablar también del narcotráfico y de la pobreza extrema, que se expresa especialmente en el hambre y las elevadas tasas de malnutrición, que afectan a más del 46 por ciento de la población, condición que ha pasado de ser consecuencia a convertirse en uno de los móviles del conflicto.

La marginalidad y la exclusión son dos factores que asocian las distintas dinámicas regionales y hacen del colombiano un caso persistente y crónico. Mientras no se desconcentre la tierra y se trabaje sistemáticamente en la promoción del desarrollo, será imposible avanzar.

—¿Qué está pasando ahora, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos?

—La actual coyuntura no dista de lo que hemos padecido por décadas, con dos diferencias fundamentales: la primera, que en esta etapa la violencia ha cedido considerablemente y, la segunda, que el presidente Santos ha decidido trazar unas políticas de Estado que abordan directamente las causas del conflicto.

—Se ha denunciado que hay entre 8 mil y 11 mil colombianos menores de edad en las filas de los distintos grupos armados. ¿Cómo reacciona la sociedad civil frente a esto? ¿Qué hace el gobierno al respecto?

—Esas cifras son falsas, producto de una consideración especulativa sin fundamento metodológico alguno. En el segundo informe sobre este tema, "Como corderos entre lobos: del uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para los propósitos del conflicto armado y en conspiración criminal", hemos llegado a la conclusión, luego de analizar un vasto universo de información disponible, que el 52 por ciento de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), el 54 por ciento de los ex combatientes del Ejército de Liberación Nacional (eln), aproximadamente 36 por ciento de los combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc, paramilitares de extrema derecha) y 54 por ciento de los combatientes de las bandas criminales de narcotraficantes ingresaron a estos grupos siendo niños. La proporción hoy es mayor a la registrada hace cuatro años en el primer informe. El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para controlar este gravísimo crimen contra toda nuestra sociedad.

—Usted ha señalado que el perdón y el olvido siempre llevan a brotes de violencia más graves. Hace hincapié además en la necesidad de diálogo y búsqueda de alternativas audaces para consolidar la paz. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas alternativas?

—Colombia ha producido, en el último siglo, más de 90 actos de amnistía (de facto y de jure) y perdones generales e individuales que, evidentemente, no han contribuido a la paz. La clave de la paz está en la desmovilización de los combatientes, la atención a todas las víctimas y el desarrollo de una política de Estado en materia de justicia que nos obligue a hacer un diagnóstico realista de lo que pasó, por qué pasó, quiénes son los responsables y los beneficiarios de esa violencia y cómo garantizar que la situación no se repita. Yo empezaría por la instauración de una comisión de la verdad y de un tribunal especial. En manos de la justicia está la respuesta. Mientras no llevemos a la justicia a los grandes responsables, los grandes beneficiarios de esta guerra, no encontraremos la paz.

La nuestra es aún una nación fragmentada, desinstitucionalizada y en la que media una cultura violenta. La solución no la traerán las armas, sino las respuestas a esas causas originales del conflicto, que imposibilitan la consolidación del Estado en todo el territorio nacional.

  

Mujeres

"Las mujeres colombianas somos corresponsables de esta tragedia, hemos aceptado este horror en silencio, nos quedamos calladas, nos rendimos sin pelear. Hay que enfrentar el mal, llamarlo por su nombre, llevarlo ante la justicia. En Colombia abundan los recursos para hacerlo, lo que necesitamos es coraje, valor para defender nuestras convicciones más fundamentales. No podemos guardar más silencio ni marginarnos del hallazgo de las soluciones. Desde las regiones, desde las ciudades, desde las instituciones y como ciudadanas, tenemos que exigir cuentas, demandar justicia, respuestas y soluciones realistas. No hay otro camino. O lo enfrentamos, o fracasaremos, ya no sólo como nación, sino como humanidad."

Cuarenta años

El conflicto armado interno en Colombia lleva más de 40 años enfrentando a fuerzas de seguridad y paramilitares con grupos guerrilleros. Se ha caracterizado por extraordinarios niveles de abuso contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, y ha afectado principalmente a la población civil. Decenas de miles de civiles han perdido la vida, y miles han sido víctima de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad o de los paramilitares, o han sido secuestrados por grupos guerrilleros. Entre tres y cuatro millones de personas han sido desplazadas internamente, la mayoría a consecuencia del conflicto.

Natalia Springer es doctora en justicia transicional. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es consultora de organizaciones internacionales en temas de paz y justicia, así como una figura muy activa en el campo de los asuntos humanitarios, los procesos de negociación y reconciliación. Es autora de varias publicaciones sobre el conflicto colombiano y la búsqueda de una salida al mismo.


Fuente:
http://www.brecha.com.uy/, 16 de marzo de 2012

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