Reino de España: la primera derrota política del PP en el camino de la huelga general

Los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias son la primera derrota política del Gobierno Rajoy a cien días escasos de obtener la mayoría absoluta en las elecciones generales del 20-N. La ofensiva de contrarreformas neoliberales impuesta en estos tres meses por el PP ha chocado con una removilización inicial de la izquierda, en el marco de la preparación de la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de marzo, que le permitirá mantener el gobierno regional andaluz.

La creciente abstención –diez puntos más en Andalucía y once en Asturias— parece haber afectado esta vez más al bloque electoral de la derecha que a las izquierdas. De ser así, se confirmaría la tesis de que las drásticas medidas de ajuste neoliberal anunciadas e incipientemente aplicadas por el Gobierno Rajoy –señaladamente, la brutal contrarreforma laboral, que deja al trabajo asalariado literalmente a merced del capricho empresarial—, no sólo ha despertado todas las alarmas en las bases sociales tradicionales de la izquierda política, sino que ha comenzado ya a erosionar la propia base electoral interclasista de la derecha.

Rajoy se encuentra ahora atrapado entre una Unión Europea que exige acelerar el ritmo del ajuste neoliberal para "dar garantías a los mercados" (Monti dixit) y evitar una nueva erupción de inestabilidad en el conjunto de la zona euro, y las consecuencias económicas suicidas que eso trae consigo, que no pueden pasar desapercibidas ni siquiera por su propia base social. La búsqueda de una fórmula de equilibrio que amortiguara el ajuste del déficit fiscal en 2012, dejándolo en un 5,8% para alcanzar el 3% en 2013, no sólo ha sido  tajantemente rechazada por la UE, sino que ha decidido intervenir directamente las finanzas españolas con el envío de "misiones técnicas" a Madrid y la imposición del objetivo del 5,3%. El intento amortiguador ha sido, además, desautorizado por los propios mercados financieros, que han disparado la tasa de interés de la deuda al 5,5% e impuesto un diferencial de la prima de riesgo superior al italiano. Del otro lado, están la izquierda social, con su convocatoria de huelga general del 29-M, y la izquierda política, que acaba de obtener un triunfo inesperado en Andalucía, y en menor medida, en Asturias. Si las elecciones en Andalucía fueron en buena medida planteadas por el PP en Madrid como un plebiscito a favor de unas políticas contrarreformistas tan necias económicamente, como injustas socialmente, lo menos que cabe decir es que lo ha perdido rotundamente.

El análisis de los resultados electorales debe hacerse, sin embargo, a partir de la realidad social y política de cada autonomía. En Andalucía, el PSOE ha gobernado ininterrumpidamente durante 30 largos años. A pesar de ello, de los terribles y pintorescos escándalos de corrupción de los EREs falsos y del evidente estado de descomposición de una arraigadísima red clientelar a causa de la aplicación de políticas socioliberales, lo cierto es que los socialistas, aun perdiendo nueve de sus 56 escaños, han logrado mantener una parte sustancial de su electorado. El dato más significativo es que el PP de Arenas ha perdido en cambio, más de 420.000 votos desde las elecciones generales del 20-N, votos desafectos o desmovilizados que le habrían dado la mayoría absoluta augurada por casi todas las encuestas (1). El PP andaluz consigue así una victoria pírrica: aumenta el número de sus diputados en tres, hasta los 50, y supera en votos al PSOE, pero no podrá formar gobierno. En el campo de la izquierda política se produce un crecimiento muy importante de IU, que dobla sus diputados autonómicos de 6 a 12, con un trasvase, esta vez sí, significativo de votos del PSOE.  

El contexto político ha cambiado en Andalucía. Griñán -que se alineó con Carme Chacón frente a Rubalcaba en el reciente congreso del PSOE- propugnaba ya un distanciamiento explícito respecto de la herencia de Manuel Chaves en Andalucía y de Zapatero en el Reino de España. Ahora podrá seguir gobernando, pero sólo con el apoyo de IU, lo que por fuerza le obligará a un ulterior distanciamiento de las políticas socio-liberales del PSOE. Lo que eso augura es una polarización social y política cada vez más aguda: la tasa de paro en Andalucía es del 31,23%, lo que explica la importancia del debate sobre las ”subvenciones”. IU tiene ahora por delante el difícil debate, que la divide desde hace años, de como materializar su determinante peso electoral: o entrando en el gobierno autonómico o sosteniendo a Griñán desde el parlamento andaluz. Afortunadamente, hay que descartar en este sentido una repetición de los errores de IU en Extremadura o Álava, que sólo han favorecido al PP (y al pretendido voto útil al PSOE). IU puede y debe condicionar las políticas del PSOE andaluz, combinando una política de movilización unitaria de toda la izquierda contra las ineficaces e injustas políticas de ajuste del gobierno central con una profunda transformación de las estructuras del gobierno regional andaluz, en ruptura clara, terminante y sin contemplaciones con la corrupción y el clientelismo del PSOE de Chaves y Pizarro.

La formación de un gobierno de Griñán sostenido parlamentariamente por IU, o de un gobierno en coalición del centroizquierda y la izquierda andaluces, permitirá a las izquierdas intervenir directamente en el debate institucional sobre la crisis fiscal del estado de las autonomías, un debate hasta ahora monopolizado por el govern de CiU en Cataluña (2). Eso, hay que decirlo, tendrá una importancia estratégica esencial en los próximos años. Reformular la defensa de un gasto social transferido a las autonomías sin financiación suficiente atendiendo al hecho diferencial nacional -que también existe en Andalucía, aunque de manera distinta a Cataluña- es un reto para toda la izquierda.

En cuanto al conjunto del PSOE, Griñán se convierte en el único “barón” regional –el léxico autodescriptivo que asumen sin mayor problema lo dice casi todo— con poder institucional, y en alternativa a Rubalcaba. Aun si se diera un pacto inicial de no agresión, las orientaciones políticas de uno y otro tenderán a chocar por las presiones distintas que las condicionan.

Las elecciones asturianas han sido consecuencia de la división de la derecha regional en 2011 en dos bloques, en el momento mismo de su ascenso electoral tras la crisis del gobierno de centroizquierda. El Foro Asturias (FAC) del "general secretario" del PP, Álvarez Cascos, y el PP, reconstituido desde Madrid, de Mercedes Fernández se han arrastrado a una lucha de aparatos que, incapaces de reconstruir la unidad de su bloque social, les ha forzado a convocar otras elecciones autonómicas apenas diez meses después. A pesar de que el PSOE sigue perdiendo número de votos, las dos fuerzas de la derecha pierden más. Como consecuencia, el FAC  contará con tres diputados menos –pasa de 16 a 13 escaños—, y cede el puesto de primer partido al PSOE (32%), que suma un escaño más a sus 15 iniciales. Pero el PP, que había provocado las elecciones para imponerse en la derecha asturiana, se queda como estaba: con 10 diputados y tercer partido del Principado, habiendo conseguido tan sólo prolongar la inestabilidad política regional y dar un respiro al PSOE para recomponerse en el nuevo marco de enfrentamiento a la derecha: el socialismo sigue siendo mayoritario en todos los núcleos urbanos, a excepción de Oviedo (PP). De nuevo, quien más rentabiliza políticamente esta situación es IU, que sube cuatro puntos y consigue un escaño más, que pesará en el proceso de reconstrucción de la izquierda astur. UPyD logra por primera vez un escaño, con un voto que parece venir del espacio electoral del PSOE.

La disyuntiva para el PP asturiano es reconocer que ha perdido su pulso con Álvarez Cascos y aceptar sus condiciones para formar un gobierno conservador, o mantener un enfrentamiento de aparatos que permitiría la constitución de un gobierno minoritario e inestable del PSOE para desgastarle y volver a repetir el pulso en unas previsibles elecciones anticipadas a medio plazo. No parece que vaya a ser el caso. El aparato central del PP está por estabilizar cuanto antes una situación que se le ha ido de las manos, y que su base social no entiende, aunque traslade el conflicto de aparatos al interior del PP en menoscabo de la "mayoría marianista". Si no se produce en las próximas horas un último desplazamiento electoral como consecuencia del voto emigrante (3), habrá un gobierno bipartito de la derecha en Asturias, frente a una oposición de izquierdas removilizada, con más peso de IU, y a solo tres escaños de poder tener su propia mayoría absoluta. De nuevo, el escenario es de una mayor polarización y conflictividad social.

La pretendida "inutilidad" de la huelga general machaconamente propagada por los altavoces mediáticos de la derecha se ve de nuevo desmentida.

Lo cierto es que la convocatoria sindical de una huelga general para el próximo 29 de marzo sirvió ya, primero, para obligar al PP a revisar a la baja sus objetivos de ajuste presupuestario en un punto y medio, provocando un desencuentro del gobierno español con la UE y limitando sus apoyos internacionales.

Después, ha auspiciado una removilización de la izquierda social, que es el elemento determinante para entender el doloroso fracaso electoral del PP, sobre todo en Andalucía.

Estas consecuencias ex ante, si así puede decirse, de la convocatoria de huelga general alimentan retroactivamente la propia preparación de la huelga general del 29-M. Y a todo eso, claro, habrá que sumar los efectos post factum de la huelga: por lo pronto, limitará el margen de maniobra del gobierno Rajoy, tensando más sus relaciones con la UE.

Las "reformas estructurales" que la derecha –española y europea— considera imprescindibles para alterar a su favor la correlación de fuerzas y el modelo social de bienestar ahora en crisis, no son compatibles con el mantenimiento de un bloque social y político mayoritario como el que, junto con la abstención del electorado de izquierda, asqueado del PSOE social-liberal de Zapatero y Rubalcaba, posibilitó la victoria de Rajoy el 20-N. La lección a medio plazo nos parece obvia: un bloque interclasista mayoritario no puede mantenerse aplicando las políticas neoliberales. Por eso la resistencia, la huelga general del 29-M, exigen una ruptura radical con esas políticas: sin esa ruptura, no es concebible la reconstrucción de la izquierda política  que hoy nos anuncia el ascenso electoral de IU, un ascenso imprescindible, pero insuficiente todavía, para las tareas que tenemos por delante.

NOTAS:

(1)  No así la del CIS de febrero del 2012 (www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2920_2939/2931/Ft2931.pdf ), que mostraba una clarísima orientación hacia la izquierda y el centroizquierda del electorado andaluz, además de revelar una clara desconfianza de ese electorado hacia el candidato del PP, Arenas, todo lo cual ponía ya en cuestión la posibilidad de una mayoría absoluta del PP.

(2)  El Gobierno vasco de Patxi Lopez, apoyado y sostenido por el PP de Basagoiti, ha sido incapaz, por razones obvias, de cumplir este papel, que sigue jugando el PNV a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados con su apoyo o abstención al presupuesto central a cambio de mantener el margen de autonomía que supone el Concierto económico vasco. Las próximas elecciones autonómicas vascas, que darán una clara mayoría a las fuerzas nacionalistas, la derecha del PNV y la izquierda de Amaiur, supondrán con toda seguridad un cambio en esta situación, aunque el marco del concierto económico permite una mayor autonomía fiscal que el mecanismo de financiación autonómico.

(3)  Cuando redactamos esta nota aún está en liza un escaño en el occidente asturiano por los votos de la emigración. El PSOE podría obtener un escaño adicional (17) a costa del PP, lo que abriría el escenario de una hipotética mayoría de una coalición PSOE-IU-UPyD.

Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.