Presunción delictiva

Pau Casanellas

15/04/2012

Corrían los últimos días del mes de mayo de 1976. Las Cortes franquistas —pese a la muerte del dictador en noviembre del año anterior, toda la estructura institucional del régimen seguía en pie— acababan de aprobar una muy restrictiva ley reguladora del derecho de reunión, que pretendía ser el primer peldaño del proyecto de reforma gubernamental dado a conocer precisamente a mediados de mes. Proyecto, dicho sea de paso, cuyo principal arquitecto era el entonces vicepresidente para Asuntos de Interior y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, y que dibujaba un escenario a medio camino entre la «democracia orgánica» y la parlamentaria. Poco después, una circular de la Dirección General de Política Interior daba instrucciones a los gobernadores civiles sobre la manera de aplicar la nueva legislación en materia de reuniones. En ella, se estipulaba que deberían ser prohibidos los actos auspiciados por organizaciones ilegales y «no legalizables», como el PCE (y todo lo que quedara a su izquierda), y se añadía igualmente: «Cuando en las reuniones sea preponderante la presencia de elementos terroristas, separatistas o comunistas, el acto no es autorizable, por presunción delictiva.»

El Gobierno venía de prohibir el Aberri Eguna (que aquel año se celebró el 18 de abril) y el Primero de Mayo. De hecho, se había prohibido cualquier manifestación que pudiere producirse entre el 3 de abril y el 1 de mayo. Docenas de personas fueron detenidas tanto anteriormente —de manera preventiva, como había sucedido tantas otras veces a lo largo de la dictadura— como durante el transcurso de ambas jornadas. El corresponsal de The Times habló de 1.000 detenciones en toda la geografía española entre los días previos y el mismo 1 de mayo.

Todo eso pasaba en 1976. Situémonos ahora en el presente: abril de 2012. Tres personas han pasado las últimas dos semanas en la cárcel —y presumiblemente permanecerán en ella por lo menos un mes— tras haber sido detenidas durante la huelga general del 29 de marzo por su participación en sendos piquetes en el barrio del Clot y en la Zona Universitaria de Barcelona (muchas horas antes, dicho sea de paso, de que se produjera el grueso de los disturbios que coparon la atención de los medios de comunicación de mayor audiencia y tirada). Dictó la orden de prisión provisional sin fianza Carmen García Martínez, titular del juzgado de instrucción núm. 18 de la ciudad, a petición del fiscal Gerardo Cavero. Aduce García Martínez que estas personas habrían podido reincidir en sus actividades si se las hubiera dejado en libertad, y que su encarcelamiento impedirá su actuación durante el Primero de Mayo o contra la cumbre del Banco Central Europeo, que ha de celebrarse a principios de mayo en Barcelona. Para decirlo con el lenguaje que utilizaba el Ministerio de la Gobernación franquista en 1976: se les encarcela por presunción delictiva. Ayer «terroristas», «comunistas», «separatistas»; hoy «antisistema».

No es difícil de ver tras esta aberrante decisión —tildada como «antijurídica» por la defensa de los detenidos— un intento de saciar las ansias represivas del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, con su conseller de Interior, Felip Puig, a la cabeza. No es tampoco difícil de ver tras la decisión la influencia del clima creado por algunos medios de comunicación, con 8tv —la Intereconomía catalana— y el Grup Godó a la cabeza. Demasiadas intervenciones extrajudiciales. Argumentaciones jurídicas demasiado endebles.

Ocultados por todo este ruido mediático quedaron 79 detenidos en el conjunto de Cataluña y decenas de heridos por las balas de goma —por lo menos uno de ellos con pérdida de visión en un ojo— y la violencia ejercida por los Mossos d’Esquadra, en ocasiones extrema. Quizás no se haya prestado hasta el momento la atención debida a la cifra de detenidos. Hagamos una extrapolación, una simple regla de tres, y obtendremos como resultado que, de haberse producido la misma proporción de arrestos en el resto de territorios del Estado, el saldo total de detenidos habría sido de casi 500. Una cifra que se situaría muy por encima de los algo más de 150 arrestos que hubo en el transcurso de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 (la más conflictiva de las acontecidas durante la democracia parlamentaria), y que se quedaría a mitad de camino de las 1.000 detenciones del Primero de Mayo de 1976.

Algo se le está yendo de las manos a Felip Puig, como se le fue de las manos la situación a Manuel Fraga en 1976.

Pau Casanellas es historiador.

 

Fuente:
www.sinpermiso.info, 15 de abril de 2012
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